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Marcelo Zlotogwiazda, Periodista
Que la Presidenta haya ventilado por cadena nacional que un contribuyente no presentó como corresponde su declaración jurada de ganancias ni de ningún tipo desde 1997, es un hecho legalmente irreprochable. El artículo 101 de la ley 11.683 de Procedimientos Fiscales establece que no están alcanzados por el secreto fiscal los datos referidos a la falta de presentación de las declaraciones juradas.
La objeción a Cristina Fernández pasa por otro lado.
Jorge Gaggero, experto tributarista, miembro del Grupo Fénix e integrante del Centro de Economía y Finanzas para el Desarrollo de la Argentina, expuso en un seminario sobre Evasión Fiscal, Corrupción y Crisis organizado en Inglaterra por la red Tax Justice Network. En su ponencia Argentina: lecciones del pasado y recientes mejoras, plantea una hipótesis sobre el por qué el país registró en la segunda mitad del siglo pasado una brutal reversión desde un sistema tributario notablemente progresivo y a la altura de los países más desarrollados, a otro de gran regresividad, una de las causas del fenomenal retroceso en materia de equidad que sufrió la sociedad; sólo comparable en términos de distribución del ingreso a lo que ocurrió tras el derrumbe de la Unión Soviética.
En forma muy resumida, la hipótesis de Gaggero es que esa perversa tendencia fiscal fue correlato de una performance económica que desestructuró el Estado de Bienestar y deslegitimó, por vía de un proceso cultural-institucional, el concepto de imposición progresiva y la función del fisco como redistribuidor de ingresos.
A esa deslegitimación también contribuyó el hecho de que se consolidará en la opinión pública una imagen de interferencia política en la gestión tributaria e -incluso- de protección política de grandes evasores e incumplidores fiscales que han minado la formal autarquía y la credibilidad de la AFIP (caso Yoma, por ejemplo); ausencia de control efectivo de los regímenes de promoción fiscal; protección al interior del organismo de personas físicas caracterizadas como de significativa trascendencia política; copamiento de la conducción de la inteligencia tributaria por aparatos políticos con orientación mafiosa; entre otros hechos más o menos notorios para la opinión pública.
Lo anterior es una descripción del pasado, y Gaggero opina que a partir del 2003 la situación general ha mejorado mucho, gracias a políticas macroeconómicas entre las que destaca el desendeudamiento, el aumento de la presión tributaria y del gasto público, y una política de asignación del gasto que ha aplicado una parte significativa de los recursos adicionales obtenidos a la inversión pública y a la redistribución del ingreso. Concluye que como resultado de estos cambios, que ya han cumplido una década de desarrollo, el país ha ganado grados de libertad para definir su rumbo, aumentos sostenidos en la actividad económica, el empleo y el ingreso y una importante reducción de la pobreza, la indigencia y los niveles de inequidad preexistentes.
Reconoce avances en el área de la administración tributaria; pero advierte sobre el riesgo de un retorno al pasado, a los períodos de gran volatilidad en sus conducciones, de pérdida de profesionalidad e independencia en sus más altos cuadros y de la necesaria distancia de las vicisitudes político-partidarias, con el consiguiente debilitamiento de la gestión. Y agrega: Los sucesos más preocupantes han sido la virtual repetición de hechos sucedidos a mediados de los años 90… la interferencia política en procesos de persecución de evasores poderosos y el desemboque en moratorias y blanqueos a su favor. La repetición de este tipo de sucesos resalta cierta continuidad cultural-político-instituciones a favor de cursos de acción contraindicados.
El escrache de Cristina no es ilegal, pero se ubica en esos cursos de acción contraindicados que le restan legitimidad a la administración tributaria. En palabras de Gaggero: La lucha contra la evasión y el contrabando no puede ser legitimada plenamente si las más altas autoridades políticas de la nación no logran emitir, en el plano que podemos denominar político-simbólico mensajes adecuados. Y el mensaje de Cristina puede interpretarse como una persecución al que critica. El antecedente de Clarín y otros apuntala esa lectura.
También es cierto que el grado de evasión es monumental (40% en general y 50% en Ganancias, según estimaciones que figuran en ese trabajo), y que probablemente la inmobiliaria y sus dueños se encuentren entre los infractores.
Además de los claro-oscuros del análisis simbólico-institucional, Gaggero rescata como avances de política tributaria el aumento de la recaudación, debido principalmente a los recursos extraordinarios aportados por los Derechos de Exportación, por el Impuesto a los Débitos y Créditos Bancarios, y por los ingresos de la Seguridad Social. Vale acotar que los primeros dos son gravámenes prekirchneristas.
Los ingleses que asistieron a la conferencia también escucharon de amenazas a la continuidad de las mejoras que si no fuesen enfrentadas con eficacia y celeridad, podrían comprometer la sostenibilidad de los progresos alcanzados. Los principales son: el nivel sostenido de inflación, la continua declinación de la competitividad cambiaria y las debilidades que afectan a la sustentabilidad fiscal. Respecto a esto último, Gaggero reclama por una reforma tributaria largamente demorada que dote al sistema de mayor progresividad; entre otras cosas, eliminando exenciones en Ganancias que benefician a individuos de altos ingresos, y aumentando las alícuotas máximas para las personas físicas.
En el acto en Plaza de Mayo del 27 de junio, para fundamentar el reclamo de aumento del mínimo no imponible, Moyano contó que al camionero Humberto Chazarreta le habían descontado en junio del año pasado $ 2.106,90 de Ganancias (sobre un sueldo de bolsillo algo superior a $10.000). Lo dijo para corregir a Cristina, que un día antes afirmó que un trabajador con ese sueldo pagaba $ 29 por mes si es casado con 2 hijos o 402 si es soltero.
La verdad es que en los últimos doce meses a Chazarreta le descontaron un total de $10.092,66; algo menos del 10% de lo que cobró. Ni el veintipico por ciento que sugirió Moyano, ni los porcentajes que surgen de lo que informó Cristina.
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Marcelo Zlotogwiazda, Periodista
Que la Presidenta haya ventilado por cadena nacional que un contribuyente no presentó como corresponde su declaración jurada de ganancias ni de ningún tipo desde 1997, es un hecho legalmente irreprochable. El artículo 101 de la ley 11.683 de Procedimientos Fiscales establece que no están alcanzados por el secreto fiscal los datos referidos a la falta de presentación de las declaraciones juradas.
La objeción a Cristina Fernández pasa por otro lado.
Jorge Gaggero, experto tributarista, miembro del Grupo Fénix e integrante del Centro de Economía y Finanzas para el Desarrollo de la Argentina, expuso en un seminario sobre Evasión Fiscal, Corrupción y Crisis organizado en Inglaterra por la red Tax Justice Network. En su ponencia Argentina: lecciones del pasado y recientes mejoras, plantea una hipótesis sobre el por qué el país registró en la segunda mitad del siglo pasado una brutal reversión desde un sistema tributario notablemente progresivo y a la altura de los países más desarrollados, a otro de gran regresividad, una de las causas del fenomenal retroceso en materia de equidad que sufrió la sociedad; sólo comparable en términos de distribución del ingreso a lo que ocurrió tras el derrumbe de la Unión Soviética.
En forma muy resumida, la hipótesis de Gaggero es que esa perversa tendencia fiscal fue correlato de una performance económica que desestructuró el Estado de Bienestar y deslegitimó, por vía de un proceso cultural-institucional, el concepto de imposición progresiva y la función del fisco como redistribuidor de ingresos.
A esa deslegitimación también contribuyó el hecho de que se consolidará en la opinión pública una imagen de interferencia política en la gestión tributaria e -incluso- de protección política de grandes evasores e incumplidores fiscales que han minado la formal autarquía y la credibilidad de la AFIP (caso Yoma, por ejemplo); ausencia de control efectivo de los regímenes de promoción fiscal; protección al interior del organismo de personas físicas caracterizadas como de significativa trascendencia política; copamiento de la conducción de la inteligencia tributaria por aparatos políticos con orientación mafiosa; entre otros hechos más o menos notorios para la opinión pública.
Lo anterior es una descripción del pasado, y Gaggero opina que a partir del 2003 la situación general ha mejorado mucho, gracias a políticas macroeconómicas entre las que destaca el desendeudamiento, el aumento de la presión tributaria y del gasto público, y una política de asignación del gasto que ha aplicado una parte significativa de los recursos adicionales obtenidos a la inversión pública y a la redistribución del ingreso. Concluye que como resultado de estos cambios, que ya han cumplido una década de desarrollo, el país ha ganado grados de libertad para definir su rumbo, aumentos sostenidos en la actividad económica, el empleo y el ingreso y una importante reducción de la pobreza, la indigencia y los niveles de inequidad preexistentes.
Reconoce avances en el área de la administración tributaria; pero advierte sobre el riesgo de un retorno al pasado, a los períodos de gran volatilidad en sus conducciones, de pérdida de profesionalidad e independencia en sus más altos cuadros y de la necesaria distancia de las vicisitudes político-partidarias, con el consiguiente debilitamiento de la gestión. Y agrega: Los sucesos más preocupantes han sido la virtual repetición de hechos sucedidos a mediados de los años 90… la interferencia política en procesos de persecución de evasores poderosos y el desemboque en moratorias y blanqueos a su favor. La repetición de este tipo de sucesos resalta cierta continuidad cultural-político-instituciones a favor de cursos de acción contraindicados.
El escrache de Cristina no es ilegal, pero se ubica en esos cursos de acción contraindicados que le restan legitimidad a la administración tributaria. En palabras de Gaggero: La lucha contra la evasión y el contrabando no puede ser legitimada plenamente si las más altas autoridades políticas de la nación no logran emitir, en el plano que podemos denominar político-simbólico mensajes adecuados. Y el mensaje de Cristina puede interpretarse como una persecución al que critica. El antecedente de Clarín y otros apuntala esa lectura.
También es cierto que el grado de evasión es monumental (40% en general y 50% en Ganancias, según estimaciones que figuran en ese trabajo), y que probablemente la inmobiliaria y sus dueños se encuentren entre los infractores.
Además de los claro-oscuros del análisis simbólico-institucional, Gaggero rescata como avances de política tributaria el aumento de la recaudación, debido principalmente a los recursos extraordinarios aportados por los Derechos de Exportación, por el Impuesto a los Débitos y Créditos Bancarios, y por los ingresos de la Seguridad Social. Vale acotar que los primeros dos son gravámenes prekirchneristas.
Los ingleses que asistieron a la conferencia también escucharon de amenazas a la continuidad de las mejoras que si no fuesen enfrentadas con eficacia y celeridad, podrían comprometer la sostenibilidad de los progresos alcanzados. Los principales son: el nivel sostenido de inflación, la continua declinación de la competitividad cambiaria y las debilidades que afectan a la sustentabilidad fiscal. Respecto a esto último, Gaggero reclama por una reforma tributaria largamente demorada que dote al sistema de mayor progresividad; entre otras cosas, eliminando exenciones en Ganancias que benefician a individuos de altos ingresos, y aumentando las alícuotas máximas para las personas físicas.
En el acto en Plaza de Mayo del 27 de junio, para fundamentar el reclamo de aumento del mínimo no imponible, Moyano contó que al camionero Humberto Chazarreta le habían descontado en junio del año pasado $ 2.106,90 de Ganancias (sobre un sueldo de bolsillo algo superior a $10.000). Lo dijo para corregir a Cristina, que un día antes afirmó que un trabajador con ese sueldo pagaba $ 29 por mes si es casado con 2 hijos o 402 si es soltero.
La verdad es que en los últimos doce meses a Chazarreta le descontaron un total de $10.092,66; algo menos del 10% de lo que cobró. Ni el veintipico por ciento que sugirió Moyano, ni los porcentajes que surgen de lo que informó Cristina.
Notas relacionadas
«Y el mensaje de Cristina puede interpretarse como una persecución al que critica.»
¿No al que evade, no?
Mirá qué fácil hubiera sido evadir la «persecución»: Pagar los impuestos. Con los impuestos pagos, nadie le podría decir ni mú. Pero con la colita sucia…
Fue acción – reacción. «Partiendo de la crítica mirá como expongo tu situación en cadena nacional.»
Ahora eso sí, la crítica no perdió una pizca de sustento.
Acá no comparto el accionar de Cristina.
Pregunta: el sustento de la crítica ¿es que el mercado inmobiliario debe manejarse con moneda extranjera?
No, que el mercado está parado. Te cuento, esta medida inmediata y con poca programación a mi me perjudicó.
Fuí a presentar los papeles al banco ciudad para un préstamo hipotecario. A los dos días presentan la medida. Yo ahora cuento con un 20% menos de dinero para poder adquirir un inmueble, ya que los precios hoy día siguen estando en dolares, y el dolar que se puede conseguir es a $6. Son muy pocos los que venden en pesos, y sobrevalorados totalmente.
Hoy día conseguir primera vivienda es dificil, ahora se ha hecho aún más. Ojala que esta medida pueda aportar una solución en el futuro.
Si mirás un poco de aquí en adelante ¿no sería ventajoso para la mayoría que el mercado inmobiliario funcione con pesos? Y eso tarde o temprano te incluiría.
En los 70 y los 80 nos manejábamos con los créditos en moneda nacional del Banco Hipotecario estatal. Así llegamos muchos a la vivienda propia.
Desde ya. Pero las medidas repentinas, inmediatas y con poca coordinación no nos ayudan en absoluto. Hoy, por lo menos hoy, me borraron de un plumazo la esperanza y a aquellos que se encuentren en la misma situación que yo. Ojalá vuelva a renacer en un futuro cercano.
si hubiera sido al revés: alguien descubriendo que CFK [o alguien que apoye al gobierno] no paga impuestos desde 1997 estarían hablando pestes del evasor, no de que lo pusieron en evidencia ni de quien lo sacó a la luz [un patriota, naturalmente]. Y estarían ahi todos los «anti» confirmando sus sueños húmedos acerca de la maldad intrínseca del kirchnerismo.
El sr. Toselli o su socio no podría alquilar los inmuebles que publicita porque los dueños exigen que el futuro inquilino demuestre ingresos. Nosotros como unos giles llevando recibos de sueldos, de monotributo y el tipo NO PAGA IMPUESTOS. Un paria social.
Todos tienen el culo sucio. Menos los amigos del Poder.
Toselli que vaya en cana, se lo merece.
Boudou y su monotributista pueden dormir tranquilos, se lo merecen.
El mensaje rd «segui evadiendo, pero cuando te toque hablar del gobierno, habla bien, nentí, porque te van invesyigar si abris la boca»
Mariano T: el mensaje es claro. «Se puede criticar, siempre y cuando tengas el-Perdón a las damas presentes- culo limpio». Ni más ni menos que eso. ¿Está mal? A mi no me parece, pero todo es opinable.
El tipo ni siquiera había criticado. Le preguntaron como iba la actividad y dijo algo así como que le iba para el orto, que estaban todo el día mirándose la cara en la oficina. Si hubiera criticado le mandan a la SIDE
lo interesante es que todavía no salieron a desmentir la acusación.
ninguno dijo: «es un error, acá estás las DD»….
hablan de la gestapo, nomás…
Es que es irrelevante si el tipo pagó o no, presento o no sus DJ. Nunca lo habían investigado, y lo investigaron por pedido de Cristina cuando leyó Clarin