Obsesiona a los grupos empresarios que editan los diarios conservadores Clarín y La Nación instalar que el kirchnerismo es apenas una caja política, envuelta de ninguna ideología, capaz de todo tipo de prácticas abyectas por la mañana, durante la tarde y empeorando hacia la noche. Pero esto no dice todo. Con la misma agudeza que utiliza para detectar cuánto hay de audacia y cuánto de cálculo en el relato oficial, la Beatriz Sarlo de otras épocas se haría un festín si analizara sin prejuicios el empeño border, casi patológico, de Héctor Magnetto, Bartolomé Mitre y Julio Saguier –el “Chasman” de Carlos Pagni– por demonizar al último movimiento popular que, con sus más y con sus menos, le puso nombre y apellido a los verdaderos dueños del poder y del dinero de la vieja Argentina. Los que dejaron a uno de cada cuatro argentinos sin trabajo en 2001.
Si el relato kirchnerista peca de exagerado triunfalismo (cualquiera que camina la calle sabe que todavía son muchas las cosas que faltan por hacer), el relato anti-K derrapa porque esa misma persona que camina la calle se da cuenta que este elude con calculada y cada vez más evidente intencionalidad mostrar lo bueno que también sucede. La suma de titulares catastróficos y la coordinación entre editores y políticos opositores para sacudir la agenda pública con un escándalo cotidiano, busca dinamitar no sólo la confianza mayoritaria en un gobierno que a ellos les resulta detestable por sus aciertos, sino algo peor: que la sociedad asuma, por repetición hasta el agotamiento, que los problemas de tres empresarios son sus propios problemas, algo que les falló en octubre pasado, cuando esa misma sociedad decidió apoyar el modelo vigente. Independientemente de lo que suceda con la causa judicial en el corto y mediano plazo, el presunto affaire Ciccone es una operación de alto vuelo, indispensable para el relato anti-K. En los planes de la restauración conservadora, que el vicepresidente de Cristina se sienta obligado a dar explicaciones es un éxito táctico de valor incalculable, que pretende abonar la desesperanza, regar la desconfianza entre pares y mutilar simbólicamente la fórmula del 54%. Es tan valiosa, que otras operaciones de menor calibre quedaron, casi, en el olvido.
A mediados de febrero, cuando se dio el debate por el incremento de las dietas legislativas, Clarín quiso aprovechar el malestar y avanzó furioso sobre los sueldos del Gabinete. El 16 de febrero publicó un artículo titulado: “Congreso: ahora exigen saber cuánto ganan en el Ejecutivo”. En el copete, decía: “Diputados de centroizquierda, la UCR y el peronismo disidente reclamaron que el gobierno difunda los sueldos de los funcionarios”. Y unos 3000 caracteres después, aclaraba: “Clarín intentó obtener información oficial sobre los salarios y no obtuvo respuesta.” Todo es, en parte –y sólo en parte–, cierto. En parte porque el apuro era, en realidad, del propio Clarín, que no les dijo a sus lectores que el pedido había sido cursado apenas un día antes, el 15 de febrero, el mismo día que escribían la nota que saldría el 16, mediante un formulario 1172/2003, de Acceso a la Información Pública (decreto de cuño kirchnerista, si los hay), que habilita al organismo o funcionario interpelado, cualquiera fuere, a un plazo de dos semanas hábiles para responder. Y hasta tres, si puede explicar la demora de manera fundada. Pasado ese plazo, comete delito. En el caso de los sueldos de los funcionarios, a juicio de este periodista, debería ser más ágil, pero esta historia es más larga. A nadie le importaba la verdad: querían el daño.
Si hay algo curioso en esta trama es cómo Magnetto sumó a su estrategia de esmerilamiento a Gerardo Milman (diputado del GEN, en el FAP de Hermes Binner), a Laura Alonso (del PRO), a Eduardo Amadeo (del Peronismo Disidente del peronismo) y a Juan Tunessi (de la UCR), que tiñeron el texto de la nota de declaraciones abismales, para revestir de sumo interés “republicano” el embate de Clarín, que se coronó con la supuesta negativa a informar del Poder Ejecutivo, así publicada.
Pero desde el martes 6 de marzo, la información que el Clarín de Magnetto reclamaba está disponible en , el sitio de la Secretaría General de la Presidencia, que depende de Oscar Parrilli. Lo descubrió un periodista de Tiempo Argentino, que venía trabajando sobre este caso. Allí puede leerse, haciendo click en el más que elocuente link “Remuneraciones de autoridades superiores del PEN”, que Cristina gana de bolsillo $ 30.991,28; Juan Manuel Abal Medina, $ 29.923,98; Florencio Randazzo,
$ 28.313,10; Héctor Timerman, $ 28.681,60; Julio De Vido, $ 31.598,43, más que la presidenta; Nilda Garré, $ 27.636,81; Carlos Tomada, $ 28.335, 26; y así todos los ministros. Son los mismos sueldos que ganaban en el año 2011.
La discusión sobre si ganan mucho, demasiado o poco queda abierta. Hay gerentes en la actividad privada y directores estatales que ganan más que la presidenta. Eso puede ser bueno o malo. Mejor o peor. Todo es discutible.
Lo que no está en discusión es que Clarín decidió golpear primero, y que la información, una vez que estuvo accesible, le resultó irrelevante. Quizá, porque no servía al famoso relato. Ese que dice que todo está mal, que los jóvenes de La Cámpora son peligrosos, que los funcionarios están corrompidos, que el sigilo y la nocturnidad definen las prácticas del kirchnerismo, más que sus políticas públicas. En fin: la cadena nacional conservadora y sus ganas de que todo fracase.
Hace dos semanas que los datos estaban ahí y nadie se ocupó de buscarlos.
A veces, hay que fijarse en Internet. Simplemente.<
Si el relato kirchnerista peca de exagerado triunfalismo (cualquiera que camina la calle sabe que todavía son muchas las cosas que faltan por hacer), el relato anti-K derrapa porque esa misma persona que camina la calle se da cuenta que este elude con calculada y cada vez más evidente intencionalidad mostrar lo bueno que también sucede. La suma de titulares catastróficos y la coordinación entre editores y políticos opositores para sacudir la agenda pública con un escándalo cotidiano, busca dinamitar no sólo la confianza mayoritaria en un gobierno que a ellos les resulta detestable por sus aciertos, sino algo peor: que la sociedad asuma, por repetición hasta el agotamiento, que los problemas de tres empresarios son sus propios problemas, algo que les falló en octubre pasado, cuando esa misma sociedad decidió apoyar el modelo vigente. Independientemente de lo que suceda con la causa judicial en el corto y mediano plazo, el presunto affaire Ciccone es una operación de alto vuelo, indispensable para el relato anti-K. En los planes de la restauración conservadora, que el vicepresidente de Cristina se sienta obligado a dar explicaciones es un éxito táctico de valor incalculable, que pretende abonar la desesperanza, regar la desconfianza entre pares y mutilar simbólicamente la fórmula del 54%. Es tan valiosa, que otras operaciones de menor calibre quedaron, casi, en el olvido.
A mediados de febrero, cuando se dio el debate por el incremento de las dietas legislativas, Clarín quiso aprovechar el malestar y avanzó furioso sobre los sueldos del Gabinete. El 16 de febrero publicó un artículo titulado: “Congreso: ahora exigen saber cuánto ganan en el Ejecutivo”. En el copete, decía: “Diputados de centroizquierda, la UCR y el peronismo disidente reclamaron que el gobierno difunda los sueldos de los funcionarios”. Y unos 3000 caracteres después, aclaraba: “Clarín intentó obtener información oficial sobre los salarios y no obtuvo respuesta.” Todo es, en parte –y sólo en parte–, cierto. En parte porque el apuro era, en realidad, del propio Clarín, que no les dijo a sus lectores que el pedido había sido cursado apenas un día antes, el 15 de febrero, el mismo día que escribían la nota que saldría el 16, mediante un formulario 1172/2003, de Acceso a la Información Pública (decreto de cuño kirchnerista, si los hay), que habilita al organismo o funcionario interpelado, cualquiera fuere, a un plazo de dos semanas hábiles para responder. Y hasta tres, si puede explicar la demora de manera fundada. Pasado ese plazo, comete delito. En el caso de los sueldos de los funcionarios, a juicio de este periodista, debería ser más ágil, pero esta historia es más larga. A nadie le importaba la verdad: querían el daño.
Si hay algo curioso en esta trama es cómo Magnetto sumó a su estrategia de esmerilamiento a Gerardo Milman (diputado del GEN, en el FAP de Hermes Binner), a Laura Alonso (del PRO), a Eduardo Amadeo (del Peronismo Disidente del peronismo) y a Juan Tunessi (de la UCR), que tiñeron el texto de la nota de declaraciones abismales, para revestir de sumo interés “republicano” el embate de Clarín, que se coronó con la supuesta negativa a informar del Poder Ejecutivo, así publicada.
Pero desde el martes 6 de marzo, la información que el Clarín de Magnetto reclamaba está disponible en , el sitio de la Secretaría General de la Presidencia, que depende de Oscar Parrilli. Lo descubrió un periodista de Tiempo Argentino, que venía trabajando sobre este caso. Allí puede leerse, haciendo click en el más que elocuente link “Remuneraciones de autoridades superiores del PEN”, que Cristina gana de bolsillo $ 30.991,28; Juan Manuel Abal Medina, $ 29.923,98; Florencio Randazzo,
$ 28.313,10; Héctor Timerman, $ 28.681,60; Julio De Vido, $ 31.598,43, más que la presidenta; Nilda Garré, $ 27.636,81; Carlos Tomada, $ 28.335, 26; y así todos los ministros. Son los mismos sueldos que ganaban en el año 2011.
La discusión sobre si ganan mucho, demasiado o poco queda abierta. Hay gerentes en la actividad privada y directores estatales que ganan más que la presidenta. Eso puede ser bueno o malo. Mejor o peor. Todo es discutible.
Lo que no está en discusión es que Clarín decidió golpear primero, y que la información, una vez que estuvo accesible, le resultó irrelevante. Quizá, porque no servía al famoso relato. Ese que dice que todo está mal, que los jóvenes de La Cámpora son peligrosos, que los funcionarios están corrompidos, que el sigilo y la nocturnidad definen las prácticas del kirchnerismo, más que sus políticas públicas. En fin: la cadena nacional conservadora y sus ganas de que todo fracase.
Hace dos semanas que los datos estaban ahí y nadie se ocupó de buscarlos.
A veces, hay que fijarse en Internet. Simplemente.<
