Sobre la política económica ha comenzado a caer una inquietante lluvia ácida. Un nuevo fallo del juez Thomas Griesa, de Nueva York (ver por separado), prohibió a los bancos norteamericanos pagar los intereses de los bonos emitidos por la Argentina en los canjes de 2005 y 2010, salvo que al mismo tiempo cumplan con los tenedores de títulos en default que litigaron en los tribunales.
El precio del petróleo aumentó en lo que va del año 14%, encareciendo las abultadas importaciones de energía. La tragedia de Once, por su parte, puso en tela de juicio la eliminación de los subsidios a los servicios públicos, que es la receta oficial para moderar el gasto. Y la paritaria docente está por poner un piso de 22% al incremento salarial de todo el sector público. Estas cuatro novedades agravan el desequilibrio de las cuentas del Estado, en un año en el que los economistas independientes pronostican un déficit primario de alrededor de 8000 millones de pesos.
Por primera vez, Griesa amenazó la normalización que el Gobierno buscó con sus dos canjes de deuda. Su fallo del 23 del mes pasado (ver por separado) introdujo una incertidumbre ya no sobre la posibilidad de cobrar los viejos títulos, sino los emitidos durante los mandatos de los Kirchner. El beneficiario de la medida fue NML Capital Ltd., una sociedad controlada por Elliot Associates, el fondo de Paul Singer, abogado muy influyente en el Congreso norteamericano. La decisión de Griesa es observada por los acreedores de Grecia, que deben decidir antes del próximo 12 si aceptan una quita o recurren a la justicia.
El Gobierno apelará la sentencia, alegando que los nuevos bonos se pagan en la Argentina en el instante en que el Tesoro gira el dinero a la cuenta local de los bancos internacionales: una vez depositados, esos fondos serían de los bonistas, aunque éstos los cobren en los Estados Unidos. Más allá de esta discusión, la sentencia dificulta la pretensión de Amado Boudou y Hernán Lorenzino de resolver la difícil ecuación fiscal endeudándose en el mercado de capitales.
El frente energético también se muestra tormentoso. La disparada del precio del petróleo complica los subsidios a la energía en toda la región. Basta observar la creciente tensión entre Dilma Rousseff y Petrobras en Brasil. Para la Argentina el problema es angustiante: este semestre el país debe importar combustibles por más de 7000 millones de dólares. Como apunta un experto en gas, «por primera vez en décadas la industria tuvo cortes de suministro en verano».
Las respuestas del Gobierno son muy defectuosas. Una es reducir el problema al mal comportamiento de YPF, empresa a la que Cristina Kirchner culpa por la caída de la producción de hidrocarburos de los últimos trece años, que incluyen los de la «argentinización» que benefició a los Eskenazi. Fuentes inobjetables aseguran que la Presidenta recién en diciembre pasado tomó conciencia de que esa familia está pagando el 25% de YPF con dividendos de YPF. Y que no sirvió de nada que, en una muy tensa conversación, Sebastián Eskenazi le jurara que la operación había sido dirigida por Néstor Kirchner. La versión ilustra un aspecto relevante de la actualidad: la distancia de la Presidenta con algunos compromisos de su esposo, que, al parecer, desconocía.
La crisis con YPF sigue abierta. La divulgación de las presiones del rey Juan Carlos I y de Mariano Rajoy para evitar una intervención irritó a Cristina Kirchner (fue irónico que los enviados de Madrid llegaran cuando ella homenajeaba a Belgrano por «su lucha anticolonialista contra España»).
Las provincias petroleras siguen amenazando a YPF con la suspensión de concesiones. Sobre el escritorio del presidente de la empresa, Antonio Brufau, está la exigencia de inversiones urgentes por 2500 millones de dólares que le formuló Axel Kicilloff, «un maoísta que nos recibió con ropa de fin de semana», según el identikit del catalán.
Mientras Kicilloff avanza, Guillermo Moreno inicia su bizarra expedición a Angola para cambiar alimentos por petróleo y gas. Trueque de cuño bolivariano, igual que el que intentó Julio De Vido en Libia y Túnez, o Héctor Timerman con Irán, gracias a contactos realizados en España y a los buenos oficios de los sirios (a propósito: el filantrópico Timerman todavía no hizo notar su indignación por los ultrajes a los derechos humanos de Bashar Al-Assad).
De Vido, que hace un lustro fracasó con los angoleños, no es optimista con Moreno: «Carecen de administración para hacer negocios», recuerda. Por lo pronto, la planta de gas natural licuado, que pertenece a capitales ingleses, no está terminada. Moreno podría conseguir petróleo, pero ¿dónde lo destilaría? Las refinerías argentinas están saturadas. Estas quimeras agregan color a un viaje en el que el secretario de Comercio practicará sus rudimentos de portuñol. A él le importa poco que sus detractores, insidiosos, le imputen ser «el López Rega de la economía» y comparen su peregrinación con la que el «Brujo» realizó a Trípoli en 1974, también para mendigar petróleo.
Hay más restricciones energéticas. Las distribuidoras de electricidad están al borde del default. Cuando reclaman por tarifas, el segundo de De Vido, Roberto Baratta, contesta: «Esperen, esperen, que Julio algo les va a conseguir». Pero «Julio» todavía debe explicar a su jefa el fracaso de la eliminación de los subsidios. De los 2,5 millones de abonados a Edenor sólo 200.000 recibieron un aumento, y sólo 20.000 solicitaron el ajuste.
La supresión de los subsidios, principal táctica del Gobierno para contener el gasto público, presenta dificultades también en el transporte. La tragedia de Once obliga a incrementar los recursos destinados a ferrocarriles. También llevó a Mauricio Macri a rechazar los subterráneos, con lo cual el Tesoro tendrá que seguir dedicando al servicio $ 460 millones de pesos por año. Esa cuenta alimenta la furia contra el gobierno porteño.
El entredicho entre Macri y la Presidenta es tan insensato que permite calibrar la crisis de liderazgo que afecta a la Argentina. Aun cuando el alcalde se consuele con que el 75% de los vecinos le cree a él y no a la señora de Kirchner, como aseguran sus encuestas. Macri confirmó en su conferencia de prensa que se había hecho cargo de los subtes sin siquiera una auditoría. Es inquietante, ya que de él depende Sbesa, la empresa municipal de subterráneos. Tampoco lo excusa la confianza en que la Casa Rosada le transferiría fondos correspondientes. ¿O acaso le enviaron el dinero prometido durante la crisis del parque Indoamericano, para construir viviendas?
El kirchnerismo exhibió la misma liviandad. Quiso deshacerse de los subtes con una picardía y, cuando lo logró, se lanzó sobre Macri, con Florencio Randazzo a la cabeza, por haber aumentado la tarifa. ¿La Presidenta la devolverá al precio anterior?
También el conflicto con los maestros tiene una raíz fiscal. El 16 de febrero, en Burzaco, Cristina Kirchner sorprendió a sus ministros limitando el aumento salarial al 18%. Hoy hay que calcular que superará el 22%. Los sueldos de los maestros representan el 50% del gasto de la administración central. Se explica, entonces, el conflicto con los docentes, tan incómodo para la política oficial (un dirigente kirchnerista se quejaba, el viernes, de que «en la relación con los maestros Cristina parece asesorada por Piñera»).
A fines del año pasado se especulaba con que el Gobierno trataría de superar el cerco económico conteniendo la inflación, reduciendo el gasto público, moderando la carrera salarial y coordinando las expectativas del mercado a través del Banco Central. El camino que tomó Cristina Kirchner es muy distinto: mantener los desequilibrios y sofocarlos con más reservas del Banco Central. A eso se le llama sintonía fina. Si hay ajuste, lo hará la realidad..
El precio del petróleo aumentó en lo que va del año 14%, encareciendo las abultadas importaciones de energía. La tragedia de Once, por su parte, puso en tela de juicio la eliminación de los subsidios a los servicios públicos, que es la receta oficial para moderar el gasto. Y la paritaria docente está por poner un piso de 22% al incremento salarial de todo el sector público. Estas cuatro novedades agravan el desequilibrio de las cuentas del Estado, en un año en el que los economistas independientes pronostican un déficit primario de alrededor de 8000 millones de pesos.
Por primera vez, Griesa amenazó la normalización que el Gobierno buscó con sus dos canjes de deuda. Su fallo del 23 del mes pasado (ver por separado) introdujo una incertidumbre ya no sobre la posibilidad de cobrar los viejos títulos, sino los emitidos durante los mandatos de los Kirchner. El beneficiario de la medida fue NML Capital Ltd., una sociedad controlada por Elliot Associates, el fondo de Paul Singer, abogado muy influyente en el Congreso norteamericano. La decisión de Griesa es observada por los acreedores de Grecia, que deben decidir antes del próximo 12 si aceptan una quita o recurren a la justicia.
El Gobierno apelará la sentencia, alegando que los nuevos bonos se pagan en la Argentina en el instante en que el Tesoro gira el dinero a la cuenta local de los bancos internacionales: una vez depositados, esos fondos serían de los bonistas, aunque éstos los cobren en los Estados Unidos. Más allá de esta discusión, la sentencia dificulta la pretensión de Amado Boudou y Hernán Lorenzino de resolver la difícil ecuación fiscal endeudándose en el mercado de capitales.
El frente energético también se muestra tormentoso. La disparada del precio del petróleo complica los subsidios a la energía en toda la región. Basta observar la creciente tensión entre Dilma Rousseff y Petrobras en Brasil. Para la Argentina el problema es angustiante: este semestre el país debe importar combustibles por más de 7000 millones de dólares. Como apunta un experto en gas, «por primera vez en décadas la industria tuvo cortes de suministro en verano».
Las respuestas del Gobierno son muy defectuosas. Una es reducir el problema al mal comportamiento de YPF, empresa a la que Cristina Kirchner culpa por la caída de la producción de hidrocarburos de los últimos trece años, que incluyen los de la «argentinización» que benefició a los Eskenazi. Fuentes inobjetables aseguran que la Presidenta recién en diciembre pasado tomó conciencia de que esa familia está pagando el 25% de YPF con dividendos de YPF. Y que no sirvió de nada que, en una muy tensa conversación, Sebastián Eskenazi le jurara que la operación había sido dirigida por Néstor Kirchner. La versión ilustra un aspecto relevante de la actualidad: la distancia de la Presidenta con algunos compromisos de su esposo, que, al parecer, desconocía.
La crisis con YPF sigue abierta. La divulgación de las presiones del rey Juan Carlos I y de Mariano Rajoy para evitar una intervención irritó a Cristina Kirchner (fue irónico que los enviados de Madrid llegaran cuando ella homenajeaba a Belgrano por «su lucha anticolonialista contra España»).
Las provincias petroleras siguen amenazando a YPF con la suspensión de concesiones. Sobre el escritorio del presidente de la empresa, Antonio Brufau, está la exigencia de inversiones urgentes por 2500 millones de dólares que le formuló Axel Kicilloff, «un maoísta que nos recibió con ropa de fin de semana», según el identikit del catalán.
Mientras Kicilloff avanza, Guillermo Moreno inicia su bizarra expedición a Angola para cambiar alimentos por petróleo y gas. Trueque de cuño bolivariano, igual que el que intentó Julio De Vido en Libia y Túnez, o Héctor Timerman con Irán, gracias a contactos realizados en España y a los buenos oficios de los sirios (a propósito: el filantrópico Timerman todavía no hizo notar su indignación por los ultrajes a los derechos humanos de Bashar Al-Assad).
De Vido, que hace un lustro fracasó con los angoleños, no es optimista con Moreno: «Carecen de administración para hacer negocios», recuerda. Por lo pronto, la planta de gas natural licuado, que pertenece a capitales ingleses, no está terminada. Moreno podría conseguir petróleo, pero ¿dónde lo destilaría? Las refinerías argentinas están saturadas. Estas quimeras agregan color a un viaje en el que el secretario de Comercio practicará sus rudimentos de portuñol. A él le importa poco que sus detractores, insidiosos, le imputen ser «el López Rega de la economía» y comparen su peregrinación con la que el «Brujo» realizó a Trípoli en 1974, también para mendigar petróleo.
Hay más restricciones energéticas. Las distribuidoras de electricidad están al borde del default. Cuando reclaman por tarifas, el segundo de De Vido, Roberto Baratta, contesta: «Esperen, esperen, que Julio algo les va a conseguir». Pero «Julio» todavía debe explicar a su jefa el fracaso de la eliminación de los subsidios. De los 2,5 millones de abonados a Edenor sólo 200.000 recibieron un aumento, y sólo 20.000 solicitaron el ajuste.
La supresión de los subsidios, principal táctica del Gobierno para contener el gasto público, presenta dificultades también en el transporte. La tragedia de Once obliga a incrementar los recursos destinados a ferrocarriles. También llevó a Mauricio Macri a rechazar los subterráneos, con lo cual el Tesoro tendrá que seguir dedicando al servicio $ 460 millones de pesos por año. Esa cuenta alimenta la furia contra el gobierno porteño.
El entredicho entre Macri y la Presidenta es tan insensato que permite calibrar la crisis de liderazgo que afecta a la Argentina. Aun cuando el alcalde se consuele con que el 75% de los vecinos le cree a él y no a la señora de Kirchner, como aseguran sus encuestas. Macri confirmó en su conferencia de prensa que se había hecho cargo de los subtes sin siquiera una auditoría. Es inquietante, ya que de él depende Sbesa, la empresa municipal de subterráneos. Tampoco lo excusa la confianza en que la Casa Rosada le transferiría fondos correspondientes. ¿O acaso le enviaron el dinero prometido durante la crisis del parque Indoamericano, para construir viviendas?
El kirchnerismo exhibió la misma liviandad. Quiso deshacerse de los subtes con una picardía y, cuando lo logró, se lanzó sobre Macri, con Florencio Randazzo a la cabeza, por haber aumentado la tarifa. ¿La Presidenta la devolverá al precio anterior?
También el conflicto con los maestros tiene una raíz fiscal. El 16 de febrero, en Burzaco, Cristina Kirchner sorprendió a sus ministros limitando el aumento salarial al 18%. Hoy hay que calcular que superará el 22%. Los sueldos de los maestros representan el 50% del gasto de la administración central. Se explica, entonces, el conflicto con los docentes, tan incómodo para la política oficial (un dirigente kirchnerista se quejaba, el viernes, de que «en la relación con los maestros Cristina parece asesorada por Piñera»).
A fines del año pasado se especulaba con que el Gobierno trataría de superar el cerco económico conteniendo la inflación, reduciendo el gasto público, moderando la carrera salarial y coordinando las expectativas del mercado a través del Banco Central. El camino que tomó Cristina Kirchner es muy distinto: mantener los desequilibrios y sofocarlos con más reservas del Banco Central. A eso se le llama sintonía fina. Si hay ajuste, lo hará la realidad..
