El ministro, al exponer ayer en el Atlantic Council, en Washington.Foto:Atlantic Council
Una carpeta de alrededor de 10 hojas circula por despachos clave de la Casa Rosada desde hace semanas. Contiene una lista de proyectos de infraestructura que abarca obras sanitarias, rutas, centrales eléctricas y hospitales, entre otras cosas. Son los principales line-amientos de un megaplán que la administración de Mauricio Macri tiene previsto anunciar tras el pago a los denominados fondos buitre y constituye una de sus mayores apuestas para ensayar un intento de reactivación económica en el segundo semestre del año.
Su realización depende, en parte, de un paso difícil de anticipar: la aprobación en el Congreso de un nuevo régimen de inversión en obras públicas con garantías para el sector privado. Las espadas económicas de Macri se cruzaron en al menos cuatro reuniones que mantuvieron en las últimas tres semanas. El objetivo vale la disputa: intentaron ponerse de acuerdo para atender un pedido expreso del Presidente, que espera en los próximos días enviar al Congreso un proyecto de ley de participación público-privada (PPP), la herramienta con la que se financiaron obras millonarias en países como Perú, Colombia, Brasil y Chile.
El Gobierno considera esa herramienta como un mecanismo fundamental para cubrir un tercio de las inversiones en obras con las que Macri espera transitar su mandato. Una fuente que participa de la mesa chica de discusión puso una cifra a esas ambiciones: hasta US$ 40.000 millones en cuatro años.
Semejante premio esconde un escollo difícil de sortear: para atraer a los inversores de otros países, una parte del Gobierno recomienda resolver las eventuales disputas en tribunales extranjeros, sin pasar por la justicia local. Es el punto que dividió las aguas entre los funcionarios de diversas carteras que participan de las discusiones.
Hasta la semana pasada, el borrador estaba definido en un 85% y la idea era enviarlo al Congreso este mismo mes. Ayer, el ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat-Gay, fue más optimista en Washington (ver aparte): «El proyecto de ley está listo. Le hicimos algunas mejoras y va a ir al Congreso pronto», confirmó.
Aunque la semana próxima el país saldrá del default, el equipo de Macri reconoce que el tendal de contratos rotos que dejó la crisis de 2001 le imprimió al país una mala fama entre los organismos financieros que no se borrará sólo con el voto de confianza del mercado al Presidente. Por eso trabajan en alternativas para disminuir la eventual discrecionalidad que pueda tener el país en caso de conflictos con los inversores.
Los borradores que circulaban entre la Jefatura de Gabinete y el Ministerio del Interior muestran esa búsqueda. Por caso, si se presentara una disputa técnica con respecto a una obra, por ejemplo un hospital, la futura ley y el contrato particular contemplarán la creación de un comité técnico para resolverla.
Si se trata de una cuestión comercial o financiera, siempre que una parte sustancial de la inversión haya provenido del exterior, una parte del grupo de trabajo recomienda renunciar de manera expresa al fuero contencioso administrativo y tributario para dirimir la disputa en un tribunal internacional, por ejemplo el Ciadi. El organismo fue la sede de centenas de juicios contra el Estado tras la crisis de 2001.
Pese a ese antecedente, los asesores de Macri consideran que resignar la justicia local es una de las pocas herramientas que le permitirían al país recuperar la confianza de los inversores. Tienen ejemplos cercanos: durante el gobierno kirchnerista, YPF cerró un acuerdo bajo ley norteamericana con Chevron según el cual los potenciales conflictos se dirimirían en tribunales franceses.
Un funcionario que vio la última versión reconoció que dejaba abierta la puerta para dirimir conflictos fuera del país.
Discusión interna
El proyecto estaba casi listo a fines de marzo, a tal punto que la Jefatura de Gabinete pensaba presentarlo al Congreso en los días siguientes. Se trataba de un documento que había hecho el estudio Cassagne a pedido de Horacio Reyser, secretario de Relaciones Económicas Internacionales.
También contó con el acompañamiento de Mario Quintana y Gustavo Lopetegui, coordinadores del gabinete económico que trabajan en la órbita de Marcos Peña.
El Gobierno espera que la futura ley sirva para el diseño, la construcción, el financiamiento y la operación de un bien, desde una autopista y una central eléctrica hasta un hospital o el servicio de agua potable en una localidad.
Quienes vieron el documento lo señalan como una iniciativa adecuada para pasar sin sobresaltos por el Congreso, pero con escasa capacidad para atraer inversiones.
El propio Macri sumó más nombres para la discusión: el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, que puso a trabajar el tema a Ricardo Delgado, subsecretario de Coordinación de la Obra Pública Federal, y la ex legisladora porteña Alejandra Caballero, una especialista en financiamiento de infraestructura que hoy coordina las empresas vinculadas con el Banco Nación.
A fines de la semana pasada se sumó a la discusión Luciano Laspina, presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados y uno de los futuros encargados de aceitar los mecanismos del trámite legislativo.
Otro punto que el Gobierno incluirá es el tratamiento «equitativo y el reparto de los riesgos» de cada proyecto, que se repartirán entre el Estado y los privados. Por caso, los riesgos cambiarios y políticos quedarán del lado del Gobierno.
Los borradores del proyecto también contemplan la obligación de respetar la ecuación económico-financiera original de cada proyecto, limitar las facultades del Estado a lo que está escrito en los contratos y prohibir la modificación de su objeto. El Gobierno lo someterá al debate parlamentario, del que podrían surgir cambios.
La gran apuesta económica
El Gobierno quiere crear un nuevo régimen de inversión público-privada que le da garantías a la inversión extranjera en proyectos destinados a obras
Los mentores de la iniciativa creen que de esa manera podría llegar al país un tercio de la inversión prometida en el sector
El proyecto de ley será enviado este mes al Congreso y contempla la legislación de Perú, Chile, Colombia y Brasil, entre otros países de la región
La administración de Mauricio Macri está dispuesta a dar el debate en el Congreso y aceptar eventuales modificaciones en el proyecto para conseguir su aprobación
Una carpeta de alrededor de 10 hojas circula por despachos clave de la Casa Rosada desde hace semanas. Contiene una lista de proyectos de infraestructura que abarca obras sanitarias, rutas, centrales eléctricas y hospitales, entre otras cosas. Son los principales line-amientos de un megaplán que la administración de Mauricio Macri tiene previsto anunciar tras el pago a los denominados fondos buitre y constituye una de sus mayores apuestas para ensayar un intento de reactivación económica en el segundo semestre del año.
Su realización depende, en parte, de un paso difícil de anticipar: la aprobación en el Congreso de un nuevo régimen de inversión en obras públicas con garantías para el sector privado. Las espadas económicas de Macri se cruzaron en al menos cuatro reuniones que mantuvieron en las últimas tres semanas. El objetivo vale la disputa: intentaron ponerse de acuerdo para atender un pedido expreso del Presidente, que espera en los próximos días enviar al Congreso un proyecto de ley de participación público-privada (PPP), la herramienta con la que se financiaron obras millonarias en países como Perú, Colombia, Brasil y Chile.
El Gobierno considera esa herramienta como un mecanismo fundamental para cubrir un tercio de las inversiones en obras con las que Macri espera transitar su mandato. Una fuente que participa de la mesa chica de discusión puso una cifra a esas ambiciones: hasta US$ 40.000 millones en cuatro años.
Semejante premio esconde un escollo difícil de sortear: para atraer a los inversores de otros países, una parte del Gobierno recomienda resolver las eventuales disputas en tribunales extranjeros, sin pasar por la justicia local. Es el punto que dividió las aguas entre los funcionarios de diversas carteras que participan de las discusiones.
Hasta la semana pasada, el borrador estaba definido en un 85% y la idea era enviarlo al Congreso este mismo mes. Ayer, el ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat-Gay, fue más optimista en Washington (ver aparte): «El proyecto de ley está listo. Le hicimos algunas mejoras y va a ir al Congreso pronto», confirmó.
Aunque la semana próxima el país saldrá del default, el equipo de Macri reconoce que el tendal de contratos rotos que dejó la crisis de 2001 le imprimió al país una mala fama entre los organismos financieros que no se borrará sólo con el voto de confianza del mercado al Presidente. Por eso trabajan en alternativas para disminuir la eventual discrecionalidad que pueda tener el país en caso de conflictos con los inversores.
Los borradores que circulaban entre la Jefatura de Gabinete y el Ministerio del Interior muestran esa búsqueda. Por caso, si se presentara una disputa técnica con respecto a una obra, por ejemplo un hospital, la futura ley y el contrato particular contemplarán la creación de un comité técnico para resolverla.
Si se trata de una cuestión comercial o financiera, siempre que una parte sustancial de la inversión haya provenido del exterior, una parte del grupo de trabajo recomienda renunciar de manera expresa al fuero contencioso administrativo y tributario para dirimir la disputa en un tribunal internacional, por ejemplo el Ciadi. El organismo fue la sede de centenas de juicios contra el Estado tras la crisis de 2001.
Pese a ese antecedente, los asesores de Macri consideran que resignar la justicia local es una de las pocas herramientas que le permitirían al país recuperar la confianza de los inversores. Tienen ejemplos cercanos: durante el gobierno kirchnerista, YPF cerró un acuerdo bajo ley norteamericana con Chevron según el cual los potenciales conflictos se dirimirían en tribunales franceses.
Un funcionario que vio la última versión reconoció que dejaba abierta la puerta para dirimir conflictos fuera del país.
Discusión interna
El proyecto estaba casi listo a fines de marzo, a tal punto que la Jefatura de Gabinete pensaba presentarlo al Congreso en los días siguientes. Se trataba de un documento que había hecho el estudio Cassagne a pedido de Horacio Reyser, secretario de Relaciones Económicas Internacionales.
También contó con el acompañamiento de Mario Quintana y Gustavo Lopetegui, coordinadores del gabinete económico que trabajan en la órbita de Marcos Peña.
El Gobierno espera que la futura ley sirva para el diseño, la construcción, el financiamiento y la operación de un bien, desde una autopista y una central eléctrica hasta un hospital o el servicio de agua potable en una localidad.
Quienes vieron el documento lo señalan como una iniciativa adecuada para pasar sin sobresaltos por el Congreso, pero con escasa capacidad para atraer inversiones.
El propio Macri sumó más nombres para la discusión: el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, que puso a trabajar el tema a Ricardo Delgado, subsecretario de Coordinación de la Obra Pública Federal, y la ex legisladora porteña Alejandra Caballero, una especialista en financiamiento de infraestructura que hoy coordina las empresas vinculadas con el Banco Nación.
A fines de la semana pasada se sumó a la discusión Luciano Laspina, presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados y uno de los futuros encargados de aceitar los mecanismos del trámite legislativo.
Otro punto que el Gobierno incluirá es el tratamiento «equitativo y el reparto de los riesgos» de cada proyecto, que se repartirán entre el Estado y los privados. Por caso, los riesgos cambiarios y políticos quedarán del lado del Gobierno.
Los borradores del proyecto también contemplan la obligación de respetar la ecuación económico-financiera original de cada proyecto, limitar las facultades del Estado a lo que está escrito en los contratos y prohibir la modificación de su objeto. El Gobierno lo someterá al debate parlamentario, del que podrían surgir cambios.
La gran apuesta económica
El Gobierno quiere crear un nuevo régimen de inversión público-privada que le da garantías a la inversión extranjera en proyectos destinados a obras
Los mentores de la iniciativa creen que de esa manera podría llegar al país un tercio de la inversión prometida en el sector
El proyecto de ley será enviado este mes al Congreso y contempla la legislación de Perú, Chile, Colombia y Brasil, entre otros países de la región
La administración de Mauricio Macri está dispuesta a dar el debate en el Congreso y aceptar eventuales modificaciones en el proyecto para conseguir su aprobación
