Un año después de haber accedido al poder, Mauricio Macri se reencontró con el kirchnerismo. En el Congreso y en la calle. Sin embargo, los alborotos de la política se encierran en el famoso «círculo rojo» de la vida pública. Las sociedades suelen detenerse más en las películas que en las fotos. Macri tiene, según la encuesta de Poliarquía que hoy publica LA NACION, el 55 por ciento de aprobación.
Es, desde Néstor Kirchner, el presidente que mejor terminó su primer año, aunque también hay advertencias de la sociedad sobre la gestión del Gobierno y sobre la inflación. «Esperanza» es la palabra que sigue ganando en el estado de ánimo de los argentinos.
Veamos ese reencuentro con la fracción política que lo precedió. Los diputados de Cristina, con la alianza explícita de Sergio Massa, siguieron usando las cuentas públicas como variable de ajuste de la política. Grupos piqueteros kirchneristas, acompañados por el trotskismo (que hace su trabajo), convirtieron la Capital en un infierno incesante. No hay humo sin fuego: poco de todo esto hubiera sucedido si la economía no siguiera en recesión y si la inflación estuviera más cerca del 1 que del 2 por ciento mensual. El kirchnerismo confía, con la fe de las religiones, que la economía terminará manchando al Presidente.
Diciembre está entre nosotros. Es el mes del apocalipsis anunciado por los sectores más cerriles de la oposición. Por ahora, hay una especie de miniapocalipsis. ¿Ahora será todo? La respuesta es distinta según a quién se pregunte. Intendentes peronistas (sobre todo, los enrolados con el Grupo Esmeralda, que toman distancia de Cristina y de Massa, y están cerca de Florencio Randazzo) son relativamente optimistas. Creen que puede haber casos de vano foquismo en el vasto conurbano, pero también tienen información de que podrían suceder más ocupaciones de tierras que asaltos a supermercados. Esos intendentes dieron muestras de su distancia con cristinistas y massistas: siguieron negociando el presupuesto bonaerense con María Eugenia Vidal cuando Massa y Cristina intentaban destriparle las cuentas públicas a Macri.
Funcionarios nacionales están seguros, en cambio, de que hay sectores políticos trabajando para crear conflictos en diciembre. ¿Quiénes son? «Todos convergen ideológicamente en el kirchnerismo», responden. La organización de Luis D’Elía y Quebracho convocan directamente a tomar el espacio público y a desestabilizar al Gobierno. Esteche más que D’Elía, precisan. Ellos tienen penetración en asentamientos sociales de La Matanza, Tres de Febrero y San Martín. Activistas del kirchnerismo trabajan también en Avellaneda, Lomas de Zamora, José C. Paz y Florencio Varela. Algunos de esos municipios están gobernados por intendentes kirchneristas, como Julio Pereyra en Florencio Varela y Jorge Ferraresi en Avellaneda.
Hay otros casos, como el de Tres de Febrero, donde Hugo Curto, un viejo peronista que bailó con el kirchnerismo hasta la última melodía, perdió las elecciones el año pasado. Curto y otros ex intendentes perdidosos y rencorosos están dispuestos a desestabilizar al intendente actual y al gobierno nacional. Sectores piqueteros más duros, ligados también al kirchnerismo, levantan la bandera del «argentinazo inconcluso de 2001», como ellos lo llaman. Ya hubo insistentes pedidos de comida a supermercados y quema de cubiertas por fuerzas de choque. «Es la más clara muestra de desestabilización», infiere otro funcionario.
Sin embargo, intendentes peronistas y funcionarios macristas colocan la preocupación en un municipio en especial: Moreno. No porque su intendente, Walter Festa, sea un militante de La Cámpora, sino por su inoperancia al frente de la administración comunal. Tiene un déficit mensual de 43 millones de pesos. «Y no hace nada», agrega otro intendente peronista. Debería formar parte de este contexto una reciente declaración pública del líder de Barrios de Pie, Daniel Menéndez, quien advirtió que en los eventuales conflictos de diciembre podrían converger comisarios bonaerenses corruptos y el narcotráfico. Ésa es una batalla que le tocaría a Vidal.
Un grupo de movimientos sociales prefirió acordar con el Gobierno un paquete de mejoras a la asistencia social por 10.000 millones de pesos anuales durante tres años. No se trata de una modificación crucial del presupuesto, porque serán transferencias de partidas destinadas a otros rubros. Esos movimientos son Barrios de Pie y la Corriente Clasista y Combativa, que nunca fueron kirchneristas, y el Movimiento Evita, que tomó distancia del kirchnerismo. El Gobierno entendió que en un país con el 32 por ciento de pobreza más vale que los pobres tengan una representación institucional. El sector social más vulnerable del país carece de una defensa formal.
Esos movimientos sociales estuvieron hace poco en el Vaticano en un seminario internacional sobre conflictos sociales. El mensaje que recibieron fue que no hay espacio en la Santa Sede para acciones desestabilizadoras y que siempre es mejor el acuerdo que el conflicto, aunque el acuerdo debe comprometer tanto a los movimientos sociales como al Gobierno. Poco después, esos movimientos sociales y la administración de Macri cerraron el acuerdo. La consecuencia política fue la reacción violenta de grupos piqueteros vinculados al kirchnerismo y al trotskismo, responsables del caos interminable que vivió la Capital en los días previos al último fin de semana largo.
Esa trama de conspiraciones, revanchas y desquicios opositores rodeó el acuerdo de kirchneristas y massistas para arrinconar a Macri en el Congreso con un diletante proyecto de impuesto a las ganancias. Extraño país donde los únicos que salieron ganando de semejante desbarajuste fueron los dueños de casinos y bingos. En efecto, el proyecto opositor bajó el gravamen al negocio del juego a un tercio del que proponía el Gobierno. Gobernadores y diputados peronistas se ocuparon casi obsesivamente de ese impuesto más que de todo lo otro. Cristóbal López estaba en todos los teléfonos.
Massa dio un «salto mortal», según lo define el propio massismo, desde el apoyo a la gobernabilidad de Macri hacia la oposición total. Carga con la foto (de la que se escondió) en la que aparecen sus delegados junto con los delegados de Cristina Kirchner. El acuerdo técnico se labró en cinco minutos entre el massista Marco Lavagna, enviado de Massa, y Axel Kicillof, enviado de Máximo Kirchner, en el sindicato de la Sanidad que conduce el también massista Héctor Daer.
La pregunta que nadie puede responder es por qué el Gobierno envió al Congreso un proyecto que no tenía los votos para ser aprobado y que no estaba dispuesto a negociar con la oposición. El Presidente, que está muy preocupado por el déficit fiscal, dio hace diez días la orden de no hacer concesiones con las cuentas públicas. Se lo dijo con palabras claras Emilio Monzó a Massa cuando éste le mostró el acuerdo de Lavagna hijo y Kicillof e intentó canjearlo por un acuerdo con el Gobierno. Era la oportunidad que Massa esperaba para dar el «salto mortal». Pronosticó lo que sería con Macri si éste perdiera las elecciones de 2017.
El Gobierno recogió el guante. También para él empezó la campaña electoral. La dura reacción de Macri y de Marcos Peña contra Massa no fue producto del shock ni de la emoción; fue una estrategia. Así como Massa pega donde más le duele a Macri (gobierna para los ricos, dice del Presidente), Macri y su equipo golpean sobre el lado más vulnerable de Massa: hasta para sus propios simpatizantes es un hombre poco confiable. «Es el menos confiable del sistema político», dijo Peña y encajó el serrucho justo en el lugar donde flaquea Massa.
La competencia electoral es propia del sistema político. La parte que no tiene explicación es la que pone a las ya frágiles cuentas del Estado (y de la economía) en medio de la inestable jugarreta política.
Es, desde Néstor Kirchner, el presidente que mejor terminó su primer año, aunque también hay advertencias de la sociedad sobre la gestión del Gobierno y sobre la inflación. «Esperanza» es la palabra que sigue ganando en el estado de ánimo de los argentinos.
Veamos ese reencuentro con la fracción política que lo precedió. Los diputados de Cristina, con la alianza explícita de Sergio Massa, siguieron usando las cuentas públicas como variable de ajuste de la política. Grupos piqueteros kirchneristas, acompañados por el trotskismo (que hace su trabajo), convirtieron la Capital en un infierno incesante. No hay humo sin fuego: poco de todo esto hubiera sucedido si la economía no siguiera en recesión y si la inflación estuviera más cerca del 1 que del 2 por ciento mensual. El kirchnerismo confía, con la fe de las religiones, que la economía terminará manchando al Presidente.
Diciembre está entre nosotros. Es el mes del apocalipsis anunciado por los sectores más cerriles de la oposición. Por ahora, hay una especie de miniapocalipsis. ¿Ahora será todo? La respuesta es distinta según a quién se pregunte. Intendentes peronistas (sobre todo, los enrolados con el Grupo Esmeralda, que toman distancia de Cristina y de Massa, y están cerca de Florencio Randazzo) son relativamente optimistas. Creen que puede haber casos de vano foquismo en el vasto conurbano, pero también tienen información de que podrían suceder más ocupaciones de tierras que asaltos a supermercados. Esos intendentes dieron muestras de su distancia con cristinistas y massistas: siguieron negociando el presupuesto bonaerense con María Eugenia Vidal cuando Massa y Cristina intentaban destriparle las cuentas públicas a Macri.
Funcionarios nacionales están seguros, en cambio, de que hay sectores políticos trabajando para crear conflictos en diciembre. ¿Quiénes son? «Todos convergen ideológicamente en el kirchnerismo», responden. La organización de Luis D’Elía y Quebracho convocan directamente a tomar el espacio público y a desestabilizar al Gobierno. Esteche más que D’Elía, precisan. Ellos tienen penetración en asentamientos sociales de La Matanza, Tres de Febrero y San Martín. Activistas del kirchnerismo trabajan también en Avellaneda, Lomas de Zamora, José C. Paz y Florencio Varela. Algunos de esos municipios están gobernados por intendentes kirchneristas, como Julio Pereyra en Florencio Varela y Jorge Ferraresi en Avellaneda.
Hay otros casos, como el de Tres de Febrero, donde Hugo Curto, un viejo peronista que bailó con el kirchnerismo hasta la última melodía, perdió las elecciones el año pasado. Curto y otros ex intendentes perdidosos y rencorosos están dispuestos a desestabilizar al intendente actual y al gobierno nacional. Sectores piqueteros más duros, ligados también al kirchnerismo, levantan la bandera del «argentinazo inconcluso de 2001», como ellos lo llaman. Ya hubo insistentes pedidos de comida a supermercados y quema de cubiertas por fuerzas de choque. «Es la más clara muestra de desestabilización», infiere otro funcionario.
Sin embargo, intendentes peronistas y funcionarios macristas colocan la preocupación en un municipio en especial: Moreno. No porque su intendente, Walter Festa, sea un militante de La Cámpora, sino por su inoperancia al frente de la administración comunal. Tiene un déficit mensual de 43 millones de pesos. «Y no hace nada», agrega otro intendente peronista. Debería formar parte de este contexto una reciente declaración pública del líder de Barrios de Pie, Daniel Menéndez, quien advirtió que en los eventuales conflictos de diciembre podrían converger comisarios bonaerenses corruptos y el narcotráfico. Ésa es una batalla que le tocaría a Vidal.
Un grupo de movimientos sociales prefirió acordar con el Gobierno un paquete de mejoras a la asistencia social por 10.000 millones de pesos anuales durante tres años. No se trata de una modificación crucial del presupuesto, porque serán transferencias de partidas destinadas a otros rubros. Esos movimientos son Barrios de Pie y la Corriente Clasista y Combativa, que nunca fueron kirchneristas, y el Movimiento Evita, que tomó distancia del kirchnerismo. El Gobierno entendió que en un país con el 32 por ciento de pobreza más vale que los pobres tengan una representación institucional. El sector social más vulnerable del país carece de una defensa formal.
Esos movimientos sociales estuvieron hace poco en el Vaticano en un seminario internacional sobre conflictos sociales. El mensaje que recibieron fue que no hay espacio en la Santa Sede para acciones desestabilizadoras y que siempre es mejor el acuerdo que el conflicto, aunque el acuerdo debe comprometer tanto a los movimientos sociales como al Gobierno. Poco después, esos movimientos sociales y la administración de Macri cerraron el acuerdo. La consecuencia política fue la reacción violenta de grupos piqueteros vinculados al kirchnerismo y al trotskismo, responsables del caos interminable que vivió la Capital en los días previos al último fin de semana largo.
Esa trama de conspiraciones, revanchas y desquicios opositores rodeó el acuerdo de kirchneristas y massistas para arrinconar a Macri en el Congreso con un diletante proyecto de impuesto a las ganancias. Extraño país donde los únicos que salieron ganando de semejante desbarajuste fueron los dueños de casinos y bingos. En efecto, el proyecto opositor bajó el gravamen al negocio del juego a un tercio del que proponía el Gobierno. Gobernadores y diputados peronistas se ocuparon casi obsesivamente de ese impuesto más que de todo lo otro. Cristóbal López estaba en todos los teléfonos.
Massa dio un «salto mortal», según lo define el propio massismo, desde el apoyo a la gobernabilidad de Macri hacia la oposición total. Carga con la foto (de la que se escondió) en la que aparecen sus delegados junto con los delegados de Cristina Kirchner. El acuerdo técnico se labró en cinco minutos entre el massista Marco Lavagna, enviado de Massa, y Axel Kicillof, enviado de Máximo Kirchner, en el sindicato de la Sanidad que conduce el también massista Héctor Daer.
La pregunta que nadie puede responder es por qué el Gobierno envió al Congreso un proyecto que no tenía los votos para ser aprobado y que no estaba dispuesto a negociar con la oposición. El Presidente, que está muy preocupado por el déficit fiscal, dio hace diez días la orden de no hacer concesiones con las cuentas públicas. Se lo dijo con palabras claras Emilio Monzó a Massa cuando éste le mostró el acuerdo de Lavagna hijo y Kicillof e intentó canjearlo por un acuerdo con el Gobierno. Era la oportunidad que Massa esperaba para dar el «salto mortal». Pronosticó lo que sería con Macri si éste perdiera las elecciones de 2017.
El Gobierno recogió el guante. También para él empezó la campaña electoral. La dura reacción de Macri y de Marcos Peña contra Massa no fue producto del shock ni de la emoción; fue una estrategia. Así como Massa pega donde más le duele a Macri (gobierna para los ricos, dice del Presidente), Macri y su equipo golpean sobre el lado más vulnerable de Massa: hasta para sus propios simpatizantes es un hombre poco confiable. «Es el menos confiable del sistema político», dijo Peña y encajó el serrucho justo en el lugar donde flaquea Massa.
La competencia electoral es propia del sistema político. La parte que no tiene explicación es la que pone a las ya frágiles cuentas del Estado (y de la economía) en medio de la inestable jugarreta política.
