Durante la última década, Argentina y los acreedores que se han negado a reestructurar sus bonos en «default» han luchado en cortes de Estados Unidos por la cesación de pagos que el país sudamericano declaró en el 2002.
La batalla recrudeció el año pasado, cuando dos tribunales dijeron que Argentina discriminó a los tenedores de títulos públicos incumplidos, identificados bajo el término en inglés «holdouts», y debe pagarles cada vez que honra su deuda reestructurada, disparando temores a una nueva cesación de pagos si el país sudamericano se niega a cumplir la orden.
Argentina apeló las sentencias y la audiencia para que las partes expresen sus posiciones fue fijada para el 27 de febrero.
Los dictámenes despertaron esperanzas entre los «holdouts», entre ellos el fondo de inversiones Elliott Management, que ha ganado varios miles de millones de dólares en sentencias pero que ha logrado cobrar muy poco dado que Argentina se rehusa a pagarle y las leyes de inmunidad soberana de Estados Unidos protegen a la mayoría de sus activos de embargos.
La combativa presidenta Cristina Fernández ha prometido que nunca les pagará a los «holdouts», pero aseguró que sí continuará cumpliendo con las obligaciones de los bonos emitidos durante las reestructuraciones del 2005 y el 2010.
Argentina dice que no va a cumplir esos fallos porque sus propias leyes prohíben el pago a «holdouts». Esta postura podría significar que algunos bancos estadounidenses y otras terceras partes que procesan los pagos de deuda argentina terminen teniendo que hacer cumplir las órdenes de la corte.
El país ha apelado los fallos y prometió llevar el caso a la Corte Suprema, si fuese necesario.
La incertidumbre sobre cómo puede desenvolverse este conflicto desplomó los precios de la deuda argentina en noviembre pasado y acrecentó los temores a que la tercera economía de América Latina vuelva a incumplir con el pago de sus deudas.
A continuación, algunos hechos sobre lo que está en disputa en este complejo caso:
TRATO IGUALITARIO
Hace casi un año, el juez de distrito de Estados Unidos, Thomas Griesa, falló que Argentina violó el «pari passu», una cláusula de los bonos que requiere que todos los acreedores sean tratados de manera igualitaria, al pagarle a inversores que habían aceptado el canje y no haber hecho lo mismo con los que no lo suscribieron («holdouts»).
El juez dijo que todos debían cobrar de forma simultánea.
Esto favoreció a los demandantes que incluyen a NML Capital Ltd, una filial de Elliott, y a los fondos de Aurelius Capital Management, que habían demandado por un estimado de 1,330 millones de dólares en bonos incumplidos.
Argentina apeló este fallo y la mayoría de los analistas de mercado creyó que el país iba a tener éxito. Pero, el 26 de octubre, el segundo circuito de la corte de apelaciones apoyó la decisión de Griesa y le devolvió el caso para que aclare sobre dos puntos.
Los abogados que representan a Argentina dicen que podría disparar una nueva crisis de deuda argentina al poner en riesgo pagos para honrar unos 24,000 millones de dólares en títulos reestructurados si terceras partes, incluyendo bancos y otros intermediarios, se ven forzados a interrumpir transferencias de fondos para cumplir con las órdenes judiciales.
Finalmente, Argentina argumenta que el fallo podría disminuir la capacidad de otros gobiernos de reestructurar deuda en el futuro.
El Gobierno de Estados Unidos estuvo de acuerdo y dijo a la corte de apelaciones que el fallo de Griesa «podría permitirle a un único acreedor frustrar la implementación de un plan de reestructuración apoyado internacionalmente, y así socavar las décadas de esfuerzo que Estados Unidos ha puesto para generar un sistema de resolución cooperativa en crisis de deuda soberanas».
Pero, la corte del segundo circuito rechazó ese argumento diciendo que la mayoría de los nuevos bonos incluyen cláusulas de acción colectiva, que eliminan la amenaza de litigación de «holdouts» al requerir que todos los acreedores acepten una reestructuración si es aprobada por una mayoría especial.
La corte también argumentó que países como España y Grecia, plagados con problemas de deuda, no se verían afectados por el fallo dado que no tienen bonos emitidos bajo la ley de Nueva York.
El panel de tres jueces dijo que Argentina tiene suficiente dinero, incluyendo más de 40,000 millones de dólares en reservas del Banco Central, para pagarle a los tenedores de bonos que no aceptaron el canje y a la vez servir la deuda reestructurada.
Pero, Argentina argumenta que su «Ley Cerrojo» aprobada en el 2005 le prohíbe pagarle a esos tenedores de bonos de deuda no reestructurada sin la aprobación previa del Congreso, lo que implica que el cumplimiento del fallo de la corte de Estados Unidos sería ilegal bajo la ley argentina.
En sus últimas presentaciones, Argentina indicó que podría proponer cambiar la ley si la corte acepta que los «holdouts» deben recibir el pago de la deuda bajo los términos del canje del 2010.
RÁPIDA APELACIÓN
En febrero del 2012, Griesa primero emitió una orden que obligaba a Argentina a cumplir con los «holdouts» la próxima vez que le pagase a los bonistas del canje. Pero, un mes después, estuvo de acuerdo en frenar esa orden para esperar la apelación de Argentina.
El 21 de noviembre, sin embargo, levantó la medida de no innovar, argumentando que funcionarios argentinos habían hecho comentarios en los que expresaron que no tenían ninguna intención de cumplir la orden de la corte. Ordenó que Argentina deposite los 1,330 millones de dólares que se le deben a los «holdouts» en una cuenta custodia antes del 15 de diciembre.
En esa misma fecha, Argentina debía pagar unos 3,000 millones de dólares en sus cupones atados al PIB, que fueron emitidos durante los canjes de deuda.
La corte del segundo circuito reinstaló la medida de no innovar hasta que resuelva las apelaciones en el asunto. Fijó un calendario para la presentación de descargos y programó una audiencia oral para el 27 de febrero.
Luego aceptó que los tenedores de bonos reestructurados y el agente custodia Bank of New York Mellon Corp participen de la audiencia oral para explicar su oposición al fallo de Griesa.
La decisión de la corte de apelación de reinstalar la medida cautelar desinfló los temores de que Argentina pudiera caer en una nueva cesación de pagos a fines de año pasado. Los «holdouts» dijeron que esa posición fue muy poco severa y le da tiempo a Argentina para buscar la manera de evadir los fallos de la corte.
Argentina realizará su próximo pago de deuda pública el 31 de marzo, cuando abone 180 millones de dólares por intereses.
TERCERAS PARTES
El 26 de octubre, la corte de apelaciones le pidió a Griesa que aclare con mayor precisión cuáles son las terceras partes requeridas de cumplir el fallo de la corte si Argentina se rehusa a acatarlo.
Los jueces dicen que hubo alguna confusión sobre cómo la orden de pagos aplicaría a terceras partes y a bancos intermediarios específicamente, que según ellos no deberían ser sujetos a órdenes judiciales bajo ley estadounidense.
Argentina aprovechó esta preocupación cuando le pidió a la corte de apelaciones que frene la orden de Griesa del 21 de noviembre, diciendo que causaría «daño extremo a numerosas terceras partes».
Esto incluye al Bank of New York Mellon Corp, que como administrador del fideicomiso donde el país deposita los fondos para los pagos de deuda es responsable de trasferir los recursos a los bonistas que participaron del canje.
Las instituciones financieras que ayudan a procesar los pagos argentinos a los bonistas del canje no quieren estar colocados en el medio de esta disputa, puesto que podría ser costoso para ellos y podría perjudicar sus compromisos con sus clientes.
En su opinión del 21 de noviembre, Griesa nombró a las diferentes instituciones en la cadena de pagos utilizada por Argentina para cumplir con su deuda reestructurada. Dijo que bancos intermediarios estarían excluidos.
La corte de apelaciones no ha revisado esta respuesta tampoco.
FÓRMULA DE PAGO
El tribunal también le pidió a Griesa que aclare cómo funcionaría el pago proporcional que ordenó.
La corte de apelaciones dijo que no estaba claro bajo su fórmula si los «holdouts» deben recibir la totalidad de sus acreencias o una parte proporcional cuando Argentina cancele un vencimiento de los bonos reestructurados en Nueva York.
Griesa respondió que ese día Argentina deberá pagar el 100% de lo que le debe a los «holdouts», aproximadamente 1,330 millones de dólares, porque el país está honrando la totalidad del vencimiento con sus otros acreedores.
La corte de apelaciones todavía debe revisar la aclaración de Griesa en este punto.
fondos@eleconomista.com.mx
La batalla recrudeció el año pasado, cuando dos tribunales dijeron que Argentina discriminó a los tenedores de títulos públicos incumplidos, identificados bajo el término en inglés «holdouts», y debe pagarles cada vez que honra su deuda reestructurada, disparando temores a una nueva cesación de pagos si el país sudamericano se niega a cumplir la orden.
Argentina apeló las sentencias y la audiencia para que las partes expresen sus posiciones fue fijada para el 27 de febrero.
Los dictámenes despertaron esperanzas entre los «holdouts», entre ellos el fondo de inversiones Elliott Management, que ha ganado varios miles de millones de dólares en sentencias pero que ha logrado cobrar muy poco dado que Argentina se rehusa a pagarle y las leyes de inmunidad soberana de Estados Unidos protegen a la mayoría de sus activos de embargos.
La combativa presidenta Cristina Fernández ha prometido que nunca les pagará a los «holdouts», pero aseguró que sí continuará cumpliendo con las obligaciones de los bonos emitidos durante las reestructuraciones del 2005 y el 2010.
Argentina dice que no va a cumplir esos fallos porque sus propias leyes prohíben el pago a «holdouts». Esta postura podría significar que algunos bancos estadounidenses y otras terceras partes que procesan los pagos de deuda argentina terminen teniendo que hacer cumplir las órdenes de la corte.
El país ha apelado los fallos y prometió llevar el caso a la Corte Suprema, si fuese necesario.
La incertidumbre sobre cómo puede desenvolverse este conflicto desplomó los precios de la deuda argentina en noviembre pasado y acrecentó los temores a que la tercera economía de América Latina vuelva a incumplir con el pago de sus deudas.
A continuación, algunos hechos sobre lo que está en disputa en este complejo caso:
TRATO IGUALITARIO
Hace casi un año, el juez de distrito de Estados Unidos, Thomas Griesa, falló que Argentina violó el «pari passu», una cláusula de los bonos que requiere que todos los acreedores sean tratados de manera igualitaria, al pagarle a inversores que habían aceptado el canje y no haber hecho lo mismo con los que no lo suscribieron («holdouts»).
El juez dijo que todos debían cobrar de forma simultánea.
Esto favoreció a los demandantes que incluyen a NML Capital Ltd, una filial de Elliott, y a los fondos de Aurelius Capital Management, que habían demandado por un estimado de 1,330 millones de dólares en bonos incumplidos.
Argentina apeló este fallo y la mayoría de los analistas de mercado creyó que el país iba a tener éxito. Pero, el 26 de octubre, el segundo circuito de la corte de apelaciones apoyó la decisión de Griesa y le devolvió el caso para que aclare sobre dos puntos.
Los abogados que representan a Argentina dicen que podría disparar una nueva crisis de deuda argentina al poner en riesgo pagos para honrar unos 24,000 millones de dólares en títulos reestructurados si terceras partes, incluyendo bancos y otros intermediarios, se ven forzados a interrumpir transferencias de fondos para cumplir con las órdenes judiciales.
Finalmente, Argentina argumenta que el fallo podría disminuir la capacidad de otros gobiernos de reestructurar deuda en el futuro.
El Gobierno de Estados Unidos estuvo de acuerdo y dijo a la corte de apelaciones que el fallo de Griesa «podría permitirle a un único acreedor frustrar la implementación de un plan de reestructuración apoyado internacionalmente, y así socavar las décadas de esfuerzo que Estados Unidos ha puesto para generar un sistema de resolución cooperativa en crisis de deuda soberanas».
Pero, la corte del segundo circuito rechazó ese argumento diciendo que la mayoría de los nuevos bonos incluyen cláusulas de acción colectiva, que eliminan la amenaza de litigación de «holdouts» al requerir que todos los acreedores acepten una reestructuración si es aprobada por una mayoría especial.
La corte también argumentó que países como España y Grecia, plagados con problemas de deuda, no se verían afectados por el fallo dado que no tienen bonos emitidos bajo la ley de Nueva York.
El panel de tres jueces dijo que Argentina tiene suficiente dinero, incluyendo más de 40,000 millones de dólares en reservas del Banco Central, para pagarle a los tenedores de bonos que no aceptaron el canje y a la vez servir la deuda reestructurada.
Pero, Argentina argumenta que su «Ley Cerrojo» aprobada en el 2005 le prohíbe pagarle a esos tenedores de bonos de deuda no reestructurada sin la aprobación previa del Congreso, lo que implica que el cumplimiento del fallo de la corte de Estados Unidos sería ilegal bajo la ley argentina.
En sus últimas presentaciones, Argentina indicó que podría proponer cambiar la ley si la corte acepta que los «holdouts» deben recibir el pago de la deuda bajo los términos del canje del 2010.
RÁPIDA APELACIÓN
En febrero del 2012, Griesa primero emitió una orden que obligaba a Argentina a cumplir con los «holdouts» la próxima vez que le pagase a los bonistas del canje. Pero, un mes después, estuvo de acuerdo en frenar esa orden para esperar la apelación de Argentina.
El 21 de noviembre, sin embargo, levantó la medida de no innovar, argumentando que funcionarios argentinos habían hecho comentarios en los que expresaron que no tenían ninguna intención de cumplir la orden de la corte. Ordenó que Argentina deposite los 1,330 millones de dólares que se le deben a los «holdouts» en una cuenta custodia antes del 15 de diciembre.
En esa misma fecha, Argentina debía pagar unos 3,000 millones de dólares en sus cupones atados al PIB, que fueron emitidos durante los canjes de deuda.
La corte del segundo circuito reinstaló la medida de no innovar hasta que resuelva las apelaciones en el asunto. Fijó un calendario para la presentación de descargos y programó una audiencia oral para el 27 de febrero.
Luego aceptó que los tenedores de bonos reestructurados y el agente custodia Bank of New York Mellon Corp participen de la audiencia oral para explicar su oposición al fallo de Griesa.
La decisión de la corte de apelación de reinstalar la medida cautelar desinfló los temores de que Argentina pudiera caer en una nueva cesación de pagos a fines de año pasado. Los «holdouts» dijeron que esa posición fue muy poco severa y le da tiempo a Argentina para buscar la manera de evadir los fallos de la corte.
Argentina realizará su próximo pago de deuda pública el 31 de marzo, cuando abone 180 millones de dólares por intereses.
TERCERAS PARTES
El 26 de octubre, la corte de apelaciones le pidió a Griesa que aclare con mayor precisión cuáles son las terceras partes requeridas de cumplir el fallo de la corte si Argentina se rehusa a acatarlo.
Los jueces dicen que hubo alguna confusión sobre cómo la orden de pagos aplicaría a terceras partes y a bancos intermediarios específicamente, que según ellos no deberían ser sujetos a órdenes judiciales bajo ley estadounidense.
Argentina aprovechó esta preocupación cuando le pidió a la corte de apelaciones que frene la orden de Griesa del 21 de noviembre, diciendo que causaría «daño extremo a numerosas terceras partes».
Esto incluye al Bank of New York Mellon Corp, que como administrador del fideicomiso donde el país deposita los fondos para los pagos de deuda es responsable de trasferir los recursos a los bonistas que participaron del canje.
Las instituciones financieras que ayudan a procesar los pagos argentinos a los bonistas del canje no quieren estar colocados en el medio de esta disputa, puesto que podría ser costoso para ellos y podría perjudicar sus compromisos con sus clientes.
En su opinión del 21 de noviembre, Griesa nombró a las diferentes instituciones en la cadena de pagos utilizada por Argentina para cumplir con su deuda reestructurada. Dijo que bancos intermediarios estarían excluidos.
La corte de apelaciones no ha revisado esta respuesta tampoco.
FÓRMULA DE PAGO
El tribunal también le pidió a Griesa que aclare cómo funcionaría el pago proporcional que ordenó.
La corte de apelaciones dijo que no estaba claro bajo su fórmula si los «holdouts» deben recibir la totalidad de sus acreencias o una parte proporcional cuando Argentina cancele un vencimiento de los bonos reestructurados en Nueva York.
Griesa respondió que ese día Argentina deberá pagar el 100% de lo que le debe a los «holdouts», aproximadamente 1,330 millones de dólares, porque el país está honrando la totalidad del vencimiento con sus otros acreedores.
La corte de apelaciones todavía debe revisar la aclaración de Griesa en este punto.
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