El gobierno nacional, a través del ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, y dos subsecretarios de esa cartera, Abel Fatala y Luis Bontempo, desmintió ayer categóricamente la existencia de sobreprecios en los planes de viviendas sociales y cuestionó en ese sentido las denuncias realizadas por legisladores de la Coalición Cívica en el diario Clarín.
Los funcionarios rechazaron el informe de la diputada de la Coalición Cívica Fernanda Reyes, integrante de la Comisión de Vivienda de Diputados, quien denunció una supuesta subejecución y sobreprecios en las construcciones del Plan Federal de Viviendas, y vinculó estas irregularidades con la investigación que se realiza sobre el ex apoderado de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, Sergio Schocklender.
De Vido aseguró que las denuncias de la diputada Reyes “son de una total irresponsabilidad, ya que su análisis carece de todo rigor, igual que las predicciones que desde hace años realiza su jefa (Elisa Carrió)”, y sostuvo que “si la legisladora y los legisladores no se comprometen con recabar la información relevante, sería oportuno que al menos verifiquen la publicada por el Poder Ejecutivo”.
El titular de la cartera de Planificación Federal ratificó además su “compromiso con el plan Sueños Compartidos, con las Madres, y su confianza absoluta con su conductora, Hebe de Bonafini”, y destacó que el plan de viviendas de la Asociación “está más vigente y con más fuerza que nunca”. En el mismo sentido, expresó su “admiración” hacia la titular de Madres, quién “hizo suya la máxima de la idea que abrazo con absoluta convicción desde hace más de 45 años: Mejor que decir es hacer, mejor que prometer es realizar.”
A través de un comunicado, el ministro también informó que el Plan Federal de Vivienda se ejecuta en forma descentralizada desde el Poder Ejecutivo Nacional, hacia los gobiernos locales, y que “los mismos llevan ínsitos los mecanismos de control idóneos para una ejecución eficaz, eficiente y transparente.” Por otro lado, De Vido se refirió también a la información que señalaba que el gobierno obligaba a las provincias a contratar las obras de Madres. “Estos medios monopólicos, acostumbrados a extorsionar, creen que esa perversa modalidad es, por obra y gracia de ellos, universal”, sostuvo y dijo estar “aún más convencido de la urgencia institucional de aplicar la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.”
El subsecretario de Obras Públicas, Abel Fatala, consideró que el informe de la Coalición Cívica difundido por Clarín forma parte de una campaña para “bastardear la política de Derechos Humanos y la política de obras públicas.”
Su par de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Nación, Luis Alberto Bontempo, también negó “rotundamente” la existencia de sobreprecios y subejecución y cuestionó el informe de la CC: “Lo que tiene que hacer la diputada (Reyes) es venir a la subsecretaría y hacer las cuentas conmigo, porque se ve que no entiende. Sistemáticamente sale con lo mismo, se lo hemos explicado en la reunión de comisión del otro día. En ese momento no dijo nada y ahora sale por los medios.”
El subsecretario informó que desde 2003 se han construido y hay en construcción 840 mil soluciones habitacionales. De ese total, 540 mil son viviendas y el resto, mejoramiento de viviendas. “Esto es mucho más de lo que estaba en los convenios de los planes anteriores”, indicó, y aclaró: “Nosotros ejecutamos anualmente el 99,8% del presupuesto, no hay subejecución.”
En relación a los sobreprecios, explicó que “no se pueden comparar los valores de 2004 con los valores de 2011, sobre todo porque el primer programa era de 44 metros cuadrados por vivienda y el segundo de 55 metros cuadrados.” Indicó que esos once metros más de superficie hacen a las viviendas más caras y señaló: “No existen sobreprecios porque los valores de todas las obras públicas del país, incluida la vivienda, se redeterminan respecto al decreto 1295 de 2002”. <
Los funcionarios rechazaron el informe de la diputada de la Coalición Cívica Fernanda Reyes, integrante de la Comisión de Vivienda de Diputados, quien denunció una supuesta subejecución y sobreprecios en las construcciones del Plan Federal de Viviendas, y vinculó estas irregularidades con la investigación que se realiza sobre el ex apoderado de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, Sergio Schocklender.
De Vido aseguró que las denuncias de la diputada Reyes “son de una total irresponsabilidad, ya que su análisis carece de todo rigor, igual que las predicciones que desde hace años realiza su jefa (Elisa Carrió)”, y sostuvo que “si la legisladora y los legisladores no se comprometen con recabar la información relevante, sería oportuno que al menos verifiquen la publicada por el Poder Ejecutivo”.
El titular de la cartera de Planificación Federal ratificó además su “compromiso con el plan Sueños Compartidos, con las Madres, y su confianza absoluta con su conductora, Hebe de Bonafini”, y destacó que el plan de viviendas de la Asociación “está más vigente y con más fuerza que nunca”. En el mismo sentido, expresó su “admiración” hacia la titular de Madres, quién “hizo suya la máxima de la idea que abrazo con absoluta convicción desde hace más de 45 años: Mejor que decir es hacer, mejor que prometer es realizar.”
A través de un comunicado, el ministro también informó que el Plan Federal de Vivienda se ejecuta en forma descentralizada desde el Poder Ejecutivo Nacional, hacia los gobiernos locales, y que “los mismos llevan ínsitos los mecanismos de control idóneos para una ejecución eficaz, eficiente y transparente.” Por otro lado, De Vido se refirió también a la información que señalaba que el gobierno obligaba a las provincias a contratar las obras de Madres. “Estos medios monopólicos, acostumbrados a extorsionar, creen que esa perversa modalidad es, por obra y gracia de ellos, universal”, sostuvo y dijo estar “aún más convencido de la urgencia institucional de aplicar la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.”
El subsecretario de Obras Públicas, Abel Fatala, consideró que el informe de la Coalición Cívica difundido por Clarín forma parte de una campaña para “bastardear la política de Derechos Humanos y la política de obras públicas.”
Su par de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Nación, Luis Alberto Bontempo, también negó “rotundamente” la existencia de sobreprecios y subejecución y cuestionó el informe de la CC: “Lo que tiene que hacer la diputada (Reyes) es venir a la subsecretaría y hacer las cuentas conmigo, porque se ve que no entiende. Sistemáticamente sale con lo mismo, se lo hemos explicado en la reunión de comisión del otro día. En ese momento no dijo nada y ahora sale por los medios.”
El subsecretario informó que desde 2003 se han construido y hay en construcción 840 mil soluciones habitacionales. De ese total, 540 mil son viviendas y el resto, mejoramiento de viviendas. “Esto es mucho más de lo que estaba en los convenios de los planes anteriores”, indicó, y aclaró: “Nosotros ejecutamos anualmente el 99,8% del presupuesto, no hay subejecución.”
En relación a los sobreprecios, explicó que “no se pueden comparar los valores de 2004 con los valores de 2011, sobre todo porque el primer programa era de 44 metros cuadrados por vivienda y el segundo de 55 metros cuadrados.” Indicó que esos once metros más de superficie hacen a las viviendas más caras y señaló: “No existen sobreprecios porque los valores de todas las obras públicas del país, incluida la vivienda, se redeterminan respecto al decreto 1295 de 2002”. <
