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Imágenes de un pasado que no debe volver
La crisis salarial dejó al descubierto una cadena de mandos fracturada
«No tenemos miedo, ya estamos jugados»
El kirchnerismo acaba de garantizar con otro antecedente su ingreso a la historia grande de la impericia administrativa. El estallido de indisciplina que se produjo en la Prefectura, la Gendarmería y entre un puñado de suboficiales de la Armada no es la consecuencia de un imprevisto. Cristina Kirchner enfrenta las consecuencias de un antiguo desbarajuste salarial que los últimos decretos de sus ministros Nilda Garré y Arturo Puricelli, en vez de corregir, agravaron. Nada que ella no supiera: Sergio Berni, el teniente coronel con el que intervino el Ministerio de Seguridad, le comunicó hace semanas el malestar de los uniformados por el recorte nominal de sus ingresos.
La Presidenta debió descabezar a la Prefectura y la Gendarmería, destituyendo a comandantes que sobrevivieron a la salida de Aníbal Fernández del control de la seguridad. Los reemplazantes fueron designados sin que el orden se hubiera repuesto: el comandante Enrique Zach y el prefecto Luis Heiler se pusieron al frente de una cadena de mandos aún rota.
El telón de fondo de la escena es un reclamo social por mayor seguridad, que aparece en las encuestas e inspira, en buena medida, los cacerolazos. El revés daña a la señora de Kirchner en uno de los flancos más frágiles de su gestión. El conflicto tiene otras aristas desafortunadas para el Gobierno. Podía preverse que Hugo Moyano recibiría a los quejosos, y que Luis Barrionuevo apoyaría a «los compañeros prefectos y gendarmes».
Pero no estaba en el libreto que Antonio Caló se solidarizara con la revuelta como flamante secretario general de la CGT Balcarce. Aunque el metalúrgico Caló está dotado de una gran plasticidad: en un par de horas aclaró su desacuerdo con «actitudes que alteren la democracia».
La adhesión del sindicalismo subraya un aspecto que vuelve a esta protesta más dolorosa para el imaginario oficialista: el mar de fondo se registra entre la suboficialidad, que es el sector más ajustado. Es la rebelión de los sargentos. Un episodio más propio de La Matanza que de Harvard. El encuadre gremial, sin embargo, disimula mal la gravedad de los hechos. Si se adoptara la codificación castrense, lo que ha ocurrido es un motín, es decir, una falta gravísima (artículo 13 de la ley 26.394).
Por esta razón en el Congreso se encendió una alarma. Los presidentes de bloque de la oposición suscribieron un escueto comunicado con el oficialismo, llamando a los insubordinados a «adecuar sus acciones a pautas de funcionamiento democrático y subordinación a las autoridades constituidas. «¿Qué sucedería si la queja salarial deriva en el copamiento de una unidad militar?», se preguntó uno de los firmantes.
¿Cómo se llegó a esta encerrona? La raíz del problema está en un decreto de 1993, que creó para las fuerzas armadas y de seguridad cuatro suplementos salariales por «responsabilidad de cargo», «mayor exigencia de vestuario», «compensación por vivienda» y «adquisición de textos». Los cobrarían los activos, no los retirados. El kirchnerismo, a través de otros cinco decretos, exageró esta discriminación por razones fiscales y también políticas: además de ahorrar recursos, castigaba a los cuadros más antiguos, a los que identifica con la represión ilegal de los años 70.
Esta práctica condujo a deformaciones legales e institucionales cada vez más llamativas. No sólo perjudicó en sus haberes al personal retirado, sino que recortó los aportes de los activos a las cajas previsionales y a las obras sociales. En consecuencia, se produjo una avalancha de recursos judiciales, que Aníbal Fernández promovió entre gendarmes y prefectos. Eran reclamos por una anomalía evidente: el Estado les paga en negro a quienes combaten el delito.
La Corte, en los casos Salas y Franco, reconoció que, al haberse generalizado, los suplementos debían integrarse al salario. Esta novedad complicó aún más la distribución de los ingresos. Quien tuviera una sentencia favorable podría cobrar hasta el triple de quien, con su misma jerarquía y función, no la hubiera conseguido. Llegó a haber 50 liquidaciones distintas del sueldo de oficiales con rango y actividad equivalente. Más del 80% del personal de la Gendarmería y de la Prefectura cobra más gracias a esos amparos. Los suplementos se fueron convirtiendo en la parte principal de los ingresos. El que se pagaba por vivienda llegó a ser el 286% del haber del grado. La compensación por cargo duplicaba el sueldo.
Además, los gendarmes a los que Garré trasladó desde la frontera al conurbano recibían viáticos por $ 8000, para sueldos cercanos a los $ 4000. Se volvió muy habitual que un gendarme o un prefecto cobre más que su jefe y que el jefe de su jefe.
Puricelli y Garré se propusieron corregir el desaguisado, para adaptarse a los fallos de la Corte. Pero echaron leña al fuego. Firmaron dos decretos que subsumen todos los suplementos en dos categorías: responsabilidad jerárquica y administración de material. Quien no estuviera incluido en algunos de esos rubros recibiría una suma fija. Con esta nueva organización de los salarios, casi todo el personal cobró menos de lo que cobraba en el régimen anterior. Muchos suboficiales que pagaban créditos por planilla encontraron la cuenta bancaria en rojo. La reforma fue una burla, ya que los efectivos seguían percibiendo una parte relevante de su sueldo en negro, pero ahora con una rebaja nominal. Tampoco la diferencia de ingresos entre agentes del mismo rango se corrigió: un suboficial mayor de Ejército con compensación por vivienda percibiría $ 7528,20 y uno sin ese plus, $ 5186,08.
No fue una sorpresa. Las fuerzas habían elevado a los ministerios de Seguridad y de Defensa una simulación de la nueva plantilla salarial.
El personal militar soportó en silencio el costo de los nuevos decretos. De modo que Puricelli paga hoy un costo menor que el de Garré. En cambio, en las fuerzas de seguridad y, sobre todo en la Prefectura, que no es una organización militar, sino civil, con estado policial, se desató el levantamiento. Sería superficial, además, no contemplar que en la pesadumbre que se manifiesta por el vapuleo de los ingresos opera también el descontento sedimentario frente a la doctrina canónica del Gobierno: el motivo principal de la delincuencia hay que buscarlo en el seno de las instituciones que deben combatirla.
Por otra parte, las que reciben el castigo salarial son personas acostumbradas a mandar y obedecer, no a negociar. Si se las somete a años de arbitrariedad es fácil desembocar en una crisis. Ahora es difícil reponer la disciplina. Los uniformados constituyen el único sector de la sociedad que no puede sindicalizarse. Pero ayer pidieron una paritaria, una ART por la vulnerabilidad a las que los somete su servicio, la libre elección de la obra social y $ 7000 de bolsillo para el personal de menor jerarquía. Cualquiera de estas concesiones debería extenderse a las Fuerzas Armadas.
En vez de abordar este problema con racionalidad, los funcionarios le agregaron tensión. Juan Manuel Abal Medina, experto en enfurecer a los quejosos tergiversando sus reclamos, responsabilizó por el galimatías salarial a las conducciones de las fuerzas, sugiriendo una intención golpista. Hay que comprenderlo: Garré, una de sus principales aliadas en el gabinete, está en emergencia. La revuelta llega después de que, la semana pasada, un decreto transfiriera las áreas de Inteligencia Criminal, Logística y Lucha contra el Narcotráfico al viceministro Berni. Garré quedó convertida en una administrativa con responsabilidad sobre la liquidación de haberes.
Como casi todos los funcionarios, Abal Medina habla nada más que para los oídos de la Presidenta. Tal vez ayer no pretendió interpretar los hechos, sino corroborar las presunciones de su jefa. Cuando uno de los prefectos levantiscos agradeció «a los medios de comunicación que nos acompañan desde un principio», la crisis de seguridad encastró en el rompecabezas de la desestabilización que se arma, incesante, en la cabeza del poder. Ya estaban Moyano y Barrionuevo; se sumaron los canales independientes de TV: quedó todo claro.
Inesperado inconveniente: una tenaz leyenda urbana venía anticipando que el dichoso 7D la Gendarmería debía ingresar en las instalaciones de Clarín para imponer el artículo 161 de la ley de medios. ¿Habrá que pensar otra estrategia?
Debido al tenor de los comentarios esta nota fue cerrada a la participación .
Imágenes de un pasado que no debe volver
La crisis salarial dejó al descubierto una cadena de mandos fracturada
«No tenemos miedo, ya estamos jugados»
El kirchnerismo acaba de garantizar con otro antecedente su ingreso a la historia grande de la impericia administrativa. El estallido de indisciplina que se produjo en la Prefectura, la Gendarmería y entre un puñado de suboficiales de la Armada no es la consecuencia de un imprevisto. Cristina Kirchner enfrenta las consecuencias de un antiguo desbarajuste salarial que los últimos decretos de sus ministros Nilda Garré y Arturo Puricelli, en vez de corregir, agravaron. Nada que ella no supiera: Sergio Berni, el teniente coronel con el que intervino el Ministerio de Seguridad, le comunicó hace semanas el malestar de los uniformados por el recorte nominal de sus ingresos.
La Presidenta debió descabezar a la Prefectura y la Gendarmería, destituyendo a comandantes que sobrevivieron a la salida de Aníbal Fernández del control de la seguridad. Los reemplazantes fueron designados sin que el orden se hubiera repuesto: el comandante Enrique Zach y el prefecto Luis Heiler se pusieron al frente de una cadena de mandos aún rota.
El telón de fondo de la escena es un reclamo social por mayor seguridad, que aparece en las encuestas e inspira, en buena medida, los cacerolazos. El revés daña a la señora de Kirchner en uno de los flancos más frágiles de su gestión. El conflicto tiene otras aristas desafortunadas para el Gobierno. Podía preverse que Hugo Moyano recibiría a los quejosos, y que Luis Barrionuevo apoyaría a «los compañeros prefectos y gendarmes».
Pero no estaba en el libreto que Antonio Caló se solidarizara con la revuelta como flamante secretario general de la CGT Balcarce. Aunque el metalúrgico Caló está dotado de una gran plasticidad: en un par de horas aclaró su desacuerdo con «actitudes que alteren la democracia».
La adhesión del sindicalismo subraya un aspecto que vuelve a esta protesta más dolorosa para el imaginario oficialista: el mar de fondo se registra entre la suboficialidad, que es el sector más ajustado. Es la rebelión de los sargentos. Un episodio más propio de La Matanza que de Harvard. El encuadre gremial, sin embargo, disimula mal la gravedad de los hechos. Si se adoptara la codificación castrense, lo que ha ocurrido es un motín, es decir, una falta gravísima (artículo 13 de la ley 26.394).
Por esta razón en el Congreso se encendió una alarma. Los presidentes de bloque de la oposición suscribieron un escueto comunicado con el oficialismo, llamando a los insubordinados a «adecuar sus acciones a pautas de funcionamiento democrático y subordinación a las autoridades constituidas. «¿Qué sucedería si la queja salarial deriva en el copamiento de una unidad militar?», se preguntó uno de los firmantes.
¿Cómo se llegó a esta encerrona? La raíz del problema está en un decreto de 1993, que creó para las fuerzas armadas y de seguridad cuatro suplementos salariales por «responsabilidad de cargo», «mayor exigencia de vestuario», «compensación por vivienda» y «adquisición de textos». Los cobrarían los activos, no los retirados. El kirchnerismo, a través de otros cinco decretos, exageró esta discriminación por razones fiscales y también políticas: además de ahorrar recursos, castigaba a los cuadros más antiguos, a los que identifica con la represión ilegal de los años 70.
Esta práctica condujo a deformaciones legales e institucionales cada vez más llamativas. No sólo perjudicó en sus haberes al personal retirado, sino que recortó los aportes de los activos a las cajas previsionales y a las obras sociales. En consecuencia, se produjo una avalancha de recursos judiciales, que Aníbal Fernández promovió entre gendarmes y prefectos. Eran reclamos por una anomalía evidente: el Estado les paga en negro a quienes combaten el delito.
La Corte, en los casos Salas y Franco, reconoció que, al haberse generalizado, los suplementos debían integrarse al salario. Esta novedad complicó aún más la distribución de los ingresos. Quien tuviera una sentencia favorable podría cobrar hasta el triple de quien, con su misma jerarquía y función, no la hubiera conseguido. Llegó a haber 50 liquidaciones distintas del sueldo de oficiales con rango y actividad equivalente. Más del 80% del personal de la Gendarmería y de la Prefectura cobra más gracias a esos amparos. Los suplementos se fueron convirtiendo en la parte principal de los ingresos. El que se pagaba por vivienda llegó a ser el 286% del haber del grado. La compensación por cargo duplicaba el sueldo.
Además, los gendarmes a los que Garré trasladó desde la frontera al conurbano recibían viáticos por $ 8000, para sueldos cercanos a los $ 4000. Se volvió muy habitual que un gendarme o un prefecto cobre más que su jefe y que el jefe de su jefe.
Puricelli y Garré se propusieron corregir el desaguisado, para adaptarse a los fallos de la Corte. Pero echaron leña al fuego. Firmaron dos decretos que subsumen todos los suplementos en dos categorías: responsabilidad jerárquica y administración de material. Quien no estuviera incluido en algunos de esos rubros recibiría una suma fija. Con esta nueva organización de los salarios, casi todo el personal cobró menos de lo que cobraba en el régimen anterior. Muchos suboficiales que pagaban créditos por planilla encontraron la cuenta bancaria en rojo. La reforma fue una burla, ya que los efectivos seguían percibiendo una parte relevante de su sueldo en negro, pero ahora con una rebaja nominal. Tampoco la diferencia de ingresos entre agentes del mismo rango se corrigió: un suboficial mayor de Ejército con compensación por vivienda percibiría $ 7528,20 y uno sin ese plus, $ 5186,08.
No fue una sorpresa. Las fuerzas habían elevado a los ministerios de Seguridad y de Defensa una simulación de la nueva plantilla salarial.
El personal militar soportó en silencio el costo de los nuevos decretos. De modo que Puricelli paga hoy un costo menor que el de Garré. En cambio, en las fuerzas de seguridad y, sobre todo en la Prefectura, que no es una organización militar, sino civil, con estado policial, se desató el levantamiento. Sería superficial, además, no contemplar que en la pesadumbre que se manifiesta por el vapuleo de los ingresos opera también el descontento sedimentario frente a la doctrina canónica del Gobierno: el motivo principal de la delincuencia hay que buscarlo en el seno de las instituciones que deben combatirla.
Por otra parte, las que reciben el castigo salarial son personas acostumbradas a mandar y obedecer, no a negociar. Si se las somete a años de arbitrariedad es fácil desembocar en una crisis. Ahora es difícil reponer la disciplina. Los uniformados constituyen el único sector de la sociedad que no puede sindicalizarse. Pero ayer pidieron una paritaria, una ART por la vulnerabilidad a las que los somete su servicio, la libre elección de la obra social y $ 7000 de bolsillo para el personal de menor jerarquía. Cualquiera de estas concesiones debería extenderse a las Fuerzas Armadas.
En vez de abordar este problema con racionalidad, los funcionarios le agregaron tensión. Juan Manuel Abal Medina, experto en enfurecer a los quejosos tergiversando sus reclamos, responsabilizó por el galimatías salarial a las conducciones de las fuerzas, sugiriendo una intención golpista. Hay que comprenderlo: Garré, una de sus principales aliadas en el gabinete, está en emergencia. La revuelta llega después de que, la semana pasada, un decreto transfiriera las áreas de Inteligencia Criminal, Logística y Lucha contra el Narcotráfico al viceministro Berni. Garré quedó convertida en una administrativa con responsabilidad sobre la liquidación de haberes.
Como casi todos los funcionarios, Abal Medina habla nada más que para los oídos de la Presidenta. Tal vez ayer no pretendió interpretar los hechos, sino corroborar las presunciones de su jefa. Cuando uno de los prefectos levantiscos agradeció «a los medios de comunicación que nos acompañan desde un principio», la crisis de seguridad encastró en el rompecabezas de la desestabilización que se arma, incesante, en la cabeza del poder. Ya estaban Moyano y Barrionuevo; se sumaron los canales independientes de TV: quedó todo claro.
Inesperado inconveniente: una tenaz leyenda urbana venía anticipando que el dichoso 7D la Gendarmería debía ingresar en las instalaciones de Clarín para imponer el artículo 161 de la ley de medios. ¿Habrá que pensar otra estrategia?
Debido al tenor de los comentarios esta nota fue cerrada a la participación .
