Estados Unidos incluyó la detención de la dirigente Milagro Sala en la categoría de “arresto arbitrario” en el capítulo argentino del tradicional informe sobre Derechos Humanos global divulgado ayer, en el que identifica como principales problemas del país a la corrupción sistémica, la tortura policial y la violencia de género.
El Departamento de Estado divulgó ayer su reporte global del año 2016, en lo que sería el primer relevamiento desde la asunción del presidente Mauricio Macri.
En el apartado de Argentina identificó como los principales problemas los “múltiples informes sobre corrupción, tortura por la Policía Federal y provincial y violencia de género”. Otros problemas mencionados son el uso excesivo de la fuerza por parte de la policía, las duras condiciones de las prisiones, detenciones prolongadas sin sentencia, la ineficiencia judicial, entre otros.
En el capítulo de los arrestos arbitrarios, destaca que el Gobierno en general respeta la prohibición.
Pero luego menciona el caso de la activista social Milagro Sala, arrestada en enero de 2016 cuando lideraba una protesta contra el gobernador jujeño. Inicialmente fue acusada de sedición, pero luego se le sumaron otros cargos.
El reporte destaca que el 21 de octubre el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas llamó a la liberación de Sala, porque opinaba que la prisión preventiva era arbitraria.
El caso de Sala ha replicado fuerte a escala internacional, sobre todo luego del pronunciamiento del Grupo de Trabajo de la ONU.
A principios de diciembre, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (un órgano autónomo de la OEA) había urgido al Estado argentino a dar “pronta respuesta” a su situación.
También el secretario general de la OEA, Luis Almagro, se había pronunciado sobre el tema. De hecho, la CIDH mantendrá su período extraordinario de sesiones en mayo en Buenos Aires, donde se estima que el caso será un tema central.
En el capítulo de corrupción, señala que ha “múltiples informes” que alegan que “funcionarios del Poder Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial están envueltos en prácticas corruptas” y también incluye a las fuerzas de seguridad.
Los casos que menciona el informe son de la era kirchnerista, pero que fueron destapados el año pasado.
Habla del ex subsecretario de Obras Públicas, José López, que fue sorprendido mientras tiraba valijas con dinero sobre el muro de un convento. También dice que todavía está pendiente el juicio al ex vicepresidente Amado Boudou por enriquecimiento ilícito.
En otro capítulo del informe se menciona que el Gobierno “no siempre respeta la independencia judicial”.
Señala reportes de ONGs locales que denuncian que jueces de algunas cortes del fuero penal y civil son sujetos a veces a “manipulaciones políticas” y también en la asignación de jueces para casos específicos.
También se señala la irregularidad de mantener un elevado número de “jueces sustitutos”.
En otro apartado se denuncian las “duras condiciones” de las prisiones argentinas, en especial las de la provincia de Buenos Aires, donde hay informes de traslados forzados de prisioneros y el uso recurrente de confinamiento solitario como método de castigo.
En ese aspecto, habla de 221 denuncias de casos de torturas por parte de fuerzas policiales en la provincia de Buenos Aires.
También resalta el drama de la creciente violencia de género, con más de 200 crímenes en 2015, muchos de ellos cometidos luego de que la mujer denunciara el acoso en la comisaría. w
El Departamento de Estado divulgó ayer su reporte global del año 2016, en lo que sería el primer relevamiento desde la asunción del presidente Mauricio Macri.
En el apartado de Argentina identificó como los principales problemas los “múltiples informes sobre corrupción, tortura por la Policía Federal y provincial y violencia de género”. Otros problemas mencionados son el uso excesivo de la fuerza por parte de la policía, las duras condiciones de las prisiones, detenciones prolongadas sin sentencia, la ineficiencia judicial, entre otros.
En el capítulo de los arrestos arbitrarios, destaca que el Gobierno en general respeta la prohibición.
Pero luego menciona el caso de la activista social Milagro Sala, arrestada en enero de 2016 cuando lideraba una protesta contra el gobernador jujeño. Inicialmente fue acusada de sedición, pero luego se le sumaron otros cargos.
El reporte destaca que el 21 de octubre el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas llamó a la liberación de Sala, porque opinaba que la prisión preventiva era arbitraria.
El caso de Sala ha replicado fuerte a escala internacional, sobre todo luego del pronunciamiento del Grupo de Trabajo de la ONU.
A principios de diciembre, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (un órgano autónomo de la OEA) había urgido al Estado argentino a dar “pronta respuesta” a su situación.
También el secretario general de la OEA, Luis Almagro, se había pronunciado sobre el tema. De hecho, la CIDH mantendrá su período extraordinario de sesiones en mayo en Buenos Aires, donde se estima que el caso será un tema central.
En el capítulo de corrupción, señala que ha “múltiples informes” que alegan que “funcionarios del Poder Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial están envueltos en prácticas corruptas” y también incluye a las fuerzas de seguridad.
Los casos que menciona el informe son de la era kirchnerista, pero que fueron destapados el año pasado.
Habla del ex subsecretario de Obras Públicas, José López, que fue sorprendido mientras tiraba valijas con dinero sobre el muro de un convento. También dice que todavía está pendiente el juicio al ex vicepresidente Amado Boudou por enriquecimiento ilícito.
En otro capítulo del informe se menciona que el Gobierno “no siempre respeta la independencia judicial”.
Señala reportes de ONGs locales que denuncian que jueces de algunas cortes del fuero penal y civil son sujetos a veces a “manipulaciones políticas” y también en la asignación de jueces para casos específicos.
También se señala la irregularidad de mantener un elevado número de “jueces sustitutos”.
En otro apartado se denuncian las “duras condiciones” de las prisiones argentinas, en especial las de la provincia de Buenos Aires, donde hay informes de traslados forzados de prisioneros y el uso recurrente de confinamiento solitario como método de castigo.
En ese aspecto, habla de 221 denuncias de casos de torturas por parte de fuerzas policiales en la provincia de Buenos Aires.
También resalta el drama de la creciente violencia de género, con más de 200 crímenes en 2015, muchos de ellos cometidos luego de que la mujer denunciara el acoso en la comisaría. w
