Domingo 17 de julio de 2011 | Publicado en edición impresa
Terminaba la semana y el Gobierno era un enfermo negligente para recuperarse de una derrota. Entonces estalló la definición del caso Noble Herrera. En los hechos, fue el cierre definitivo de ese caso. Se estableció que los hermanos fueron inhumana e injustamente perseguidos durante los últimos diez años. El caso explica hasta dónde el Gobierno usó una herramienta tan sensible como los derechos humanos para hacer política y para difamar al periodismo.
El caso Noble Herrera concluyó aunque la Justicia se esmere en estirar su final formal alargando plazos y dilatando acciones que deberían ser inmediatas. Esos hermanos nacieron en 1976. El Estado tiene constancias de que la madre los adoptó y se hizo responsable de ellos en ese año. La comparación de los datos genéticos indicó que su adopción no tuvo ninguna vinculación con desaparecidos ni con los crímenes de la dictadura en 1976. Es imposible que hayan nacido después de la adopción.
La persecución incluyó haber negado el principio de inocencia hasta que no se demuestre lo contrario. Lo siguen negando ahora. Los hermanos Noble Herrera fueron perseguidos no sólo por jueces y fiscales, sino también por la ciega militancia kirchnerista que hasta hace poco lanzaba el mismo estribillo: Que devuelvan a los nietos , repetían, instigados. La propia Presidenta dijo públicamente que acompañaría a las Abuelas hasta tribunales internacionales para obligarlos a los jóvenes a entregar sus datos genéticos. La madre de los hermanos, la directora de Clarín, sufrió durante casi una década la tremenda, ofensiva e injusta acusación de «apropiadora».
¿Qué hará el Gobierno ahora? ¿Pedirá las disculpas que debe pedir por tanto daño hecho? ¿Insistirá con las acusaciones por delito de lesa humanidad, tan vacías como en este caso, sobre la compra de Papel Prensa? La Presidenta le dedicó también en su momento una conferencia de casi dos horas para lanzar insostenibles denuncias contra la compra legal y legítima de esa empresa papelera.
El final del caso Noble Herrera no sólo es una denuncia sobre las manipulaciones de los derechos humanos por parte del kirchnerismo; desarticula al mismo tiempo las débiles columnas sobre las que se asienta el recurso oficial de la difamación que no cesa.
Fue una derrota sobre otra derrota. Ahora, un rumor anda dando vueltas. Dice que la Capital preocupó al Gobierno hasta empujarlo a evaluar la conveniencia de mantener, o no, las elecciones abiertas y obligatorias del 14 de agosto. Una de las novedades de las elecciones de la Capital consistió en que despertó a la sociedad para el proceso electoral nacional, al que había sido reacia e indiferente hasta ahora. La otra noticia es que el despertador repicó a una hora inoportuna y en un lugar inconveniente. Nunca es bueno que una sociedad se despierte aturdida por la algarabía eufórica de los adversarios.
Pero ¿cómo haría el Gobierno para levantar las elecciones del 14 de agosto, ya convocadas y ordenadas por la ley? ¿Cómo haría, en definitiva, para cambiar las reglas del juego en medio del partido? Cristina Kirchner no tiene poder administrativo para hacerlo y tampoco tiene números suficientes en el Congreso como para derribar la ley. ¿Cómo, entonces? La murmuración indica que algunos operadores kirchneristas andan a la pesca de un juez federal amigo en algún lugar del país para que declare inconstitucional esa ley.
Ese eventual juez no tendría argumentos para tomar semejante decisión, pero siempre hay jueces dispuestos a tomar decisiones sin argumentos. El problema para el oficialismo es otro: si no existieran las elecciones abiertas del 14 de agosto, Mauricio Macri quedaría habilitado para participar de las presidenciales del 23 de octubre. Los plazos que se vencieron en junio correspondían a la fecha de agosto; otros plazos entrarían a correr si la convocatoria de agosto fuera removida. Esta advertencia fue hecha por importantes funcionarios a otros funcionarios que estaban entretenidos en buscar una manera de sorprender a la oposición.
Es probable que semejante decisión no pasara de un simple juez y que fuera rectificada en el acto por instancias más elevadas de la Justicia. Sin embargo, ¿qué es lo que hace del 14 de agosto un riesgo para el oficialismo? La Capital es una cosa y el país es, a veces, otra. Hay que detenerse en la intención original de esa ley que creó las elecciones abiertas y obligatorias. Fue Néstor Kirchner, el candidato del kirchnerismo hasta su muerte, quien imaginó un escenario en el cual él sería el único candidato constante, mientras la oposición debería aguardar hasta agosto para resolver supuestas y múltiples internas.
Esto no sucedió dentro de los partidos. Ricardo Alfonsín, Eduardo Duhalde, Elisa Carrió, Hermes Binner, Rodríguez Saá y Jorge Altamira no competirán con nadie dentro de sus propios espacios políticos. Tampoco lo hará Cristina Kirchner. Las internas abiertas del 14 de agosto se han convertido, por lo tanto, en una encuesta nacional obligatoria.
Por eso, precisamente, se destacan. Importará saber, por ejemplo, con cuántos votos espontáneos contará la Presidenta, qué candidato opositor estará mejor valorado por la sociedad y a qué distancia quedará de los otros opositores. Cobrará trascendencia también el resultado porque hay un duro filtro estipulado por la ley: los candidatos que no hayan sacado el 1,5 por ciento del padrón electoral nacional (más de 350.000 votos) no podrán participar de las elecciones de octubre. Otro límite, más difuso, será el político: ¿qué harán los opositores cuando cada uno sepa qué es lo que tiene?
Hasta los encuestadores serios vacilan ante esa convocatoria que carece por completo de experiencia histórica. Grandes sectores sociales se están enterando en estos días de que existirán elecciones presidenciales y obligatorias antes de octubre. Pero en algún momento todos se encontrarán eligiendo a un candidato presidencial sin que eso signifique, por otro lado, una elección definitiva. Cada persona se sorprenderá en el cuarto oscuro, sola, acompañada nada más que por su conciencia o por su corazón, frente a siete boletas de candidatos presidenciales.
El resultado podría ser previsible o absolutamente sorprendente. Cristina Kirchner podría tener mucho más o mucho menos que lo que dicen las encuestas. El orden de los opositores podría cambiar o conservarse. ¿Habrá algún opositor que se escape hacia arriba y se despegue del resto? Nadie podrá saberlo a ciencia cierta hasta esa noche de agosto.
Es cierto que la Presidenta habrá atravesado entonces cuatro domingos de fracasos electorales (la Capital dos veces, Santa Fe y Córdoba), pero nadie está en condiciones de asegurar que sufrirá un efecto contagio. El peor problema del kirchnerismo no son esas eventuales pérdidas, sino la poca pericia que tiene para administrar una derrota. ¿Hará lo mismo con Santa Fe y Córdoba? Nunca reconoció el triunfo de Macri en la Capital. Nadie se hizo cargo del monumental y creciente escándalo de Hebe de Bonafini y de Sergio Schoklender para aliviarlo a Daniel Filmus de esa carga.
Mediciones de los días recientes estaban dándole a Macri el 65 por ciento de los votos en la segunda vuelta y a Filmus, el 35. ¿Extraño? No. Reflejan lo que recibió la sociedad inmediatamente después de los comicios. Más que los extravíos de artistas e intelectuales, que sólo un provincianismo político les atribuyó incidencias electorales que nunca tuvieron, influyeron las definiciones que brotaron de la conducción del gobierno. Primero fue Aníbal Fernández y, el viernes, otro ministro, el de Educación, Alberto Sileoni, encontró también el atajo de la calumnia a Macri.
La calumnia es siempre el último recurso del kirchnerismo desesperado.
Terminaba la semana y el Gobierno era un enfermo negligente para recuperarse de una derrota. Entonces estalló la definición del caso Noble Herrera. En los hechos, fue el cierre definitivo de ese caso. Se estableció que los hermanos fueron inhumana e injustamente perseguidos durante los últimos diez años. El caso explica hasta dónde el Gobierno usó una herramienta tan sensible como los derechos humanos para hacer política y para difamar al periodismo.
El caso Noble Herrera concluyó aunque la Justicia se esmere en estirar su final formal alargando plazos y dilatando acciones que deberían ser inmediatas. Esos hermanos nacieron en 1976. El Estado tiene constancias de que la madre los adoptó y se hizo responsable de ellos en ese año. La comparación de los datos genéticos indicó que su adopción no tuvo ninguna vinculación con desaparecidos ni con los crímenes de la dictadura en 1976. Es imposible que hayan nacido después de la adopción.
La persecución incluyó haber negado el principio de inocencia hasta que no se demuestre lo contrario. Lo siguen negando ahora. Los hermanos Noble Herrera fueron perseguidos no sólo por jueces y fiscales, sino también por la ciega militancia kirchnerista que hasta hace poco lanzaba el mismo estribillo: Que devuelvan a los nietos , repetían, instigados. La propia Presidenta dijo públicamente que acompañaría a las Abuelas hasta tribunales internacionales para obligarlos a los jóvenes a entregar sus datos genéticos. La madre de los hermanos, la directora de Clarín, sufrió durante casi una década la tremenda, ofensiva e injusta acusación de «apropiadora».
¿Qué hará el Gobierno ahora? ¿Pedirá las disculpas que debe pedir por tanto daño hecho? ¿Insistirá con las acusaciones por delito de lesa humanidad, tan vacías como en este caso, sobre la compra de Papel Prensa? La Presidenta le dedicó también en su momento una conferencia de casi dos horas para lanzar insostenibles denuncias contra la compra legal y legítima de esa empresa papelera.
El final del caso Noble Herrera no sólo es una denuncia sobre las manipulaciones de los derechos humanos por parte del kirchnerismo; desarticula al mismo tiempo las débiles columnas sobre las que se asienta el recurso oficial de la difamación que no cesa.
Fue una derrota sobre otra derrota. Ahora, un rumor anda dando vueltas. Dice que la Capital preocupó al Gobierno hasta empujarlo a evaluar la conveniencia de mantener, o no, las elecciones abiertas y obligatorias del 14 de agosto. Una de las novedades de las elecciones de la Capital consistió en que despertó a la sociedad para el proceso electoral nacional, al que había sido reacia e indiferente hasta ahora. La otra noticia es que el despertador repicó a una hora inoportuna y en un lugar inconveniente. Nunca es bueno que una sociedad se despierte aturdida por la algarabía eufórica de los adversarios.
Pero ¿cómo haría el Gobierno para levantar las elecciones del 14 de agosto, ya convocadas y ordenadas por la ley? ¿Cómo haría, en definitiva, para cambiar las reglas del juego en medio del partido? Cristina Kirchner no tiene poder administrativo para hacerlo y tampoco tiene números suficientes en el Congreso como para derribar la ley. ¿Cómo, entonces? La murmuración indica que algunos operadores kirchneristas andan a la pesca de un juez federal amigo en algún lugar del país para que declare inconstitucional esa ley.
Ese eventual juez no tendría argumentos para tomar semejante decisión, pero siempre hay jueces dispuestos a tomar decisiones sin argumentos. El problema para el oficialismo es otro: si no existieran las elecciones abiertas del 14 de agosto, Mauricio Macri quedaría habilitado para participar de las presidenciales del 23 de octubre. Los plazos que se vencieron en junio correspondían a la fecha de agosto; otros plazos entrarían a correr si la convocatoria de agosto fuera removida. Esta advertencia fue hecha por importantes funcionarios a otros funcionarios que estaban entretenidos en buscar una manera de sorprender a la oposición.
Es probable que semejante decisión no pasara de un simple juez y que fuera rectificada en el acto por instancias más elevadas de la Justicia. Sin embargo, ¿qué es lo que hace del 14 de agosto un riesgo para el oficialismo? La Capital es una cosa y el país es, a veces, otra. Hay que detenerse en la intención original de esa ley que creó las elecciones abiertas y obligatorias. Fue Néstor Kirchner, el candidato del kirchnerismo hasta su muerte, quien imaginó un escenario en el cual él sería el único candidato constante, mientras la oposición debería aguardar hasta agosto para resolver supuestas y múltiples internas.
Esto no sucedió dentro de los partidos. Ricardo Alfonsín, Eduardo Duhalde, Elisa Carrió, Hermes Binner, Rodríguez Saá y Jorge Altamira no competirán con nadie dentro de sus propios espacios políticos. Tampoco lo hará Cristina Kirchner. Las internas abiertas del 14 de agosto se han convertido, por lo tanto, en una encuesta nacional obligatoria.
Por eso, precisamente, se destacan. Importará saber, por ejemplo, con cuántos votos espontáneos contará la Presidenta, qué candidato opositor estará mejor valorado por la sociedad y a qué distancia quedará de los otros opositores. Cobrará trascendencia también el resultado porque hay un duro filtro estipulado por la ley: los candidatos que no hayan sacado el 1,5 por ciento del padrón electoral nacional (más de 350.000 votos) no podrán participar de las elecciones de octubre. Otro límite, más difuso, será el político: ¿qué harán los opositores cuando cada uno sepa qué es lo que tiene?
Hasta los encuestadores serios vacilan ante esa convocatoria que carece por completo de experiencia histórica. Grandes sectores sociales se están enterando en estos días de que existirán elecciones presidenciales y obligatorias antes de octubre. Pero en algún momento todos se encontrarán eligiendo a un candidato presidencial sin que eso signifique, por otro lado, una elección definitiva. Cada persona se sorprenderá en el cuarto oscuro, sola, acompañada nada más que por su conciencia o por su corazón, frente a siete boletas de candidatos presidenciales.
El resultado podría ser previsible o absolutamente sorprendente. Cristina Kirchner podría tener mucho más o mucho menos que lo que dicen las encuestas. El orden de los opositores podría cambiar o conservarse. ¿Habrá algún opositor que se escape hacia arriba y se despegue del resto? Nadie podrá saberlo a ciencia cierta hasta esa noche de agosto.
Es cierto que la Presidenta habrá atravesado entonces cuatro domingos de fracasos electorales (la Capital dos veces, Santa Fe y Córdoba), pero nadie está en condiciones de asegurar que sufrirá un efecto contagio. El peor problema del kirchnerismo no son esas eventuales pérdidas, sino la poca pericia que tiene para administrar una derrota. ¿Hará lo mismo con Santa Fe y Córdoba? Nunca reconoció el triunfo de Macri en la Capital. Nadie se hizo cargo del monumental y creciente escándalo de Hebe de Bonafini y de Sergio Schoklender para aliviarlo a Daniel Filmus de esa carga.
Mediciones de los días recientes estaban dándole a Macri el 65 por ciento de los votos en la segunda vuelta y a Filmus, el 35. ¿Extraño? No. Reflejan lo que recibió la sociedad inmediatamente después de los comicios. Más que los extravíos de artistas e intelectuales, que sólo un provincianismo político les atribuyó incidencias electorales que nunca tuvieron, influyeron las definiciones que brotaron de la conducción del gobierno. Primero fue Aníbal Fernández y, el viernes, otro ministro, el de Educación, Alberto Sileoni, encontró también el atajo de la calumnia a Macri.
La calumnia es siempre el último recurso del kirchnerismo desesperado.
