Esta situación llevó a perder el superávit fiscal que pasó de un resultado primario (antes de intereses) del 4% del PIB en 2004 a un déficit estimado para 2012 no menor al 1,2% del PIB, cuando se excluyen de los ingresos corrientes las rentas de la cartera de la ANSES y del propio BCRA. Después de intereses, el déficit proyectado para el año alcanzaría al 2,2% del PIB, equivalente a $ 55 mil millones.
Esto ocurrió a pesar del fenomenal crecimiento de la presión tributaria observado de más de 10 p.p. del PIB (pasó del 17,2% en promedio durante los ’90 al 27,6% en 2011), de la cual un 75% quedó en manos de la propia Nación y sólo un 25% volvió en forma automática (coparticipación y leyes especiales) y/o discrecional a las provincias.
Esta situación, en conjunto con el aislamiento del mercado de crédito incluso para refinanciar los vencimientos de capital de la deuda, llevó a la necesidad de avanzar sobre el propio Banco Central a través de una nueva reforma en la Carta Orgánica para aumentar el financiamiento en pesos y en dólares al Tesoro. Lejos de la recomendación de 2006/2007, cuando se sostenía que el superávit del Tesoro debía ayudar al BCRA a esterilizar los pesos que la entidad emitía para evitar una apreciación nominal de la moneda en un mundo donde el dólar se debilitaba, hoy es el BCRA el que debe emitir pesos y ensuciar sus activos vía el uso directo de las reservas para mantener el funcionamiento del Tesoro y el pago de la deuda.
Y este uso de reservas para financiar la deuda en conjunto con la mayor emisión de pesos que se prevé para la segunda mitad del año es lo que genera incertidumbre respecto a la eficiencia de “cortísimo plazo” del corralón cambiario. Si bien despeja la incertidumbre sobre la capacidad de pago de la deuda (hoy la principal prioridad de la gestión), genera en un contexto de tasa de interés fuertemente negativa, elevados incentivos a usar los pesos y por ende en una segunda vuelta a una mayor demanda de dólares indirecta para financiar el aumento resultante en el consumo de bienes o servicios importados o con componente importado. Si se pretende mantener la eficacia del ancla cambiaria para contener la inflación en un contexto donde la brecha se ubica en torno al 40% en el mercado marginal, un 50% en el de contado con liquidación, va a ser necesario financiar el aumento en las importaciones derivado.
Dicho de otro modo, hoy la capacidad de la política fiscal argentina para ser contracíclica cuando se modera el gasto privado es ciertamente acotada. Incluso para la Nación –que a diferencia de las provincias ahorcadas fiscalmente puede emitir pesos–, está sujeta a la capacidad de la economía de generar dólares. La soja en U$S 600 y proyecciones de cosecha récord para el próximo año, ayudan a limitar los efectos nocivos.
Esto ocurrió a pesar del fenomenal crecimiento de la presión tributaria observado de más de 10 p.p. del PIB (pasó del 17,2% en promedio durante los ’90 al 27,6% en 2011), de la cual un 75% quedó en manos de la propia Nación y sólo un 25% volvió en forma automática (coparticipación y leyes especiales) y/o discrecional a las provincias.
Esta situación, en conjunto con el aislamiento del mercado de crédito incluso para refinanciar los vencimientos de capital de la deuda, llevó a la necesidad de avanzar sobre el propio Banco Central a través de una nueva reforma en la Carta Orgánica para aumentar el financiamiento en pesos y en dólares al Tesoro. Lejos de la recomendación de 2006/2007, cuando se sostenía que el superávit del Tesoro debía ayudar al BCRA a esterilizar los pesos que la entidad emitía para evitar una apreciación nominal de la moneda en un mundo donde el dólar se debilitaba, hoy es el BCRA el que debe emitir pesos y ensuciar sus activos vía el uso directo de las reservas para mantener el funcionamiento del Tesoro y el pago de la deuda.
Y este uso de reservas para financiar la deuda en conjunto con la mayor emisión de pesos que se prevé para la segunda mitad del año es lo que genera incertidumbre respecto a la eficiencia de “cortísimo plazo” del corralón cambiario. Si bien despeja la incertidumbre sobre la capacidad de pago de la deuda (hoy la principal prioridad de la gestión), genera en un contexto de tasa de interés fuertemente negativa, elevados incentivos a usar los pesos y por ende en una segunda vuelta a una mayor demanda de dólares indirecta para financiar el aumento resultante en el consumo de bienes o servicios importados o con componente importado. Si se pretende mantener la eficacia del ancla cambiaria para contener la inflación en un contexto donde la brecha se ubica en torno al 40% en el mercado marginal, un 50% en el de contado con liquidación, va a ser necesario financiar el aumento en las importaciones derivado.
Dicho de otro modo, hoy la capacidad de la política fiscal argentina para ser contracíclica cuando se modera el gasto privado es ciertamente acotada. Incluso para la Nación –que a diferencia de las provincias ahorcadas fiscalmente puede emitir pesos–, está sujeta a la capacidad de la economía de generar dólares. La soja en U$S 600 y proyecciones de cosecha récord para el próximo año, ayudan a limitar los efectos nocivos.
