Ralph H. Booth
siempre se preocupó porque se lo conociera como un inversor de buena fe que creía en el país y su potencial en el mercado de los medios. Alertado sobre la mala imagen que en la Argentina de 2011 tenían los fondos de inversión y viendo la encarnizada pelea entre el Gobierno y el Grupo Clarín, preparó un movimiento en forma casi artesanal.
Lo primero que hizo fue consultar a fuentes locales cómo hacer para que de ninguna manera se lo relacione con «fondos buitre», ya que en esos días del segundo semestre de 2011, la batalla judicial en los tribunales de Nueva York comenzaba a ponerse espesa y cualquier inversor desprevenido podría ser encasillado en el mismo estatus que Darth, Paul Singer o similar. Un par de llamadas oportunas a los funcionarios adecuados hicieron que este peligro se despejara.
Booth se concentró entonces en el otro problema para que su operación en la Argentina se concretara: dejar en claro que su inversión sería de buena fe y que no tenía nada que ver con la pelea política entre el Gobierno de Cristina de Kirchner el Grupo Clarín. Aquí, su misión resultó algo más compleja. Su lobby no les torció la impresión a los funcionarios locales que le sirvieron de interlocutores para explicar sus intenciones en la Argentina. Incluso le deslizaron la posibilidad de no intervenir en la compra de las acciones que se le ofrecían a precio inmejorable y que éstas pasaran a algún grupo más afín al oficialismo. A esa altura, Booth, dueño de Fontinalis Partners LLC, entendía poco de la lógica política de la Argentina.
Nadie sabía bien cómo explicarle el trasfondo de la pelea entre el kirchnerismo y el Grupo Clarín, ni por qué se miraban de reojo sus intenciones de invertir en el sector donde ya venía apostando en su país, Estados Unidos, además de en Gran Bretaña, Francia y Alemania, y otros Estados europeos.
Fue luego de una insistencia de los vendedores del 9,11% de las acciones del Grupo Clarín y de una nueva contraoferta con un precio aún menor que el original que Booth resolvió jugársela y convertirse en un nuevo inversor, aunque muy minoritario, en el mercado de medios de la Argentina. Fontinalis le compró finalmente en u$s 75 millones las acciones que Goldman Sachs había adquirido en unos u$s 250 millones en 1999 (en sociedad con Booth), cuando aún la convertibilidad era un imán para las ambiciones de los grandes inversores internacionales. La firma norteamericana había, en realidad, pagado unos u$s 500 millones por el 18% de las acciones del Grupo Clarín, y se sospechaba que la verdadera intención de Goldman era la de quedarse con la mayoría o con una porción superior al 45% en una futura inversión. La caída de la convertibilidad y la Ley de Bienes Culturales pergeñada en 2002 (conocida como «ley Clarín») hicieron que cualquier tipo de alternativa se archivara. Goldman pasó a ser sólo un accionista muy minoritario que tenía una cierta representación en el directorio del grupo, sin peso. Incluso, hubo alguna intención de convertirse en intermediario de una ronda de negociaciones entre el Gobierno y Clarín en 2011, proyecto que quedó más que archivado por la negativa de ambas partes. Ese año de pelea entre el kirchnerismo y el grupo hizo que en Goldman se tomara la decisión de vender las acciones que le quedaban (el 9,11%). Nada había para ganar como socio de una empresa que, como mínimo, no tendría más avances sectoriales estratégicos en el rubro de comunicación y medios dentro de la Argentina.
Apareció allí Booth, que estudió a fondo la alternativa y concluyó que los u$s 75 millones por ese porcentaje del paquete era un precio más que atractivo, al menos para «jugársela». no le fue. Se calcula que esas acciones clase C valían hasta la semana pasada unos u$s 150 millones, con lo que el negocio estaba más que saldado.
Ahora Booth, por primera vez, está preocupado. Sabe que el valor de sus acciones cayó casi el 50% en los últimos días, luego de la decisión de la Corte Suprema de Justicia de dictaminar la constitucionalidad de la ley de medios. Cuentan que el norteamericano no sabe bien cómo acomodarse ante el nuevo panorama. Alguien le recomendó que llame por teléfono a otro accionista: el mexicano David Martínez , dueño del fondo Fintech, propietario del 40% de las acciones de Cablevisión y exfondo buitre, hoy amigo del Gobierno argentino.
siempre se preocupó porque se lo conociera como un inversor de buena fe que creía en el país y su potencial en el mercado de los medios. Alertado sobre la mala imagen que en la Argentina de 2011 tenían los fondos de inversión y viendo la encarnizada pelea entre el Gobierno y el Grupo Clarín, preparó un movimiento en forma casi artesanal.
Lo primero que hizo fue consultar a fuentes locales cómo hacer para que de ninguna manera se lo relacione con «fondos buitre», ya que en esos días del segundo semestre de 2011, la batalla judicial en los tribunales de Nueva York comenzaba a ponerse espesa y cualquier inversor desprevenido podría ser encasillado en el mismo estatus que Darth, Paul Singer o similar. Un par de llamadas oportunas a los funcionarios adecuados hicieron que este peligro se despejara.
Booth se concentró entonces en el otro problema para que su operación en la Argentina se concretara: dejar en claro que su inversión sería de buena fe y que no tenía nada que ver con la pelea política entre el Gobierno de Cristina de Kirchner el Grupo Clarín. Aquí, su misión resultó algo más compleja. Su lobby no les torció la impresión a los funcionarios locales que le sirvieron de interlocutores para explicar sus intenciones en la Argentina. Incluso le deslizaron la posibilidad de no intervenir en la compra de las acciones que se le ofrecían a precio inmejorable y que éstas pasaran a algún grupo más afín al oficialismo. A esa altura, Booth, dueño de Fontinalis Partners LLC, entendía poco de la lógica política de la Argentina.
Nadie sabía bien cómo explicarle el trasfondo de la pelea entre el kirchnerismo y el Grupo Clarín, ni por qué se miraban de reojo sus intenciones de invertir en el sector donde ya venía apostando en su país, Estados Unidos, además de en Gran Bretaña, Francia y Alemania, y otros Estados europeos.
Fue luego de una insistencia de los vendedores del 9,11% de las acciones del Grupo Clarín y de una nueva contraoferta con un precio aún menor que el original que Booth resolvió jugársela y convertirse en un nuevo inversor, aunque muy minoritario, en el mercado de medios de la Argentina. Fontinalis le compró finalmente en u$s 75 millones las acciones que Goldman Sachs había adquirido en unos u$s 250 millones en 1999 (en sociedad con Booth), cuando aún la convertibilidad era un imán para las ambiciones de los grandes inversores internacionales. La firma norteamericana había, en realidad, pagado unos u$s 500 millones por el 18% de las acciones del Grupo Clarín, y se sospechaba que la verdadera intención de Goldman era la de quedarse con la mayoría o con una porción superior al 45% en una futura inversión. La caída de la convertibilidad y la Ley de Bienes Culturales pergeñada en 2002 (conocida como «ley Clarín») hicieron que cualquier tipo de alternativa se archivara. Goldman pasó a ser sólo un accionista muy minoritario que tenía una cierta representación en el directorio del grupo, sin peso. Incluso, hubo alguna intención de convertirse en intermediario de una ronda de negociaciones entre el Gobierno y Clarín en 2011, proyecto que quedó más que archivado por la negativa de ambas partes. Ese año de pelea entre el kirchnerismo y el grupo hizo que en Goldman se tomara la decisión de vender las acciones que le quedaban (el 9,11%). Nada había para ganar como socio de una empresa que, como mínimo, no tendría más avances sectoriales estratégicos en el rubro de comunicación y medios dentro de la Argentina.
Apareció allí Booth, que estudió a fondo la alternativa y concluyó que los u$s 75 millones por ese porcentaje del paquete era un precio más que atractivo, al menos para «jugársela». no le fue. Se calcula que esas acciones clase C valían hasta la semana pasada unos u$s 150 millones, con lo que el negocio estaba más que saldado.
Ahora Booth, por primera vez, está preocupado. Sabe que el valor de sus acciones cayó casi el 50% en los últimos días, luego de la decisión de la Corte Suprema de Justicia de dictaminar la constitucionalidad de la ley de medios. Cuentan que el norteamericano no sabe bien cómo acomodarse ante el nuevo panorama. Alguien le recomendó que llame por teléfono a otro accionista: el mexicano David Martínez , dueño del fondo Fintech, propietario del 40% de las acciones de Cablevisión y exfondo buitre, hoy amigo del Gobierno argentino.
