• SE DECIDIÓ ANTES DE QUE MACRI TRANSFIRIERA A UNO EL MANEJO DE SU PATRIMONIO
El 13 de abril el presidente Mauricio Macri firmó el contrato para transferir sus bienes y su patrimonio a un fideicomiso que los administre mientras dure su cargo como primer mandatario. Lo hizo como un gesto de transparencia y ante los coletazos del escándalo internacional por los Panama Papers que lo tuvo como protagonista entre los jefes de Estado involucrados en el armado de sociedades offshore a través del bufette panameño Mossack Fonseca. Pero en marzo pasado, un mes antes del anuncio público, la Inspección General de Justicia (IGJ) derogó los controles que estaban vigentes sobre este tipo de figuras societarias. De esta forma se los excluyó de la necesidad de inscribirse ni presentar sus estados contables. También se flexibilizaron las exigencias sobre la documentación necesaria acerca de las sociedades que integran esos fideicomisos.
La Resolución 6/2016 fue firmada el 10 de marzo de este año por Sergio Brodsky, hombre de Daniel Angelici estratégicamente ubicado en el organismo de control de empresas. Esa resolución no derogó la anterior -la 7/2015- si no que suprimió una serie de puntos que se habían incorporado a los controles de este tipo de figuras menos de un año antes:
•El artículo 286 que exigía a las personas jurídicas designadas como fiduciarios demostrar que sus estatutos lo permitían.
•El artículo 289 que exigía a los fideicomisos presentar sus estados contables ante la IGJ.
•El artículo 290 que creaba un Registro de Fiduciarios.
•Los artículos 284, 285 y 287 fueron modificados en cuanto a las exigencias de do cumentación societaria a ser presentada por las sociedades comerciales incluidas dentro de los fideicomisos.
La norma derogada establecía la obligatoriedad de la inscripción cuando el agente fiduciario tuviera domicilio legal en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y cuando las sociedades que integraban el patrimonio incorporado a esa figura ya estuvieran inscriptas ante la IGJ. Ambos requisitos se cumplían en el caso de Seguridad Fiduciaria SA, la firma elegida por Macri para el manejo de sus bienes y patrimonio, que según su última Declaración Jurada como Presidente, inlcuye en los $ 110 millones, acciones en varias compañías y hasta $ 18 millones en Bahamas, un paraíso fiscal. Seguridad Fiduciaria SA es presidida por José María Fernández Ferrari, quien invirtió, en 2012, su rol con Carlos Marcelo D´Alessio, actual escribano general de la Nación nombrado por el propio Macri apenas asumió. D´Alessio fundó esa firma fiduciaria el 19 de octubre de 2001.
La figura del fideicomiso siempre generó polémica en la regulación local porque, como sucede con las firmas offshore, permite transferir el patrimonio hacia una figura jurídica distinta de la del titular de los bienes y, con ello, podría ser también utilizado para un eventual ocultamiento de patrimonio. A su favor se argumentó que no se trata de una figura societaria, sino de un contrato, por lo que la disputa se centró en qué nivel de control debía tener por parte del Estado. En la actualidad no es factible la inscripción de sociedades extranjeras offshore, desde 2005. Ahora tampoco es precisa esa inscripción en la IGJ por parte de los fideicomisos, modificación que ocurrió semanas antes de que el mandatario decidiera colocar allí la administración de sus bienes.
En la Ciudad existe una disputa judicial por la creación de un registro de sociedades a nivel local que permita rodear esa prohibición. El traspaso del Registro Público de Comercio a la órbita del Gobierno porteño tiene un juez interino mientras se tramita la recusación de la jueza subrogante Macarena Marra Giménez a pedido de la fiscalía de Cámara en lo Comercial.
El 13 de abril el presidente Mauricio Macri firmó el contrato para transferir sus bienes y su patrimonio a un fideicomiso que los administre mientras dure su cargo como primer mandatario. Lo hizo como un gesto de transparencia y ante los coletazos del escándalo internacional por los Panama Papers que lo tuvo como protagonista entre los jefes de Estado involucrados en el armado de sociedades offshore a través del bufette panameño Mossack Fonseca. Pero en marzo pasado, un mes antes del anuncio público, la Inspección General de Justicia (IGJ) derogó los controles que estaban vigentes sobre este tipo de figuras societarias. De esta forma se los excluyó de la necesidad de inscribirse ni presentar sus estados contables. También se flexibilizaron las exigencias sobre la documentación necesaria acerca de las sociedades que integran esos fideicomisos.
La Resolución 6/2016 fue firmada el 10 de marzo de este año por Sergio Brodsky, hombre de Daniel Angelici estratégicamente ubicado en el organismo de control de empresas. Esa resolución no derogó la anterior -la 7/2015- si no que suprimió una serie de puntos que se habían incorporado a los controles de este tipo de figuras menos de un año antes:
•El artículo 286 que exigía a las personas jurídicas designadas como fiduciarios demostrar que sus estatutos lo permitían.
•El artículo 289 que exigía a los fideicomisos presentar sus estados contables ante la IGJ.
•El artículo 290 que creaba un Registro de Fiduciarios.
•Los artículos 284, 285 y 287 fueron modificados en cuanto a las exigencias de do cumentación societaria a ser presentada por las sociedades comerciales incluidas dentro de los fideicomisos.
La norma derogada establecía la obligatoriedad de la inscripción cuando el agente fiduciario tuviera domicilio legal en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y cuando las sociedades que integraban el patrimonio incorporado a esa figura ya estuvieran inscriptas ante la IGJ. Ambos requisitos se cumplían en el caso de Seguridad Fiduciaria SA, la firma elegida por Macri para el manejo de sus bienes y patrimonio, que según su última Declaración Jurada como Presidente, inlcuye en los $ 110 millones, acciones en varias compañías y hasta $ 18 millones en Bahamas, un paraíso fiscal. Seguridad Fiduciaria SA es presidida por José María Fernández Ferrari, quien invirtió, en 2012, su rol con Carlos Marcelo D´Alessio, actual escribano general de la Nación nombrado por el propio Macri apenas asumió. D´Alessio fundó esa firma fiduciaria el 19 de octubre de 2001.
La figura del fideicomiso siempre generó polémica en la regulación local porque, como sucede con las firmas offshore, permite transferir el patrimonio hacia una figura jurídica distinta de la del titular de los bienes y, con ello, podría ser también utilizado para un eventual ocultamiento de patrimonio. A su favor se argumentó que no se trata de una figura societaria, sino de un contrato, por lo que la disputa se centró en qué nivel de control debía tener por parte del Estado. En la actualidad no es factible la inscripción de sociedades extranjeras offshore, desde 2005. Ahora tampoco es precisa esa inscripción en la IGJ por parte de los fideicomisos, modificación que ocurrió semanas antes de que el mandatario decidiera colocar allí la administración de sus bienes.
En la Ciudad existe una disputa judicial por la creación de un registro de sociedades a nivel local que permita rodear esa prohibición. El traspaso del Registro Público de Comercio a la órbita del Gobierno porteño tiene un juez interino mientras se tramita la recusación de la jueza subrogante Macarena Marra Giménez a pedido de la fiscalía de Cámara en lo Comercial.
