Deudores recalcitrantes

La Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York dio a conocer el viernes pasado un nuevo fallo en el que rechazó la propuesta de pago que la Argentina efectuó a los holdouts en la audiencia llevada a cabo en febrero de este año. En aquella ocasión, nuestro país había propuesto reabrir el canje de 2010 como alternativa de pago a los fondos que litigan en busca del cobro del total de sus acreencias.
El fallo de la Corte de Apelaciones neoyorquina ratificó que la Argentina debe pagar el 100% de lo adeudado a los litigantes, esto es, unos 1330 millones de dólares correspondientes a un capital original inferior a los 400 millones. En cuanto al rol de los terceros, el tribunal ha mantenido las restricciones sobre todos los participantes del mercado involucrados en los pagos de la Argentina, a excepción de los bancos intermediarios. El cumplimiento efectivo del fallo se mantiene en suspenso por ahora, hasta que la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos resuelva si acepta o no aceptar la apelación de la Argentina.
Debe destacarse la contundencia del fallo contra el Estado argentino, del cual se desprende que para la justicia de Nueva York no existe el concepto de «fondos buitre» que ha intentado imponer el gobierno nacional y en el que anoche insistió la presidenta Cristina Fernández de Kirchner por la cadena nacional. Como cualquier comprador secundario de bonos, este grupo de acreedores tiene, según la legislación y la jurisprudencia estadounidenses, el mismo derecho a cobrar lo que reste de un compromiso originario, sin importar el precio de adquisición de los títulos. Los derechos del acreedor se derivan, pues, del contrato original y no del precio de compra de los bonos en el mercado, aunque éste hubiera sido cercano a cero en épocas en que el emisor de los títulos se hallaba en default.
Más allá del tiempo que aún pueda transcurrir hasta la aplicación efectiva del fallo, la Argentina se encamina hacia un nuevo fracaso. Como con el transporte, la energía, la inflación y tantas otras áreas de las políticas públicas, va quedando claro una vez más que el transcurso del tiempo es el peor enemigo del populismo. La ineficiencia para reconocer los problemas y la mala gestión para resolverlos ha sido el común denominador de este ciclo político que lleva diez años. Y en materia de deuda pública, un gobierno que asumió en el fragor de un reciente default y que siempre se vanaglorió de haber desendeudado a la Argentina debe ahora evitar sumergir al país en un nuevo y desgraciado evento de default soberano en un mundo en el que los países emergentes se endeudan a tasas inferiores al 5% anual.
El lenguaje de la Corte de Apelaciones en este fallo ha sido durísimo y nada ambiguo. Al fundamentar los argumentos de su fallo, la justicia ha considerado que la aplicación de la igualdad de trato a los acreedores mediante la cual forzaría a la Argentina a pagar al contado su deuda en default no debe ser generalizada a otros casos y que se debe considerar que en este caso han pesado factores agravantes que surgen de la conducta de deudor «recalcitrante» de la República, y de su voluntad de evadir los fallos demostrada por las declaraciones de los abogados de la Argentina, del ministro Hernán Lorenzino y de la presidenta Cristina Kirchner. En ese sentido han citado como antecedente negativo dos declaraciones públicas de la jefa del Estado: una de ellas efectuada en una reunión del G-20, en México, donde declaró que la «Argentina les pagaría a los bonistas que entraron al canje, pero ni un solo dólar a los fondos buitre», y en otro discurso subido al sitio oficial del Gobierno en el que declaró que «la Corte de Apelaciones de Nueva York no está al tanto de su propia legislación».
Una vez más ha quedado demostrada la falta de profesionalismo de quienes han debido defender con mesura los intereses de la Nación ante el juicio sustanciado en Nueva York, especialmente si se tiene en cuenta que fueron estas mismas autoridades las que emitieron bonos basados en la legislación de Nueva York en los canjes de deuda de 2005 y 2010.
A partir de ahora, las alternativas judiciales para la Argentina se han achicado notablemente. En primer lugar resta saber si el más alto tribunal de Estados Unidos tomará o no la apelación que la Argentina ya efectuó el pasado 24 de junio. La Corte Suprema puede rechazar el caso o aceptarlo. Y en ambos casos, los tiempos pueden extenderse por un período que podría tomar desde octubre de este año hasta pasado abril del año próximo, especialmente si el tribunal decide aceptar la apelación, un hecho de probabilidad baja. Finalmente, la Argentina podrá apelar ante la Corte de Apelaciones por el fallo del viernes último. Sin embargo, más allá del tiempo adicional que esto le pueda reportar al país, los más recientes fallos ya han ido convergiendo a una repetición casi exacta de los anteriores, por lo que hay que descartar modificaciones de relevancia al nivel de la Corte de Apelaciones. De esta forma, el mejor escenario disponible en la actualidad es simplemente el de la demora en un fallo definitivo y el de la permanencia de las medidas cautelares.
Felizmente, la Corte de Apelaciones no forzó a la Argentina a depositar una garantía a cambio de mantener las medidas cautelares. En medio de un proceso electoral y dadas las pobres perspectivas para el oficialismo de cara a las legislativas de octubre, seguramente el Gobierno hubiera montado un show para desafiar a la misma justicia en la que había confiado cuando emitió sus bonos en 2005 y 2010 y así forzar a la oposición a pronunciarse ante el falso dilema de pagarles a los tenedores de bonos que no adhirieron al canje o defender a la patria. Uno de los mayores peligros sería que la alternativa elegida por las autoridades nacionales pase por pretender malvinizar la cuestión, aun a riesgo de someter a los argentinos a una nueva frustración. .