Dilma Rousseff, bajo presión. Foto: Archivo
RIO DE JANEIRO.- Superado el primer año de mandato con una alta popularidad a pesar de los escándalos de corrupción en su gabinete, la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, tiene ahora por delante un panorama complicado. Solo en el inicio del año ya le ha surgido la amenaza de problemas en varios frentes.
«Va a ser un año difícil para el gobierno por motivos diferentes de los de 2011, con desafíos más complejos asociados a un escenario económico negativo y a disputas políticas que entorpecen su gestión», resaltó el analista Rafael Cortez, de la consultora Tendencias.
El mayor foco de problemas es, sin duda, la economía. Atrás quedaron los buenos recuerdos del último año del gobierno de Luiz Inacio Lula da Silva, cuando Brasil tuvo un crecimiento del 7,5%. El Instituto Brasileño de Geografía y Estadística confirmó la semana pasada que el país ya sintió el impacto de la crisis internacional el año pasado, al crecer apenas un 2,7% cuando originalmente se esperaba una expansión económica de alrededor del 3,5%.
Y este año la situación no ha mejorado: en enero, la producción industrial registró una caída del 2,1% en comparación con el mes anterior, en gran parte debido a la sobrevaluación del real.
El gobierno sigue culpando a los países desarrollados por la «guerra cambiaria» impulsada por sus políticas monetarias expansionistas, o de «tsunami monetario», como lo calificó la propia presidenta. Para controlar la lluvia de dólares que vienen a Brasil en busca de mejores réditos con las altas tasas de interés locales, el Banco Central volvió a bajar esta semana su tasa de referencia (Selic), de 10,5% a 9,75%, con la esperanza de que lleve a un menor ingreso de capitales especulativos y a una gradual reducción del precio del valor del real.
«La presión cambiaria es hoy un gran desafío para el equipo económico, más que la inflación, que lo fue el año pasado», señaló la economista Leda Paulani, profesora de la Universidad de San Pablo.
Para la académica, el equipo económico de Dilma, liderado por el ministro de Economía, Guido Mantega, también debería tomar medidas para aumentar las inversiones -públicas y privadas- y evitar que el crecimiento esté empujado principalmente por el consumo. «Si no se logra mejorar el tipo de cambio y se consigue recuperar el ritmo de crecimiento, las conquistas sociales que se alcanzaron en los últimos años corren serios riesgos», advirtió Paulani.
En el ámbito político, en tanto, ya comenzaron a exhibirse grietas en la coalición de 14 partidos que llevó a Dilma al Palacio del Planalto. Insatisfecho con la distribución de cargos y la falta de participación en las decisiones del gobierno, el principal aliado del oficialista Partido de los Trabajadores (PT), el Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), protagoniza en estos días una rebelión que podría presentar serios escollos en un año de elecciones municipales.
La semana pasada, en el Senado, el PMDB lideró el rechazo a renovarle el mandato al director de la Agencia Nacional de Transporte Terrestre, Bernardo Figueiredo, hombre de confianza de Rousseff e impulsor del proyecto para construir un tren bala entre San Pablo y Río de Janeiro.
La semana anterior, varios diputados del PMDB se habían quejado de que el PT acaparaba todo el poder con el fin de fortalecer el partido de cara a los comicios municipales de octubre.
«Estamos viviendo una encrucijada en la que el PT se prepara con amplia estructura gubernamental para quitarle al PMDB el protagonismo municipalista y asumir su lugar como el partido con la base municipal más grande del país», indicaron en el documento, que presentaron al vicepresidente, Michel Temer, perteneciente al PMDB.
Las tensas relaciones en la base aliada tienen su origen en los escándalos que llevaron a los pedidos de renuncia de siete ministros por sospecha de corrupción entre el año pasado y éste, la mayoría de los cuales eran de partidos aliados. En casi todos los casos, los ministros salientes fueron reemplazados por funcionarios de perfil técnico.
Los cortocircuitos en la coalición gobernante preocupan al gobierno porque esta semana deberán votarse dos proyectos que podrían afectar mucho la imagen de Brasil en el exterior: la ley general para el Mundial de Fútbol de 2014, que sentará la base para la organización del megaevento deportivo, y una polémica reforma del Código Forestal, con la cual el poderoso sector ruralista pretende flexibilizar las leyes de protección ambiental, lo que podría representar una gran mancha para el país pocos meses antes de que Brasil celebre la cumbre ecológica de Río+20, en junio.
Como si fuera poco, Dilma también debió enfrentar el malestar en las fuerzas armadas por comentarios que hicieron dos ministras sobre los alcances de la nueva Comisión de la Verdad, que investigará los crímenes cometidos en Brasil durante la última dictadura militar.
Debido a la ley de amnistía de 1979, la comisión no tendrá poder para juzgar las violaciones de los derechos humanos. Sin embargo, las ministras (de Derechos Humanos y Mujeres) insistieron en que los datos que recabe sí podrán ser utilizados para abrir procesos judiciales..
RIO DE JANEIRO.- Superado el primer año de mandato con una alta popularidad a pesar de los escándalos de corrupción en su gabinete, la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, tiene ahora por delante un panorama complicado. Solo en el inicio del año ya le ha surgido la amenaza de problemas en varios frentes.
«Va a ser un año difícil para el gobierno por motivos diferentes de los de 2011, con desafíos más complejos asociados a un escenario económico negativo y a disputas políticas que entorpecen su gestión», resaltó el analista Rafael Cortez, de la consultora Tendencias.
El mayor foco de problemas es, sin duda, la economía. Atrás quedaron los buenos recuerdos del último año del gobierno de Luiz Inacio Lula da Silva, cuando Brasil tuvo un crecimiento del 7,5%. El Instituto Brasileño de Geografía y Estadística confirmó la semana pasada que el país ya sintió el impacto de la crisis internacional el año pasado, al crecer apenas un 2,7% cuando originalmente se esperaba una expansión económica de alrededor del 3,5%.
Y este año la situación no ha mejorado: en enero, la producción industrial registró una caída del 2,1% en comparación con el mes anterior, en gran parte debido a la sobrevaluación del real.
El gobierno sigue culpando a los países desarrollados por la «guerra cambiaria» impulsada por sus políticas monetarias expansionistas, o de «tsunami monetario», como lo calificó la propia presidenta. Para controlar la lluvia de dólares que vienen a Brasil en busca de mejores réditos con las altas tasas de interés locales, el Banco Central volvió a bajar esta semana su tasa de referencia (Selic), de 10,5% a 9,75%, con la esperanza de que lleve a un menor ingreso de capitales especulativos y a una gradual reducción del precio del valor del real.
«La presión cambiaria es hoy un gran desafío para el equipo económico, más que la inflación, que lo fue el año pasado», señaló la economista Leda Paulani, profesora de la Universidad de San Pablo.
Para la académica, el equipo económico de Dilma, liderado por el ministro de Economía, Guido Mantega, también debería tomar medidas para aumentar las inversiones -públicas y privadas- y evitar que el crecimiento esté empujado principalmente por el consumo. «Si no se logra mejorar el tipo de cambio y se consigue recuperar el ritmo de crecimiento, las conquistas sociales que se alcanzaron en los últimos años corren serios riesgos», advirtió Paulani.
En el ámbito político, en tanto, ya comenzaron a exhibirse grietas en la coalición de 14 partidos que llevó a Dilma al Palacio del Planalto. Insatisfecho con la distribución de cargos y la falta de participación en las decisiones del gobierno, el principal aliado del oficialista Partido de los Trabajadores (PT), el Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), protagoniza en estos días una rebelión que podría presentar serios escollos en un año de elecciones municipales.
La semana pasada, en el Senado, el PMDB lideró el rechazo a renovarle el mandato al director de la Agencia Nacional de Transporte Terrestre, Bernardo Figueiredo, hombre de confianza de Rousseff e impulsor del proyecto para construir un tren bala entre San Pablo y Río de Janeiro.
La semana anterior, varios diputados del PMDB se habían quejado de que el PT acaparaba todo el poder con el fin de fortalecer el partido de cara a los comicios municipales de octubre.
«Estamos viviendo una encrucijada en la que el PT se prepara con amplia estructura gubernamental para quitarle al PMDB el protagonismo municipalista y asumir su lugar como el partido con la base municipal más grande del país», indicaron en el documento, que presentaron al vicepresidente, Michel Temer, perteneciente al PMDB.
Las tensas relaciones en la base aliada tienen su origen en los escándalos que llevaron a los pedidos de renuncia de siete ministros por sospecha de corrupción entre el año pasado y éste, la mayoría de los cuales eran de partidos aliados. En casi todos los casos, los ministros salientes fueron reemplazados por funcionarios de perfil técnico.
Los cortocircuitos en la coalición gobernante preocupan al gobierno porque esta semana deberán votarse dos proyectos que podrían afectar mucho la imagen de Brasil en el exterior: la ley general para el Mundial de Fútbol de 2014, que sentará la base para la organización del megaevento deportivo, y una polémica reforma del Código Forestal, con la cual el poderoso sector ruralista pretende flexibilizar las leyes de protección ambiental, lo que podría representar una gran mancha para el país pocos meses antes de que Brasil celebre la cumbre ecológica de Río+20, en junio.
Como si fuera poco, Dilma también debió enfrentar el malestar en las fuerzas armadas por comentarios que hicieron dos ministras sobre los alcances de la nueva Comisión de la Verdad, que investigará los crímenes cometidos en Brasil durante la última dictadura militar.
Debido a la ley de amnistía de 1979, la comisión no tendrá poder para juzgar las violaciones de los derechos humanos. Sin embargo, las ministras (de Derechos Humanos y Mujeres) insistieron en que los datos que recabe sí podrán ser utilizados para abrir procesos judiciales..
