Jueves 14 de noviembre de 2013 El Universal
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BRASILIA (EFE).— La Corte Suprema de Brasil decidió ayer que sean ejecutadas de inmediato las penas de 22 de los 25 políticos y empresarios condenados por las corruptelas que en 2005 pusieron en jaque al gobierno del entonces presidente Luiz Inacio Lula da Silva.
La decisión fue producto de una intensa y prolongada polémica que se zanjó con la postura de la mayoría de los magistrados del Supremo en favor de que se ejecuten las penas, aun en los casos de 12 reos que deberán serán juzgados nuevamente por uno de los varios delitos por los que fueron condenados, pero tienen condena firme por otros.
Entre quienes deberán ir a prisión figura el otrora poderoso ex ministro de la presidencia José Dirceu, quien en la época de los escándalos era considerado la “mano derecha” de Lula, condenado a 10 años y 10 meses, aunque esa pena puede ser reducida, debido a que nueve de los condenados, entre ellos Dirceu y el ex presidente del gobernante Partido de los Trabajadores (PT), José Genoino, elevaron recursos para anular el veredicto que los acusó de “asociación criminal”. Los nuevos recursos recién serán juzgados por la Corte Suprema en 2014 según el resultado de un nuevo juicio sobre uno de los delitos cometidos.
La decisión de ayer en el llamado juicio del siglo no afecta a Joao Claudio Genú, ex asesor político, y al empresario Breno Fischberg, quienes han sido condenados por un delito por el que serán juzgados nuevamente igual que otros 10 reos, según una sentencia anterior de la corte.
Tampoco alcanza al ex presidente de la Cámara de Diputados Joao Paulo Cunha, del PT, de Lula y la actual presidenta, Dilma Rousseff, a quien ayer se le aceptó una apelación sobre la sanción pecuniaria que le aplicó el tribunal.
Con la decisión adoptada ayer, el Supremo acogió parcialmente un pedido hecho el martes por la Procuraduría General de la República, en el sentido de que se ejecutaran las penas de todos aquellos reos que ya tuvieran condenas firmes, al menos en algunos de los delitos por los que fueron hallados culpables.
Tras decidir sobre ese delicado asunto, el Supremo deberá librar las correspondientes órdenes de captura y decidir los penales en que cumplirán sus penas aquellos condenados a un régimen de reclusión o a un sistema semiabierto, que los obligará a dormir en prisión.
El caso, conocido como “mensalao”, se refiere a un red de corrupción tejida por el PT en 2002, cuando Lula ganó por primera vez las elecciones, y que según consideró probado la corte sirvió para financiar campañas y sobornar a dirigentes de cuatro partidos que le dieron al gobierno la mayoría parlamentaria que las urnas le habían negado.
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BRASILIA (EFE).— La Corte Suprema de Brasil decidió ayer que sean ejecutadas de inmediato las penas de 22 de los 25 políticos y empresarios condenados por las corruptelas que en 2005 pusieron en jaque al gobierno del entonces presidente Luiz Inacio Lula da Silva.
La decisión fue producto de una intensa y prolongada polémica que se zanjó con la postura de la mayoría de los magistrados del Supremo en favor de que se ejecuten las penas, aun en los casos de 12 reos que deberán serán juzgados nuevamente por uno de los varios delitos por los que fueron condenados, pero tienen condena firme por otros.
Entre quienes deberán ir a prisión figura el otrora poderoso ex ministro de la presidencia José Dirceu, quien en la época de los escándalos era considerado la “mano derecha” de Lula, condenado a 10 años y 10 meses, aunque esa pena puede ser reducida, debido a que nueve de los condenados, entre ellos Dirceu y el ex presidente del gobernante Partido de los Trabajadores (PT), José Genoino, elevaron recursos para anular el veredicto que los acusó de “asociación criminal”. Los nuevos recursos recién serán juzgados por la Corte Suprema en 2014 según el resultado de un nuevo juicio sobre uno de los delitos cometidos.
La decisión de ayer en el llamado juicio del siglo no afecta a Joao Claudio Genú, ex asesor político, y al empresario Breno Fischberg, quienes han sido condenados por un delito por el que serán juzgados nuevamente igual que otros 10 reos, según una sentencia anterior de la corte.
Tampoco alcanza al ex presidente de la Cámara de Diputados Joao Paulo Cunha, del PT, de Lula y la actual presidenta, Dilma Rousseff, a quien ayer se le aceptó una apelación sobre la sanción pecuniaria que le aplicó el tribunal.
Con la decisión adoptada ayer, el Supremo acogió parcialmente un pedido hecho el martes por la Procuraduría General de la República, en el sentido de que se ejecutaran las penas de todos aquellos reos que ya tuvieran condenas firmes, al menos en algunos de los delitos por los que fueron hallados culpables.
Tras decidir sobre ese delicado asunto, el Supremo deberá librar las correspondientes órdenes de captura y decidir los penales en que cumplirán sus penas aquellos condenados a un régimen de reclusión o a un sistema semiabierto, que los obligará a dormir en prisión.
El caso, conocido como “mensalao”, se refiere a un red de corrupción tejida por el PT en 2002, cuando Lula ganó por primera vez las elecciones, y que según consideró probado la corte sirvió para financiar campañas y sobornar a dirigentes de cuatro partidos que le dieron al gobierno la mayoría parlamentaria que las urnas le habían negado.
