La solicitud policial de identificación personal ante una actitud sospechosa solo puede tener lugar si se observa un “hacer” que podría ser delictivo. Esa adecuada forma de intervención preventiva es distinta a la recientemente habilitada por el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, que faculta a la policía a solicitar documentos sin causa. Ordenar a alguien que se identifique, solo porque sí, significa que el solo hecho de “ser” resultó llamativo a la policía. Esto es como decirle al sujeto requerido que “por ser” como “parece que es” es necesario conocer su identidad. Esta medida es violatoria del art. 19 de la Constitución Nacional que establece que puede hacerse todo lo que no esté prohibido por ley. En este caso, no solo no se deja hacer algo que no está prohibido, sino que ni siquiera se deja “ser”.
Si se dan patrones en estas detenciones, formas repetidas de acuerdo a ciertos parámetros, y si esos parámetros son el color, la vestimenta o el lugar del “ser” (como sucedió en estos días en intervenciones agresivas de uniformados respecto de niños y adultos de barrios marginados), entonces se viola también el derecho a la igualdad. No es simple ampliación de intervención policial a situaciones de no delito, sino que se trata de criminalización de la pobreza mediante la equiparación de pobreza con delito. Recientemente jóvenes trabajadores que salían de una fábrica en Flores fueron retenidos por policías (sin placa identificatoria), puestos en fila de cara a la pared con las manos en alto y debieron presentar uno a uno su DNI, mientras eran palpados en busca de armas. Esta es en gran parte del mundo una técnica de requisa policial en situación de delito, de requisa penitenciaria en situación de encierro, y de requisa a civiles en regímenes autoritarios. En el contexto descripto (barrio, tarde tranquila, salida laboral) esta medida es una manifestación de un Estado de Derecho con tendencia a Estado de Policía.
Podemos imaginar un tipo penal que diga algo así como “El que sea muy morocho y algo pobre será penado con la posibilidad de requisa policial”. Sería un disparate normativo e incluso inconstitucional. En los hechos, sin embargo, está sucediendo. Ni la selectividad del sistema penal, ni la discriminación en las medidas de control social duro ni la violencia intrínseca de las fuerzas de seguridad son nuevas. Lo que es llamativo y preocupante es que estas prácticas están siendo expresamente fomentadas por el discurso político-institucional. Es un Estado que no acepta autolimitarse respetando el Derecho y los derechos. Por eso estas prácticas y estos discursos deben ser repudiados no solo por especialistas, sino también por toda ciudadana y todo ciudadano que tenga en alta estima la democracia, sus derechos, su libertad y su dignidad, y que espera que el Estado los respete y los siga respetando.
María Laura Bohm. Investigadora y profesora. Facultad de Derecho, UBA
Si se dan patrones en estas detenciones, formas repetidas de acuerdo a ciertos parámetros, y si esos parámetros son el color, la vestimenta o el lugar del “ser” (como sucedió en estos días en intervenciones agresivas de uniformados respecto de niños y adultos de barrios marginados), entonces se viola también el derecho a la igualdad. No es simple ampliación de intervención policial a situaciones de no delito, sino que se trata de criminalización de la pobreza mediante la equiparación de pobreza con delito. Recientemente jóvenes trabajadores que salían de una fábrica en Flores fueron retenidos por policías (sin placa identificatoria), puestos en fila de cara a la pared con las manos en alto y debieron presentar uno a uno su DNI, mientras eran palpados en busca de armas. Esta es en gran parte del mundo una técnica de requisa policial en situación de delito, de requisa penitenciaria en situación de encierro, y de requisa a civiles en regímenes autoritarios. En el contexto descripto (barrio, tarde tranquila, salida laboral) esta medida es una manifestación de un Estado de Derecho con tendencia a Estado de Policía.
Podemos imaginar un tipo penal que diga algo así como “El que sea muy morocho y algo pobre será penado con la posibilidad de requisa policial”. Sería un disparate normativo e incluso inconstitucional. En los hechos, sin embargo, está sucediendo. Ni la selectividad del sistema penal, ni la discriminación en las medidas de control social duro ni la violencia intrínseca de las fuerzas de seguridad son nuevas. Lo que es llamativo y preocupante es que estas prácticas están siendo expresamente fomentadas por el discurso político-institucional. Es un Estado que no acepta autolimitarse respetando el Derecho y los derechos. Por eso estas prácticas y estos discursos deben ser repudiados no solo por especialistas, sino también por toda ciudadana y todo ciudadano que tenga en alta estima la democracia, sus derechos, su libertad y su dignidad, y que espera que el Estado los respete y los siga respetando.
María Laura Bohm. Investigadora y profesora. Facultad de Derecho, UBA
