Dos dígitos
La tasa de desocupación se encamina a los dos dígitos. La pérdida constante de puestos de trabajo desde la llegada de Cambiemos vuelve a instalar la problemática del desempleo en el centro de la agenda económica. El derrame, que nunca se produce cuando se trata de la riqueza, sí se verifica en sentido opuesto, dado que la caída de la clase media arrastra a sectores populares que le prestan servicios. El sindicato de empleadas domésticas registra un aumento de la conflictividad entre sus afiliadas, sobre todo por la pretensión de los empleadores de reducirles las horas de trabajo. El gremio de la construcción denuncia que por cada empleo formal que se pierde en el sector, otros dos trabajadores no registrados quedan sin actividad. Hasta mayo, la destrucción de empleo formal en este rubro era de 52.974 puestos respecto a igual mes de 2015, según el último relevamiento de la Cámara de la Construcción. El informe que presentó esta semana la Universidad Católica Argentina sobre el aumento acelerado de la pobreza en los primeros meses de gobierno de Mauricio Macri advierte que una de las razones principales es el agravamiento de la situación laboral de los cuentapropistas. La actividad fabril evidenció en junio una caída del 9,5 por ciento, la más pronunciada del año, que abarca prácticamente a todos los bloques. Esto se traduce en que el sector es el segundo mayor expulsor de mano de obra detrás de la construcción, también con repercusiones sobre puestos indirectos en talleres o pymes que complementan la producción, proveen insumos o prestan servicios a empresas más grandes. Otro rubro clave en materia de empleo es el comercio minorista, cuyas ventas acumulan siete meses consecutivos en baja. La última, en julio, fue del 8,1 por ciento, de acuerdo al reporte de CAME. A eso se agrega, señaló la entidad, el fuerte aumento de costos, lo cual ubica cada vez a más negocios cerca de la decisión del achicamiento o el cierre.
Noemí Rial, ex viceministra de Trabajo durante trece años, se desempeña ahora como directora del centro de capacitación de la Unión Ferroviaria, el sindicato que conduce Sergio Sasia. Desde allí observa que el aumento de la desocupación tiene dos derivaciones muy claras en el escenario laboral: la contracción del salario y el empeoramiento de las condiciones de trabajo, que sectores empresarios y el Gobierno pretenden cristalizar con una reforma legislativa de efectos duraderos. “El desempleo es el mayor disciplinador social que existe, el que permite que los trabajadores acepten situaciones de flexibilización que en otras circunstancias serían intolerables”, sostiene. La pérdida del poder adquisitivo se refleja por ejemplo en la evolución del Salario Mínimo Vital y Móvil. En noviembre del año pasado, antes de la devaluación, superaba el valor de la Canasta Básica Alimentaria de la Ciudad de Buenos Aires. El sueldo mínimo era de 6060 pesos y la canasta, de 5246 pesos, según el registro del gobierno porteño para una familia con cuatro integrantes. Es decir que el salario mínimo a esa familia la ubicaba por arriba de la línea de indigencia y le sobraban 814 pesos, equivalentes al 15 por ciento del valor de esa canasta. En la actualidad el salario mínimo está en 6810 pesos y la canasta, en junio, se encontraba en 6888, con lo cual la misma familia pasó de cubrir 1,15 canasta alimentaria a que le falten 77 pesos para costearla, cayendo en la indigencia. En resumen, de quedarle un margen de 814 pesos en noviembre tras comprar los alimentos esenciales a faltarle 77 pesos en junio para ese fin. Esa situación se irá agravando hasta enero del próximo año, cuando se efectivice la segunda cuota del aumento del salario mínimo y llegue a 8060 pesos, con un incremento global del 33 por ciento, muy por debajo de la inflación.
La misma situación se da con el sueldo de las empleadas domésticas. En noviembre del año pasado era de 5358 pesos por ocho horas de trabajo, 112 pesos por encima de la canasta alimentaria, que se encontraba en 5246. En junio, en cambio, el nuevo salario de 6322 pesos quedó a 566 pesos del costo de la canasta, calculada por el gobierno porteño en 6888 pesos. Otra vez, de encontrarse arriba de la línea de indigencia por 112 pesos a estar por debajo en 566. Carmen Britez, secretaria de actas del sindicato de empleadas domésticas, la Unión Personal Auxiliar de Casas Particulares (Upacp), sostiene que en las 25 sedes de la entidad reciben cada vez más consultas por situaciones de despido o por tensiones con los empleadores que quieren achicarles la jornada de trabajo y el salario.
“Nos acercamos al 2001 de manera galopante. A este ritmo no se tardará en volver a los dos dígitos de desocupación. Existen estimaciones que lo anticipan para este año. Es una pérdida muy grande, ya que al tercer trimestre de 2015 estábamos en 5,9 por ciento, la menor tasa de desempleo en 28 años”, compara Rial. “Se perdió el equilibrio entre inflación y salarios. Y lo peor es que el Gobierno no muestra reacción”, agrega. Otro indicador de la destrucción de puestos de trabajo es el aumento en la cantidad de planes Repro concedidos por la cartera laboral, que a pesar de su pasividad, se está viendo desbordada por las solicitudes. En julio entregó un 27 por ciento más de subsidios al salario de empresas en crisis que el mes anterior. La evolución fue de 11.961 planes en junio a 15.240 el mes pasado. Esta situación de debilidad material de los trabajadores, explica la ex número dos del Ministerio, facilita la instalación de proyectos de flexibilización laboral.
“El Gobierno y sectores empresarios que se expresaron en un seminario de derecho del trabajo en Mar del Plata pretenden avanzar en al menos tres aspectos”, anticipa Rial. “Descentralizar la negociación colectiva, restablecer contrataciones a prueba por períodos de hasta doce meses y reducir el costo de despido del trabajador”, explica. Daniel Funes de Rioja, presidente de la cámara de industrias de la alimentación (Copal) y vicepresidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), fue quien planteó esos objetivos de manera más frontal. “La descentralización de la negociación colectiva para establecer convenios por empresa fue lo que consagró la Ley Banelco del gobierno de la Alianza. Con ello se pierde el concepto de igual remuneración por igual trabajo. Los acuerdos por empresa deben ser aceptados cuando es para establecer condiciones salariales y laborales mejores a las del convenio de la rama o actividad, pero acá lo que se pretende es que el trabajador quede en una posición desventajosa para aceptar arreglos a la baja”, alerta la ex funcionaria. Respecto del período de prueba, recuerda que también en los ‘90 y los ‘2000 se fueron extendiendo esquemas de contratos basura hasta habilitar plazos de un año. “Lo otro que quieren es copiar el modelo brasileño para facilitar la salida del trabajador. Pretenden crear un fondo con aportes de los empleados y de las empresas para financiar los despidos, con lo cual le descontarían una porción del sueldo al trabajador para pagarse su propia indemnización”, detalla.
La última vez que la desocupación alcanzó los dos dígitos fue en el tercer trimestre de 2006, cuando marcó 10,2 por ciento. Desde el pico de 25 por ciento de 2002, el desempleo cayó de manera ininterrumpida hasta 2009. Ese período de crecimiento a tasas chinas e inclusión social logró superar mucho más rápido de lo que cualquiera hubiera imaginado en 2001 la crisis laboral del menemismo y del gobierno de De la Rúa. La crisis financiera internacional interrumpió el proceso, pero la desocupación, que subió, no alcanzó los dos dígitos. En 2009 el gobierno respondió al shock externo con una batería de medidas de estímulo a la demanda y una presencia permanente del Estado frente a cada conflicto laboral. Los resultados de esa estrategia se expresan en el 5,9 por ciento de desocupación del tercer trimestre de 2015, que fue el último registro del kirchnerismo. El cambio de 180 grados en las políticas por parte del actual gobierno, incluida la apertura de las importaciones en medio de una dura recesión, ya ha provocado consecuencias graves. Es obvio que serán peores si el Poder Ejecutivo logra imponer el tarifazo, y permanentes si concreta las reformas estructurales, como la previsional, la impositiva y la laboral. Es probable que antes que esos proyectos lleguen al Congreso, la desocupación ya haya regresado a los dos dígitos.
La tasa de desocupación se encamina a los dos dígitos. La pérdida constante de puestos de trabajo desde la llegada de Cambiemos vuelve a instalar la problemática del desempleo en el centro de la agenda económica. El derrame, que nunca se produce cuando se trata de la riqueza, sí se verifica en sentido opuesto, dado que la caída de la clase media arrastra a sectores populares que le prestan servicios. El sindicato de empleadas domésticas registra un aumento de la conflictividad entre sus afiliadas, sobre todo por la pretensión de los empleadores de reducirles las horas de trabajo. El gremio de la construcción denuncia que por cada empleo formal que se pierde en el sector, otros dos trabajadores no registrados quedan sin actividad. Hasta mayo, la destrucción de empleo formal en este rubro era de 52.974 puestos respecto a igual mes de 2015, según el último relevamiento de la Cámara de la Construcción. El informe que presentó esta semana la Universidad Católica Argentina sobre el aumento acelerado de la pobreza en los primeros meses de gobierno de Mauricio Macri advierte que una de las razones principales es el agravamiento de la situación laboral de los cuentapropistas. La actividad fabril evidenció en junio una caída del 9,5 por ciento, la más pronunciada del año, que abarca prácticamente a todos los bloques. Esto se traduce en que el sector es el segundo mayor expulsor de mano de obra detrás de la construcción, también con repercusiones sobre puestos indirectos en talleres o pymes que complementan la producción, proveen insumos o prestan servicios a empresas más grandes. Otro rubro clave en materia de empleo es el comercio minorista, cuyas ventas acumulan siete meses consecutivos en baja. La última, en julio, fue del 8,1 por ciento, de acuerdo al reporte de CAME. A eso se agrega, señaló la entidad, el fuerte aumento de costos, lo cual ubica cada vez a más negocios cerca de la decisión del achicamiento o el cierre.
Noemí Rial, ex viceministra de Trabajo durante trece años, se desempeña ahora como directora del centro de capacitación de la Unión Ferroviaria, el sindicato que conduce Sergio Sasia. Desde allí observa que el aumento de la desocupación tiene dos derivaciones muy claras en el escenario laboral: la contracción del salario y el empeoramiento de las condiciones de trabajo, que sectores empresarios y el Gobierno pretenden cristalizar con una reforma legislativa de efectos duraderos. “El desempleo es el mayor disciplinador social que existe, el que permite que los trabajadores acepten situaciones de flexibilización que en otras circunstancias serían intolerables”, sostiene. La pérdida del poder adquisitivo se refleja por ejemplo en la evolución del Salario Mínimo Vital y Móvil. En noviembre del año pasado, antes de la devaluación, superaba el valor de la Canasta Básica Alimentaria de la Ciudad de Buenos Aires. El sueldo mínimo era de 6060 pesos y la canasta, de 5246 pesos, según el registro del gobierno porteño para una familia con cuatro integrantes. Es decir que el salario mínimo a esa familia la ubicaba por arriba de la línea de indigencia y le sobraban 814 pesos, equivalentes al 15 por ciento del valor de esa canasta. En la actualidad el salario mínimo está en 6810 pesos y la canasta, en junio, se encontraba en 6888, con lo cual la misma familia pasó de cubrir 1,15 canasta alimentaria a que le falten 77 pesos para costearla, cayendo en la indigencia. En resumen, de quedarle un margen de 814 pesos en noviembre tras comprar los alimentos esenciales a faltarle 77 pesos en junio para ese fin. Esa situación se irá agravando hasta enero del próximo año, cuando se efectivice la segunda cuota del aumento del salario mínimo y llegue a 8060 pesos, con un incremento global del 33 por ciento, muy por debajo de la inflación.
La misma situación se da con el sueldo de las empleadas domésticas. En noviembre del año pasado era de 5358 pesos por ocho horas de trabajo, 112 pesos por encima de la canasta alimentaria, que se encontraba en 5246. En junio, en cambio, el nuevo salario de 6322 pesos quedó a 566 pesos del costo de la canasta, calculada por el gobierno porteño en 6888 pesos. Otra vez, de encontrarse arriba de la línea de indigencia por 112 pesos a estar por debajo en 566. Carmen Britez, secretaria de actas del sindicato de empleadas domésticas, la Unión Personal Auxiliar de Casas Particulares (Upacp), sostiene que en las 25 sedes de la entidad reciben cada vez más consultas por situaciones de despido o por tensiones con los empleadores que quieren achicarles la jornada de trabajo y el salario.
“Nos acercamos al 2001 de manera galopante. A este ritmo no se tardará en volver a los dos dígitos de desocupación. Existen estimaciones que lo anticipan para este año. Es una pérdida muy grande, ya que al tercer trimestre de 2015 estábamos en 5,9 por ciento, la menor tasa de desempleo en 28 años”, compara Rial. “Se perdió el equilibrio entre inflación y salarios. Y lo peor es que el Gobierno no muestra reacción”, agrega. Otro indicador de la destrucción de puestos de trabajo es el aumento en la cantidad de planes Repro concedidos por la cartera laboral, que a pesar de su pasividad, se está viendo desbordada por las solicitudes. En julio entregó un 27 por ciento más de subsidios al salario de empresas en crisis que el mes anterior. La evolución fue de 11.961 planes en junio a 15.240 el mes pasado. Esta situación de debilidad material de los trabajadores, explica la ex número dos del Ministerio, facilita la instalación de proyectos de flexibilización laboral.
“El Gobierno y sectores empresarios que se expresaron en un seminario de derecho del trabajo en Mar del Plata pretenden avanzar en al menos tres aspectos”, anticipa Rial. “Descentralizar la negociación colectiva, restablecer contrataciones a prueba por períodos de hasta doce meses y reducir el costo de despido del trabajador”, explica. Daniel Funes de Rioja, presidente de la cámara de industrias de la alimentación (Copal) y vicepresidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), fue quien planteó esos objetivos de manera más frontal. “La descentralización de la negociación colectiva para establecer convenios por empresa fue lo que consagró la Ley Banelco del gobierno de la Alianza. Con ello se pierde el concepto de igual remuneración por igual trabajo. Los acuerdos por empresa deben ser aceptados cuando es para establecer condiciones salariales y laborales mejores a las del convenio de la rama o actividad, pero acá lo que se pretende es que el trabajador quede en una posición desventajosa para aceptar arreglos a la baja”, alerta la ex funcionaria. Respecto del período de prueba, recuerda que también en los ‘90 y los ‘2000 se fueron extendiendo esquemas de contratos basura hasta habilitar plazos de un año. “Lo otro que quieren es copiar el modelo brasileño para facilitar la salida del trabajador. Pretenden crear un fondo con aportes de los empleados y de las empresas para financiar los despidos, con lo cual le descontarían una porción del sueldo al trabajador para pagarse su propia indemnización”, detalla.
La última vez que la desocupación alcanzó los dos dígitos fue en el tercer trimestre de 2006, cuando marcó 10,2 por ciento. Desde el pico de 25 por ciento de 2002, el desempleo cayó de manera ininterrumpida hasta 2009. Ese período de crecimiento a tasas chinas e inclusión social logró superar mucho más rápido de lo que cualquiera hubiera imaginado en 2001 la crisis laboral del menemismo y del gobierno de De la Rúa. La crisis financiera internacional interrumpió el proceso, pero la desocupación, que subió, no alcanzó los dos dígitos. En 2009 el gobierno respondió al shock externo con una batería de medidas de estímulo a la demanda y una presencia permanente del Estado frente a cada conflicto laboral. Los resultados de esa estrategia se expresan en el 5,9 por ciento de desocupación del tercer trimestre de 2015, que fue el último registro del kirchnerismo. El cambio de 180 grados en las políticas por parte del actual gobierno, incluida la apertura de las importaciones en medio de una dura recesión, ya ha provocado consecuencias graves. Es obvio que serán peores si el Poder Ejecutivo logra imponer el tarifazo, y permanentes si concreta las reformas estructurales, como la previsional, la impositiva y la laboral. Es probable que antes que esos proyectos lleguen al Congreso, la desocupación ya haya regresado a los dos dígitos.
