En los últimos días, Cristina Kirchner movió dos piezas clave de su tablero de poder. Puso bajo su control inmediato la fuerza pública y la caja del sindicalismo. En la Secretaría de Seguridad, un escalón debajo de Nilda Garré, designó a Sergio Berni. Y en la Administración de Programas Especiales (APE), que distribuye subsidios entre las obras sociales, ubicó a Beatriz Korenfeld. Berni y Korenfeld son «pingüinos» eternos, colaboradores de Néstor Kirchner desde los albores de su gestión santacruceña.
La confesión de Mercedes Marcó del Pont ante la Cámara de Diputados ayuda a entender esta jugada: «Si no recurrimos a las reservas, estamos obligados a un ajuste brutal». Hay que agradecer esa sinceridad, porque expone el principal desvelo de Cristina Kirchner: que la inclusión social que prometía el dichoso modelo de acumulación de matriz diversificada esté cada vez menos garantizada y, en consecuencia, comience a tambalearse el orden colectivo.
Para lidiar con la protesta de las organizaciones sociales o la indisciplina sindical, la señora de Kirchner ha decidido volver a las fuentes.
Korenfeld estuvo durante más de 10 años al frente de la Caja de Servicios Sociales de Santa Cruz, adonde regresó en diciembre pasado, después de un intervalo como diputada nacional. Abandonó cuando desde Olivos ordenaron vaciar la gobernación de Daniel Peralta por la racionalización dispuesta en la provincia. El miércoles pasado, la Presidenta designó a Korenfeld en la APE para repartir las compensaciones a las obras sociales por las prestaciones de alto costo (tratamientos de VIH, cáncer, cirugías de alta complejidad, etc.). También eliminó la autonomía de la APE, ubicándola en la Superintendencia de Salud. Estos cambios limitan al ministro, Juan Manzur, que conducía el área a través del abogado Manuel Alves. Y liquidan la influencia del jefe de la CGT, Hugo Moyano, sobre esos fondos, ejercida a través de funcionarios de segunda línea. Korenfeld obedecerá a Cristina Kirchner sin mediación alguna.
Con esta intervención la Casa Rosada podría alcanzar varios objetivos. La APE ha estado contaminada con la «mafia de los medicamentos» que investigan, con poquísimos resultados, los jueces Norberto Oyarbide y Claudio Bonadio.
Korenfeld podría consumar una reforma que la Presidenta reclamó dos veces al interventor del PAMI, Luciano Di Cesare, en enero: que el Estado reemplace a las obras sociales en las contrataciones más caras. En algunos sindicatos celebran la idea, porque supone una reducción de costos. En otros temen que sea el primer paso de una estatización total del sistema.
Recaudación
Para varios gremialistas Cristina Kirchner se ha propuesto capturar un fondo nada despreciable en un momento en que el Tesoro atraviesa dificultades. La APE recauda unos $ 3000 millones por año, pero gasta alrededor de 2000 millones. La CGT viene reclamando la devolución del remanente acumulado, una cifra mágica que Hugo Moyano sitúa en $ 15.000 millones.
Con Korenfeld en la APE, la Presidenta podrá manipular el nervio económico del sindicalismo en un ciclo conflictivo: ella pretende que los acuerdos salariales se negocien con una pauta inferior a la inflación. La distribución de subsidios de la APE ha sido, desde que Carlos Menem encomendó la tarea a Luis Barrionuevo, la táctica más eficiente para ordenar a los gremialistas.
Carlos Zannini, el cerebro de la operación, pretende domesticar a la CGT. Intenta reunir a las distintas facciones sindicales para defenestrar a Moyano. La hipótesis de encolumnar a todo el movimiento obrero detrás del metalúrgico Antonio Caló es demasiado ambiciosa. Sobre todo porque el candoroso Caló inició la campaña levantando la bandera de la moderación salarial. Es cierto que su triunfo depende más de una orden de la Presidenta que de la simpatía de los trabajadores. Pero no hacía falta que quedara tan claro. La mansedumbre de Caló ha irritado a varios colegas y obligado a Zannini a cambiar estrategia. Ahora piensa volver al formato de un triunvirato (como aquel de Moyano, Lingieri, Rueda), que era el sueño de Kirchner hasta que el camionero le exigió el monopolio de la interlocución a cambio de la paz social. Para el geómetra Zannini, el nuevo triángulo se formaría con un representante del «moyanismo sin Moyano», por el que se postula el piadoso taxista Omar Viviani; Caló, por los independientes y «gordos», y un delegado de Luis Barrionuevo, con quien el secretario de Legal y Técnica ha tomado contacto. La aproximación a Barrionuevo demuestra hasta qué punto la docilidad de la CGT es una prioridad para el Gobierno.
La ruptura con Moyano, a quien ya ni el ministro de Planificación Julio De Vido atiende el teléfono, es un error político. El kirchnerismo apañó al camionero durante la bonanza, aceptando con estoicismo su imagen negativa, y lo alimentó hasta convertirlo en uno de los hombres más poderosos del país. Se suponía que era para contar con su solidaridad el día en que un ajuste se volviera inevitable. Ahora, con la llegada de ese día, lo despide y lo libera. Moyano, agradecido.
La jugada de Zannini tiene otra debilidad. El malestar de la CGT no se debe a la intransigencia de Moyano, que no se cansa de aclarar que está malhumorado porque la Presidenta no lo trata con cariño. El vínculo sindical está resintiéndose por el agotamiento de las condiciones económicas que permitieron el idilio. Si consigue reemplazar al camionero, Cristina Kirchner deberá tratar con una cúpula que pedirá lo mismo que Moyano: recursos para las obras sociales, reducción del mínimo no imponible de Ganancias, y aumento de las asignaciones familiares. Es decir: dinero del Tesoro. Todo un problema porque, como Juan Carlos Pezoa le explica todas las semanas, la recaudación está declinando, en especial porque caen los ingresos del IVA a las importaciones. A propósito: ¿hace cuánto no se oyen las trompetas que solían anunciar el superávit fiscal alcanzado?
Las restricciones fiscales que empañan la relación con los sindicalistas están en la raíz del incipiente descontento de las organizaciones sociales. No debería sorprender que, para enfrentar este problema, la Presidenta recurra a Berni. Este médico y mayor del Ejército, aficionado a las largas travesías en moto, que vive en el extremo sudoccidental de la Patagonia, sobre una loma desde la que se divisan los dos océanos, ha sido el encargado de lidiar con los cabecillas de las protestas callejeras desde que Kirchner gobernaba Santa Cruz. Inseparable de Alicia Kirchner, Berni fue, junto a Rafael Follonier, el negociador con los movimientos de desocupados entre 2003 y 2005. Reapareció en público con la toma del parque Indoamericano y, como por arte de magia, consiguió que los intrusos volvieran a sus casas. Berni es conocido por su astucia para administrar recursos materiales. En 2011 pasó a ocupar la vicepresidencia del Senado bonaerense, desde donde ejercía una suave vigilancia sobre Gabriel Mariotto.
Desde La Plata Berni regresó a la administración nacional. Pero no al mismo cargo. En vez de reinstalarse al lado de Alicia, fue destacado junto a Garré. Es posible que la Presidenta haya querido controlar a la ministra, que viene cometiendo un error tras otro. Pero el detalle no puede pasar inadvertido: el misericordioso Berni, que repartía beneficios entre los desamparados, ahora está al frente de las fuerzas de seguridad.
Tal vez sea un error presidencial en la administración de los recursos simbólicos. Pero la metamorfosis de Berni hace juego con otros detalles: la aprobación de una ley antiterrorista de límites difusos, la aparición de un plan de la Gendarmería para hacer inteligencia en los movimientos de protesta, y un endurecimiento verbal -el de Garré?que califica a la movilización callejera como una extorsión desestabilizadora. Es evidente que la estrategia social del kirchnerismo insinúa una inquietante regresión.
Control de la calle
La exclusión de Moyano y la ebullición piquetera tocan un problema de primera magnitud para una experiencia que se define como «nacional y popular»: el control de la calle.
El camionero venía discutiendo con líderes del Movimiento Evita -Emilio Pérsico, Fernando «Chino» Navarro- algún procedimiento que dote a los movimientos sociales de una mayor organicidad. Es muy difícil esa convergencia con otra conducción en la CGT.
El diputado de la Coalición Cívica Alfonso Prat-Gay suele recordar que, la primera vez que Néstor Kirchner lo recibió en la casa de gobierno, lo tomó de un brazo y lo llevó a mirar por una ventana que da a la avenida Leandro Alem. «¿Ves esa gente protestando? Yo estoy acá para que ellos vuelvan a sus casas.» Al cabo de casi nueve años el significado de esa anécdota recupera su formidable densidad.
La estrategia presidencial
Sergio Berni
Al designarlo segundo de Nilda Garré, la Presidenta tendrá un control inmediato sobre el Ministerio de Seguridad y la fuerza pública.
Beatriz Korenfeld
Tendrá a su cargo la Administración de Programas Especiales (APE), que distribuye los subsidios entre las obras sociales. Manejará una recaudación anual de $ 3000 millones..
La confesión de Mercedes Marcó del Pont ante la Cámara de Diputados ayuda a entender esta jugada: «Si no recurrimos a las reservas, estamos obligados a un ajuste brutal». Hay que agradecer esa sinceridad, porque expone el principal desvelo de Cristina Kirchner: que la inclusión social que prometía el dichoso modelo de acumulación de matriz diversificada esté cada vez menos garantizada y, en consecuencia, comience a tambalearse el orden colectivo.
Para lidiar con la protesta de las organizaciones sociales o la indisciplina sindical, la señora de Kirchner ha decidido volver a las fuentes.
Korenfeld estuvo durante más de 10 años al frente de la Caja de Servicios Sociales de Santa Cruz, adonde regresó en diciembre pasado, después de un intervalo como diputada nacional. Abandonó cuando desde Olivos ordenaron vaciar la gobernación de Daniel Peralta por la racionalización dispuesta en la provincia. El miércoles pasado, la Presidenta designó a Korenfeld en la APE para repartir las compensaciones a las obras sociales por las prestaciones de alto costo (tratamientos de VIH, cáncer, cirugías de alta complejidad, etc.). También eliminó la autonomía de la APE, ubicándola en la Superintendencia de Salud. Estos cambios limitan al ministro, Juan Manzur, que conducía el área a través del abogado Manuel Alves. Y liquidan la influencia del jefe de la CGT, Hugo Moyano, sobre esos fondos, ejercida a través de funcionarios de segunda línea. Korenfeld obedecerá a Cristina Kirchner sin mediación alguna.
Con esta intervención la Casa Rosada podría alcanzar varios objetivos. La APE ha estado contaminada con la «mafia de los medicamentos» que investigan, con poquísimos resultados, los jueces Norberto Oyarbide y Claudio Bonadio.
Korenfeld podría consumar una reforma que la Presidenta reclamó dos veces al interventor del PAMI, Luciano Di Cesare, en enero: que el Estado reemplace a las obras sociales en las contrataciones más caras. En algunos sindicatos celebran la idea, porque supone una reducción de costos. En otros temen que sea el primer paso de una estatización total del sistema.
Recaudación
Para varios gremialistas Cristina Kirchner se ha propuesto capturar un fondo nada despreciable en un momento en que el Tesoro atraviesa dificultades. La APE recauda unos $ 3000 millones por año, pero gasta alrededor de 2000 millones. La CGT viene reclamando la devolución del remanente acumulado, una cifra mágica que Hugo Moyano sitúa en $ 15.000 millones.
Con Korenfeld en la APE, la Presidenta podrá manipular el nervio económico del sindicalismo en un ciclo conflictivo: ella pretende que los acuerdos salariales se negocien con una pauta inferior a la inflación. La distribución de subsidios de la APE ha sido, desde que Carlos Menem encomendó la tarea a Luis Barrionuevo, la táctica más eficiente para ordenar a los gremialistas.
Carlos Zannini, el cerebro de la operación, pretende domesticar a la CGT. Intenta reunir a las distintas facciones sindicales para defenestrar a Moyano. La hipótesis de encolumnar a todo el movimiento obrero detrás del metalúrgico Antonio Caló es demasiado ambiciosa. Sobre todo porque el candoroso Caló inició la campaña levantando la bandera de la moderación salarial. Es cierto que su triunfo depende más de una orden de la Presidenta que de la simpatía de los trabajadores. Pero no hacía falta que quedara tan claro. La mansedumbre de Caló ha irritado a varios colegas y obligado a Zannini a cambiar estrategia. Ahora piensa volver al formato de un triunvirato (como aquel de Moyano, Lingieri, Rueda), que era el sueño de Kirchner hasta que el camionero le exigió el monopolio de la interlocución a cambio de la paz social. Para el geómetra Zannini, el nuevo triángulo se formaría con un representante del «moyanismo sin Moyano», por el que se postula el piadoso taxista Omar Viviani; Caló, por los independientes y «gordos», y un delegado de Luis Barrionuevo, con quien el secretario de Legal y Técnica ha tomado contacto. La aproximación a Barrionuevo demuestra hasta qué punto la docilidad de la CGT es una prioridad para el Gobierno.
La ruptura con Moyano, a quien ya ni el ministro de Planificación Julio De Vido atiende el teléfono, es un error político. El kirchnerismo apañó al camionero durante la bonanza, aceptando con estoicismo su imagen negativa, y lo alimentó hasta convertirlo en uno de los hombres más poderosos del país. Se suponía que era para contar con su solidaridad el día en que un ajuste se volviera inevitable. Ahora, con la llegada de ese día, lo despide y lo libera. Moyano, agradecido.
La jugada de Zannini tiene otra debilidad. El malestar de la CGT no se debe a la intransigencia de Moyano, que no se cansa de aclarar que está malhumorado porque la Presidenta no lo trata con cariño. El vínculo sindical está resintiéndose por el agotamiento de las condiciones económicas que permitieron el idilio. Si consigue reemplazar al camionero, Cristina Kirchner deberá tratar con una cúpula que pedirá lo mismo que Moyano: recursos para las obras sociales, reducción del mínimo no imponible de Ganancias, y aumento de las asignaciones familiares. Es decir: dinero del Tesoro. Todo un problema porque, como Juan Carlos Pezoa le explica todas las semanas, la recaudación está declinando, en especial porque caen los ingresos del IVA a las importaciones. A propósito: ¿hace cuánto no se oyen las trompetas que solían anunciar el superávit fiscal alcanzado?
Las restricciones fiscales que empañan la relación con los sindicalistas están en la raíz del incipiente descontento de las organizaciones sociales. No debería sorprender que, para enfrentar este problema, la Presidenta recurra a Berni. Este médico y mayor del Ejército, aficionado a las largas travesías en moto, que vive en el extremo sudoccidental de la Patagonia, sobre una loma desde la que se divisan los dos océanos, ha sido el encargado de lidiar con los cabecillas de las protestas callejeras desde que Kirchner gobernaba Santa Cruz. Inseparable de Alicia Kirchner, Berni fue, junto a Rafael Follonier, el negociador con los movimientos de desocupados entre 2003 y 2005. Reapareció en público con la toma del parque Indoamericano y, como por arte de magia, consiguió que los intrusos volvieran a sus casas. Berni es conocido por su astucia para administrar recursos materiales. En 2011 pasó a ocupar la vicepresidencia del Senado bonaerense, desde donde ejercía una suave vigilancia sobre Gabriel Mariotto.
Desde La Plata Berni regresó a la administración nacional. Pero no al mismo cargo. En vez de reinstalarse al lado de Alicia, fue destacado junto a Garré. Es posible que la Presidenta haya querido controlar a la ministra, que viene cometiendo un error tras otro. Pero el detalle no puede pasar inadvertido: el misericordioso Berni, que repartía beneficios entre los desamparados, ahora está al frente de las fuerzas de seguridad.
Tal vez sea un error presidencial en la administración de los recursos simbólicos. Pero la metamorfosis de Berni hace juego con otros detalles: la aprobación de una ley antiterrorista de límites difusos, la aparición de un plan de la Gendarmería para hacer inteligencia en los movimientos de protesta, y un endurecimiento verbal -el de Garré?que califica a la movilización callejera como una extorsión desestabilizadora. Es evidente que la estrategia social del kirchnerismo insinúa una inquietante regresión.
Control de la calle
La exclusión de Moyano y la ebullición piquetera tocan un problema de primera magnitud para una experiencia que se define como «nacional y popular»: el control de la calle.
El camionero venía discutiendo con líderes del Movimiento Evita -Emilio Pérsico, Fernando «Chino» Navarro- algún procedimiento que dote a los movimientos sociales de una mayor organicidad. Es muy difícil esa convergencia con otra conducción en la CGT.
El diputado de la Coalición Cívica Alfonso Prat-Gay suele recordar que, la primera vez que Néstor Kirchner lo recibió en la casa de gobierno, lo tomó de un brazo y lo llevó a mirar por una ventana que da a la avenida Leandro Alem. «¿Ves esa gente protestando? Yo estoy acá para que ellos vuelvan a sus casas.» Al cabo de casi nueve años el significado de esa anécdota recupera su formidable densidad.
La estrategia presidencial
Sergio Berni
Al designarlo segundo de Nilda Garré, la Presidenta tendrá un control inmediato sobre el Ministerio de Seguridad y la fuerza pública.
Beatriz Korenfeld
Tendrá a su cargo la Administración de Programas Especiales (APE), que distribuye los subsidios entre las obras sociales. Manejará una recaudación anual de $ 3000 millones..
