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Por Mario Rapoport, economista e historiador
Podemos comparar en cierto modo la crisis mundial de 1930 con la actual, con una diferencia. En aquélla se produjo una profunda baja de los precios y de la demanda de productos agrícolas de la Argentina, lo que impactó, lógicamente, en el sector externo que tuvo una balanza comercial netamente deficitaria en 1930 y luego una caída del conjunto del comercio exterior. La crisis mundial actual es diferente de la anterior dado que en este caso lo términos del intercambio son favorables gracias al aumento de los precios de las commodities.
En la evolución de la economía argentina los productos primarios, especialmente los alimentos originados en la región pampeana, desempeñan un papel relevante y constituyen un componente esencial de las exportaciones. Pero cuando el mercado mundial de esos productos está en expansión, aun en plena crisis mundial, y tanto los productores como las agroindustrias reciben el beneficio de precios en alza, la cuestión de los precios internos y externos entra a incidir en el costo de vida de la población.
La experiencia histórica muestra que el Estado argentino tuvo en cuenta muy tempranamente estos movimientos de precios y ha venido interviniendo en el mercado agropecuario incluso desde la presidencia de Mitre, apropiándose de una porción de la producción mediante el sistema de las retenciones. Es decir, que la transferencia de ingresos del sector agropecuario a favor del Estado, con ciertos períodos de excepción, ha sido casi una constante en la historia económica argentina. Pero la profundización de la intervención estatal, que incluyó la regulación de la producción agropecuaria, encuentra sus raíces en las consecuencias que arrojó la crisis de 1929 sobre la economía mundial al provocar una profunda recesión agrícola y una disminución de los intercambios comerciales.
Argentina se vio afectada por este proceso, y los dirigentes de entonces se vieron obligados a tomar algunas iniciativas para paliar la crisis. Es por eso que en 1933 el gobierno conservador, de ideología económica liberal, creó diversos organismos estatales para regular la producción de materias primas, entre los cuales sobresalieron, por su incidencia económica, social y política, la Junta Reguladora de Granos y la Junta Nacional de Carnes. La función de la primera consistía en comprar los granos a un precio básico que cubriese los costos de producción a los agricultores y venderlos gradualmente a los exportadores. Estos precios–sostén se pusieron en vigencia en casi todas las cosechas hasta 1939, y en aquellas operaciones con pérdidas para el organismo se empleaba el margen de cambios. o sea la diferencia que obtenía el Estado al desdoblar el tipo de cambio, comprando a un precio oficial y vendiendo las divisas a un precio mayor.
Pocos años después, durante el gobierno peronista, se creó un nuevo organismo estatal, el Instituto Argentino para la Promoción del Intercambio (IAPI), con el fin de regular la comercialización de los productos agrícolas y la importación de bienes esenciales.
El IAPI fue disuelto en 1955 pero las funciones de las demás juntas se reactivaron nuevamente hasta su desaparición en los ’90 durante el mandato de Carlos Menem.
En la actualidad, no existen entidades estatales que regulen o intervengan en la producción o comercialización de la mayoría de los bienes primarios que produce nuestro país. En cambio, se aplican retenciones a varios de esos productos como sucedió en otros períodos del pasado con la finalidad de disminuir la brecha existente entre los precios internos y externos, y evitar la pérdida del poder adquisitivo de los consumidores argentinos. No obstante, a través de la no liquidación de las divisas resultantes de sus ventas al exterior, el sector agroexportador pretende llevar al gobierno a mayores devaluaciones del peso que lo favorezcan encareciendo aún más sus productos dentro del país. Es necesario, por lo tanto, como lo hizo ese sector en su beneficio en los años ’30, recrear un sistema estatal que pueda comprar, vender y almacenar materias primas o alimentos para garantizar la seguridad alimentaria de la población. Es decir, un organismo autónomo que pueda intervenir en toda la cadena del sistema agroalimentario.
A fin de satisfacer el consumo interno el Estado adquiriría las toneladas de alimentos necesarias, a precios menores que los internacionales, para poder garantizar un precio interno accesible a los bolsillos de los argentinos. Todo ello, en procura de alcanzar acuerdos de precios de alimentos básicos y de ejercer el control de las exportaciones de productos agroalimentarios.
El tema no es menor porque redunda notoriamente en la capacidad de compra de los consumidores, principalmente de los sectores de más bajos recursos a quienes los alimentos les absorben la mayor parte de sus ingresos. Y está relacionado a la prioridad que el mercado interno y la producción industrial local han adquirido en los últimos años. Además, existen cuestiones adicionales que deben tenerse en cuenta. En la década de 1920 tres grandes compañías de cereales monopolizaban el 85% de las exportaciones. La situación es hoy parecida aunque el número no sea el mismo. Por otro lado, sabemos que los mercados mundiales de commodities, como los alimentos, son oscilantes e inestables, hechos muchas veces asociados a problemas climáticos, a la superproducción de esos productos o a decisiones políticas de los Estados.
La creación de una nueva junta nacional de granos deviene ahora más urgente que nunca para evitar que un sector de la población se apropie de una riqueza que le pertenece a todos. Porque aquí no estamos hablando de una renta agraria ordinaria producto del trabajo y de la tecnología sino de una renta extraordinaria que proviene de una estructura económica desequilibrada en la cual el agro tiene claras ventajas sobre el industrial a nivel interno e internacional. Eso produjo en el pasado, en la visión de Marcelo Diamand, un péndulo económico (con su correspondiente inestabilidad institucional) entre las políticas heterodoxas y las ortodoxas; las primeras tratando de compensar a los sectores menos favorecidos con una transferencia de ingresos hacia el mismo, las segundas haciendo prevalecer sus ventajas naturales y propugnando tipos de cambio más favorables o grandes devaluaciones.
Diamand, se refería de hecho en forma simplificada a la existencia de dos países contrapuestos. Un país rico (el campo) en el que trabaja un cuarto de la población pero que puede alimentar a cientos de millones de personas, y un país semiindustrializado del que vive el resto de los habitantes y no tiene las posibilidades de desarrollarse por si mismo sin la ayuda de las divisas del otro sector, cuando ello deviene posible.
Argentina llegaría a ser de ese modo, al mismo tiempo, una poderosa Estados Unidos agraria y una esmirriada Somalía de industrias pobres y empleo precario. Como todos podemos suponer; un país absurdo, digno de algún buen documental surrealista.
Analizar y sopesar estos desafíos y tomar la decisión de impulsar iniciativas como la planteada o continuar ejerciendo otras formas de control de los precios que inciden en la canasta familiar, constituye un interrogante abierto ante el Gobierno.
