Liliana Franco
En el Gobierno ahora comenzaron a plantearse algunas dudas acerca del posible resultado del blanqueo y ya hay quienes temen que el ingreso de activos al circuito legal no sea tan importante como se pensó inicialmente. Caber recordar que en un primer momento se habló de que podría obtenerse unos u$s 20.000 millones por el blanqueo, cifra que comenzó a elevarse hasta llegar en algunos casos a especular con una exteriorización del orden de los u$s80.000 millones.
En el seno del Gabinete Nacional desde un primer momento hubo diferentes miradas sobre el posible resultado estaban: los moderados -conformes con u$s20.000 M-; los optimistas -entre u$s 40.000 y u$s 80.000 M- y los pesimistas o ¿realistas? «felices si superamos los u$s10.000 M», confiesan al tiempo que recuerdan que en el anterior blanqueo -cuya operatoria era más fácil y además se aclaraba que no sería perseguido- se blanquearon unos u$s 4.500 millones.
Si bien reconocen que aún es muy prematuro de todas maneras en la Rosada no dejan de comentar con asombro que solo se habrían blanqueado menos de u$s 60 millones. Cabe recordar que a fin de mes vence el plazo para el blanqueo de efectivo.
Existe consenso en el Gobierno de no alentar expectativas que luego no se concreten, como ya sucedió con las generadas por «la recuperación en el segundo semestre» o «la lluvia de inversiones» y, en tal sentido, hay funcionarios que señalan que se debe comunicar con cautela.
No extrañan en este contexto las declaraciones del ex presidente del Banco Central, Mario Blejer, en cuanto a que el blanqueo de capitales no va a ser «tan exitoso como el Gobierno quiere», aunque aclaró que la iniciativa «va a tener éxito, porque está muy difícil exponer dinero en el extranjero por acuerdos internacionales, es muy difícil esconderlo», dando a entender que si el resultado es mejor de lo esperado se explicará más por razones exógenas.
De acuerdo con las evaluaciones que se realizan en los estudios contables, distintas cuestiones juegan en contra el régimen de regularización. Una de ellas es que la normativa se considera «compleja y confusa» y argumentan que no han recibido, al menos hasta ahora, todas las aclaraciones que esperaban de las autoridades.
Los funcionarios de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) se encuentran sobrecargados – argumentan – por la celeridad con que se está llevando adelante el blanqueo. También señalan que no contarían con todos los recursos necesarios (entre ellos, la actualización de los equipos informáticos) y que, además, deben atender requerimientos extraordinarios, como los derivados de las numerosas denuncias que tramita la Justicia en materia de corrupción.
A su vez, en medios oficiales se quejan por lo que consideran «una baja colaboración por parte de los bancos». Esta información es corroborada por los contadores que señalan que las entidades ponen limitaciones a sus clientes para abrir las cuentas especiales para el blanqueo – y mucho más si no son clientes -. Además, requieren para la apertura que los montos sean razonables con el patrimonio declarado. Peor aún, sostienen que las dificultades no se limitan a la banca privada, sino que también encuentran inconvenientes en las entidades oficiales.
La obligación de mantener inmovilizado por seis meses el dinero en efectivo que se declaró es una obligación que también genera resistencias por parte de los contribuyentes, según afirman los contadores, amén de los interrogantes que todavía subsisten sobre la forma de concretar la operatoria.
Las opciones financieras ofrecidas por el Gobierno tampoco generan mayor entusiasmo. Particularmente, el bono a tres años que no paga interés, es intransferible y no negociable es uno de los menos atractivos, precisamente porque no tiene renta y resulta ilíquido.
Hay otras cuestiones prácticas, como que la normativa del blanqueo obliga a presentar información que en muchos casos no es fácil conseguir. Por citar sólo un ejemplo, en distintas localidades del interior es difícil encontrar martilleros públicos matriculados para realizar la tasación que se demanda para el blanqueo de inmuebles.
Entre las cuestiones más de fondo, distintos factores generan incertidumbre entre los contribuyentes. Uno es que, a diferencia de regímenes de exteriorización sancionados en el pasado, en el presente no está explícito que el contribuyente que regularice no sea motivo de posteriores investigaciones.
También complica que las provincias deban adherir al régimen de sinceramiento fiscal. Por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, se requiere de la sanción de la Cámara de Diputados para que los contribuyentes queden liberados del pago de los impuestos sobe los ingresos brutos, trasmisión gratuita de bienes, sellos y tasas retributivas de servicios.
Desde una perspectiva de más largo plazo, entre los contribuyentes existen dudas por la posibilidad que el Gobierno pueda en el futuro redoblar la carga impositiva sobre quienes ahora blanqueen – y más aún si hubiera un cambio de color político que diera lugar a una conducción con una orientación más proclive a la distribución del ingreso -.
Por lo pronto, entre los economistas privados se comenta que los lineamientos del proyecto de Presupuesto para 2017 contienen supuestos optimistas para los ingresos y metas de recorte del gasto difícil de alcanzar. Dicho de otra forma, se teme que, pasado el año electoral, el Gobierno decida retomar el sendero del ajuste redoblando la carga fiscal entre otros, sobre los que han blanqueado.
En tal sentido, un informe de Ecolatina señala que se destaca dentro de los impuestos la recaudación del IVA, con una suba del 26% anual para el próximo año según el proyecto de presupuesto, es decir casi tres puntos por encima de la combinación de actividad e inflación. Para la consultora, «este guarismo luce elevado ya que el Presupuesto supone un crecimiento del consumo en línea con el PBI, y habría un impacto negativo en los primeros meses por la Ley PyME y de alrededor de $ 17.000 millones por la devolución a la Canasta Básica»
Por su parte, agrega, la recaudación por Ganancias (+28% anual) también parece elevada, sobre todo teniendo en cuenta que estiman $ 10.500 millones menos por las inversiones de las PyMEs (por el pago a cuenta de ganancias por las inversiones productivas), y que los ingresos de las empresas en 2016 habrían caído (como consecuencia de la recesión).
En cuanto al gasto, según un estudio de la consultora ACM existen riesgos de incumplimiento por las presiones salariales, la propia inflación y la naturaleza «electoral» de 2017. Particularmente, considera de «muy difícil cumplimiento» el ahorro fiscal de casi 2 puntos del PBI relacionado con la reducción de los subsidios económicos – una caída nominal superior al 30% – en virtud de las dificultades observadas este año, cuando el gobierno no pudo imponer los ajustes de tarifas inicialmente anunciados.
De todas formas, entre los economistas privados se considera prematuro hacer un pronóstico definitivo a esta altura sobre el resultado del blanqueo. Pese a las dificultades operativas antes señaladas, cierto es también que el mundo es un lugar cada vez más hostil para los fondos no declarados.
En el Gobierno ahora comenzaron a plantearse algunas dudas acerca del posible resultado del blanqueo y ya hay quienes temen que el ingreso de activos al circuito legal no sea tan importante como se pensó inicialmente. Caber recordar que en un primer momento se habló de que podría obtenerse unos u$s 20.000 millones por el blanqueo, cifra que comenzó a elevarse hasta llegar en algunos casos a especular con una exteriorización del orden de los u$s80.000 millones.
En el seno del Gabinete Nacional desde un primer momento hubo diferentes miradas sobre el posible resultado estaban: los moderados -conformes con u$s20.000 M-; los optimistas -entre u$s 40.000 y u$s 80.000 M- y los pesimistas o ¿realistas? «felices si superamos los u$s10.000 M», confiesan al tiempo que recuerdan que en el anterior blanqueo -cuya operatoria era más fácil y además se aclaraba que no sería perseguido- se blanquearon unos u$s 4.500 millones.
Si bien reconocen que aún es muy prematuro de todas maneras en la Rosada no dejan de comentar con asombro que solo se habrían blanqueado menos de u$s 60 millones. Cabe recordar que a fin de mes vence el plazo para el blanqueo de efectivo.
Existe consenso en el Gobierno de no alentar expectativas que luego no se concreten, como ya sucedió con las generadas por «la recuperación en el segundo semestre» o «la lluvia de inversiones» y, en tal sentido, hay funcionarios que señalan que se debe comunicar con cautela.
No extrañan en este contexto las declaraciones del ex presidente del Banco Central, Mario Blejer, en cuanto a que el blanqueo de capitales no va a ser «tan exitoso como el Gobierno quiere», aunque aclaró que la iniciativa «va a tener éxito, porque está muy difícil exponer dinero en el extranjero por acuerdos internacionales, es muy difícil esconderlo», dando a entender que si el resultado es mejor de lo esperado se explicará más por razones exógenas.
De acuerdo con las evaluaciones que se realizan en los estudios contables, distintas cuestiones juegan en contra el régimen de regularización. Una de ellas es que la normativa se considera «compleja y confusa» y argumentan que no han recibido, al menos hasta ahora, todas las aclaraciones que esperaban de las autoridades.
Los funcionarios de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) se encuentran sobrecargados – argumentan – por la celeridad con que se está llevando adelante el blanqueo. También señalan que no contarían con todos los recursos necesarios (entre ellos, la actualización de los equipos informáticos) y que, además, deben atender requerimientos extraordinarios, como los derivados de las numerosas denuncias que tramita la Justicia en materia de corrupción.
A su vez, en medios oficiales se quejan por lo que consideran «una baja colaboración por parte de los bancos». Esta información es corroborada por los contadores que señalan que las entidades ponen limitaciones a sus clientes para abrir las cuentas especiales para el blanqueo – y mucho más si no son clientes -. Además, requieren para la apertura que los montos sean razonables con el patrimonio declarado. Peor aún, sostienen que las dificultades no se limitan a la banca privada, sino que también encuentran inconvenientes en las entidades oficiales.
La obligación de mantener inmovilizado por seis meses el dinero en efectivo que se declaró es una obligación que también genera resistencias por parte de los contribuyentes, según afirman los contadores, amén de los interrogantes que todavía subsisten sobre la forma de concretar la operatoria.
Las opciones financieras ofrecidas por el Gobierno tampoco generan mayor entusiasmo. Particularmente, el bono a tres años que no paga interés, es intransferible y no negociable es uno de los menos atractivos, precisamente porque no tiene renta y resulta ilíquido.
Hay otras cuestiones prácticas, como que la normativa del blanqueo obliga a presentar información que en muchos casos no es fácil conseguir. Por citar sólo un ejemplo, en distintas localidades del interior es difícil encontrar martilleros públicos matriculados para realizar la tasación que se demanda para el blanqueo de inmuebles.
Entre las cuestiones más de fondo, distintos factores generan incertidumbre entre los contribuyentes. Uno es que, a diferencia de regímenes de exteriorización sancionados en el pasado, en el presente no está explícito que el contribuyente que regularice no sea motivo de posteriores investigaciones.
También complica que las provincias deban adherir al régimen de sinceramiento fiscal. Por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, se requiere de la sanción de la Cámara de Diputados para que los contribuyentes queden liberados del pago de los impuestos sobe los ingresos brutos, trasmisión gratuita de bienes, sellos y tasas retributivas de servicios.
Desde una perspectiva de más largo plazo, entre los contribuyentes existen dudas por la posibilidad que el Gobierno pueda en el futuro redoblar la carga impositiva sobre quienes ahora blanqueen – y más aún si hubiera un cambio de color político que diera lugar a una conducción con una orientación más proclive a la distribución del ingreso -.
Por lo pronto, entre los economistas privados se comenta que los lineamientos del proyecto de Presupuesto para 2017 contienen supuestos optimistas para los ingresos y metas de recorte del gasto difícil de alcanzar. Dicho de otra forma, se teme que, pasado el año electoral, el Gobierno decida retomar el sendero del ajuste redoblando la carga fiscal entre otros, sobre los que han blanqueado.
En tal sentido, un informe de Ecolatina señala que se destaca dentro de los impuestos la recaudación del IVA, con una suba del 26% anual para el próximo año según el proyecto de presupuesto, es decir casi tres puntos por encima de la combinación de actividad e inflación. Para la consultora, «este guarismo luce elevado ya que el Presupuesto supone un crecimiento del consumo en línea con el PBI, y habría un impacto negativo en los primeros meses por la Ley PyME y de alrededor de $ 17.000 millones por la devolución a la Canasta Básica»
Por su parte, agrega, la recaudación por Ganancias (+28% anual) también parece elevada, sobre todo teniendo en cuenta que estiman $ 10.500 millones menos por las inversiones de las PyMEs (por el pago a cuenta de ganancias por las inversiones productivas), y que los ingresos de las empresas en 2016 habrían caído (como consecuencia de la recesión).
En cuanto al gasto, según un estudio de la consultora ACM existen riesgos de incumplimiento por las presiones salariales, la propia inflación y la naturaleza «electoral» de 2017. Particularmente, considera de «muy difícil cumplimiento» el ahorro fiscal de casi 2 puntos del PBI relacionado con la reducción de los subsidios económicos – una caída nominal superior al 30% – en virtud de las dificultades observadas este año, cuando el gobierno no pudo imponer los ajustes de tarifas inicialmente anunciados.
De todas formas, entre los economistas privados se considera prematuro hacer un pronóstico definitivo a esta altura sobre el resultado del blanqueo. Pese a las dificultades operativas antes señaladas, cierto es también que el mundo es un lugar cada vez más hostil para los fondos no declarados.
