La denuncia involucra a 20 efectivos de tres comisarías de la Policía Federal, pero la cifra de sospechados aunque importante es apenas un detalle, considerando que se mencionan aquellos clásicos “negocios” paralelos de la fuerza que son origen de diversas irregularidades. Una de ellas, claramente, involucra aspectos de la denominada “inseguridad”. Es que ayer el Ministerio de Seguridad nacional brindó detalles de una investigación revelando que tiene pruebas concretas para acusar en la justicia a los uniformados por enriquecimiento ilícito, a partir de “cajas” ilegales como la prostitución, comercialización de droga, control de la venta callejera, transporte trucho, “protección” (coimas) a comerciantes y no cumplir con órdenes para procedimientos de prevención.
Fuentes de la cartera, dirigida por Nilda Garré, precisaron a Diario Popular que la investigación se venía desarrollando de manera interna desde hace varios meses, con entrecruzamiento de información financiera de los denunciados (aparecen cuatro comisarios) y el aporte clave de testigos, entre los que se cuentan efectivos de la Policía Federal que colaboraron aportando datos valiosos y de decenas de damnificados por el accionar delictivo.
El cúmulo de datos en la denuncia ya fue elevada a la justicia y pone en la mira a funcionarios policiales de las seccionales 7ma (Balvanera), 28ta (Barracas) y 44ta (Versailles). En rigor, los expedientes surgidos a partir de la investigación son tres, con presentación de pruebas por adquisición injustificada de casas y departamentos, yates, vehículos y otros bienes suntuosos. Voceros ministeriales contaron que, por ejemplo, varios implicados “se hizo un pormenorizado seguimiento de sus ingresos oficiales y resultaba claro que el estilo de vida que llevaban se sostenía por otros ingresos”.
La pesquisa se llevó adelante en el marco de la colaboración de distintas áreas competentes del Ministerio de Seguridad, de manera sigilosa y, como se dijo, con el aporte de muchos efectivos de la fuerza policial. “Los delitos que se les imputan son, entre otros, cohecho y enriquecimiento ilícito”, se indicó oficialmente, precisando que esto incluye “aumentos patrimoniales injustificados, adquisiciones de inmuebles, vehículos, yates y otros bienes suntuosos que no se corresponden con sus ingresos y cuentas bancarias con movimientos irregulares”.
“El origen de las investigaciones corresponde a testimonios de integrantes de la propia fuerza de seguridad y a comerciantes a los que se habría extorsionado para el cobro de dinero por protección policial”, se manifestó.
Pero eso no es todo. Para los investigadores, hay evidencias “concretas y contundentes” de que existieron cobros de coimas para permitir el funcionamiento de prostíbulos, puntos de venta de drogas, venta callejera en estaciones de trenes, servicios de transporte ilegales (que se denominan popularmente combis truchas). Pero también se acusa a los policías de incumplir deliberadamente los procedimientos de prevención del delito dispuestos por el Ministerio de Seguridad (paradas policiales y controles vehiculares previstos en el Plan de Seguridad Urbana), entre otras. “Todo esto genera, también, lo que se llama inseguridad”, se fundamentó, precisando que “se trata de un esquema de corrupción naturalizada que hay que romper dentro de la fuerza, y se valora que muchos efectivos acompañen esta política y hayan colaborado para acumular la mayor cantidad de pruebas”.
Vecinos aportaron a la investigación Información directa
Para la investigación, fue determinante el aporte de numerosos vecinos y comerciantes de los barrios donde funcionan las seccionales involucradas en las denuncias. “Trabajaron con nosotros, brindando información precisa y valiosa sobre el accionar de los uniformados, cobrando coimas por supuesta protección policial. También con otras cajas, como los kioscos de drogas, prostitución, transporte trucho y otros ingresos”, señaló una fuente ministerial
Bienes “suntuosos”
Las causas son tres, en igual cantidad de juzgados. “Hay uniformados que compraron yates, automóviles de alta gama y propiedades en la Costa. Esto comenzó porque la actual administración obliga a los funcionarios policiales a presentar declaración jurada de bienes e ingresos. Así sabemos sus movimientos. Es para destacar el apoyo que tuvimos en el Ministerio de Seguridad por parte de muchísimos policías, y que estamos protegiendo0”, indicó el vocero.
Denuncian intento de secuestro a metros de Tribunales
Una mujer denunció que su hija, una estudiante de 18 años, sufrió un intento de secuestro a la vuelta de los Tribunales de Capital Federal, que se desbarató porque la víctima comenzó a gritar y posteriormente escapó corriendo. “Puede haber un trasfondo de trata”, señaló la denunciante.
“Caminando hacia la parada del colectivo vio a una señora mayor tropezar y caer. Cuando quiso ayudarla sintió una fuerte presión en su brazo y las terribles palabras: ‘No grites, no llores, no hagas nada. Cuando se acerque esa camioneta negra te subís”, sostuvo Lucía Dodds, madre de la chica, en declaraciones periodísticas.
Según ella misma relató la historia terminó bien porque su hija desobedeció las órdenes y empezó a gritar. “Por suerte, por instinto gritó con todas sus fuerzas. Nadie percibía la situación, sólo un señor que la ayudó a liberarse. Ella se detuvo a agradecerle pero él le dijo que empezara a correr. Andate, le dijo. Ahí fue que logró escapar”, manifestó la mujer.
“Mi intención es advertir a otras chicas, mi hija tiene 18 años recién cumplidos, esto fue en Paraná y Tucumán, al mediodía. No estaba en un lugar periférico. Estaba haciendo la vida de cualquier ciudadano”, comentó la madre. Para concluir expresó: “Acá puede haber un trasfondo de trata de mujeres. La ciudad de Buenos Aires está convertida un poco en un prostíbulo”.
Fuentes de la cartera, dirigida por Nilda Garré, precisaron a Diario Popular que la investigación se venía desarrollando de manera interna desde hace varios meses, con entrecruzamiento de información financiera de los denunciados (aparecen cuatro comisarios) y el aporte clave de testigos, entre los que se cuentan efectivos de la Policía Federal que colaboraron aportando datos valiosos y de decenas de damnificados por el accionar delictivo.
El cúmulo de datos en la denuncia ya fue elevada a la justicia y pone en la mira a funcionarios policiales de las seccionales 7ma (Balvanera), 28ta (Barracas) y 44ta (Versailles). En rigor, los expedientes surgidos a partir de la investigación son tres, con presentación de pruebas por adquisición injustificada de casas y departamentos, yates, vehículos y otros bienes suntuosos. Voceros ministeriales contaron que, por ejemplo, varios implicados “se hizo un pormenorizado seguimiento de sus ingresos oficiales y resultaba claro que el estilo de vida que llevaban se sostenía por otros ingresos”.
La pesquisa se llevó adelante en el marco de la colaboración de distintas áreas competentes del Ministerio de Seguridad, de manera sigilosa y, como se dijo, con el aporte de muchos efectivos de la fuerza policial. “Los delitos que se les imputan son, entre otros, cohecho y enriquecimiento ilícito”, se indicó oficialmente, precisando que esto incluye “aumentos patrimoniales injustificados, adquisiciones de inmuebles, vehículos, yates y otros bienes suntuosos que no se corresponden con sus ingresos y cuentas bancarias con movimientos irregulares”.
“El origen de las investigaciones corresponde a testimonios de integrantes de la propia fuerza de seguridad y a comerciantes a los que se habría extorsionado para el cobro de dinero por protección policial”, se manifestó.
Pero eso no es todo. Para los investigadores, hay evidencias “concretas y contundentes” de que existieron cobros de coimas para permitir el funcionamiento de prostíbulos, puntos de venta de drogas, venta callejera en estaciones de trenes, servicios de transporte ilegales (que se denominan popularmente combis truchas). Pero también se acusa a los policías de incumplir deliberadamente los procedimientos de prevención del delito dispuestos por el Ministerio de Seguridad (paradas policiales y controles vehiculares previstos en el Plan de Seguridad Urbana), entre otras. “Todo esto genera, también, lo que se llama inseguridad”, se fundamentó, precisando que “se trata de un esquema de corrupción naturalizada que hay que romper dentro de la fuerza, y se valora que muchos efectivos acompañen esta política y hayan colaborado para acumular la mayor cantidad de pruebas”.
Vecinos aportaron a la investigación Información directa
Para la investigación, fue determinante el aporte de numerosos vecinos y comerciantes de los barrios donde funcionan las seccionales involucradas en las denuncias. “Trabajaron con nosotros, brindando información precisa y valiosa sobre el accionar de los uniformados, cobrando coimas por supuesta protección policial. También con otras cajas, como los kioscos de drogas, prostitución, transporte trucho y otros ingresos”, señaló una fuente ministerial
Bienes “suntuosos”
Las causas son tres, en igual cantidad de juzgados. “Hay uniformados que compraron yates, automóviles de alta gama y propiedades en la Costa. Esto comenzó porque la actual administración obliga a los funcionarios policiales a presentar declaración jurada de bienes e ingresos. Así sabemos sus movimientos. Es para destacar el apoyo que tuvimos en el Ministerio de Seguridad por parte de muchísimos policías, y que estamos protegiendo0”, indicó el vocero.
Denuncian intento de secuestro a metros de Tribunales
Una mujer denunció que su hija, una estudiante de 18 años, sufrió un intento de secuestro a la vuelta de los Tribunales de Capital Federal, que se desbarató porque la víctima comenzó a gritar y posteriormente escapó corriendo. “Puede haber un trasfondo de trata”, señaló la denunciante.
“Caminando hacia la parada del colectivo vio a una señora mayor tropezar y caer. Cuando quiso ayudarla sintió una fuerte presión en su brazo y las terribles palabras: ‘No grites, no llores, no hagas nada. Cuando se acerque esa camioneta negra te subís”, sostuvo Lucía Dodds, madre de la chica, en declaraciones periodísticas.
Según ella misma relató la historia terminó bien porque su hija desobedeció las órdenes y empezó a gritar. “Por suerte, por instinto gritó con todas sus fuerzas. Nadie percibía la situación, sólo un señor que la ayudó a liberarse. Ella se detuvo a agradecerle pero él le dijo que empezara a correr. Andate, le dijo. Ahí fue que logró escapar”, manifestó la mujer.
“Mi intención es advertir a otras chicas, mi hija tiene 18 años recién cumplidos, esto fue en Paraná y Tucumán, al mediodía. No estaba en un lugar periférico. Estaba haciendo la vida de cualquier ciudadano”, comentó la madre. Para concluir expresó: “Acá puede haber un trasfondo de trata de mujeres. La ciudad de Buenos Aires está convertida un poco en un prostíbulo”.
