La llamada sensación térmica depende de factores distintos a la temperatura objetiva y no siempre coincide con ella. De la misma forma, la impresión que tienen los ciudadanos sobre la corrupción política dibuja un negro panorama en el que cada vez hay más casos y, lo que es más negativo, en el que existe impunidad casi absoluta para los implicados. En tiempos de crisis se acentúa esa impresión por motivos obvios, hasta el punto de que, según la encuesta de Metroscopia, un 63% considera que ha crecido la corrupción política; un 54% asegura que es superior a la de otros países y hasta un 95% desconfía de las intenciones de los partidos y de la eficacia de la Justicia para combatirla.
Casos como el de la financiación ilegal de Unió, en el que la Justicia ha tardado 16 años en sentar en el banquillo a los acusados y se ha saldado con un pacto para evitar la cárcel, contribuyen a esa impresión. Se cumplen estrictamente la ley y el proceder habitual de buscar acuerdos con la acusación para aceptar los hechos y evitar la cárcel, pero se elude la ejemplaridad que los ciudadanos exigen por la acumulación de casos. Por eso, hasta un 92% deplora la lentitud de la Justicia hasta el punto de considerar que es ineficaz para combatir la corrupción.
Además, como hay resistencia a la expulsión de la vida política de los acusados, la sensación de impunidad de los corruptos se asienta en la sociedad. De ahí que un 95% de los encuestados denuncie que los partidos tienden a tapar y proteger a sus militantes corruptos en vez de denunciarles y expulsarles. Esa protección es a veces transversal como lo prueba que el Gobierno del PP indultara el pasado mes de marzo a un dirigente de Unió para evitarle la cárcel. A falta de respuesta en los partidos y la Justicia, la salida según la encuesta debe estar para el 87% en una posición intransigente de los ciudadanos a la hora de ir a votar. Es decir, que no se apoye a candidaturas en las que se incluyan a acusados por corrupción. Para un 67%, no obstante, los políticos corruptos son solo una minoría, pero suficiente para poner en entredicho el buen nombre de los demás.
El sondeo es coherente con la impresión de desafección política que muestran todas las encuestas. De hecho, se deduce que si en este momento hubiera elecciones la participación estimada sería de entre el 60 y 62%, es decir, entre 10 y 12 puntos por debajo de la de las elecciones generales de 2011.
Los encuestados son muy críticos con los partidos y el 86% les exige un gran pacto nacional para hacer frente a la crisis económica. A esa petición le sigue el pesimismo del 76% que considera improbable ese acuerdo.
La conclusión es que el 88% reprocha a los actuales partidos que miren por sus intereses y problemas y no los de la sociedad; el 81% asegura que crean más problemas de los que resuelven y el 72% lamenta que sientan los pactos como debilidad y no como fortaleza. También ponen de manifiesto un declive de lo que se conoce como clase política, porque el 66% asegura que los partidos actuales son peores que los de la Transición y el 55% opina que con los de ahora no se hubiera logrado el tránsito a la democracia.
Casos como el de la financiación ilegal de Unió, en el que la Justicia ha tardado 16 años en sentar en el banquillo a los acusados y se ha saldado con un pacto para evitar la cárcel, contribuyen a esa impresión. Se cumplen estrictamente la ley y el proceder habitual de buscar acuerdos con la acusación para aceptar los hechos y evitar la cárcel, pero se elude la ejemplaridad que los ciudadanos exigen por la acumulación de casos. Por eso, hasta un 92% deplora la lentitud de la Justicia hasta el punto de considerar que es ineficaz para combatir la corrupción.
Además, como hay resistencia a la expulsión de la vida política de los acusados, la sensación de impunidad de los corruptos se asienta en la sociedad. De ahí que un 95% de los encuestados denuncie que los partidos tienden a tapar y proteger a sus militantes corruptos en vez de denunciarles y expulsarles. Esa protección es a veces transversal como lo prueba que el Gobierno del PP indultara el pasado mes de marzo a un dirigente de Unió para evitarle la cárcel. A falta de respuesta en los partidos y la Justicia, la salida según la encuesta debe estar para el 87% en una posición intransigente de los ciudadanos a la hora de ir a votar. Es decir, que no se apoye a candidaturas en las que se incluyan a acusados por corrupción. Para un 67%, no obstante, los políticos corruptos son solo una minoría, pero suficiente para poner en entredicho el buen nombre de los demás.
El sondeo es coherente con la impresión de desafección política que muestran todas las encuestas. De hecho, se deduce que si en este momento hubiera elecciones la participación estimada sería de entre el 60 y 62%, es decir, entre 10 y 12 puntos por debajo de la de las elecciones generales de 2011.
Los encuestados son muy críticos con los partidos y el 86% les exige un gran pacto nacional para hacer frente a la crisis económica. A esa petición le sigue el pesimismo del 76% que considera improbable ese acuerdo.
La conclusión es que el 88% reprocha a los actuales partidos que miren por sus intereses y problemas y no los de la sociedad; el 81% asegura que crean más problemas de los que resuelven y el 72% lamenta que sientan los pactos como debilidad y no como fortaleza. También ponen de manifiesto un declive de lo que se conoce como clase política, porque el 66% asegura que los partidos actuales son peores que los de la Transición y el 55% opina que con los de ahora no se hubiera logrado el tránsito a la democracia.
