Cuenta ahora el relato presidencial que, con el propósito de «profundizar el modelo», ha llegado el momento de hacer «sintonía fina» sobre el gasto público, de ponerle «fin a la convertibilidad» y de redimensionar el rol del Banco Central, otorgándole la facultad de discernir cuál es el monto de reservas que debe acumular el país en respaldo de su moneda.
Ya he expresado alguna vez mi creciente preocupación por disertaciones que se exhiben «épicas» y «progresistas», pero que ocultan en realidad importantes retrocesos.
Esas regresiones son fáciles de advertir en el terreno político. Allí el discurso militante se contradice con la conducta de muchos de sus emisores. Son los mismos que alegan sobre la necesidad de no «criminalizar la protesta» y se llaman a silencio repentinamente cuando es promulgada una ley antiterrorista a partir de la cual todos corremos el riesgo de quedar incursos en ella. Es el mismo silencio que se advierte cuando se conoce una extraña «base de datos» en la que se cruza información de dirigentes sociales con la proveniente de presuntos o conocidos criminales.
Lo que se vislumbraba en el terreno político se observa ahora en el ámbito económico y así, mientras se declama seriedad, el sentido común se diluye detrás de los discursos.
Repentinamente, han advertido en los despachos oficiales que el gasto público se ha desmadrado. Es cierto, en los últimos cuatro años ha crecido de un modo veloz. Entonces alguien declama aplicar «sintonía fina». Así, termina abruptamente con todo subsidio y, en lo que parece ser un repentino ataque en pos de la autonomía de la ciudad de Buenos Aires, dispone el traspaso de subtes y de líneas de colectivos al gobierno autónomo. En ambas medidas, más allá de lo declamado, se oculta la desesperación por desinflar el gasto público.
La falacia del discurso es evidente: se delega la administración de los servicios, mientras se retienen los recursos recaudados con el propósito de solventar esos mismos servicios. Entonces, la regla de la «sintonía fina» parece querer decir: «Saquémonos de encima los gastos, pero sigamos recaudando los recursos con los que precisamente atendíamos esos gastos» .
El Gobierno también advirtió que hay que afrontar fuertes compromisos externos justo cuando las cuentas públicas languidecen y la balanza comercial se descompensa en nuestra contra. Preocupado, cree encontrar en las reservas monetarias el remedio justo para saldar aquellas obligaciones y entonces esgrime el discurso que dice poner fin a la convertibilidad y reclama libertad para usar aquellas reservas. Se pretende entonces promover la modificación del sistema legal para que las reservas ya no garanticen el total de la base monetaria. Además, se busca duplicar el actual límite que el Banco Central tiene para hacer transferencias al Tesoro.
Cuando Kirchner liquidó nuestra deuda con el FMI, generó, entre las reservas atesoradas en el Banco Central, aquellas que conocimos como «de libre disponibilidad», es decir, aquellas que excedían el ciento por ciento de la base monetaria. Con todo, Kirchner también se autoimpuso un límite para utilizar esas reservas excedentes: no afectar el respaldo absoluto de la base monetaria en un país con historia inflacionaria y utilizarlas sólo para afrontar pasivos tomados con organismos internacionales de crédito. Es bueno recordar que tomó esa decisión aprovechando la enorme acumulación de ahorros, las cómodas condiciones fiscales que atravesábamos y las ventajas que por entonces asomaban de nuestra balanza comercial. Así lo dijo en los considerandos del DNU que dio vida a las «reservas de libre disponibilidad».
El discurso oficial se esfuerza en señalar que con la modificación legal que impulsan están poniendo fin a la convertibilidad y se está «rescatando» del dogma neoliberal al Banco Central. Pero ambas afirmaciones son falsas. En primer lugar, la convertibilidad se murió con la crisis de 2001. Lo que están matando es la regla de solvencia fiscal que impuso Kirchner. Están favoreciendo la emisión sin respaldo y están convirtiendo al Banco Central en una caja de auxilio financiero de un Estado que ya no registra superávit en su cuentas y cuya balanza comercial sólo exhibe débiles saldos positivos mientras aborta importaciones de manera indiscriminada.
Al Banco Central, a la vez, se lo reconvierte con una lógica más útil a las necesidades fiscales. No es mi propósito cuestionar aquí la lógica teórica de quienes piensan que no es necesario garantizar con reservas la totalidad de la base monetaria. Pero sí pretendo llamar la atención acerca de que el futuro Banco Central devenido en agente financiero del Estado pretende implementarse en el mismo momento en que nuestro país afronta un sostenido crecimiento de los precios jamás atendido desde el Gobierno, una preocupante postergación de la inversión externa directa, un deterioro fiscal evidente y una caída de nuestra capacidad exportadora difícil de ocultar.
Tal vez, si no queremos perder los logros obtenidos, sea hora de advertir que los discursos colmados de palabras heroicas y cifras ampulosas no sirven para hacer frente a una realidad que, día a día, da cuenta de una economía más frágil.
Es necesario advertir que antes que «profundizar el modelo», sería mucho más conveniente no desvirtuarlo.
© La Nacion
El autor, profesor de teoría política, es investigador principal del Conicet.
Ya he expresado alguna vez mi creciente preocupación por disertaciones que se exhiben «épicas» y «progresistas», pero que ocultan en realidad importantes retrocesos.
Esas regresiones son fáciles de advertir en el terreno político. Allí el discurso militante se contradice con la conducta de muchos de sus emisores. Son los mismos que alegan sobre la necesidad de no «criminalizar la protesta» y se llaman a silencio repentinamente cuando es promulgada una ley antiterrorista a partir de la cual todos corremos el riesgo de quedar incursos en ella. Es el mismo silencio que se advierte cuando se conoce una extraña «base de datos» en la que se cruza información de dirigentes sociales con la proveniente de presuntos o conocidos criminales.
Lo que se vislumbraba en el terreno político se observa ahora en el ámbito económico y así, mientras se declama seriedad, el sentido común se diluye detrás de los discursos.
Repentinamente, han advertido en los despachos oficiales que el gasto público se ha desmadrado. Es cierto, en los últimos cuatro años ha crecido de un modo veloz. Entonces alguien declama aplicar «sintonía fina». Así, termina abruptamente con todo subsidio y, en lo que parece ser un repentino ataque en pos de la autonomía de la ciudad de Buenos Aires, dispone el traspaso de subtes y de líneas de colectivos al gobierno autónomo. En ambas medidas, más allá de lo declamado, se oculta la desesperación por desinflar el gasto público.
La falacia del discurso es evidente: se delega la administración de los servicios, mientras se retienen los recursos recaudados con el propósito de solventar esos mismos servicios. Entonces, la regla de la «sintonía fina» parece querer decir: «Saquémonos de encima los gastos, pero sigamos recaudando los recursos con los que precisamente atendíamos esos gastos» .
El Gobierno también advirtió que hay que afrontar fuertes compromisos externos justo cuando las cuentas públicas languidecen y la balanza comercial se descompensa en nuestra contra. Preocupado, cree encontrar en las reservas monetarias el remedio justo para saldar aquellas obligaciones y entonces esgrime el discurso que dice poner fin a la convertibilidad y reclama libertad para usar aquellas reservas. Se pretende entonces promover la modificación del sistema legal para que las reservas ya no garanticen el total de la base monetaria. Además, se busca duplicar el actual límite que el Banco Central tiene para hacer transferencias al Tesoro.
Cuando Kirchner liquidó nuestra deuda con el FMI, generó, entre las reservas atesoradas en el Banco Central, aquellas que conocimos como «de libre disponibilidad», es decir, aquellas que excedían el ciento por ciento de la base monetaria. Con todo, Kirchner también se autoimpuso un límite para utilizar esas reservas excedentes: no afectar el respaldo absoluto de la base monetaria en un país con historia inflacionaria y utilizarlas sólo para afrontar pasivos tomados con organismos internacionales de crédito. Es bueno recordar que tomó esa decisión aprovechando la enorme acumulación de ahorros, las cómodas condiciones fiscales que atravesábamos y las ventajas que por entonces asomaban de nuestra balanza comercial. Así lo dijo en los considerandos del DNU que dio vida a las «reservas de libre disponibilidad».
El discurso oficial se esfuerza en señalar que con la modificación legal que impulsan están poniendo fin a la convertibilidad y se está «rescatando» del dogma neoliberal al Banco Central. Pero ambas afirmaciones son falsas. En primer lugar, la convertibilidad se murió con la crisis de 2001. Lo que están matando es la regla de solvencia fiscal que impuso Kirchner. Están favoreciendo la emisión sin respaldo y están convirtiendo al Banco Central en una caja de auxilio financiero de un Estado que ya no registra superávit en su cuentas y cuya balanza comercial sólo exhibe débiles saldos positivos mientras aborta importaciones de manera indiscriminada.
Al Banco Central, a la vez, se lo reconvierte con una lógica más útil a las necesidades fiscales. No es mi propósito cuestionar aquí la lógica teórica de quienes piensan que no es necesario garantizar con reservas la totalidad de la base monetaria. Pero sí pretendo llamar la atención acerca de que el futuro Banco Central devenido en agente financiero del Estado pretende implementarse en el mismo momento en que nuestro país afronta un sostenido crecimiento de los precios jamás atendido desde el Gobierno, una preocupante postergación de la inversión externa directa, un deterioro fiscal evidente y una caída de nuestra capacidad exportadora difícil de ocultar.
Tal vez, si no queremos perder los logros obtenidos, sea hora de advertir que los discursos colmados de palabras heroicas y cifras ampulosas no sirven para hacer frente a una realidad que, día a día, da cuenta de una economía más frágil.
Es necesario advertir que antes que «profundizar el modelo», sería mucho más conveniente no desvirtuarlo.
© La Nacion
El autor, profesor de teoría política, es investigador principal del Conicet.
