EDITORIAL
Una de las grandes promesas incumplidas del Frente Amplio en su década de gobierno es la reforma del Estado que ofrecía diversos planes pero que terminó con ese ominoso aumento de 50.000 funcionarios públicos producido durante las administraciones de Tabaré Vázquez y José Mujica.
mar nov 4 2014
Tanto en el 2004 como en el 2009 la coalición de izquierda anunció en sus programas de gobierno que uno de sus aportes para modernizar el Estado sería concretar una más afinada selección del nuevo personal a incorporar a las filas de la burocracia estatal. La realidad fue diferente.
Aunque nada de «clientelismo», «amiguismo» o funcionarios «puestos a dedo» había asegurado el Frente Amplio en esas dos campañas electorales, una vez obtenido el mando las puertas de las oficinas públicas se abrieron generosamente para dar cabida a militantes frentistas y otros compañeros de ruta. Para empezar, hubo emblemáticos casos de nepotismo como el protagonizado por Tabaré Vázquez al nombrar a su hermano subsecretario del Interior (posición que conserva hasta la fecha), o el que propició Marina Arismendi al enrolar en su ministerio (Desarrollo Social) a su futuro yerno.
Más allá de estos sonados episodios hubo una chorrera de designaciones que estuvieron lejos de pasar por el tan pregonado tamiz del concurso y del examen. Por la vía de los cargos de confianza, pases en comisión y contratación de asesores la planilla de empleados públicos se incrementó a un ritmo parejo. Más allá de la cobertura de las bajas normales en la administración que fueron llenadas por millares en estos diez años, Vázquez y Mujica incorporaron además a unas 25.000 personas en sus respectivos períodos. Da para ponerse a temblar con la sola idea de que el Frente Amplio pudiera gobernar otro quinquenio manteniendo ese flujo de nuevo personal.
En un país en donde según el último censo la población no aumenta y adonde arribaron hace tiempo las modernas tecnologías de la información que simplificaron la función pública, tan desmesurado crecimiento carece de otra justificación que no sean las viejas plagas del estatismo sazonadas por el clientelismo y la demagogia, vicios denunciados por la izquierda desde la oposición y que practicó hasta el hartazgo desde el gobierno.
Es cierto que se crearon nuevos organismos y que el Estado profundizó su labor en ciertas áreas. También es verdad que una porción del aumento corresponde a personas que ya desempeñaban tareas públicas en calidad de contratadas o a título provisorio cuya situación se regularizó en los últimos años. De todos modos ninguna de estas consideraciones alcanza para justificar ese «boom»de 50.000 funcionarios más en una administración pública ya de por sí superpoblada.
Defendiéndose de críticas recibidas por esta política de mano ancha en materia de oportunidades laborales en el Estado, voceros gubernamentales suelen aducir que buena parte de los nombramientos se hicieron en sectores críticos como la seguridad y la educación. Es un argumento que se les vuelve en contra como un boomerang ya que a pesar de robustecer sus cuadros la educación siguió barranca abajo como lo demuestran las cifras de repetición y deserción registradas en Secundaria así como los resultados alcanzados por los estudiantes uruguayos en las pruebas Pisa. Algo similar ocurre con la seguridad en donde el mayor número de efectivos alistados no llegó a reflejarse en una reducción en las estadísticas del crimen puesto que las rapiñas y los asesinatos llegaron en los últimos años a niveles récord en la historia del país.
El panorama general de la burocracia pública resulta aun más desolador si se recuerda que en los gobiernos de Vázquez y Mujica no se adoptaron medidas eficaces para dinamizar el aparato estatal. El promocionado nuevo estatuto del funcionario público, aprobado tiempo atrás entre protestas de los gremios, apenas introdujo cambios en la situación. Entre otras propuestas que quedaron por el camino figuraba la posibilidad de destituir por causas justificadas a los malos funcionarios. Esa y otras iniciativas quedaron en agua de borrajas.
En suma, dos administraciones frentistas legaron un Estado gigantesco, de un peso casi insoportable. Cuesta imaginar que el sector privado y los sufridos contribuyentes puedan soportar la carga de un eventual tercer gobierno de izquierda que siga alimentando semejante mastodonte burocrático.
Una de las grandes promesas incumplidas del Frente Amplio en su década de gobierno es la reforma del Estado que ofrecía diversos planes pero que terminó con ese ominoso aumento de 50.000 funcionarios públicos producido durante las administraciones de Tabaré Vázquez y José Mujica.
mar nov 4 2014
Tanto en el 2004 como en el 2009 la coalición de izquierda anunció en sus programas de gobierno que uno de sus aportes para modernizar el Estado sería concretar una más afinada selección del nuevo personal a incorporar a las filas de la burocracia estatal. La realidad fue diferente.
Aunque nada de «clientelismo», «amiguismo» o funcionarios «puestos a dedo» había asegurado el Frente Amplio en esas dos campañas electorales, una vez obtenido el mando las puertas de las oficinas públicas se abrieron generosamente para dar cabida a militantes frentistas y otros compañeros de ruta. Para empezar, hubo emblemáticos casos de nepotismo como el protagonizado por Tabaré Vázquez al nombrar a su hermano subsecretario del Interior (posición que conserva hasta la fecha), o el que propició Marina Arismendi al enrolar en su ministerio (Desarrollo Social) a su futuro yerno.
Más allá de estos sonados episodios hubo una chorrera de designaciones que estuvieron lejos de pasar por el tan pregonado tamiz del concurso y del examen. Por la vía de los cargos de confianza, pases en comisión y contratación de asesores la planilla de empleados públicos se incrementó a un ritmo parejo. Más allá de la cobertura de las bajas normales en la administración que fueron llenadas por millares en estos diez años, Vázquez y Mujica incorporaron además a unas 25.000 personas en sus respectivos períodos. Da para ponerse a temblar con la sola idea de que el Frente Amplio pudiera gobernar otro quinquenio manteniendo ese flujo de nuevo personal.
En un país en donde según el último censo la población no aumenta y adonde arribaron hace tiempo las modernas tecnologías de la información que simplificaron la función pública, tan desmesurado crecimiento carece de otra justificación que no sean las viejas plagas del estatismo sazonadas por el clientelismo y la demagogia, vicios denunciados por la izquierda desde la oposición y que practicó hasta el hartazgo desde el gobierno.
Es cierto que se crearon nuevos organismos y que el Estado profundizó su labor en ciertas áreas. También es verdad que una porción del aumento corresponde a personas que ya desempeñaban tareas públicas en calidad de contratadas o a título provisorio cuya situación se regularizó en los últimos años. De todos modos ninguna de estas consideraciones alcanza para justificar ese «boom»de 50.000 funcionarios más en una administración pública ya de por sí superpoblada.
Defendiéndose de críticas recibidas por esta política de mano ancha en materia de oportunidades laborales en el Estado, voceros gubernamentales suelen aducir que buena parte de los nombramientos se hicieron en sectores críticos como la seguridad y la educación. Es un argumento que se les vuelve en contra como un boomerang ya que a pesar de robustecer sus cuadros la educación siguió barranca abajo como lo demuestran las cifras de repetición y deserción registradas en Secundaria así como los resultados alcanzados por los estudiantes uruguayos en las pruebas Pisa. Algo similar ocurre con la seguridad en donde el mayor número de efectivos alistados no llegó a reflejarse en una reducción en las estadísticas del crimen puesto que las rapiñas y los asesinatos llegaron en los últimos años a niveles récord en la historia del país.
El panorama general de la burocracia pública resulta aun más desolador si se recuerda que en los gobiernos de Vázquez y Mujica no se adoptaron medidas eficaces para dinamizar el aparato estatal. El promocionado nuevo estatuto del funcionario público, aprobado tiempo atrás entre protestas de los gremios, apenas introdujo cambios en la situación. Entre otras propuestas que quedaron por el camino figuraba la posibilidad de destituir por causas justificadas a los malos funcionarios. Esa y otras iniciativas quedaron en agua de borrajas.
En suma, dos administraciones frentistas legaron un Estado gigantesco, de un peso casi insoportable. Cuesta imaginar que el sector privado y los sufridos contribuyentes puedan soportar la carga de un eventual tercer gobierno de izquierda que siga alimentando semejante mastodonte burocrático.
