El jujeño Morales quiere cobrarle a los extranjeros que usan los hospitales de la provincia y Peña Braun lo trata de ‘valiente’
Gerardo Morales acaba de descolgarse con una nueva iniciativa: el cobro de un seguro obligatorio o un bono (no lo tienen muy claro siquiera los propios funcionarios) a los extranjeros que visiten la provincia. Desde el gobierno jujeño justifican la decisión en el costo que implica para el presupuesto la atención de pacientes de otros países en el sistema público de salud. Sin embargo, a la hora de hablar de estadísticas, no existen datos oficiales sobre el supuesto gasto y los que se encuentran disponibles respecto a cantidad de pacientes de otros países que se atienden en Jujuy no corroboran los dichos de los funcionarios
Mientras desde el gobierno nacional, el jefe de Gabinete Marcos Peña calificó el proyecto de “valiente”, se impone pensar el tema desde dos ejes centrales. El primero, y más importante, tiene que ver con la perspectiva desde la cual se analiza. ¿Se puede pensar un derecho desde la óptica de la rentabilidad? El segundo tiene que ver con si se está utilizando este debate como una nueva maniobra distractiva para no hablar de los verdaderos problemas que afectan a los argentinos y a la economía del país, entre ellos los de las offshore de los CEOs de Cambiemos, que no resisten una pregunta de un periodista en el exterior. La propia Cancillería del gobierno que conduce Evo Morales desmintió haber rechazado brindar asistencia recíproca a los argentinos como titularon durante todo el día los medios hegemónicos: “El Ministerio de Relaciones Exteriores del Estado Plurinacional de Bolivia, aclara que no ha recibido ningún proyecto de Convenio en materia de Asistencia Médica por parte del Gobierno Argentino”.
Susana Cardozo es rubia y tiene los ojos claros, a diferencia de la gran mayoría de los jujeños, descendientes de indígenas como sus vecinos bolivianos. Preside la Fundación Unidos por la Salud. En los pasillos del Hospital Pablo Soria festejó, junto a otros varios médicos, el anuncio del ministro de Salud Gustavo Bouhid en los medios locales. “Sobre el tema de los extranjeros… la verdad que nosotros que estamos acá todos los días con los pacientes. Están cruzando familias enteras a tratarse acá del cáncer y son tratamientos muy caros”, aseguró. Y agregó: “Yo no le puedo dar un número, pero de 10 pacientes que concurren al hospital por lo menos 6 son extranjeros”.
Para el médico Víctor Aramayo, dirigente de la Federación Sindical de Profesionales de la Salud de la Argentina (Fesprosa), el proyecto “es uno más de los anuncios marketineros, en este caso de marketing sanitario. Sirve para calmar las fieras que en nuestra provincia tienen un ocultado, disimulado pero profundo racismo y xenofobia. Despotrican, claman permanentemente con sordina, pero lo hacen, que deberíamos impedir el ingreso de extranjeros, sobre todo de bolivianos y peruanos porque hacen uso de nuestros servicios en general y particularmente de la salud”.
En el Ministerio de Salud de Jujuy, el área de la Dirección Provincial de Hospitales está a cargo de César Mulqui. Allí consultamos.
—¿Cuál es el último registro actualizado de los extranjeros que se atienden en el sistema público de salud?—, se le preguntó.
—El número exacto no lo tenemos y no sacamos porcentuales todavía. Pero de 2014 al 2017 son casi 60 mil pacientes extranjeros de todas las nacionalidades acá en Jujuy.
—¿Tienen el número de cuántos argentinos en el mismo período?
—Sí, lo tenemos, hay estadísticas. Pero no las tengo acá.
—¿Y datos del gasto?
—Registros individuales. Digamos generales no, pero sí puedo dar registros individuales.
De los datos de acceso público, el último registro es de 2016 (http://salud.jujuy.gob.ar/wp-content/uploads/sites/14/2018/01/ANUARIO_EstHosp_2016.pdf). En el anuario de ese año especifica que de un total de 47147 egresos de hospitales de la provincia por departamento de residencia, solo 132 son de “otros países”, aunque tampoco detalla cuáles. En 2015 la cifra fue similar: de 49905 egresos, 193 eran extranjeros. Si se prefiere considerar el número brindado por Mulqui que aseguró que en tres años se atendieron en el sistema público de salud 60 mil extranjeros —sin dar cuenta de qué tipo de consultas o tratamientos realizaron—, sólo en 2016 se atendieron en los hospitales provinciales 2.417.079 consultas totales, incluyendo médicas, no médicas, estudios y tratamientos.
“Es un tema de distracción periodística, porque el impacto real de este grupo de gente que viene específicamente a tratarse a la Argentina y vuelve a sus países es extremadamente bajo en el gasto total de salud”, expresó en relación a este tema el ex ministro de Salud argentino, Daniel Gollan.
En los medios
Desde temprano La Nación publicó en su portal, y otros medios lo replicaron durante todo el día, que “Bolivia rechazó el pedido de la Argentina para la reciprocidad en la atención médica de inmigrantes”. Y dio cuenta de una nota enviada por la Embajada de Argentina en la que proponía al país vecino la firma de un Convenio para alcanzar la reciprocidad. Publicó también parte de un comunicado de la Cancillería boliviana en el que el Ministerio señaló que se efectuaron las consultas pertinentes al Ministerio de Salud y especificaron que se tienen como beneficiarios de la atención integral y protección financiera de salud a todos los nacionales y estantes del territorio nacional que no cuenten con algún seguro de salud y que estén comprendidos dentro de 5 grupos: mujeres embarazadas hasta los 6 meses posteriores al parto; menores de 5 años; mayores de 60; mujeres en edad fértil respecto de la atención sexual y reproductiva y discapacitados.
Sin embargo, el Ministerio de Relaciones Exteriores desmintió haber rechazado firmar un convenio y aclaró que recibió una consulta en términos generales, pero no un proyecto sobre el acuerdo que el gobierno argentino pretendería firmar. Sí recepcionó, señalaron en el comunicado, una nota de la Embajada “como un planteamiento general sobre la intención de suscribir un convenio”, documento transmitido al Ministerio de Salud para su consideración preliminar, que fue respondido haciendo referencia a la normativa vigente en nuestro país.
Efectivamente, en Bolivia no hay un sistema de salud público gratuito como en Argentina. De modo que el gobierno de Gerardo Morales, avalado ahora por el nacional, estaría realizando un pedido de reciprocidad en desigualdad de condiciones.
Tanto Evo Morales como la ministra de Salud de Bolivia, Ariana Campero, dieron cuenta en distintas oportunidades que la meta es lograr un sistema de salud gratuito. El 27 de diciembre de 2017, el mandatario del Palacio Quemado aseguró en su cuenta @evoespueblo: “Con inversión en salud hemos bajado tasa de mortalidad y ampliando expectativa de vida. Podemos mejorar más. Convocamos a Encuentro Nacional por Salud y Vida, a trabajar juntos, debatir entre [email protected] nuevo sistema de salud, sin discriminación, negligencia, mercantilismo, ni racismo”. Sin embargo, todavía no es más que un proyecto.
En ese marco Gollan también recordó que cuando se crearon y desarrollaron los hospitales en diversas ciudades fronterizas en la época de Perón, prácticamente todos los centros de salud tenían una dimensión y recursos muy superiores a los que necesitaban los habitantes de las ciudades del lado argentino. “El concepto del peronismo era que esos hospitales debían estar abiertos a todos los habitantes que vivían del otro lado de la frontera argentina con este concepto de la salud y del acceso a la salud como un derecho humano inalienable para todos los seres humanos”. En ese contexto explicó que “es muy difícil tener un trato simétrico entre, por ejemplo, Argentina y Bolivia o Argentina y Paraguay en temas de prestaciones de salud a ciudadanos de esos países cuando el desarrollo del sistema de salud en nuestro territorio históricamente es mucho más importante”.
Frente a la propuesta del gobierno jujeño de cobrarle un seguro obligatorio a los extranjeros, Gollan señaló que, si se trata de un tema económico hay otras soluciones posibles, pero que “en ninguna circunstancia, deben recaer sobre la prestación del acto de salud hacia el ciudadano. El ciudadano debe ser atendido cuando lo necesita. Se puede hacer un sistema de compensaciones entre países que esté vinculado por ejemplo a que Argentina presente una rendición de determinado tipo de gastos y que esto se discute en el marco de la discusión del precio del gas de Bolivia o cuando se discute la energía que Argentina le compra a Yaciretá, para dar ejemplos”.
En el intento de justificar el proyecto que primero anunció el ministro Bouhid y que, ante la celebrada recepción de la medida por parte de un sector de la sociedad, luego embanderó Morales, el gobernador jujeño brindó declaraciones al multimedio Clarín. Allí explicó que la idea surgió a partir de la visita del Papa Francisco al norte de Chile. “Pusimos en marcha un operativo que trabajaron coordinadamente con el ministerio de salud de Chile. Pasamos tres ambulancias, una a Calama, una a San Pedro de Atacama y una a la ruta. Pero allí había una exigencia de pagar para todos los turistas argentinos para la visita del Papa el SOAPEX que es un seguro obligatorio para personas extranjeras, de accidentes para personas extranjeras. Y la gente no estaba notificada y se le cobraba una multa que era importante en San Pedro de Atacama o Calama”.
El SOAPEX, efectivamente, es un seguro pero que no tiene absolutamente nada que ver con la atención a pacientes extranjeros en el sistema público. Se trata de un seguro obligatorio para vehículos de matrícula extranjera (https://chile.gob.cl/chile/seguro-obligatorio-para-vehiculos-de-matricula-extranjera). El propósito de este seguro exigible en Chile es cubrir los riesgos de muerte y lesiones corporales que sean consecuencia directa de accidentes sufridos por personas transportadas o no transportadas, ocurridos dentro del territorio, en los cuales intervenga un vehículo particular asegurado con matrícula extranjera. Es decir que si una persona viaja a Chile sin vehículo no debe pagar el seguro, así como tampoco deben hacerlo si el auto tiene una cobertura de países limítrofes. En definitiva: la explicación de Morales no tiene ninguna relación con el tema en cuestión.
Impacto legal y sanitario
El abogado Juan Giusti envió, apenas conocida la noticia, una carta documento al ministro Bohuid. Allí planteo que el proyecto impulsado por el mandatario es ilegal. “Violenta el artículo primero del Pacto de San José de Costa Rica que sabemos que está incorporado a la Constitución Nacional donde prohíbe cualquier tipo de discriminación a los extranjeros, a los que son de otras razas, a los que tienen otro color, a los que tienen otro sexo. La constitución jujeña también recepta normas similares en los artículos 21, 43, 69, 70, en el preámbulo, sino que la idea de Bouhid no solo es descabellada sino también ilegal”.
Además, la ley migratoria Argentina establece en su artículo 6 que “el Estado en todas sus jurisdicciones, asegurará el acceso igualitario a los inmigrantes y sus familias en las mismas condiciones de protección, amparo y derechos de los que gozan los nacionales, en particular lo referido a servicios sociales, bienes públicos, salud, educación, justicia, trabajo, empleo y seguridad social. Y en su artículo 8 indica que “no podrá negársele o restringírsele en ningún caso, el acceso al derecho a la salud, la asistencia social o atención sa- nitaria a todos los extranjeros que lo requieran, cualquiera sea su situación migratoria. Las autoridades de los establecimientos sanitarios deberán brindar orientación y respecto de los trámites correspondientes a los efectos de subsanar la irregularidad migratoria”.
Pero más importante aún, es el impacto sanitario que podría tener una medida de esta naturaleza. Así lo explicó Aramayo: “Si se niega la atención a un paciente, vamos a suponer, con una enfermedad infecciosa por el solo hecho de no tener pagado un seguro, o algún instrumento habilitante para que lo atiendan, cosa que no ocurre hasta ahora, esto podría repercutir en la difusión de esa enfermedad, en la complicación para el paciente de los signos y síntomas de la enfermedad que está padeciendo con vaya a saber qué consecuencias finales”.
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Mientras desde el gobierno nacional, el jefe de Gabinete Marcos Peña calificó el proyecto de “valiente”, se impone pensar el tema desde dos ejes centrales. El primero, y más importante, tiene que ver con la perspectiva desde la cual se analiza. ¿Se puede pensar un derecho desde la óptica de la rentabilidad? El segundo tiene que ver con si se está utilizando este debate como una nueva maniobra distractiva para no hablar de los verdaderos problemas que afectan a los argentinos y a la economía del país, entre ellos los de las offshore de los CEOs de Cambiemos, que no resisten una pregunta de un periodista en el exterior. La propia Cancillería del gobierno que conduce Evo Morales desmintió haber rechazado brindar asistencia recíproca a los argentinos como titularon durante todo el día los medios hegemónicos: “El Ministerio de Relaciones Exteriores del Estado Plurinacional de Bolivia, aclara que no ha recibido ningún proyecto de Convenio en materia de Asistencia Médica por parte del Gobierno Argentino”.
Susana Cardozo es rubia y tiene los ojos claros, a diferencia de la gran mayoría de los jujeños, descendientes de indígenas como sus vecinos bolivianos. Preside la Fundación Unidos por la Salud. En los pasillos del Hospital Pablo Soria festejó, junto a otros varios médicos, el anuncio del ministro de Salud Gustavo Bouhid en los medios locales. “Sobre el tema de los extranjeros… la verdad que nosotros que estamos acá todos los días con los pacientes. Están cruzando familias enteras a tratarse acá del cáncer y son tratamientos muy caros”, aseguró. Y agregó: “Yo no le puedo dar un número, pero de 10 pacientes que concurren al hospital por lo menos 6 son extranjeros”.
Para el médico Víctor Aramayo, dirigente de la Federación Sindical de Profesionales de la Salud de la Argentina (Fesprosa), el proyecto “es uno más de los anuncios marketineros, en este caso de marketing sanitario. Sirve para calmar las fieras que en nuestra provincia tienen un ocultado, disimulado pero profundo racismo y xenofobia. Despotrican, claman permanentemente con sordina, pero lo hacen, que deberíamos impedir el ingreso de extranjeros, sobre todo de bolivianos y peruanos porque hacen uso de nuestros servicios en general y particularmente de la salud”.
En el Ministerio de Salud de Jujuy, el área de la Dirección Provincial de Hospitales está a cargo de César Mulqui. Allí consultamos.
—¿Cuál es el último registro actualizado de los extranjeros que se atienden en el sistema público de salud?—, se le preguntó.
—El número exacto no lo tenemos y no sacamos porcentuales todavía. Pero de 2014 al 2017 son casi 60 mil pacientes extranjeros de todas las nacionalidades acá en Jujuy.
—¿Tienen el número de cuántos argentinos en el mismo período?
—Sí, lo tenemos, hay estadísticas. Pero no las tengo acá.
—¿Y datos del gasto?
—Registros individuales. Digamos generales no, pero sí puedo dar registros individuales.
De los datos de acceso público, el último registro es de 2016 (http://salud.jujuy.gob.ar/wp-content/uploads/sites/14/2018/01/ANUARIO_EstHosp_2016.pdf). En el anuario de ese año especifica que de un total de 47147 egresos de hospitales de la provincia por departamento de residencia, solo 132 son de “otros países”, aunque tampoco detalla cuáles. En 2015 la cifra fue similar: de 49905 egresos, 193 eran extranjeros. Si se prefiere considerar el número brindado por Mulqui que aseguró que en tres años se atendieron en el sistema público de salud 60 mil extranjeros —sin dar cuenta de qué tipo de consultas o tratamientos realizaron—, sólo en 2016 se atendieron en los hospitales provinciales 2.417.079 consultas totales, incluyendo médicas, no médicas, estudios y tratamientos.
“Es un tema de distracción periodística, porque el impacto real de este grupo de gente que viene específicamente a tratarse a la Argentina y vuelve a sus países es extremadamente bajo en el gasto total de salud”, expresó en relación a este tema el ex ministro de Salud argentino, Daniel Gollan.
En los medios
Desde temprano La Nación publicó en su portal, y otros medios lo replicaron durante todo el día, que “Bolivia rechazó el pedido de la Argentina para la reciprocidad en la atención médica de inmigrantes”. Y dio cuenta de una nota enviada por la Embajada de Argentina en la que proponía al país vecino la firma de un Convenio para alcanzar la reciprocidad. Publicó también parte de un comunicado de la Cancillería boliviana en el que el Ministerio señaló que se efectuaron las consultas pertinentes al Ministerio de Salud y especificaron que se tienen como beneficiarios de la atención integral y protección financiera de salud a todos los nacionales y estantes del territorio nacional que no cuenten con algún seguro de salud y que estén comprendidos dentro de 5 grupos: mujeres embarazadas hasta los 6 meses posteriores al parto; menores de 5 años; mayores de 60; mujeres en edad fértil respecto de la atención sexual y reproductiva y discapacitados.
Sin embargo, el Ministerio de Relaciones Exteriores desmintió haber rechazado firmar un convenio y aclaró que recibió una consulta en términos generales, pero no un proyecto sobre el acuerdo que el gobierno argentino pretendería firmar. Sí recepcionó, señalaron en el comunicado, una nota de la Embajada “como un planteamiento general sobre la intención de suscribir un convenio”, documento transmitido al Ministerio de Salud para su consideración preliminar, que fue respondido haciendo referencia a la normativa vigente en nuestro país.
Efectivamente, en Bolivia no hay un sistema de salud público gratuito como en Argentina. De modo que el gobierno de Gerardo Morales, avalado ahora por el nacional, estaría realizando un pedido de reciprocidad en desigualdad de condiciones.
Tanto Evo Morales como la ministra de Salud de Bolivia, Ariana Campero, dieron cuenta en distintas oportunidades que la meta es lograr un sistema de salud gratuito. El 27 de diciembre de 2017, el mandatario del Palacio Quemado aseguró en su cuenta @evoespueblo: “Con inversión en salud hemos bajado tasa de mortalidad y ampliando expectativa de vida. Podemos mejorar más. Convocamos a Encuentro Nacional por Salud y Vida, a trabajar juntos, debatir entre [email protected] nuevo sistema de salud, sin discriminación, negligencia, mercantilismo, ni racismo”. Sin embargo, todavía no es más que un proyecto.
En ese marco Gollan también recordó que cuando se crearon y desarrollaron los hospitales en diversas ciudades fronterizas en la época de Perón, prácticamente todos los centros de salud tenían una dimensión y recursos muy superiores a los que necesitaban los habitantes de las ciudades del lado argentino. “El concepto del peronismo era que esos hospitales debían estar abiertos a todos los habitantes que vivían del otro lado de la frontera argentina con este concepto de la salud y del acceso a la salud como un derecho humano inalienable para todos los seres humanos”. En ese contexto explicó que “es muy difícil tener un trato simétrico entre, por ejemplo, Argentina y Bolivia o Argentina y Paraguay en temas de prestaciones de salud a ciudadanos de esos países cuando el desarrollo del sistema de salud en nuestro territorio históricamente es mucho más importante”.
Frente a la propuesta del gobierno jujeño de cobrarle un seguro obligatorio a los extranjeros, Gollan señaló que, si se trata de un tema económico hay otras soluciones posibles, pero que “en ninguna circunstancia, deben recaer sobre la prestación del acto de salud hacia el ciudadano. El ciudadano debe ser atendido cuando lo necesita. Se puede hacer un sistema de compensaciones entre países que esté vinculado por ejemplo a que Argentina presente una rendición de determinado tipo de gastos y que esto se discute en el marco de la discusión del precio del gas de Bolivia o cuando se discute la energía que Argentina le compra a Yaciretá, para dar ejemplos”.
En el intento de justificar el proyecto que primero anunció el ministro Bouhid y que, ante la celebrada recepción de la medida por parte de un sector de la sociedad, luego embanderó Morales, el gobernador jujeño brindó declaraciones al multimedio Clarín. Allí explicó que la idea surgió a partir de la visita del Papa Francisco al norte de Chile. “Pusimos en marcha un operativo que trabajaron coordinadamente con el ministerio de salud de Chile. Pasamos tres ambulancias, una a Calama, una a San Pedro de Atacama y una a la ruta. Pero allí había una exigencia de pagar para todos los turistas argentinos para la visita del Papa el SOAPEX que es un seguro obligatorio para personas extranjeras, de accidentes para personas extranjeras. Y la gente no estaba notificada y se le cobraba una multa que era importante en San Pedro de Atacama o Calama”.
El SOAPEX, efectivamente, es un seguro pero que no tiene absolutamente nada que ver con la atención a pacientes extranjeros en el sistema público. Se trata de un seguro obligatorio para vehículos de matrícula extranjera (https://chile.gob.cl/chile/seguro-obligatorio-para-vehiculos-de-matricula-extranjera). El propósito de este seguro exigible en Chile es cubrir los riesgos de muerte y lesiones corporales que sean consecuencia directa de accidentes sufridos por personas transportadas o no transportadas, ocurridos dentro del territorio, en los cuales intervenga un vehículo particular asegurado con matrícula extranjera. Es decir que si una persona viaja a Chile sin vehículo no debe pagar el seguro, así como tampoco deben hacerlo si el auto tiene una cobertura de países limítrofes. En definitiva: la explicación de Morales no tiene ninguna relación con el tema en cuestión.
Impacto legal y sanitario
El abogado Juan Giusti envió, apenas conocida la noticia, una carta documento al ministro Bohuid. Allí planteo que el proyecto impulsado por el mandatario es ilegal. “Violenta el artículo primero del Pacto de San José de Costa Rica que sabemos que está incorporado a la Constitución Nacional donde prohíbe cualquier tipo de discriminación a los extranjeros, a los que son de otras razas, a los que tienen otro color, a los que tienen otro sexo. La constitución jujeña también recepta normas similares en los artículos 21, 43, 69, 70, en el preámbulo, sino que la idea de Bouhid no solo es descabellada sino también ilegal”.
Además, la ley migratoria Argentina establece en su artículo 6 que “el Estado en todas sus jurisdicciones, asegurará el acceso igualitario a los inmigrantes y sus familias en las mismas condiciones de protección, amparo y derechos de los que gozan los nacionales, en particular lo referido a servicios sociales, bienes públicos, salud, educación, justicia, trabajo, empleo y seguridad social. Y en su artículo 8 indica que “no podrá negársele o restringírsele en ningún caso, el acceso al derecho a la salud, la asistencia social o atención sa- nitaria a todos los extranjeros que lo requieran, cualquiera sea su situación migratoria. Las autoridades de los establecimientos sanitarios deberán brindar orientación y respecto de los trámites correspondientes a los efectos de subsanar la irregularidad migratoria”.
Pero más importante aún, es el impacto sanitario que podría tener una medida de esta naturaleza. Así lo explicó Aramayo: “Si se niega la atención a un paciente, vamos a suponer, con una enfermedad infecciosa por el solo hecho de no tener pagado un seguro, o algún instrumento habilitante para que lo atiendan, cosa que no ocurre hasta ahora, esto podría repercutir en la difusión de esa enfermedad, en la complicación para el paciente de los signos y síntomas de la enfermedad que está padeciendo con vaya a saber qué consecuencias finales”.
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