A las nueve de la noche de Buenos Aires, ocho en Caracas, aún no había datos oficiales sobre la concurrencia a las elecciones para la Asamblea Nacional Constituyente. La oposición decía que habían votado dos millones y medio de personas. La consulta de PáginaI12 a dos funcionarios del gobierno de Caracas que pidieron reserva de identidad arrojó una respuesta distinta: “Nuestra proyección da ocho millones de votantes”. Y una información cargada de ironía: “Más que Juan Manuel Santos en 2014, porque obtuvo 7.816.986 votos”. Junto con sus colegas de los Estados Unidos, la Argentina y Brasil, el presidente colombiano aparece como uno de los grandes críticos del gobierno venezolano.
Habría que poner ése u otro número en un cuadro de análisis:
Unos 20 millones de venezolanos están en condiciones de sufragar.
Si se considera una asistencia normal del 75 por ciento, el universo normal de votantes debería llegar a 15 millones de personas.
Los que están en contra de Maduro anunciaron que no votarían. Su estrategia fue desconocer la ANC, boicotearla e incluso sabotearla.
Quienes votaron son una mezcla formada por los partidarios de Maduro y los que, sin serlo, consideran que la mayor dosis de violencia responde más a los intentos de desplazar al Gobierno que a la represión del propio Gobierno.
Ocho millones indicarían un voto positivo superior a los siete millones y medio que representan el 50 por ciento.
Es obvio cuál será el escenario inmediato, no solo en Venezuela sino en el exterior: una feroz disputa entre el chavismo y la opositora Mesa de Unidad Democrática, la MUD, sobre el número de votantes.
La disputa de las cifras suena a poco, sin embargo. El escenario es más complejo. Al margen de la mayor o menor simpatía o antipatía que despierte Maduro, lo cierto es que un gobierno desgastado por méritos ajenos y propios logró diseñar una estrategia, llevarla a cabo e introducir una nueva realidad política. Hasta ahora dentro de Venezuela la MUD tenía tres cartas y el gobierno jugaba con otras tres. La oposición contaba con el control de la Asamblea Nacional, con el apoyo de una parte de la ciudadanía, sobre todo de la élite y las clases medias, y con el Poder Ejecutivo de las gobernaciones bajo su control. La principal carta del chavismo era el Poder Ejecutivo nacional. La segunda, el apoyo de una parte del pueblo, sobre todo de los sectores populares. La tercera, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Ahora los chavistas tienen a disposición otra carta más, la Asamblea Nacional Constituyente, que peleará el espacio institucional aun cuando Maduro no tenga fuerza o voluntad para disolver el Congreso.
La presencia de una institución más en el horizonte es la que gatilló la reacción contraria de los gobiernos de la Argentina y de Brasil. ¿Para qué atajarse, si no, como lo hicieron?
A las 17.09 la Cancillería emitió un comunicado que arranca así: “El Gobierno argentino lamenta que el gobierno venezolano, desoyendo los llamados de la comunidad internacional, incluyendo el de los países del Mercosur, haya proseguido con la elección a una asamblea constituyente que no cumple con los requisitos impuestos por la Constitución de ese país”. Anuncia que la Argentina “no reconocerá los resultados de esa elección ilegal”. En rigor no es cierto que el Mercosur haya cuestionado la convocatoria a la ANC. Ésa fue la intención de los gobiernos de la Argentina, Brasil y Paraguay. Pero el canciller uruguayo Rodolfo Nin Novoa batalló contra lo que consideraba un nivel sancionatorio alto y el viernes 21 de julio el documento final de los países del Mercosur no menciona la Constituyente. El presidente boliviano Evo Morales fue más allá y ni siquiera firmó el texto convalidado por los cuatro miembros fundadores del Mercosur más Chile, Colombia y México.
El canciller brasileño Aloysio Nunes publicó una columna en el diario Folha de Sao Paulo en la que “repudia” la convocatoria misma a la ANC. Pronostica que “el país pasará a tener dos órdenes constitucionales y vivirá, por lo tanto, un escenario de anomia”. Nunes es un ex senador. En agosto pasado fue uno de los que votó por el desplazamiento de Dilma Rousseff y participó así del golpe parlamentario contra la presidenta que había sido elegida en 2014 por 54 millones de votos.
Las posturas de los gobiernos de la Argentina y Brasil parecen el prólogo de la presión mayor que podrían ejercer dentro del Mercosur para conseguir, ahora sí, la expulsión virtual de Venezuela. Pero Uruguay, donde el presidente Tabaré Vázquez no es precisamente un chavista, también se apartó del bloque más duro en la última sesión del consejo de la Organización de los Estados Americanos.
El bloque de los duros no parece considerar la gravedad de una escalada con efecto dominó. Colombia, el principal vecino de Venezuela, alcanzó una paz histórica con la guerrilla de las FARC. Cualquier sacudón en Venezuela podría poner en tensión un tablero todavía muy frágil y aumentar los problemas humanitarios. Mientras la crisis de Venezuela genera cada vez más migrantes de clase media hacia los Estados Unidos, Europa y aun la Argentina, no cesa la migración colombiana más humilde hacia Venezuela.
El reto inmediato para Maduro en el plano interno es doble. Debe asegurar el orden democrático sin militarizar el país al estilo usado por Michel Temer en Río de Janeiro y, entretanto, garantizar la logística del abastecimiento de productos básicos. No es poco, pero hasta ayer estaba peor.
Habría que poner ése u otro número en un cuadro de análisis:
Unos 20 millones de venezolanos están en condiciones de sufragar.
Si se considera una asistencia normal del 75 por ciento, el universo normal de votantes debería llegar a 15 millones de personas.
Los que están en contra de Maduro anunciaron que no votarían. Su estrategia fue desconocer la ANC, boicotearla e incluso sabotearla.
Quienes votaron son una mezcla formada por los partidarios de Maduro y los que, sin serlo, consideran que la mayor dosis de violencia responde más a los intentos de desplazar al Gobierno que a la represión del propio Gobierno.
Ocho millones indicarían un voto positivo superior a los siete millones y medio que representan el 50 por ciento.
Es obvio cuál será el escenario inmediato, no solo en Venezuela sino en el exterior: una feroz disputa entre el chavismo y la opositora Mesa de Unidad Democrática, la MUD, sobre el número de votantes.
La disputa de las cifras suena a poco, sin embargo. El escenario es más complejo. Al margen de la mayor o menor simpatía o antipatía que despierte Maduro, lo cierto es que un gobierno desgastado por méritos ajenos y propios logró diseñar una estrategia, llevarla a cabo e introducir una nueva realidad política. Hasta ahora dentro de Venezuela la MUD tenía tres cartas y el gobierno jugaba con otras tres. La oposición contaba con el control de la Asamblea Nacional, con el apoyo de una parte de la ciudadanía, sobre todo de la élite y las clases medias, y con el Poder Ejecutivo de las gobernaciones bajo su control. La principal carta del chavismo era el Poder Ejecutivo nacional. La segunda, el apoyo de una parte del pueblo, sobre todo de los sectores populares. La tercera, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Ahora los chavistas tienen a disposición otra carta más, la Asamblea Nacional Constituyente, que peleará el espacio institucional aun cuando Maduro no tenga fuerza o voluntad para disolver el Congreso.
La presencia de una institución más en el horizonte es la que gatilló la reacción contraria de los gobiernos de la Argentina y de Brasil. ¿Para qué atajarse, si no, como lo hicieron?
A las 17.09 la Cancillería emitió un comunicado que arranca así: “El Gobierno argentino lamenta que el gobierno venezolano, desoyendo los llamados de la comunidad internacional, incluyendo el de los países del Mercosur, haya proseguido con la elección a una asamblea constituyente que no cumple con los requisitos impuestos por la Constitución de ese país”. Anuncia que la Argentina “no reconocerá los resultados de esa elección ilegal”. En rigor no es cierto que el Mercosur haya cuestionado la convocatoria a la ANC. Ésa fue la intención de los gobiernos de la Argentina, Brasil y Paraguay. Pero el canciller uruguayo Rodolfo Nin Novoa batalló contra lo que consideraba un nivel sancionatorio alto y el viernes 21 de julio el documento final de los países del Mercosur no menciona la Constituyente. El presidente boliviano Evo Morales fue más allá y ni siquiera firmó el texto convalidado por los cuatro miembros fundadores del Mercosur más Chile, Colombia y México.
El canciller brasileño Aloysio Nunes publicó una columna en el diario Folha de Sao Paulo en la que “repudia” la convocatoria misma a la ANC. Pronostica que “el país pasará a tener dos órdenes constitucionales y vivirá, por lo tanto, un escenario de anomia”. Nunes es un ex senador. En agosto pasado fue uno de los que votó por el desplazamiento de Dilma Rousseff y participó así del golpe parlamentario contra la presidenta que había sido elegida en 2014 por 54 millones de votos.
Las posturas de los gobiernos de la Argentina y Brasil parecen el prólogo de la presión mayor que podrían ejercer dentro del Mercosur para conseguir, ahora sí, la expulsión virtual de Venezuela. Pero Uruguay, donde el presidente Tabaré Vázquez no es precisamente un chavista, también se apartó del bloque más duro en la última sesión del consejo de la Organización de los Estados Americanos.
El bloque de los duros no parece considerar la gravedad de una escalada con efecto dominó. Colombia, el principal vecino de Venezuela, alcanzó una paz histórica con la guerrilla de las FARC. Cualquier sacudón en Venezuela podría poner en tensión un tablero todavía muy frágil y aumentar los problemas humanitarios. Mientras la crisis de Venezuela genera cada vez más migrantes de clase media hacia los Estados Unidos, Europa y aun la Argentina, no cesa la migración colombiana más humilde hacia Venezuela.
El reto inmediato para Maduro en el plano interno es doble. Debe asegurar el orden democrático sin militarizar el país al estilo usado por Michel Temer en Río de Janeiro y, entretanto, garantizar la logística del abastecimiento de productos básicos. No es poco, pero hasta ayer estaba peor.
