El gobierno nacional tiene la oportunidad histórica de que la reforma electoral que decidió afrontar sea recordada como la ley Sáenz Peña de este siglo.
Aquella reforma revolucionaria estableció el voto universal obligatorio y secreto. Hoy el presidente Macri ratifica esos principios agregándole la transparencia electoral, que se ha venido burlando con innumerables artilugios, como las listas sábanas, la ley de lemas, la falta de prescindencia del manejo de los comicios por parte de las autoridades nacionales y provinciales, el clientelismo en la inducción del voto, la compra lisa y llana de votos, la retención de los DNI el día anterior, el miedo como discurso o el fraude, como se denunció en Salta y Tucumán en las elecciones del último año, sólo por nombrar algunos de ellos.
Durante los últimos 25 años, las elecciones desdobladas dejaron de ser una estrategia electoral para convertirse en el método más eficiente de control del electorado, de la manipulación del votante y del fraude electoral. Alcanza sólo con ver los resultados de ocho de las nueve provincias del Norte Grande en las elecciones de los últimos tiempos.
Por lo tanto, la nueva ley debe ser una ley de aplicación obligatoria para Nación y provincias en el cumplimiento de los postulados de aquélla, y, según mi criterio, debe contemplar varios aspectos.
Será necesario crear un Tribunal Electoral Nacional independiente del Poder Ejecutivo Nacional. Lo mismo deben hacer las provincias y ambos deben trabajar coordinados. Se puede recurrir a los modelos de Chile, México, Brasil, Colombia para encontrar el más conveniente. Ese Tribunal independiente no debería tener una conformación ni política ni partidista, sino judicial, con jueces o camaristas que garanticen imparcialidad con un sistema de integración transparente y sin influencia de ningún poder.
También debería establecerse que la Cámara Nacional Electoral sea el tribunal de alzada ante cualquier planteo y que el Tribunal Electoral Nacional y los provinciales cuenten con presupuesto propio, para no depender de los funcionarios de turno en la puesta en marcha del acto electoral y el control de éste. Sólo esta autoridad podrá decidir el método de elecciones más conveniente, garantizando que si el medio de expresión del voto fuera electrónico, éste debe permitir el posterior recuento manual de un comprobante impreso de la voluntad del ciudadano y la diversidad de opciones hasta encontrar la que más seguridad otorgue a las fuerzas políticas que compiten.
Por otra parte, los códigos fuente contenidos en las máquinas de votación deben ser de propiedad del Estado y de acceso libre respecto de su contenido, cosa que hasta ahora no se logró en los lugares donde se aplica, como ocurrió en Salta, Tierra del Fuego y en la ciudad autónoma de Buenos Aires.
Como puede resultar forzado unificar todos los comicios nacionales, provinciales y municipales, ya que algunos tienen fechas obligatorias distintas por las constituciones locales, como Santa Fe, se debe establecer que el control de los comicios esté integrado conjuntamente por la autoridad nacional y la local, tal como hoy sucede cuando las elecciones son conjuntas. De esta manera, se evita la falta de transparencia de los comicios locales conducidos por autoridades sin ninguna independencia de los gobernadores en la mayoría de los casos. Oponerse a que exista un control conjunto pondría en evidencia las intenciones contrarias a la transparencia.
Quedan otros aspectos importantes que deben discutirse bajo el precepto claro de la participación, la transparencia y la igualdad para las fuerzas políticas. Son normas que no se cumplen, como la cuestión publicitaria, la prohibición de actos oficiales, la difusión de actividades de los gobernantes, por mencionar algunos.
Si bien este gobierno tiene innumerables desafíos, como reconstruir la confianza, recuperar la seguridad jurídica, vencer la pobreza y la corrupción, afianzar la independencia de los poderes, construir la muy necesaria obra pública, este desafío de lograr la transparencia electoral puede convertirse en un hecho histórico que, como dije al principio, sea recordado por siempre en la historia de nuestro país.
Senador de la Nación
Aquella reforma revolucionaria estableció el voto universal obligatorio y secreto. Hoy el presidente Macri ratifica esos principios agregándole la transparencia electoral, que se ha venido burlando con innumerables artilugios, como las listas sábanas, la ley de lemas, la falta de prescindencia del manejo de los comicios por parte de las autoridades nacionales y provinciales, el clientelismo en la inducción del voto, la compra lisa y llana de votos, la retención de los DNI el día anterior, el miedo como discurso o el fraude, como se denunció en Salta y Tucumán en las elecciones del último año, sólo por nombrar algunos de ellos.
Durante los últimos 25 años, las elecciones desdobladas dejaron de ser una estrategia electoral para convertirse en el método más eficiente de control del electorado, de la manipulación del votante y del fraude electoral. Alcanza sólo con ver los resultados de ocho de las nueve provincias del Norte Grande en las elecciones de los últimos tiempos.
Por lo tanto, la nueva ley debe ser una ley de aplicación obligatoria para Nación y provincias en el cumplimiento de los postulados de aquélla, y, según mi criterio, debe contemplar varios aspectos.
Será necesario crear un Tribunal Electoral Nacional independiente del Poder Ejecutivo Nacional. Lo mismo deben hacer las provincias y ambos deben trabajar coordinados. Se puede recurrir a los modelos de Chile, México, Brasil, Colombia para encontrar el más conveniente. Ese Tribunal independiente no debería tener una conformación ni política ni partidista, sino judicial, con jueces o camaristas que garanticen imparcialidad con un sistema de integración transparente y sin influencia de ningún poder.
También debería establecerse que la Cámara Nacional Electoral sea el tribunal de alzada ante cualquier planteo y que el Tribunal Electoral Nacional y los provinciales cuenten con presupuesto propio, para no depender de los funcionarios de turno en la puesta en marcha del acto electoral y el control de éste. Sólo esta autoridad podrá decidir el método de elecciones más conveniente, garantizando que si el medio de expresión del voto fuera electrónico, éste debe permitir el posterior recuento manual de un comprobante impreso de la voluntad del ciudadano y la diversidad de opciones hasta encontrar la que más seguridad otorgue a las fuerzas políticas que compiten.
Por otra parte, los códigos fuente contenidos en las máquinas de votación deben ser de propiedad del Estado y de acceso libre respecto de su contenido, cosa que hasta ahora no se logró en los lugares donde se aplica, como ocurrió en Salta, Tierra del Fuego y en la ciudad autónoma de Buenos Aires.
Como puede resultar forzado unificar todos los comicios nacionales, provinciales y municipales, ya que algunos tienen fechas obligatorias distintas por las constituciones locales, como Santa Fe, se debe establecer que el control de los comicios esté integrado conjuntamente por la autoridad nacional y la local, tal como hoy sucede cuando las elecciones son conjuntas. De esta manera, se evita la falta de transparencia de los comicios locales conducidos por autoridades sin ninguna independencia de los gobernadores en la mayoría de los casos. Oponerse a que exista un control conjunto pondría en evidencia las intenciones contrarias a la transparencia.
Quedan otros aspectos importantes que deben discutirse bajo el precepto claro de la participación, la transparencia y la igualdad para las fuerzas políticas. Son normas que no se cumplen, como la cuestión publicitaria, la prohibición de actos oficiales, la difusión de actividades de los gobernantes, por mencionar algunos.
Si bien este gobierno tiene innumerables desafíos, como reconstruir la confianza, recuperar la seguridad jurídica, vencer la pobreza y la corrupción, afianzar la independencia de los poderes, construir la muy necesaria obra pública, este desafío de lograr la transparencia electoral puede convertirse en un hecho histórico que, como dije al principio, sea recordado por siempre en la historia de nuestro país.
Senador de la Nación
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