Los dos escándalos de Panamá,
de Jean Bouvier
La Ley de Reforma Laboral buscaba agravar la feroz desprotección de los trabajadores, acentuada por las políticas neoconservadoras que llevaban más de una década y la destrucción económica que le hacía yunta. Para el elenco gubernamental de la Alianza, esa herramienta aciaga sería una panacea: el password para recuperar la fe de los inversores extranjeros. Los organismos internacionales de crédito y la gran prensa (local y primermundista) clamaban por su sanción. Un gobierno sumiso a la voz de esos amos obraba en consecuencia.
Por lo general, ni al presidente radical Fernando de la Rúa ni a su sucesor peronista Eduardo Duhalde les faltaron votos para aprobar normas en el Congreso, aunque no contaron con mayoría propia. Diputados o senadores opositores que se retiraban a tiempo, había abstenciones que sumaban al oficialismo… los recursos variaban, los procesos se repetían. El sistema bipartidista a menudo funciona así, como si los antagonistas fueran de un mismo partido.
De todas formas, la reforma laboral parecía demasiado aún para ese bipartidismo acuerdista y aceitado. Hasta que un oportuno cambio de criterio de varios senadores peronistas posibilitó llegar al número imprescindible.
La noche del 26 de abril, varios radicales y un peronista celebraron tras la sesión que aprobó la ley. Se congregaron en un clásico restaurante porteño de comida española. El jefe de la SIDE, Fernando De Santibañes, Enrique Nosiglia, Darío Lopérfido, Antonio de la Rúa, hijo del presidente, entre los boinas blancas. El peronista, sumado al delarruismo, era el ministro de Trabajo, Alberto Flamarique. La cena, acaso, fue su último festejo antes de la caída y rezumaba simbolismo.
En otro lugar de Buenos Aires, en la zona de Recoleta (se supone con buenas pruebas y se trata de corroborar en el juicio oral iniciado ayer) los senadores peronistas se repartían una coima por su viraje. Se habría pagado en efectivo, con fondos sacados de la SIDE. Caso inusual éste en el que el sector privado no aparece como autor del cohecho activo: en general, son particulares los que sobornan funcionarios, magistrados o legisladores. En esta rara (aunque no única) ocasión, tal parece, todo quedó dentro de la corporación política.
La resistencia al proyecto fue encabezada por sectores sindicales, hasta la CGT participó con módico entusiasmo. La CTA y el MTA conducido por Hugo Moyano fueron los pilares de la protesta, que no bastó. El líder camionero fue el destinatario de la famosa frase de Flamarique anticipando el desenlace en el Parlamento: Para los senadores, tengo la Banelco.
Hubo diputados del Frepaso, integrante de la coalición aliancista, que votaron en contra. El resto del oficialismo bancó la ley, algunos considerándola un trago amargo acaso indigno de celebrar con una bien regada cazuela de mariscos. Pero bancando al fin.
El escándalo detonó por filtraciones al periodismo realizadas por senadores peronistas disconformes, con la voz cantante de Antonio Cafiero, quien de todos modos no dio detalles.
Figuras de primer nivel del gobierno exigieron, en flagrante minoría, el esclarecimiento. Las más relevantes y obstinadas fueron el vicepresidente frepasista Carlos Alvarez y el jefe de Gabinete radical Rodolfo Terragno. Chacho renunciaría a su cargo meses después, Terragno sería removido de su ministerio.
La denuncia ganó credibilidad fácilmente en la opinión pública. El senador justicialista por Salta, Antonio Cantarero, confesó la jugada ante la periodista del diario La Nación María Fernanda Villosio. Luego lloverían desmentidas, pero la magnitud de la sospecha era creciente e ilevantable.
Probarlo judicialmente era, siempre lo es, más complicado. Los fondos habrían sido prorrateados entre numerosos participantes: es peliagudo en esos casos seguir la ruta del dinero.
En clave judicial, fue vital la confesión periodística del ex secretario parlamentario Mario Pontaquarto, realizada a la revista TxT.
El arrepentido será el testigo de cargo crucial, como reseñó prolijamente la periodista Ailín Bullentini en Página/12 del lunes. Los otros acusados que están acollarados a Pontaquarto en su suerte futura trataron de desacreditarlo desde el vamos. Ayer mismo, una consultora que trabaja para Fernando de la Rúa volanteó diatribas contra el arrepentido en Comodoro Py.
Pontaquarto atravesó careos, participó en inspecciones oculares ordenadas por el juez federal Daniel Rafecas. Fatigó el despacho presidencial en la Casa Rosada, donde De la Rúa habría dado la orden de arreglar con Santibañes. Y recorrió la SIDE donde se habría entregado la maleta bien provista. Santibañes es un hombre diestro en manejar plata: pasó de empleado mediano de un banco quebrado a ser su dueño. El banco prosperó de sopetón, se hizo millonario. Amigo del ex presidente era de antes, radical no fue nunca, pero dispuso de información calificada para pasar de canillita a campeón.
Rafecas hizo un trabajo notable. Pidió cruzamiento de llamadas de los celulares de los compañeros senadores sospechados. Todos juraban no haber estado ni cerca de la casa de Cantarero, la información dura los contradijo. El teléfono fijo del hogar del salteño delató una llamada particular al domicilio familiar del senador Remo Costanzo, justo esa noche, a la hora de la comida y del reparto.
La prueba circunstancial es notable, la validez que se asigne a la palabra de Pontaquarto será clave para la sentencia. De un proceso penal hablamos, rige la presunción de inocencia, que primará en caso de duda.
Los acusados dilataron el trámite, que insumió plazos vaticanos. Los Tribunales son, en tendencia, chicaneros friendly. No da la impresión que la demora exorbitante sea consecuencia de presiones políticas. Pudo haberlas hasta la renuncia de Chupete De la Rúa. Pero luego el dirigente fue mancha venenosa para sus correligionarios. Santibañes es un advenedizo en la política, nadie rompe media lanza por él. Los senadores peronistas han perdido peso político, Flamarique se volcó a la actividad privada.
La Justicia tarda y se desvirtúa en sus firuletes procesales. No es inocuo porque el transcurso del tiempo deja marcas imborrables: un sospechoso murió, Cantarero no es procesado por estar incapacitado mentalmente.
El veredicto político recorre otros andariveles, a otra velocidad.
La frase que encabeza esta nota es de un historiador marxista francés. La cita debe tomarse casi como una interpretación libre. En esos términos, el cronista la considera clavada para esta historia. El escándalo, la corrupción, se dirimirá en Tribunales. Ahí los acusados tienen ventaja deportiva: sólo serán sancionados si las pruebas son rotundas.
En el espacio político, el veredicto fue pronunciado hace mucho. Fernando de la Rúa fue el peor presidente de la restauración democrática, es un cadáver político. Una enumeración de los motivos de esta justa condena podría prescindir de las coimas senatoriales. Lo central de esos años fue la política económica antinacional, la abdicación ante los poderes financieros, el recorte de jubilaciones y sueldos de estatales, la nula política social, la carencia de cualquier iniciativa progresista o de ampliación de derechos, la nefasta política de derechos humanos, el megacanje, el blindaje, el déficit cero, el corralito, el estado de sitio, la masacre en Plaza de Mayo… y siguen las firmas. Tremebundo legado, al que poco añadirá o restará el pronunciamiento del Tribunal Oral.
No se trata de subestimar la corrupción ni de negarle efecto degradante. Aunque sí de colocarla en contexto y ranquearla en el medallero de la Alianza.
El sistema político potenció su crisis, la propia ley era más nefasta que los sobornos, interpreta este cronista. Un bipartidismo hueco tocó fondo, la mayor crisis socio-económica de la historia nacional cayó en paralelo, como una breva madura. De ese fondo venimos, tan abajo cayó la Argentina. La reforma laboral fue derogada y sustituida por una ley superadora durante el gobierno del presidente Néstor Kirchner. Las secuelas del desbaratamiento del Estado, el arrasamiento de los derechos de los trabajadores y el suicidio económico se siguen combatiendo.
El autor de esta columna siempre les dio (les da) crédito a las denuncias. Consideraría edificante y hasta justa una sentencia en consonancia. Lo desea, si hay evidencias contundentes en un debido proceso. Pero no le caben dudas de que los principales dilemas y desafíos de la Argentina no pasan por Comodoro Py. Que la corrupción fue en esta historia (en casi todas, arriesga) un síntoma de un sistema mucho más vasto y más complejo.
mwainfeld@pagina12.com
