por NATALIA DONATO
El Gobierno escuchó los reclamos de la CGT, pero no quiere que el gasto se dispare
Mientras prepara la convocatoria a una gran mesa tripartita con el objetivo de discutir medidas de consenso con los sectores representantes de los trabajadores y empresarios, el Gobierno afina el lápiz y hace cuentas para anunciar un paquete de beneficios que deje contenta a la CGT pero que a la vez no represente un costo fiscal demasiado elevado. Por lo pronto, las medidas en estudio le implicarían al Estado nacional y provinciales una erogación cercana a los $ 10.000 millones, de acuerdo con los números que manejan en los despachos de la Rosada.
Uno de los reclamos del sindicalismo, planteado en la reunión con varios ministros la semana pasada, fue la exención del Impuesto a las Ganancias sobre el medio aguinaldo que se cobrará en diciembre. El Gobierno tomó esta decisión para el sueldo complementario de junio, pero pocos trabajadores gozaron del beneficio, ya que formó parte de la Ley de Blanqueo y requería hacer un trámite en la AFIP y estar en regla con el organismo. Para eximir de Ganancias al medio aguinaldo de diciembre, el equipo económico tiene definido realizar un corte, es decir, sólo otorgar la mejora a los trabajadores que pagan el impuesto pero que integran la lista de los que menos ganan.
Hoy existe 1,5 millón de empleados en relación de dependencia que tributan el impuesto, de los cuales el 20% paga el 50% y el 80% restante, el otro 50%. La intención oficial es ayudar a ese 80%; y lo haría estableciendo un corte de $ 45.000 brutos que implicaría que para los que cobren hasta ese monto no paguen Ganancias sobre el medio aguinaldo de diciembre. Según los cálculos, esta medida tendría un costo fiscal de $ 3000 millones, gran parte de la cual debería ser afrontada por las provincias.
Uno de los lineamientos que comenzó a hacer trascender el gabinete de Mauricio Macri es que con el paquete en estudio se busca beneficiar a los que menos tienen. En declaraciones radiales, el ministro de Economía, Alfonso Prat-Gay, dejó en claro que «cualquier ayuda que decida el Gobierno será destinada a los sectores más vulnerables» y lo mismo corroboró El Cronista con otra alta fuente consultada. El «corte» para exceptuar de Ganancias al medio aguinaldo es una medida en este sentido, así como también priorizar un bono por única vez para jubilados y beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH).
El número de pasivos asciende a 6,7 millones, de los cuales 4 millones cobran el haber mínimo. Si se le suma además los 3,8 millones de personas que perciben la AUH da un total de casi 8 millones que obtendrían la ayuda. En el Gobierno mencionan una suma de $ 500, equivalente a la ya otorgada en abril, aunque no hay una definición clara al respecto. De avanzar con esta cifra, el costo fiscal alcanzaría los $ 4000 millones.
Por último, en el equipo económico analizan el impacto de otorgar un plus de fin de año a los empleados públicos, que podría rondar los $ 1000. Sin embargo, esta decisión es la que más problemas le generaría al gobierno nacional, ya que los gobernadores e intendentes advierten que si se otorga esta ayuda, acto seguido les llegará el reclamo de sus trabajadores estatales. Y los números provinciales están en rojo, con una proyección de déficit fiscal consolidado de $ 100.000 millones. No está en los planes del Gobierno complicar a las jurisdicciones, señalaron desde jefatura de Gabinete, por lo que esta medida estará sujeta a negociaciones con los gobernadores.
Las fuentes aclararon que mientras que los empleados estatales de Nación suman 200.000, los provinciales, 2,5 millones. En este sentido, otorgar esos $ 1000 de bono al gobierno nacional le costaría $ 200 millones, mientras que a las jurisdicciones, $ 2500 millones.
Ya son varios los mandatarios que advirtieron que no están en condiciones de pagar esa suma fija. El santafesino Miguel Lifschitz enfatizó que no tiene previsto pagar un bono de fin de año, ya que la provincia realizó un importante esfuerzo para cerrar la paritaria y todavía «los índices inflacionarios no superaron el incremento otorgado». «La medida se contradice con lo que el Gobierno viene planteando hasta ahora», sostuvo.
También recalcó que no están en condiciones de abonar el bono de fin de año el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, quien recordó que hace cuatro años que se viene abonando pero que los números del actual ejercicio no lo ameritan.
En cuanto a los trabajadores del sector privado, el Gobierno se comprometió a consultarlos acerca de sus posibilidades de que otorguen una suma fija, pero hasta ahora no hubo convocatoria. De todos modos, prima en el equipo económico la idea de que no todos los sectores tienen las mismas posibilidades como para establecer por decreto un monto general. Una opción viable sería que cada rubro pacte con sus trabaja dores la cifra que puede desembolsar.
El Gobierno escuchó los reclamos de la CGT, pero no quiere que el gasto se dispare
Mientras prepara la convocatoria a una gran mesa tripartita con el objetivo de discutir medidas de consenso con los sectores representantes de los trabajadores y empresarios, el Gobierno afina el lápiz y hace cuentas para anunciar un paquete de beneficios que deje contenta a la CGT pero que a la vez no represente un costo fiscal demasiado elevado. Por lo pronto, las medidas en estudio le implicarían al Estado nacional y provinciales una erogación cercana a los $ 10.000 millones, de acuerdo con los números que manejan en los despachos de la Rosada.
Uno de los reclamos del sindicalismo, planteado en la reunión con varios ministros la semana pasada, fue la exención del Impuesto a las Ganancias sobre el medio aguinaldo que se cobrará en diciembre. El Gobierno tomó esta decisión para el sueldo complementario de junio, pero pocos trabajadores gozaron del beneficio, ya que formó parte de la Ley de Blanqueo y requería hacer un trámite en la AFIP y estar en regla con el organismo. Para eximir de Ganancias al medio aguinaldo de diciembre, el equipo económico tiene definido realizar un corte, es decir, sólo otorgar la mejora a los trabajadores que pagan el impuesto pero que integran la lista de los que menos ganan.
Hoy existe 1,5 millón de empleados en relación de dependencia que tributan el impuesto, de los cuales el 20% paga el 50% y el 80% restante, el otro 50%. La intención oficial es ayudar a ese 80%; y lo haría estableciendo un corte de $ 45.000 brutos que implicaría que para los que cobren hasta ese monto no paguen Ganancias sobre el medio aguinaldo de diciembre. Según los cálculos, esta medida tendría un costo fiscal de $ 3000 millones, gran parte de la cual debería ser afrontada por las provincias.
Uno de los lineamientos que comenzó a hacer trascender el gabinete de Mauricio Macri es que con el paquete en estudio se busca beneficiar a los que menos tienen. En declaraciones radiales, el ministro de Economía, Alfonso Prat-Gay, dejó en claro que «cualquier ayuda que decida el Gobierno será destinada a los sectores más vulnerables» y lo mismo corroboró El Cronista con otra alta fuente consultada. El «corte» para exceptuar de Ganancias al medio aguinaldo es una medida en este sentido, así como también priorizar un bono por única vez para jubilados y beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH).
El número de pasivos asciende a 6,7 millones, de los cuales 4 millones cobran el haber mínimo. Si se le suma además los 3,8 millones de personas que perciben la AUH da un total de casi 8 millones que obtendrían la ayuda. En el Gobierno mencionan una suma de $ 500, equivalente a la ya otorgada en abril, aunque no hay una definición clara al respecto. De avanzar con esta cifra, el costo fiscal alcanzaría los $ 4000 millones.
Por último, en el equipo económico analizan el impacto de otorgar un plus de fin de año a los empleados públicos, que podría rondar los $ 1000. Sin embargo, esta decisión es la que más problemas le generaría al gobierno nacional, ya que los gobernadores e intendentes advierten que si se otorga esta ayuda, acto seguido les llegará el reclamo de sus trabajadores estatales. Y los números provinciales están en rojo, con una proyección de déficit fiscal consolidado de $ 100.000 millones. No está en los planes del Gobierno complicar a las jurisdicciones, señalaron desde jefatura de Gabinete, por lo que esta medida estará sujeta a negociaciones con los gobernadores.
Las fuentes aclararon que mientras que los empleados estatales de Nación suman 200.000, los provinciales, 2,5 millones. En este sentido, otorgar esos $ 1000 de bono al gobierno nacional le costaría $ 200 millones, mientras que a las jurisdicciones, $ 2500 millones.
Ya son varios los mandatarios que advirtieron que no están en condiciones de pagar esa suma fija. El santafesino Miguel Lifschitz enfatizó que no tiene previsto pagar un bono de fin de año, ya que la provincia realizó un importante esfuerzo para cerrar la paritaria y todavía «los índices inflacionarios no superaron el incremento otorgado». «La medida se contradice con lo que el Gobierno viene planteando hasta ahora», sostuvo.
También recalcó que no están en condiciones de abonar el bono de fin de año el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, quien recordó que hace cuatro años que se viene abonando pero que los números del actual ejercicio no lo ameritan.
En cuanto a los trabajadores del sector privado, el Gobierno se comprometió a consultarlos acerca de sus posibilidades de que otorguen una suma fija, pero hasta ahora no hubo convocatoria. De todos modos, prima en el equipo económico la idea de que no todos los sectores tienen las mismas posibilidades como para establecer por decreto un monto general. Una opción viable sería que cada rubro pacte con sus trabaja dores la cifra que puede desembolsar.
