Nestor Kirchner decía que para que el vaso se derramara había que sacudirlo un poco. Esa es la mano del Estado.
La utilización de los excedentes y la teoría del derrame
Por Mario Rapoport *
La teoría neoliberal, que de nuevo se agita en el ambiente preelectoral, es planteada por empresarios devenidos políticos que hicieron tanta plata con el Estado que ahora quieren apropiarse de él completamente. Su fundamento es que para crecer sólo vale una política económica que atienda las denominadas leyes del mercado mientras el Estado debe jugar un rol pasivo para la mayoría (y de la boca para adentro activo para unos pocos), y que el equilibrio macroeconómico, al menos bien maquillado por el aval de organismos internacionales, tiene prioridad sobre cualquier consideración social, de modo de amontonar más deuda. Lo más extraño es que plantean que así la economía tendría un crecimiento virtuoso que a la larga podría beneficiar a todos a través de la teoría del derrame. Pero en las economías periféricas (y ahora también en las centrales) el vaso nunca llega a estar lleno para que esto se produzca. Por un lado, el capitalismo genera crecientes desigualdades que hacen que una porción sustancial del agua sea bebida exclusivamente por minúsculos sectores que calman su sed desmedida o la despilfarran a través de gastos suntuarios o especulativos. Por otro, el vaso tiene múltiples agujeros casi invisibles por los que partes esenciales del líquido se filtran, a través de la fuga de capitales, alimentando la acumulación de los centros del capitalismo mundial o resguardándose en los paraísos fiscales. Por último, los planes de austeridad impuestos al conjunto de la población aseguran que el derrame no se produzca si por esas casualidades el líquido pudiera llegar a desbordar.
Tal cosa pasó en la Argentina durante los 27 años precedentes a la llegada al gobierno de Néstor Kirchner, con la adopción de los postulados neoliberales de la última dictadura militar, que hicieron estragos en los gobiernos democráticos que la sucedieron, especialmente con el menemismo y De la Rúa, alimentados por las mismas políticas de endeudamiento y especulación financiera, a las que agregaron una falsa paridad del tipo de cambio, que terminó produciendo la crisis de 2001. Esos fueron los años económicos perdidos, y no los de la última década, donde se intentó a través del Estado crear las condiciones para que el vaso pudiera llenarse y la distribución del agua no dependiera del derrame sino de políticas públicas. Para la mayoría de la población, ha sido una década ganada. También hubo fallas del Gobierno, es cierto, pero lo principal fue la tenaz oposición a un mejor reparto de las riquezas de parte de los sectores más pudientes, que parecieran olvidar que la pobreza y la indigencia de la mayoría no ofrecen ninguna seguridad de poder disfrutar tranquilamente sus ganancias. La historia del país es testigo de ello.
Esa historia muestra además que la mal llamada teoría del derrame, o mejor dicho del empleo exclusivo del excedente a favor de las clases pudientes, o más claramente de los ricos, no constituye una cuestión coyuntural, creada por la dictadura militar y los gobiernos que la siguieron, sino que se dio con regularidad a través del tiempo, salvo excepciones. Ya en la época del modelo agroexportador, una de las características más destacadas de la oligarquía terrateniente era su cultura fuertemente rentística. Este sector obtenía abundantes ganancias como resultado de la propiedad de grandes fundos rurales, que, gracias a su elevada productividad permitían apropiarse de rentas extraordinarias a nivel mundial. Esa oligarquía, lejos de preocuparse por utilizar el excedente para reinvertirlo, dejó la tarea en manos del capital extranjero (al contrario de lo que ocurrió por ejemplo en Canadá y Australia, entonces dos colonias, que pronto sostuvieron las riendas de sus propias riquezas) utilizando esa acumulación en el consumo extravagante e improductivo: desde costosos viajes a Europa; la construcción de suntuosas mansiones, algunas con bloques de material totalmente importado, como las famosas residencias de Victoria Ocampo; o hasta llegar a liquidar parte de su patrimonio, como cuenta Ricardo Güiraldes en su novela Raucho, para mantener cortesanas europeas de moda.
Según Jim Levy, un historiador australiano que hizo un análisis histórico comparativo entre los dos países, Argentina y Australia, mientras el Estado Argentino era un gobierno de los estancieros, o dicho de otra manera con un gran estancia a su cargo, la intervención estatal en la economía colonial australiana tomaba otros rumbos. Por ejemplo, ya hacia 1900 el gobierno dirigía las más grandes empresas de la economía primaria y del transporte, las comunicaciones y el manejo del agua. A él se le debía el 40 por ciento del total de la formación de capital doméstico, al mismo tiempo que se restringía la existencia de grandes propiedades rurales y se establecía un impuesto a las rentas de la tierra, que luego sería tomado como ejemplo por Raúl Prebisch, quien en un viaje de estudios a ese país, en los años ’20, se inspiró en él para confeccionar un impuesto a los réditos en la Argentina, que recién se implementó en 1932.
Hipólito Yrigoyen fue el primer presidente en intentar imponer impuestos a la renta, para obtener nuevos recursos fiscales, y poder capturar parte de ese excedente extraordinario utilizado en beneficio propio por la oligarquía. Sin embargo, debido a su debilidad en el Congreso, no pudo lograrlo. Sólo como consecuencia de la crisis de 1930 el predominante modelo agroexportador mostró sus límites y los mismos conservadores en el poder, expresión política de aquella oligarquía, necesitaron imponerlo para sustituir las carencias fiscales que resultaban de impuestos establecidos principalmente sobre un decaído comercio exterior. Pese a ello, los estancieros buscaron de inmediato la forma de evadir el pago de éste, convirtiendo sus estancias en sociedades anónimas. De manera tal, que ante el desastre fiscal que eso suponía, el mismo ministro de Hacienda conservador quiso duplicar ese impuesto e imponer otros a las grandes fortunas y a los beneficios extraordinarios, pero sus iniciativas fueron rechazadas sin más por un Senado manejado por su mismo partido.
Por otra parte, las empresas extranjeras, desde las que arribaron al país en la época agroexportadora hasta las que procuraron beneficiarse del proceso de industrialización, en vez de reinvertir las ganancias que obtenían a fin de aumentar la producción o incorporar nuevas tecnologías que permitieran mejorar la competitividad, optaron por repatriarlas a sus países de origen aprovechando una legislación liberal que las favorecía. Lejos de estimular el desarrollo nacional, estas prácticas no hicieron más que profundizar la dependencia e impedir un crecimiento económico sustentable. Sólo la experiencia del peronismo, que dio un rol central al Estado nacional en el manejo de la economía, pudo realizar una distribución de ingresos hacia sectores productivos y trabajadores asalariados. Pero ese intento, que también tuvo grandes resistencias políticas y económicas, duró menos de una década.
Raúl Prebisch llegó a la conclusión de que un país periférico, como la Argentina, nunca lograría desarrollarse plenamente mientras sólo las clases acomodadas se apropien y hagan uso del excedente económico. Según él, los estratos superiores de la sociedad terminaban canalizando la riqueza hacia pautas de consumo improductivas e imitativas del mundo desarrollado o alimentaban con sus fugas los procesos de acumulación del centro.
En los últimos doce años de gobiernos kirchneristas se intentó nuevamente la apropiación de una parte del excedente por el Estado (con las retenciones como una herramienta fundamental, aunque fuertemente resistida con cierto éxito por los intereses agrarios) para redistribuirlo mediante programas orientados a la inclusión social y el desarrollo económico. A ese medio se le agregaron otros, como las de la industrialización, la recuperación del empleo o políticas de desendeudamiento que permitieran desembarazarse del peso de la deuda y de sus organismos de control. Entre otras, las asignaciones universales por hijo, la inclusión previsional, los aumentos salariales y la inversión estatal lograron alcanzar la reconstrucción económica y social del país luego de la peor crisis de su historia.
Sin embargo, hasta nuestros días, el vaso no termina nunca de llenarse y menos aún de derramar su líquido. En septiembre de 2014 las autoridades tributarias de Francia le entregaron a la AFIP información sobre 4040 cuentas bancarias pertenecientes a personas físicas y sociedades argentinas en el banco HSBC de Ginebra. El monto total del dinero no declarado supera los 3500 millones de dólares, es decir, más del 10 por ciento de las reservas internacionales que posee el BCRA en la actualidad. Entre los principales responsables de este hecho ilícito se encuentran el Grupo Fortabat, Cablevisión, Telecom Argentina, Mastellone Hnos., Edesur, entre otras empresas, grupos, banqueros, políticos y empresarios. La AFIP calculó que el dinero evadido desde 2006 (año en que fueron creadas las cuentas), más el pago de la multa por haber cometido tal ilícito, se acercaría a los 62 mil millones de pesos, es decir 2,2 veces el presupuesto asignado a la Asignación Universal por Hijo en 2015. Sin contar los cálculos que en Europa realiza el Tax Justice Network, que ha calculado el dinero argentino en los paraísos fiscales en un monto similar al de nuestro PBI. Y muestra cuán vieja es la costumbre de nuestros sectores pudientes de fugar dinero al exterior.
Este caso debe servir como punta de lanza para abrir un debate en la sociedad acerca de la apropiación y utilización del excedente en la Argentina. Una reforma tributaria integral y progresiva, no parcial y regresiva, es fundamental para profundizar el uso social y productivo del excedente económico por parte del Estado democrático. Por el contrario, no es menos alarmante la presencia de candidatos presidenciales anunciando como políticas centrales la disminución de impuestos para beneficiar sobre todo a los más ricos, y devaluaciones del peso en el mismo sentido. Esto no haría más que desfinanciar nuevamente el Estado y esperar que funcione nuevamente la teoría del derrame, salvo que los sectores populares, ahora en conocimiento de causa, antes de aguardar pacientemente ese milagro hallen la manera de volcar el vaso.
* Profesor emérito de la Universidad de Buenos Aires.
La utilización de los excedentes y la teoría del derrame
Por Mario Rapoport *
La teoría neoliberal, que de nuevo se agita en el ambiente preelectoral, es planteada por empresarios devenidos políticos que hicieron tanta plata con el Estado que ahora quieren apropiarse de él completamente. Su fundamento es que para crecer sólo vale una política económica que atienda las denominadas leyes del mercado mientras el Estado debe jugar un rol pasivo para la mayoría (y de la boca para adentro activo para unos pocos), y que el equilibrio macroeconómico, al menos bien maquillado por el aval de organismos internacionales, tiene prioridad sobre cualquier consideración social, de modo de amontonar más deuda. Lo más extraño es que plantean que así la economía tendría un crecimiento virtuoso que a la larga podría beneficiar a todos a través de la teoría del derrame. Pero en las economías periféricas (y ahora también en las centrales) el vaso nunca llega a estar lleno para que esto se produzca. Por un lado, el capitalismo genera crecientes desigualdades que hacen que una porción sustancial del agua sea bebida exclusivamente por minúsculos sectores que calman su sed desmedida o la despilfarran a través de gastos suntuarios o especulativos. Por otro, el vaso tiene múltiples agujeros casi invisibles por los que partes esenciales del líquido se filtran, a través de la fuga de capitales, alimentando la acumulación de los centros del capitalismo mundial o resguardándose en los paraísos fiscales. Por último, los planes de austeridad impuestos al conjunto de la población aseguran que el derrame no se produzca si por esas casualidades el líquido pudiera llegar a desbordar.
Tal cosa pasó en la Argentina durante los 27 años precedentes a la llegada al gobierno de Néstor Kirchner, con la adopción de los postulados neoliberales de la última dictadura militar, que hicieron estragos en los gobiernos democráticos que la sucedieron, especialmente con el menemismo y De la Rúa, alimentados por las mismas políticas de endeudamiento y especulación financiera, a las que agregaron una falsa paridad del tipo de cambio, que terminó produciendo la crisis de 2001. Esos fueron los años económicos perdidos, y no los de la última década, donde se intentó a través del Estado crear las condiciones para que el vaso pudiera llenarse y la distribución del agua no dependiera del derrame sino de políticas públicas. Para la mayoría de la población, ha sido una década ganada. También hubo fallas del Gobierno, es cierto, pero lo principal fue la tenaz oposición a un mejor reparto de las riquezas de parte de los sectores más pudientes, que parecieran olvidar que la pobreza y la indigencia de la mayoría no ofrecen ninguna seguridad de poder disfrutar tranquilamente sus ganancias. La historia del país es testigo de ello.
Esa historia muestra además que la mal llamada teoría del derrame, o mejor dicho del empleo exclusivo del excedente a favor de las clases pudientes, o más claramente de los ricos, no constituye una cuestión coyuntural, creada por la dictadura militar y los gobiernos que la siguieron, sino que se dio con regularidad a través del tiempo, salvo excepciones. Ya en la época del modelo agroexportador, una de las características más destacadas de la oligarquía terrateniente era su cultura fuertemente rentística. Este sector obtenía abundantes ganancias como resultado de la propiedad de grandes fundos rurales, que, gracias a su elevada productividad permitían apropiarse de rentas extraordinarias a nivel mundial. Esa oligarquía, lejos de preocuparse por utilizar el excedente para reinvertirlo, dejó la tarea en manos del capital extranjero (al contrario de lo que ocurrió por ejemplo en Canadá y Australia, entonces dos colonias, que pronto sostuvieron las riendas de sus propias riquezas) utilizando esa acumulación en el consumo extravagante e improductivo: desde costosos viajes a Europa; la construcción de suntuosas mansiones, algunas con bloques de material totalmente importado, como las famosas residencias de Victoria Ocampo; o hasta llegar a liquidar parte de su patrimonio, como cuenta Ricardo Güiraldes en su novela Raucho, para mantener cortesanas europeas de moda.
Según Jim Levy, un historiador australiano que hizo un análisis histórico comparativo entre los dos países, Argentina y Australia, mientras el Estado Argentino era un gobierno de los estancieros, o dicho de otra manera con un gran estancia a su cargo, la intervención estatal en la economía colonial australiana tomaba otros rumbos. Por ejemplo, ya hacia 1900 el gobierno dirigía las más grandes empresas de la economía primaria y del transporte, las comunicaciones y el manejo del agua. A él se le debía el 40 por ciento del total de la formación de capital doméstico, al mismo tiempo que se restringía la existencia de grandes propiedades rurales y se establecía un impuesto a las rentas de la tierra, que luego sería tomado como ejemplo por Raúl Prebisch, quien en un viaje de estudios a ese país, en los años ’20, se inspiró en él para confeccionar un impuesto a los réditos en la Argentina, que recién se implementó en 1932.
Hipólito Yrigoyen fue el primer presidente en intentar imponer impuestos a la renta, para obtener nuevos recursos fiscales, y poder capturar parte de ese excedente extraordinario utilizado en beneficio propio por la oligarquía. Sin embargo, debido a su debilidad en el Congreso, no pudo lograrlo. Sólo como consecuencia de la crisis de 1930 el predominante modelo agroexportador mostró sus límites y los mismos conservadores en el poder, expresión política de aquella oligarquía, necesitaron imponerlo para sustituir las carencias fiscales que resultaban de impuestos establecidos principalmente sobre un decaído comercio exterior. Pese a ello, los estancieros buscaron de inmediato la forma de evadir el pago de éste, convirtiendo sus estancias en sociedades anónimas. De manera tal, que ante el desastre fiscal que eso suponía, el mismo ministro de Hacienda conservador quiso duplicar ese impuesto e imponer otros a las grandes fortunas y a los beneficios extraordinarios, pero sus iniciativas fueron rechazadas sin más por un Senado manejado por su mismo partido.
Por otra parte, las empresas extranjeras, desde las que arribaron al país en la época agroexportadora hasta las que procuraron beneficiarse del proceso de industrialización, en vez de reinvertir las ganancias que obtenían a fin de aumentar la producción o incorporar nuevas tecnologías que permitieran mejorar la competitividad, optaron por repatriarlas a sus países de origen aprovechando una legislación liberal que las favorecía. Lejos de estimular el desarrollo nacional, estas prácticas no hicieron más que profundizar la dependencia e impedir un crecimiento económico sustentable. Sólo la experiencia del peronismo, que dio un rol central al Estado nacional en el manejo de la economía, pudo realizar una distribución de ingresos hacia sectores productivos y trabajadores asalariados. Pero ese intento, que también tuvo grandes resistencias políticas y económicas, duró menos de una década.
Raúl Prebisch llegó a la conclusión de que un país periférico, como la Argentina, nunca lograría desarrollarse plenamente mientras sólo las clases acomodadas se apropien y hagan uso del excedente económico. Según él, los estratos superiores de la sociedad terminaban canalizando la riqueza hacia pautas de consumo improductivas e imitativas del mundo desarrollado o alimentaban con sus fugas los procesos de acumulación del centro.
En los últimos doce años de gobiernos kirchneristas se intentó nuevamente la apropiación de una parte del excedente por el Estado (con las retenciones como una herramienta fundamental, aunque fuertemente resistida con cierto éxito por los intereses agrarios) para redistribuirlo mediante programas orientados a la inclusión social y el desarrollo económico. A ese medio se le agregaron otros, como las de la industrialización, la recuperación del empleo o políticas de desendeudamiento que permitieran desembarazarse del peso de la deuda y de sus organismos de control. Entre otras, las asignaciones universales por hijo, la inclusión previsional, los aumentos salariales y la inversión estatal lograron alcanzar la reconstrucción económica y social del país luego de la peor crisis de su historia.
Sin embargo, hasta nuestros días, el vaso no termina nunca de llenarse y menos aún de derramar su líquido. En septiembre de 2014 las autoridades tributarias de Francia le entregaron a la AFIP información sobre 4040 cuentas bancarias pertenecientes a personas físicas y sociedades argentinas en el banco HSBC de Ginebra. El monto total del dinero no declarado supera los 3500 millones de dólares, es decir, más del 10 por ciento de las reservas internacionales que posee el BCRA en la actualidad. Entre los principales responsables de este hecho ilícito se encuentran el Grupo Fortabat, Cablevisión, Telecom Argentina, Mastellone Hnos., Edesur, entre otras empresas, grupos, banqueros, políticos y empresarios. La AFIP calculó que el dinero evadido desde 2006 (año en que fueron creadas las cuentas), más el pago de la multa por haber cometido tal ilícito, se acercaría a los 62 mil millones de pesos, es decir 2,2 veces el presupuesto asignado a la Asignación Universal por Hijo en 2015. Sin contar los cálculos que en Europa realiza el Tax Justice Network, que ha calculado el dinero argentino en los paraísos fiscales en un monto similar al de nuestro PBI. Y muestra cuán vieja es la costumbre de nuestros sectores pudientes de fugar dinero al exterior.
Este caso debe servir como punta de lanza para abrir un debate en la sociedad acerca de la apropiación y utilización del excedente en la Argentina. Una reforma tributaria integral y progresiva, no parcial y regresiva, es fundamental para profundizar el uso social y productivo del excedente económico por parte del Estado democrático. Por el contrario, no es menos alarmante la presencia de candidatos presidenciales anunciando como políticas centrales la disminución de impuestos para beneficiar sobre todo a los más ricos, y devaluaciones del peso en el mismo sentido. Esto no haría más que desfinanciar nuevamente el Estado y esperar que funcione nuevamente la teoría del derrame, salvo que los sectores populares, ahora en conocimiento de causa, antes de aguardar pacientemente ese milagro hallen la manera de volcar el vaso.
* Profesor emérito de la Universidad de Buenos Aires.
