Por
Julián Blejmar
Apoyos. Más de 100 miembros del parlamento británico contra los fondos buitre.
La decisión del juez norteamericano Thomas Griesa de sugerirle al Bank of New YorK Mellow que devuelva los 539 millones de dólares que la Argentina había depositado para el pago de la deuda a los bonistas que entraron en el canje, fue la primera de la Justicia estadounidense en no favorecer claramente las peticiones de los fondos buitre, que reclamaban el embargo de estos fondos para cobrar sin descuento parte de los bonos de la deuda argentina en su poder. Hasta el momento, la institución judicial norteamericana había fallado en contra de la Argentina en dos oportunidades, a lo que se agregó la decisión de la Corte Suprema de no tomar la apelación argentina. Concretamente, estos fallos representaban la amenaza de embargar los fondos destinados al pago de la deuda con los acreedores que habían aceptado un descuento en sus acreencias (el 92,4% del total) para pagarles compulsivamente a los buitres. Por eso, la decisión de Griesa, si bien mantiene en pie la posibilidad de que la Argentina entre en cesación de pagos (de no levantarse esta última medida de “devolución de fondos” no se podrá abonar a los bonistas reestructurados), exhibió también que la Justicia norteamericana parece tener reparos a alinearse de forma unilateral con los buitres. Al parecer, el respaldo que en este tema tuvo nuestro país de parte de países y organismos tan diversos como Francia, Estados Unidos, México, Brasil, Venezuela y Uruguay, así como el G-77 + China, el FMI, la Unasur, el Mercosur, o la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (Unctad), además de medios de comunicación y economistas de todos los arcos ideológicos, demostraría que el costo de una salida del conflicto no negociada, será alto no sólo para nuestro país y las finanzas mundiales, sino también para la propia Justicia norteamericana. “Sería deseable, si es posible llegar a un arreglo”, afirmó de hecho Griesa luego de firmar su resolución, ratificando esta última hipótesis. Sucede que además, una posible cesación de pagos, con todos los perjuicios que ello significa no solo para la Argentina sino para el mundo (el 30 de julio es la fecha tope para que los bonistas reestructurados reciban su pago), se convertiría en la primera que no obedecería a razones económicas sino judiciales.
Importantes pasos. La renegociación de la deuda externa fue otra de las exitosas políticas que el gobierno puede exhibir en sus once años de gestión. La herencia recibida, parecía hacerla inmanejable: en 2003 la misma equivalía al 150% del lo producido por el país en forma anual (PBI), mientras que en la actualidad representa el 40% del PBI, lo cual la sitúa muy por debajo de la de muchos países centrales. Pero además, de ese monto adeudado, la mayor parte es deuda intersector público, lo que significa que está expresada mayormente en moneda nacional y que puede además negociarse en función de los intereses nacionales, y no del de los acreedores privados. De hecho, la deuda mantenida con estos últimos solo representa una cifra cercana al 10% del PBI. Así, en dialogo con este medio a fines del años pasado, el prestigioso economista Aldo Ferrer afirmó que “el país ha logrado una conquista fenomenal que es desendeudarse, lo cual es fundamental porque nadie nos viene a decir qué es lo que tenemos que hacer, ya no estamos subordinados al Fondo Monetario ni a lo que dicen los banqueros y acreedores”. Para alcanzar este logro, el gobierno propuso a los acreedores de la deuda –que desde 2001 no recibían pagos ya que la Argentina había declarado el default–, un canje de bonos (en 2005 y 2010) en el que se efectuaba un descuento del 65%, aunque junto con un “cupón PBI” que la Argentina pagaría anualmente en caso de crecer por encima del 3%. El 92,4% de los acreedores aceptó estos descuentos para poder volver a cobrar, y gracias a que el Cupón PBI se abonó en la mayor parte de los años, el descuento que habían aceptado se redujo del inicial estimado 65% a un 40% real. Paralelamente, en 2006 canceló la totalidad de la deuda con el FMI (al que a diferencia de los acreedores privados, nunca se le había dejado de pagar), para finalmente normalizar otros asuntos pendientes con acreedores privados. El año pasado llegó a un arreglo con algunas empresas privadas extranjeras de servicios públicos –que obtuvieron fallos favorables de los tribunales económicos del Banco Mundial–, en condiciones favorables, ya que la indemnización de 500 millones de dólares no fue en dinero efectivo sino en bonos –lo que implica en los hechos una quita de los montos reclamados–, junto al compromiso de las empresas de reinvertir en el país parte de estos capitales. También fue ventajoso para la Argentina el acuerdo obtenido con Repsol por la nacionalización en 2012 del 51% de las acciones de YPF a comienzos de este año, pues se abonó la mitad (cerca de 6.000 millones de dólares) de lo demandado por la petrolera española. En tanto, el acuerdo por la deuda que también se mantenía con países nucleados en el Club de Paris, pareció ser la primera de todas estas negociaciones donde nuestro país no obtuvo una clara ventaja, ya que los “beneficios” fueron repartidos: si bien se acordó una muy baja tasa de interés para los pagos, a cinco años de plazo, y con un esquema ampliamente flexible, se reconoció el monto de deuda que reclamaban los acreedores (9.700 millones de dólares), diferente al del establecido por el propio gobierno (5.912 millones).
Trastrabilleo final. Hasta el momento, el litigio con los buitres parece ser el primero en el que el gobierno no puede exhibir capacidades estratégicas, sino todo lo contrario, más allá de que la última carta jugada (el depósito a los bonistas que entraron al canje) parece haberle dado un respiro. La falta de plan para el caso de que la justicia norteamericana fallara a favor de estos fondos –tal como efectivamente sucedió– quedó expuesta en esta contradicción: El miércoles 18 de junio el ministerio de Economía emitió un comunicado de prensa en el que señaló que, a raíz de la decisión de la Justicia norteamericana de levantar la medida de no innovar (stay) en el litigio con los buitres, nuestro país no depositaría el pago a los acreedores que entraron en el canje (pago que la justicia norteamericana amenazaba con embargar) debido a que “las órdenes del pari passu (tratamiento igualitario para los acreedores) le impedían a la Argentina efectuar el próximo 30 de junio el pago de los cupones de deuda en cumplimiento a sus acreedores reestructurados”, una semana más tarde, el jueves pasado, anunció que sí había depositado 539 de los 832 millones de dólares por el pago de la deuda (capital e intereses) en las cuentas del Bank of New York Mellow, y que “cualquier conducta que pretenda obstaculizar este pago a nuestros acreedores constituye una actitud violatoria del ordenamiento jurídico del derecho público internacional”. Es decir, una estrategia opuesta a la de la semana anterior, que evidenciaba la falta de un plan estudiado. Un déficit mayor si se hubiera tenido en cuenta en que institución recaía la decisión final sobre el litigio con los buitres: la Suprema Corte norteamericana. Hace dos años, el periodista Horacio Verbitsky citó un ensayo de 1996 del jurista Roberto Gargarella, en el que se hacía referencia al origen del poder de la Justicia en Estados Unidos. De acuerdo a Gargarella “existían minorías que debían ser especialmente protegidas”, en referencia a “uno, y sólo a uno, de los posibles grupos minoritarios de la sociedad: el grupo de los acreedores, o grandes propietarios. Claramente, además, no se estaba hablando de un grupo sin poder efectivo, sino del núcleo de los más favorecidos de la sociedad”, lo cual motivó un diseño del poder judicial tendiente a que sus resoluciones fueran “completamente independientes de las decisiones a las que pudiese llegarse a través del debate público”. Ni el paso del tiempo, ni elementos tan centrales como la vida de las personas, parece haber modificado las resoluciones de la Corte norteamericana. Por caso, a mediados de 2008, declaró anticonstitucional una ley vigente desde hacía treinta años en Washington, que prohibía tener armas de fuego. En un país donde más de 30.000 personas mueren anualmente por heridas de bala, la Corte se basó en una Constitución redactada más de dos siglos atrás, que según los especialistas permitía la portación de armas para reasegurar la independencia de Gran Bretaña. La falta de previsión frente a un posible fallo adverso de la Justicia norteamericana, no invalida de todas formas las acciones previas del gobierno en relación con el litigio con los buitres. Un acuerdo previo con estos especuladores, como ahora reclama gran parte de la oposición, habría derribado la clausula RUFO de Derechos Sobre Futuras Ofertas, que implicaba que el 92,4% de los bonistas que aceptó el descuento de la deuda podría demandar a nuestro país si se ofrecían mejores condiciones de pago para el 7,6% restante.
