El fuerte respaldo a la ley de YPF, que hoy podría ser votada por más del 75 por ciento de los diputados, significa un categórico aval a la autoridad de Cristina Kirchner. Pero no alcanzará para borrar ninguna de las consecuencias políticas, financieras e internacionales que conlleva esa decisión.
En efecto, esta noche, cuando se sancione la ley, el único gran ganador será el Gobierno.
Cristina Kirchner no sólo habrá logrado superar el deterioro político que había comenzado a insinuarse durante los primeros meses del año, sino que también habrá descolocado a la oposición.
La oposición que acompañará al Gobierno se congratulará de participar de la celebración oficial. Pero más temprano que tarde advertirá que no serán los protagonistas de la fiesta.
Es cierto que muchos diputados que hoy apoyarán el proyecto oficial obrarán movidos por la convicción de creer que YPF debe ser estatal. Ese sería el caso de los legisladores de Proyecto Sur, del FAP y de algunos radicales. Pero otros muchos lo harán para no ser criticados como defensores de una empresa española. En cualquier caso, los escasos 30 votos de Pro y del Frente Peronista que esta noche rechazarán el proyecto oficial estarán lejos de representar el 45 por ciento de los ciudadanos que no votaron el año último a Cristina Kirchner.
Como fuere, ese respaldo político no será suficiente:
No podrá evitar que crezca la desconfianza internacional, se deteriore aún más el clima de inversiones y aumente el costo del financiamiento internacional.
Tampoco borrará el hecho de que la toma de la empresa fue dispuesta por una vía inconstitucional: el Gobierno decidió primero ocupar YPF mediante una intervención para luego expropiarla sin pagar un dólar. En rigor, la Constitución nacional dice exactamente lo contrario: el Estado debe indemnizar primero y tan sólo luego hacerse cargo de la firma.
Ese fuerte respaldo político tampoco evitará que se promuevan numerosas demandas contra el Estado argentino, tanto en los tribunales extranjeros como en los nacionales. Y, algún día, los argentinos tendremos que pagar esas indemnizaciones.
Los discursos de ayer y hoy serán pura retórica: criticarán el proyecto pero lo votarán. ¿Puede haber mayor gatopardismo?
Tampoco las provincias que ahora reclaman participar en los dividendos usaron el Senado para negociar una posición más favorable.
Una vez más, el Congreso habrá renunciado a su función de control político para decirle sí a la idea de una sola persona, la Presidenta..
En efecto, esta noche, cuando se sancione la ley, el único gran ganador será el Gobierno.
Cristina Kirchner no sólo habrá logrado superar el deterioro político que había comenzado a insinuarse durante los primeros meses del año, sino que también habrá descolocado a la oposición.
La oposición que acompañará al Gobierno se congratulará de participar de la celebración oficial. Pero más temprano que tarde advertirá que no serán los protagonistas de la fiesta.
Es cierto que muchos diputados que hoy apoyarán el proyecto oficial obrarán movidos por la convicción de creer que YPF debe ser estatal. Ese sería el caso de los legisladores de Proyecto Sur, del FAP y de algunos radicales. Pero otros muchos lo harán para no ser criticados como defensores de una empresa española. En cualquier caso, los escasos 30 votos de Pro y del Frente Peronista que esta noche rechazarán el proyecto oficial estarán lejos de representar el 45 por ciento de los ciudadanos que no votaron el año último a Cristina Kirchner.
Como fuere, ese respaldo político no será suficiente:
No podrá evitar que crezca la desconfianza internacional, se deteriore aún más el clima de inversiones y aumente el costo del financiamiento internacional.
Tampoco borrará el hecho de que la toma de la empresa fue dispuesta por una vía inconstitucional: el Gobierno decidió primero ocupar YPF mediante una intervención para luego expropiarla sin pagar un dólar. En rigor, la Constitución nacional dice exactamente lo contrario: el Estado debe indemnizar primero y tan sólo luego hacerse cargo de la firma.
Ese fuerte respaldo político tampoco evitará que se promuevan numerosas demandas contra el Estado argentino, tanto en los tribunales extranjeros como en los nacionales. Y, algún día, los argentinos tendremos que pagar esas indemnizaciones.
Los discursos de ayer y hoy serán pura retórica: criticarán el proyecto pero lo votarán. ¿Puede haber mayor gatopardismo?
Tampoco las provincias que ahora reclaman participar en los dividendos usaron el Senado para negociar una posición más favorable.
Una vez más, el Congreso habrá renunciado a su función de control político para decirle sí a la idea de una sola persona, la Presidenta..