La propuesta se elabora a la par en el Ejecutivo y el Congreso y busca reordenar la normativa laboral en un cuerpo único. Empresarios temen un nuevo avance contra el sector
El Gobierno se propone avanzar el próximo año, en el tramo final de la gestión presidencial de Cristina Fernández, en la sanción de un Código de Trabajo que, además de aggiornar la actual ley de contrato de trabajo con la incorporación de nueva normativa y jurisprudencia en la materia, priorizará el objetivo de poner punto final a la política de flexibilización laboral consagrada en la década del 90. La apuesta del oficialismo con el nuevo código laboral, cuya elaboración progresa en paralelo en despachos del Ejecutivo y a nivel de la representación K en el Congreso, ya despertó fuerte preocupación entre los principales sectores empresarios, que temen por el alcance efectivo de la ampliación de derechos al sector trabajador que el Gobierno se propone con la iniciativa.
En concreto, a los empresarios les inquieta el interés de la administración kirchnerista a apurar algunos temas que son profundamente resistidos por el sector, como la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas, las licencias parentales o la constitución de comités mixtos de seguridad e higiene dentro de las compañías. «Hay mucha preocupación con esto, porque estamos observando avances importantes y no sabemos hasta dónde van a llegar», advirtió el titular de una importante entidad empresaria ante las versiones sobre la aspiración del Gobierno de impulsar un nuevo código de Trabajo. Otro ejecutivo deslizó también sus temores y alertó sobre los efectos de modificar las reglas de juego en materia laboral. «Esto puede ser muy peligroso y más en el actual escenario económico», enfatizó.
Desde el Ejecutivo intentaron minimizar la situación. Fuentes vinculadas a la iniciativa remarcaron que, en línea con el desafío de avanzar con los nuevos códigos Civil, Comercial y Penal, el objetivo es trabajar en la elaboración de un cuerpo normativo que reordene toda la legislación y jurisprudencia en materia de relaciones laborales. Y aclararon que Cristina definirá los tiempos para avanzar con la propuesta. «No hay ningún plazo fijado», afirmaron los voceros, que alertaron sobre las consecuencias de un enfrentamiento del Gobierno con el empresariado en medio del año electoral.
En cambio, entre los sectores kirchneristas del Congreso se muestran más entusiastas con que el proyecto se sancione previo al recambio presidencial y hasta se ilusionan con un anuncio de Cristina en la apertura de sesiones ordinarias, el próximo 1º de marzo.
Más allá de la idea de reordenar en un solo código toda la normativa laboral, ni en los despachos de la Casa Rosada ni en el Parlamento ofrecen detalles sobre el contenido concreto del proyecto. Esa situación, sumada a la pretensión kirchnerista de apurar algunas normas que hagan operativos ciertos preceptos constitucionales, motorizan especulaciones sobre la posibilidad de incorporar en el código iniciativas polémicas como el reparto de utilidades empresarias entre los trabajadores o la posibilidad de ampliar los plazos de las licencias parentales, entre otras cuestiones.
El Gobierno se propone avanzar el próximo año, en el tramo final de la gestión presidencial de Cristina Fernández, en la sanción de un Código de Trabajo que, además de aggiornar la actual ley de contrato de trabajo con la incorporación de nueva normativa y jurisprudencia en la materia, priorizará el objetivo de poner punto final a la política de flexibilización laboral consagrada en la década del 90. La apuesta del oficialismo con el nuevo código laboral, cuya elaboración progresa en paralelo en despachos del Ejecutivo y a nivel de la representación K en el Congreso, ya despertó fuerte preocupación entre los principales sectores empresarios, que temen por el alcance efectivo de la ampliación de derechos al sector trabajador que el Gobierno se propone con la iniciativa.
En concreto, a los empresarios les inquieta el interés de la administración kirchnerista a apurar algunos temas que son profundamente resistidos por el sector, como la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas, las licencias parentales o la constitución de comités mixtos de seguridad e higiene dentro de las compañías. «Hay mucha preocupación con esto, porque estamos observando avances importantes y no sabemos hasta dónde van a llegar», advirtió el titular de una importante entidad empresaria ante las versiones sobre la aspiración del Gobierno de impulsar un nuevo código de Trabajo. Otro ejecutivo deslizó también sus temores y alertó sobre los efectos de modificar las reglas de juego en materia laboral. «Esto puede ser muy peligroso y más en el actual escenario económico», enfatizó.
Desde el Ejecutivo intentaron minimizar la situación. Fuentes vinculadas a la iniciativa remarcaron que, en línea con el desafío de avanzar con los nuevos códigos Civil, Comercial y Penal, el objetivo es trabajar en la elaboración de un cuerpo normativo que reordene toda la legislación y jurisprudencia en materia de relaciones laborales. Y aclararon que Cristina definirá los tiempos para avanzar con la propuesta. «No hay ningún plazo fijado», afirmaron los voceros, que alertaron sobre las consecuencias de un enfrentamiento del Gobierno con el empresariado en medio del año electoral.
En cambio, entre los sectores kirchneristas del Congreso se muestran más entusiastas con que el proyecto se sancione previo al recambio presidencial y hasta se ilusionan con un anuncio de Cristina en la apertura de sesiones ordinarias, el próximo 1º de marzo.
Más allá de la idea de reordenar en un solo código toda la normativa laboral, ni en los despachos de la Casa Rosada ni en el Parlamento ofrecen detalles sobre el contenido concreto del proyecto. Esa situación, sumada a la pretensión kirchnerista de apurar algunas normas que hagan operativos ciertos preceptos constitucionales, motorizan especulaciones sobre la posibilidad de incorporar en el código iniciativas polémicas como el reparto de utilidades empresarias entre los trabajadores o la posibilidad de ampliar los plazos de las licencias parentales, entre otras cuestiones.
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