Mauricio Macri se reunió ayer en la Casa Rosada con el equipo del ministro del Interior, Rogelio Frigerio.Foto:Presidencia
El Gobierno comenzó a reaccionar ante el impacto de la suba de las tarifas en los sectores más vulnerables y en las pequeñas empresas. Bajo un fuerte hermetismo, trabaja en medidas de corte social que Mauricio Macri podría presentar mañana.
En la Casa Rosada manejan como una posibilidad un acto el sábado, aunque no dieron precisiones. Un ministro confió a LA NACION que estaban preparando anuncios para el fin de semana.
El Gobierno viene demorando la puesta en marcha de por lo menos dos promesas que ya hizo públicas el Presidente: la universalización de las asignaciones por hijo y la devolución del IVA de los productos de la canasta básica para los sectores con mayores necesidades. Sin explicaciones del retraso, en la Casa Rosada prometen que habrá un combo de medidas, aunque por el momento las mantienen en secreto. «Es lo que se viene hablando y algo más», confió, misterioso, un funcionario.
La preocupación por la merma en la actividad económica comenzó a sentirse con mayor fuerza en la última semana dentro del gabinete, a partir del impacto de las subas en los servicios, sobre todo de electricidad, gas y transporte. Creen que con la tarifa social podrán abarcar a cerca de tres millones de personas en situación de vulnerabilidad, pero las luces de alarma se encendieron a partir del reclamo de las pequeñas y medianas empresas.
Las pymes comenzaron a hacer llegar sus quejas al Presidente. Dentro del gabinete nacional hay discrepancias por cómo se implementó el plan de ajuste. Si bien defienden la suba de tarifas de los servicios, hay funcionarios que cargan contra el ministro de Producción, Francisco Cabrera, ante la falta de un programa paralelo de ayuda a las empresas, a las que el aumento afectó en sus costos y abrió la puerta a los despidos.
No sólo las demandas de los pequeños empresarios comenzaron a hacer rever el plan oficial. Las encuestas que surgieron en los últimos días sobre la imagen del Presidente vienen mostrando una tendencia a la baja. El Gobierno, de todas maneras, dice que sus propias mediciones todavía no están listas porque las hacen de manera mensual.
En los anuncios trabajó un gabinete interdisciplinario que conforman los ministerios de Desarrollo Social, Hacienda, Trabajo e Interior, a los que sumaron al Consejo de Políticas Sociales. El sábado pasado, el Presidente recibió a un grupo de organizaciones en la quinta de Olivos con la idea de avanzar en las medidas ante el marcado crecimiento de la pobreza, que pasó de 29 por ciento a fines de 2015 a 34,5 en el primer trimestre, según el último informe del Observatorio de la Deuda Social de la UCA.
Ayer, el propio Macri reconoció la crisis y sostuvo que la «etapa de ordenamiento», como llama el Gobierno la suba de tarifas, «ha sido dura sobre todo para aquellos que menos tienen». Como anticipo de lo que vendrá, dijo que está «tratando de acompañar» a los sectores más perjudicados.
«Hemos tenido que tomar muchas decisiones y algunas no han sido tan simpáticas, pero créanme que, además de dolerme, lo hago convencido de que es el camino», explicó durante un acto en la fábrica de Bridgestone, en Llavallol.
El mismo mensaje transmitió el jefe de Gabinete, Marcos Peña. «Vivimos con mucha angustia, preocupación y ocupación la muy delicada situación que viven muchos argentinos», se sumó el ministro coordinador, pero admitió que se trata «del costo del reordenamiento».
La idea de la Casa Rosada es contrarrestar con los anuncios sociales las ventajas que ya tuvieron los sectores beneficiados por la baja en las retenciones, tanto al agro como a la minería, la devaluación del peso y el pago a los fondos buitre.
Como paliativo, el Gobierno ya adelantó la convocatoria al Consejo del Salario para el mes que viene, para avanzar lo más rápido posible en la suba del sueldo básico sin esperar hasta agosto, y en la actualización del seguro de desempleo. Ésa fue la promesa que se llevaron los dirigentes sindicales de lastres CGT con los que se reunió Macri anteayer, en la quinta de Olivos.
Otro de los sectores más afectados fue la construcción. El Gobierno creó el lunes una comisión de seguimiento del sector y espera concretar la construcción de 80.000 viviendas sociales en un plazo de dos años para compensar la caída en el ámbito privado. De ese total, 20.000 serán nuevas obras y el resto, las ya presupuestadas y en proceso de ejecución de la anterior gestión.
Como anticipo, la agencia Télam publicó ayer un informe sobre los beneficios futuros de la eliminación del IVA en la canasta alimentaria, basado en un informe privado que estableció que la medida sacaría a 481.000 personas de la pobreza y 355.000 de la indigencia.
Del editor: qué significa. Urge al Gobierno dar señales de contención ante el malestar generado por la suba de tarifas y precios. Se inicia el camino de los meses más duros
El Gobierno comenzó a reaccionar ante el impacto de la suba de las tarifas en los sectores más vulnerables y en las pequeñas empresas. Bajo un fuerte hermetismo, trabaja en medidas de corte social que Mauricio Macri podría presentar mañana.
En la Casa Rosada manejan como una posibilidad un acto el sábado, aunque no dieron precisiones. Un ministro confió a LA NACION que estaban preparando anuncios para el fin de semana.
El Gobierno viene demorando la puesta en marcha de por lo menos dos promesas que ya hizo públicas el Presidente: la universalización de las asignaciones por hijo y la devolución del IVA de los productos de la canasta básica para los sectores con mayores necesidades. Sin explicaciones del retraso, en la Casa Rosada prometen que habrá un combo de medidas, aunque por el momento las mantienen en secreto. «Es lo que se viene hablando y algo más», confió, misterioso, un funcionario.
La preocupación por la merma en la actividad económica comenzó a sentirse con mayor fuerza en la última semana dentro del gabinete, a partir del impacto de las subas en los servicios, sobre todo de electricidad, gas y transporte. Creen que con la tarifa social podrán abarcar a cerca de tres millones de personas en situación de vulnerabilidad, pero las luces de alarma se encendieron a partir del reclamo de las pequeñas y medianas empresas.
Las pymes comenzaron a hacer llegar sus quejas al Presidente. Dentro del gabinete nacional hay discrepancias por cómo se implementó el plan de ajuste. Si bien defienden la suba de tarifas de los servicios, hay funcionarios que cargan contra el ministro de Producción, Francisco Cabrera, ante la falta de un programa paralelo de ayuda a las empresas, a las que el aumento afectó en sus costos y abrió la puerta a los despidos.
No sólo las demandas de los pequeños empresarios comenzaron a hacer rever el plan oficial. Las encuestas que surgieron en los últimos días sobre la imagen del Presidente vienen mostrando una tendencia a la baja. El Gobierno, de todas maneras, dice que sus propias mediciones todavía no están listas porque las hacen de manera mensual.
En los anuncios trabajó un gabinete interdisciplinario que conforman los ministerios de Desarrollo Social, Hacienda, Trabajo e Interior, a los que sumaron al Consejo de Políticas Sociales. El sábado pasado, el Presidente recibió a un grupo de organizaciones en la quinta de Olivos con la idea de avanzar en las medidas ante el marcado crecimiento de la pobreza, que pasó de 29 por ciento a fines de 2015 a 34,5 en el primer trimestre, según el último informe del Observatorio de la Deuda Social de la UCA.
Ayer, el propio Macri reconoció la crisis y sostuvo que la «etapa de ordenamiento», como llama el Gobierno la suba de tarifas, «ha sido dura sobre todo para aquellos que menos tienen». Como anticipo de lo que vendrá, dijo que está «tratando de acompañar» a los sectores más perjudicados.
«Hemos tenido que tomar muchas decisiones y algunas no han sido tan simpáticas, pero créanme que, además de dolerme, lo hago convencido de que es el camino», explicó durante un acto en la fábrica de Bridgestone, en Llavallol.
El mismo mensaje transmitió el jefe de Gabinete, Marcos Peña. «Vivimos con mucha angustia, preocupación y ocupación la muy delicada situación que viven muchos argentinos», se sumó el ministro coordinador, pero admitió que se trata «del costo del reordenamiento».
La idea de la Casa Rosada es contrarrestar con los anuncios sociales las ventajas que ya tuvieron los sectores beneficiados por la baja en las retenciones, tanto al agro como a la minería, la devaluación del peso y el pago a los fondos buitre.
Como paliativo, el Gobierno ya adelantó la convocatoria al Consejo del Salario para el mes que viene, para avanzar lo más rápido posible en la suba del sueldo básico sin esperar hasta agosto, y en la actualización del seguro de desempleo. Ésa fue la promesa que se llevaron los dirigentes sindicales de lastres CGT con los que se reunió Macri anteayer, en la quinta de Olivos.
Otro de los sectores más afectados fue la construcción. El Gobierno creó el lunes una comisión de seguimiento del sector y espera concretar la construcción de 80.000 viviendas sociales en un plazo de dos años para compensar la caída en el ámbito privado. De ese total, 20.000 serán nuevas obras y el resto, las ya presupuestadas y en proceso de ejecución de la anterior gestión.
Como anticipo, la agencia Télam publicó ayer un informe sobre los beneficios futuros de la eliminación del IVA en la canasta alimentaria, basado en un informe privado que estableció que la medida sacaría a 481.000 personas de la pobreza y 355.000 de la indigencia.
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