GESTIONA LAS PRESTACIONES DE MÁS DE 700.000 ESPAÑOLES QUE VIVEN EN EL EXTRANJERO
El Gobierno del PP ha evitado plasmar en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la adjudicación al banco británico HSBC BANK de la gestión del dinero de las pensiones de la Seguridad Social a los más de 700.000 españoles que viven en el extranjero. La resolución se produjo en marzo y el contrato se formalizó la primera semana de abril pasado, según informaron el Ministerio de Empleo y la afamada entidad. “¿Por qué no se publica en el BOE para que todos los ciudadanos conozcan la operación?”, preguntó el diputado de IU Gaspar Llamazares. “Porque no es necesario”, le ha contestado la ministra del ramo, Fátima Báñez.
Sin emplear el aserto del gracioso Julio Camba –“información, cantidad negativa”–, el Gobierno de Mariano Rajoy entiende que basta y sobra con que la adjudicación se publique en la Plataforma de Contratación del Estado para cumplir la legalidad vigente. Así se lo dice a Llamazares (véase Boletín del Congreso, página 199), sin importar si los ciudadanos tienen acceso a esa herramienta burocrática; lo importante es que no se escandalicen.
La respuesta verifica otro aserto, del anarquista Rafael Barret en este caso –“cuanto más grave es el asunto, más lo tapan”–, pues estamos hablando de una transferencia de 6.300 millones de euros anuales durante los próximos cinco a la entidad bancaria favorita de los grandes evasores fiscales, cuyas sedes en Suiza y otros paraísos de la opacidad han sido utilizadas además durante las últimas décadas como lavadoras de miles de millones de dólares de procedencia ilegal y criminal, según puso de relieve en 2013 una investigación del Senado de EEUU.
Los gobiernos españoles –el anterior de José Luis Rodríguez Zapatero y el actual de Rajoy– han podido conocer la relación de evasores fiscales a través del HSBC gracias a la lista que obtuvo y entregó a las autoridades francesas y españolas el informático Hervé Falciani, todavía perseguido fuera de nuestro país, y no, precisamente, gracias a la colaboración de los directivos de la entidad. Pero cuando Llamazares, consciente de la intensa lucha del ministro Cristóbal Montoro contra el fraude fiscal, ha preguntado si la adjudicación se había coordinado con Hacienda, le han contestado que no, de ninguna manera, que eso sería poco menos que ilegal y contrario al procedimiento.
Puesto que la elección del banco favorito de los evasores tampoco puede deberse a su compromiso con la creación y el mantenimiento del empleo, principal objetivo de Báñez y su secretario de Estado de la Seguridad Social y exdiputado del PP, Tomás Burgos, pues el gigante bancario no ofrece servicios al público y cuenta con apenas 180 empleados en España al tiempo que anuncia el despido de 50.000 trabajadores en sus 6.100 oficinas en los cinco continentes, así como la retirada de Turquía y Brasil, habrá que buscar otras razones para la sorprendente elección gubernamental.
Según la respuesta del Ejecutivo a Llamazares, el HSBC presentó la oferta más favorable, de tal modo que no va a percibir los 11,5 millones de euros en los que se licitó el servicio, sino que incluso va a reportar a la Seguridad Social “un ingreso estimado en 2,7 millones de euros en los cinco años de duración del contrato”. Con esa oferta por el manejo de 31.500 millones de euros hasta mediados de 2020 dejó fuera de juego al Popular, que poseía la contrata y cobraba comisión por los servicios bancarios, y al Cecabank, en el que participan las antiguas cajas de ahorros.
Aunque el nuevo adjudicatario se haya comprometido a no cobrar comisiones a los pensionistas, salvo en casos de operaciones complementarias que le reportarían unos 60.000 euros al año, los beneficios colaterales de los más de setecientos mil nuevos clientes pueden ser suculentos, tanto por el volumen de los fondos y la fluctuación de las divisas como por la colocación de seguros y otros productos bancarios a los nuevos clientes. Téngase en cuenta que hay pensionistas españoles en más de medio mundo, en 140 países. Cierto es que al dejar de operar en Brasil no podrá hacer negocio con los 10.164 pensionistas españoles que allí residen y que perciben una pensión media de 900 euros al mes. Y otro tanto sucederá con los más de 2.000 que viven en Turquía.
El colectivo más numeroso habita en Francia (268.520 pensionistas), seguido de Alemania (179.305) y de Suiza (116.572). La pensión media va de los 677 euros de los 8.800 jubilados que viven en Australia a los 1.120 euros de los 6.782 que residen en Marruecos. La prioridad del Gobierno es que reciban puntualmente su pensión. En la respuesta a Llamazares asegura que controlará especialmente la cláusula de la puntualidad en las transferencias. Y afirma otra cosa más: aunque el contrato se formalizó el 7 de abril y la contestación es muy posterior, “el contrato no se ha formalizado todavía”. Eso dice.
Más allá de esa falta de rigor ante los representantes de la soberanía nacional, el Gobierno ya ha recogido el primer fruto político del adjudicatario a favor del PP. Se trata de la “advertencia” impresa en el último informe trimestral del mencionado banco sobre “el posible enfriamiento del consumo y la ralentización de la inversión exterior” debido al auge del partido “radical de izquierda” Podemos y de la “excesiva fragmentación parlamentaria” provocada también por el ascenso de la fuerza “reformista” Ciudadanos.
El Gobierno del PP ha evitado plasmar en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la adjudicación al banco británico HSBC BANK de la gestión del dinero de las pensiones de la Seguridad Social a los más de 700.000 españoles que viven en el extranjero. La resolución se produjo en marzo y el contrato se formalizó la primera semana de abril pasado, según informaron el Ministerio de Empleo y la afamada entidad. “¿Por qué no se publica en el BOE para que todos los ciudadanos conozcan la operación?”, preguntó el diputado de IU Gaspar Llamazares. “Porque no es necesario”, le ha contestado la ministra del ramo, Fátima Báñez.
Sin emplear el aserto del gracioso Julio Camba –“información, cantidad negativa”–, el Gobierno de Mariano Rajoy entiende que basta y sobra con que la adjudicación se publique en la Plataforma de Contratación del Estado para cumplir la legalidad vigente. Así se lo dice a Llamazares (véase Boletín del Congreso, página 199), sin importar si los ciudadanos tienen acceso a esa herramienta burocrática; lo importante es que no se escandalicen.
La respuesta verifica otro aserto, del anarquista Rafael Barret en este caso –“cuanto más grave es el asunto, más lo tapan”–, pues estamos hablando de una transferencia de 6.300 millones de euros anuales durante los próximos cinco a la entidad bancaria favorita de los grandes evasores fiscales, cuyas sedes en Suiza y otros paraísos de la opacidad han sido utilizadas además durante las últimas décadas como lavadoras de miles de millones de dólares de procedencia ilegal y criminal, según puso de relieve en 2013 una investigación del Senado de EEUU.
Los gobiernos españoles –el anterior de José Luis Rodríguez Zapatero y el actual de Rajoy– han podido conocer la relación de evasores fiscales a través del HSBC gracias a la lista que obtuvo y entregó a las autoridades francesas y españolas el informático Hervé Falciani, todavía perseguido fuera de nuestro país, y no, precisamente, gracias a la colaboración de los directivos de la entidad. Pero cuando Llamazares, consciente de la intensa lucha del ministro Cristóbal Montoro contra el fraude fiscal, ha preguntado si la adjudicación se había coordinado con Hacienda, le han contestado que no, de ninguna manera, que eso sería poco menos que ilegal y contrario al procedimiento.
Puesto que la elección del banco favorito de los evasores tampoco puede deberse a su compromiso con la creación y el mantenimiento del empleo, principal objetivo de Báñez y su secretario de Estado de la Seguridad Social y exdiputado del PP, Tomás Burgos, pues el gigante bancario no ofrece servicios al público y cuenta con apenas 180 empleados en España al tiempo que anuncia el despido de 50.000 trabajadores en sus 6.100 oficinas en los cinco continentes, así como la retirada de Turquía y Brasil, habrá que buscar otras razones para la sorprendente elección gubernamental.
Según la respuesta del Ejecutivo a Llamazares, el HSBC presentó la oferta más favorable, de tal modo que no va a percibir los 11,5 millones de euros en los que se licitó el servicio, sino que incluso va a reportar a la Seguridad Social “un ingreso estimado en 2,7 millones de euros en los cinco años de duración del contrato”. Con esa oferta por el manejo de 31.500 millones de euros hasta mediados de 2020 dejó fuera de juego al Popular, que poseía la contrata y cobraba comisión por los servicios bancarios, y al Cecabank, en el que participan las antiguas cajas de ahorros.
Aunque el nuevo adjudicatario se haya comprometido a no cobrar comisiones a los pensionistas, salvo en casos de operaciones complementarias que le reportarían unos 60.000 euros al año, los beneficios colaterales de los más de setecientos mil nuevos clientes pueden ser suculentos, tanto por el volumen de los fondos y la fluctuación de las divisas como por la colocación de seguros y otros productos bancarios a los nuevos clientes. Téngase en cuenta que hay pensionistas españoles en más de medio mundo, en 140 países. Cierto es que al dejar de operar en Brasil no podrá hacer negocio con los 10.164 pensionistas españoles que allí residen y que perciben una pensión media de 900 euros al mes. Y otro tanto sucederá con los más de 2.000 que viven en Turquía.
El colectivo más numeroso habita en Francia (268.520 pensionistas), seguido de Alemania (179.305) y de Suiza (116.572). La pensión media va de los 677 euros de los 8.800 jubilados que viven en Australia a los 1.120 euros de los 6.782 que residen en Marruecos. La prioridad del Gobierno es que reciban puntualmente su pensión. En la respuesta a Llamazares asegura que controlará especialmente la cláusula de la puntualidad en las transferencias. Y afirma otra cosa más: aunque el contrato se formalizó el 7 de abril y la contestación es muy posterior, “el contrato no se ha formalizado todavía”. Eso dice.
Más allá de esa falta de rigor ante los representantes de la soberanía nacional, el Gobierno ya ha recogido el primer fruto político del adjudicatario a favor del PP. Se trata de la “advertencia” impresa en el último informe trimestral del mencionado banco sobre “el posible enfriamiento del consumo y la ralentización de la inversión exterior” debido al auge del partido “radical de izquierda” Podemos y de la “excesiva fragmentación parlamentaria” provocada también por el ascenso de la fuerza “reformista” Ciudadanos.
