La delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, ha defendido «absolutamente» la actuación policial y las cargas contra los manifestantes que se produjeron la tarde-noche de ayer en las inmediaciones del Congreso de los Diputados, es más, ha felicitado a la policía, al igual que Interior, que ha culpado de los incidentes a la «violencia extrema de algunos manifestantes». Frente al Gobierno, PSOE e IU han denunciado acciones «represivas», «desproporcionadas» e incluso «excesivas». La protesta, bautizada 25-S Rodea el Congreso y que mantuvo todo el día blindado el edificio con 1.400 antidisturbios, dejó 35 detenidos y 64 heridos, según el último balance de la Jefatura Superior y Emergencias Madrid. De los heridos, 27 son agentes.
La protesta, que congregó a un público variopinto hastiado por los recortes y la crisis, comenzó por la mañana con varias concentraciones y asambleas. Por la tarde salieron dos marchas autorizadas hacia el Congreso que congregaron a miles de personas —6.000, según la Delegación—, muchas llegadas en autobuses de otras comunidades. Aunque los convocantes insistieron en el carácter pacífico de la protesta, la tensión entre asistentes y policías fue subiendo y acabó con varias cargas policiales con pelotas goma en la zona de la plaza de Neptuno, que hoy son imagen de portada en medio mundo. La primera carga fue sobre las siete de la tarde y a última hora, los palos y golpes llegaron hasta los andenes de Atocha.
«Respaldo absolutamente. Quiero además felicitar a la Policía Nacional porque ayer demostraron su profesionalidad en circunstancias muy difíciles», ha declarado Cifuentes en una entrevista en RNE a primera hora de la mañana. Según la delegada, la policía «recibió un ataque desproporcionado» con lanzamiento de «piedras, tornillos, botellas» y otros objetos. Cifuentes, que ayer comparó la convocatoria con el golpe de Estado del 23-F al igual que María Dolores de Cospedal, ha culpado de los incidentes a «radicales y antisistema» y ha lamentado que concluyera así una manifestación que era «pacífica» hasta que estos grupos entraron en acción.El Sindicato Unificado de Policía (SUP) ha justificado la actuación policial porque «un grupo reducido de manifestantes, de forma violenta, intentó romper el cordón, la policía trató de impedirlo a toda costa y para ello tuvo que utilizar la fuerza». Además, ve «plenamente justificado» el importante despliegue ante la gravedad de los incidentes.
El sindicato, el de mayor número de afiliados, explica en una nota que las instrucciones que tenían eran claras: «Se aguanta todo menos que se intente romper el cordón para intentar acceder al Congreso». El SUP considera «lamentable» que se critique que los policías no llevaran identificación, «mientras que algunos justificaran las agresiones a policías. Como si este hecho anecdótico justificara la violencia contra los policías».
El SUP critica, sin citarlo, al diputado de IU Alberto Garzón, por sus declaraciones: «Resulta especialmente preocupante que algunos representantes políticos a los que se intentó proteger justifiquen la violencia y critiquen la actuación policial». El sindicato se muestra «convencido» de que los agentes prestaron «un servicio más a la democracia de este país, aunque algunos con su habitual ceguera quieran negarlo».
Por su parte, el Sindicato Independiente de la Policía ha asegurado que entre los promotores del 25-S hay «radicales de extrema izquierda, cuyo objetivo es la violencia pura y dura». Lamenta que un problema social se convierta en «un problema policial» y concluye diciendo que los policías no son «violentos» y protegen «a todos los ciudadanos».
En declaraciones posteriores en la Asamblea de Madrid, Cifuentes ha contado que siguió al detalle las manifestaciones con los mandos policiales en el palacio de los Marqueses de Borghetto, sede de la Delegación. Allí certificó una actuación policial “correcta y proporcionada”, una intervención de los agentes “muy profesional” en la que actuaron “repeliendo agresiones” previas de manifestantes “muy violentos y radicales”. No le consta si hubo agresiones a periodistas, excesos policiales o fallos en la identificación a la que están obligados los agentes si se lo requiere un manifestante. La Delegación no descarta abrir una investigación si descubre alguna irregularidad o “actuación concreta tanto de manifestantes como de policías” en los informes policiales. “Si ha habido una trasgresión de la ley, se actuará en consecuencia”, ha añadido.
El herido “de mayor consideración”, que presentaba una lesión medular “ya tenía antecedentes” de esta dolencia “relacionada con un accidente de tráfico o una caída de escaleras”, según Cifuentes, que ha añadido que no han podido determinar si “la repetición de su lesión” tuvo que ver con el 25-S. “Evoluciona favorablemente y está recuperando la sensibilidad en las extremidades” y la movilidad en el lado izquierdo del cuerpo, ha informado. De los heridos, 27 son agentes nacionales. “Muchos policías” continuaron de servicio a las puertas del Congreso “mientras no habían recibido asistencia médica”, ha revelado Cifuentes. “Estaban lesionados y continuaron prestando servicio”. La delegada ha hecho inventario de todos los objetos peligrosos requisados: cristal, botellas, tornillos, punzones, bolas, “numerosos tirachinas” y escudos elaborados “con tapas de cubos de basura”. Se han recogido 267 kilos de piedras y 4.000 latas de cerveza, según sus datos.
Si la policía no hubiera intervenido como lo hizo, los manifestantes “habrían entrado en el Congreso con toda seguridad”, según la delegada, que también ha aludido a la identificación de los agentes. Hay ocasiones “muy concretas” en las que los agentes de la UIP (los antidisturbios) llevan esa identificación debajo del chaleco protector “porque ha sido arrancada o fotografiada por parte de manifestantes”, según la delegada. Esos números “se cuelgan” en redes sociales “con llamamiento a que se realicen denuncias masivas”. Pero ha dejado claro que si algún ciudadano pide la identificación a un policía “tiene la obligación de darla”.
También ha acusado a parte de los manifestantes de usar “tácticas” para “provocar a la policía”. Ha sostenido que por las redes sociales circulaban “determinados manuales ampliamente distribuidos” sobre “cómo actuar para provocar a la policía, para que ante los medios de comunicación determinadas personas que provocan incidentes aparezcan como víctimas”. “Ayer fue un claro ejemplo de esto”, según Cifuentes, que señala algunas de esas “tácticas” como “tirarse al suelo cuando son requeridos por la policía con las manos en la cabeza para que parezca un abuso policial o gritar cuando son objeto de detención”. Los congregados “hicieron buen uso de todo el repertorio” para dar sensación de “brutalidad policial”. Sin esa actuación “hubiéramos asistido a una toma del Congreso”, ha concluido Cifuentes.
Los convocantes del 25-S, que esta mañana han calificado de «éxito» la movilización de ayer y han anunciado nuevas movilizaciones, llamaron anoche a regresar hoy a las siete de la tarde a Neptuno. La delegada del Gobierno ha hecho un «llamamiento a la tranquilidad» ante esta nueva convocatoria y ha recordado que no está autorizada, por lo que ha advertido de que «se aplicará la ley con todas sus consecuencias».
En los pasillos del Congreso, el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha respaldado también la actuación policial y ha calificado de «violencia extrema» la actitud de «algunos manifestantes». A su juicio, la Policía actuó «magníficamente» y «cumplió con su deber» ante «algunos manifestantes que usaron demasiada violencia». Fernández ha añadido que la Policía «cumplió la ley en unas circunstancias especialmente complejas» y ha justificado las cargas porque la policía «cuando carga es porque se ve obligada a hacerlo». «Felicito a la policía, que actuó extraordinariamente bien y gracias a ella esa intención manifiestamente inconstitucional e ilegal de ocupar el Congreso y coaccionar a los diputados cuando están reunidos en sesión no se pudo llevar a cabo», ha sentenciado.
Las manifestaciones frente al Congreso están prohibidas cuando hay actividad parlamentaria y ayer había pleno, lo que llevó al Gobierno a considerarlas ilegales y hasta de golpistas, aunque cinco concentraciones y marchas del 25-S estaban autorizadas. El Código Penal tipifica las protestas ante la Cámara Baja y las castiga con cárcel si alteran “el normal funcionamiento” del hemiciclo. El objeto de la acción era manifestar a los políticos el hastío de los ciudadanos e iniciar “un proceso constituyente”, según los organizadores.
La protesta, que congregó a un público variopinto hastiado por los recortes y la crisis, comenzó por la mañana con varias concentraciones y asambleas. Por la tarde salieron dos marchas autorizadas hacia el Congreso que congregaron a miles de personas —6.000, según la Delegación—, muchas llegadas en autobuses de otras comunidades. Aunque los convocantes insistieron en el carácter pacífico de la protesta, la tensión entre asistentes y policías fue subiendo y acabó con varias cargas policiales con pelotas goma en la zona de la plaza de Neptuno, que hoy son imagen de portada en medio mundo. La primera carga fue sobre las siete de la tarde y a última hora, los palos y golpes llegaron hasta los andenes de Atocha.
«Respaldo absolutamente. Quiero además felicitar a la Policía Nacional porque ayer demostraron su profesionalidad en circunstancias muy difíciles», ha declarado Cifuentes en una entrevista en RNE a primera hora de la mañana. Según la delegada, la policía «recibió un ataque desproporcionado» con lanzamiento de «piedras, tornillos, botellas» y otros objetos. Cifuentes, que ayer comparó la convocatoria con el golpe de Estado del 23-F al igual que María Dolores de Cospedal, ha culpado de los incidentes a «radicales y antisistema» y ha lamentado que concluyera así una manifestación que era «pacífica» hasta que estos grupos entraron en acción.El Sindicato Unificado de Policía (SUP) ha justificado la actuación policial porque «un grupo reducido de manifestantes, de forma violenta, intentó romper el cordón, la policía trató de impedirlo a toda costa y para ello tuvo que utilizar la fuerza». Además, ve «plenamente justificado» el importante despliegue ante la gravedad de los incidentes.
El sindicato, el de mayor número de afiliados, explica en una nota que las instrucciones que tenían eran claras: «Se aguanta todo menos que se intente romper el cordón para intentar acceder al Congreso». El SUP considera «lamentable» que se critique que los policías no llevaran identificación, «mientras que algunos justificaran las agresiones a policías. Como si este hecho anecdótico justificara la violencia contra los policías».
El SUP critica, sin citarlo, al diputado de IU Alberto Garzón, por sus declaraciones: «Resulta especialmente preocupante que algunos representantes políticos a los que se intentó proteger justifiquen la violencia y critiquen la actuación policial». El sindicato se muestra «convencido» de que los agentes prestaron «un servicio más a la democracia de este país, aunque algunos con su habitual ceguera quieran negarlo».
Por su parte, el Sindicato Independiente de la Policía ha asegurado que entre los promotores del 25-S hay «radicales de extrema izquierda, cuyo objetivo es la violencia pura y dura». Lamenta que un problema social se convierta en «un problema policial» y concluye diciendo que los policías no son «violentos» y protegen «a todos los ciudadanos».
En declaraciones posteriores en la Asamblea de Madrid, Cifuentes ha contado que siguió al detalle las manifestaciones con los mandos policiales en el palacio de los Marqueses de Borghetto, sede de la Delegación. Allí certificó una actuación policial “correcta y proporcionada”, una intervención de los agentes “muy profesional” en la que actuaron “repeliendo agresiones” previas de manifestantes “muy violentos y radicales”. No le consta si hubo agresiones a periodistas, excesos policiales o fallos en la identificación a la que están obligados los agentes si se lo requiere un manifestante. La Delegación no descarta abrir una investigación si descubre alguna irregularidad o “actuación concreta tanto de manifestantes como de policías” en los informes policiales. “Si ha habido una trasgresión de la ley, se actuará en consecuencia”, ha añadido.
El herido “de mayor consideración”, que presentaba una lesión medular “ya tenía antecedentes” de esta dolencia “relacionada con un accidente de tráfico o una caída de escaleras”, según Cifuentes, que ha añadido que no han podido determinar si “la repetición de su lesión” tuvo que ver con el 25-S. “Evoluciona favorablemente y está recuperando la sensibilidad en las extremidades” y la movilidad en el lado izquierdo del cuerpo, ha informado. De los heridos, 27 son agentes nacionales. “Muchos policías” continuaron de servicio a las puertas del Congreso “mientras no habían recibido asistencia médica”, ha revelado Cifuentes. “Estaban lesionados y continuaron prestando servicio”. La delegada ha hecho inventario de todos los objetos peligrosos requisados: cristal, botellas, tornillos, punzones, bolas, “numerosos tirachinas” y escudos elaborados “con tapas de cubos de basura”. Se han recogido 267 kilos de piedras y 4.000 latas de cerveza, según sus datos.
Si la policía no hubiera intervenido como lo hizo, los manifestantes “habrían entrado en el Congreso con toda seguridad”, según la delegada, que también ha aludido a la identificación de los agentes. Hay ocasiones “muy concretas” en las que los agentes de la UIP (los antidisturbios) llevan esa identificación debajo del chaleco protector “porque ha sido arrancada o fotografiada por parte de manifestantes”, según la delegada. Esos números “se cuelgan” en redes sociales “con llamamiento a que se realicen denuncias masivas”. Pero ha dejado claro que si algún ciudadano pide la identificación a un policía “tiene la obligación de darla”.
También ha acusado a parte de los manifestantes de usar “tácticas” para “provocar a la policía”. Ha sostenido que por las redes sociales circulaban “determinados manuales ampliamente distribuidos” sobre “cómo actuar para provocar a la policía, para que ante los medios de comunicación determinadas personas que provocan incidentes aparezcan como víctimas”. “Ayer fue un claro ejemplo de esto”, según Cifuentes, que señala algunas de esas “tácticas” como “tirarse al suelo cuando son requeridos por la policía con las manos en la cabeza para que parezca un abuso policial o gritar cuando son objeto de detención”. Los congregados “hicieron buen uso de todo el repertorio” para dar sensación de “brutalidad policial”. Sin esa actuación “hubiéramos asistido a una toma del Congreso”, ha concluido Cifuentes.
Los convocantes del 25-S, que esta mañana han calificado de «éxito» la movilización de ayer y han anunciado nuevas movilizaciones, llamaron anoche a regresar hoy a las siete de la tarde a Neptuno. La delegada del Gobierno ha hecho un «llamamiento a la tranquilidad» ante esta nueva convocatoria y ha recordado que no está autorizada, por lo que ha advertido de que «se aplicará la ley con todas sus consecuencias».
En los pasillos del Congreso, el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha respaldado también la actuación policial y ha calificado de «violencia extrema» la actitud de «algunos manifestantes». A su juicio, la Policía actuó «magníficamente» y «cumplió con su deber» ante «algunos manifestantes que usaron demasiada violencia». Fernández ha añadido que la Policía «cumplió la ley en unas circunstancias especialmente complejas» y ha justificado las cargas porque la policía «cuando carga es porque se ve obligada a hacerlo». «Felicito a la policía, que actuó extraordinariamente bien y gracias a ella esa intención manifiestamente inconstitucional e ilegal de ocupar el Congreso y coaccionar a los diputados cuando están reunidos en sesión no se pudo llevar a cabo», ha sentenciado.
Las manifestaciones frente al Congreso están prohibidas cuando hay actividad parlamentaria y ayer había pleno, lo que llevó al Gobierno a considerarlas ilegales y hasta de golpistas, aunque cinco concentraciones y marchas del 25-S estaban autorizadas. El Código Penal tipifica las protestas ante la Cámara Baja y las castiga con cárcel si alteran “el normal funcionamiento” del hemiciclo. El objeto de la acción era manifestar a los políticos el hastío de los ciudadanos e iniciar “un proceso constituyente”, según los organizadores.
