Argentina
El Gobierno impulsará que las provincias se asocien a mineras para recibir más dinero
Pedirá que financien obras de infraestructura básica
BAE anticipó en septiembre pasado que el tema estaba en estudio
Por Alejandro Bercovich
El conflicto desatado en varias provincias por la resistencia de los pobladores a la instalación de nuevos proyectos de megaminería amenaza con meterse por primera vez en la ecuación económica del sector, que goza de privilegios especiales desde la sanción de la Ley de Inversiones Mineras en 1994. El secretario de Minería, Jorge Mayoral, se reunirá mañana para debatirlo con los gobernadores de las provincias donde las compañías del rubro extraen metales para su exportación en bruto. Según revelaron a BAE fuentes oficiales, el funcionario les propondrá impulsar asociaciones entre las empresas de cada distrito y las multinacionales que operan los yacimientos, al estilo de lo que ya ocurre en Santa Cruz con la explotación aurífera de Cerro Vanguardia.
La movida apunta a aplacar el descontento creciente en las poblaciones que se oponen a la megaminería a cielo abierto, como la localidad riojana de Famatina y las catamarqueñas de Andalgalá y Tinogasta, donde la policía provincial reprimió duramente a los manifestantes ambientalistas la semana pasada. Según las fuentes consultadas, la idea es que las empresas –en su mayoría de capitales canadienses, suizos y sudafricanos– acepten compartir sus ganancias con los distritos donde se radican. Y que financien obras de infraestructura básica, como ya hizo la Barrick Gold en San Juan.
La reunión de mañana fue confirmada anoche a BAE por fuentes de la Secretaría de Minería, que no brindaron detalles sobre la agenda de temas a tratar. El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, adelantó a un diario local que “se está analizando un documento conjunto, como ocurrió con las petroleras”. Su antecesor, el fallecido Carlos Soria, derogó unos pocos días antes de ser asesinado la ley provincial que prohibía el uso de cianuro en la minería en todo su territorio.
Además de Weretilneck, asistirían al cónclave los gobernadores de Catamarca, Jujuy, Salta, La Rioja, Mendoza y San Juan. La cita aún no tiene horario y se realizará en una de las casas de esas provincias en Buenos Aires, aunque recién hoy se sabrá en cuál, por el temor de los mandatarios de que se repitan las protestas de los últimos días.
El ejemplo que intenta multiplicar la Secretaría de Minería es el de Cerro Vanguardia, donde la estatal Fomicruz es socia minoritaria de la sudafricana Anglogold Ashanti con el 7,5% de las acciones. Como la Ley de Inversiones Mineras exime a las multinacionales del pago de la mayoría de los impuestos nacionales y pone un tope del 3% a las regalías provinciales, Río Gallegos embolsa más dinero gracias a esa participación que por los tributos que cobra. Fomicruz también es socia de otros emprendimientos aún en etapa de exploración, como Cerro Negro.
La idea empezó a macerar antes de las elecciones presidenciales, tal como adelantó BAE en septiembre último. Pero el catalizador para aplicarla fueron las multitudinarias protestas que disparó el rechazo de Famatina a la explotación de su cerro por parte de la canadiense Osisko Mining. También el escándalo de la última semana en Catamarca, donde la represión dejó al menos 16 heridos y donde hasta ayer se respiraba un clima de tensión inédito, con “contrapiquetes” que según los ambientalistas fueron montados por la empresa de capitales suizos Bajo La Alumbrera, con la connivencia del gremio AOMA (ver aparte) y del gobierno provincial.
Pero la minera emitió un comunicado en el que subrayó que “no es responsable ni tiene ningún tipo de relación con la aparición de grupos de choque” en Andalgalá. Además, negó que haya participado en alguna maniobra para cercenar la libertad de expresión.
La Cámara de Empresarios Mineros (CAEM) declinó hacer comentarios sobre la reunión de mañana, pero las multinacionales del sector aceptarían que se incremente la participación del Estado en sus negocios con tal de mantener los privilegios de la Ley de Inversiones Mineras, la única que garantiza “estabilidad fiscal” a las empresas por treinta años a partir de la presentación de sus estudios de factibilidad.
El Gobierno impulsará que las provincias se asocien a mineras para recibir más dinero
Pedirá que financien obras de infraestructura básica
BAE anticipó en septiembre pasado que el tema estaba en estudio
Por Alejandro Bercovich
El conflicto desatado en varias provincias por la resistencia de los pobladores a la instalación de nuevos proyectos de megaminería amenaza con meterse por primera vez en la ecuación económica del sector, que goza de privilegios especiales desde la sanción de la Ley de Inversiones Mineras en 1994. El secretario de Minería, Jorge Mayoral, se reunirá mañana para debatirlo con los gobernadores de las provincias donde las compañías del rubro extraen metales para su exportación en bruto. Según revelaron a BAE fuentes oficiales, el funcionario les propondrá impulsar asociaciones entre las empresas de cada distrito y las multinacionales que operan los yacimientos, al estilo de lo que ya ocurre en Santa Cruz con la explotación aurífera de Cerro Vanguardia.
La movida apunta a aplacar el descontento creciente en las poblaciones que se oponen a la megaminería a cielo abierto, como la localidad riojana de Famatina y las catamarqueñas de Andalgalá y Tinogasta, donde la policía provincial reprimió duramente a los manifestantes ambientalistas la semana pasada. Según las fuentes consultadas, la idea es que las empresas –en su mayoría de capitales canadienses, suizos y sudafricanos– acepten compartir sus ganancias con los distritos donde se radican. Y que financien obras de infraestructura básica, como ya hizo la Barrick Gold en San Juan.
La reunión de mañana fue confirmada anoche a BAE por fuentes de la Secretaría de Minería, que no brindaron detalles sobre la agenda de temas a tratar. El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, adelantó a un diario local que “se está analizando un documento conjunto, como ocurrió con las petroleras”. Su antecesor, el fallecido Carlos Soria, derogó unos pocos días antes de ser asesinado la ley provincial que prohibía el uso de cianuro en la minería en todo su territorio.
Además de Weretilneck, asistirían al cónclave los gobernadores de Catamarca, Jujuy, Salta, La Rioja, Mendoza y San Juan. La cita aún no tiene horario y se realizará en una de las casas de esas provincias en Buenos Aires, aunque recién hoy se sabrá en cuál, por el temor de los mandatarios de que se repitan las protestas de los últimos días.
El ejemplo que intenta multiplicar la Secretaría de Minería es el de Cerro Vanguardia, donde la estatal Fomicruz es socia minoritaria de la sudafricana Anglogold Ashanti con el 7,5% de las acciones. Como la Ley de Inversiones Mineras exime a las multinacionales del pago de la mayoría de los impuestos nacionales y pone un tope del 3% a las regalías provinciales, Río Gallegos embolsa más dinero gracias a esa participación que por los tributos que cobra. Fomicruz también es socia de otros emprendimientos aún en etapa de exploración, como Cerro Negro.
La idea empezó a macerar antes de las elecciones presidenciales, tal como adelantó BAE en septiembre último. Pero el catalizador para aplicarla fueron las multitudinarias protestas que disparó el rechazo de Famatina a la explotación de su cerro por parte de la canadiense Osisko Mining. También el escándalo de la última semana en Catamarca, donde la represión dejó al menos 16 heridos y donde hasta ayer se respiraba un clima de tensión inédito, con “contrapiquetes” que según los ambientalistas fueron montados por la empresa de capitales suizos Bajo La Alumbrera, con la connivencia del gremio AOMA (ver aparte) y del gobierno provincial.
Pero la minera emitió un comunicado en el que subrayó que “no es responsable ni tiene ningún tipo de relación con la aparición de grupos de choque” en Andalgalá. Además, negó que haya participado en alguna maniobra para cercenar la libertad de expresión.
La Cámara de Empresarios Mineros (CAEM) declinó hacer comentarios sobre la reunión de mañana, pero las multinacionales del sector aceptarían que se incremente la participación del Estado en sus negocios con tal de mantener los privilegios de la Ley de Inversiones Mineras, la única que garantiza “estabilidad fiscal” a las empresas por treinta años a partir de la presentación de sus estudios de factibilidad.
