Al Gobierno le llueven malas noticias económicas, pero las da todas. Fuerte o moderado, lo que le vendría bien que subiese, baja y aquello que lo aliviaría si baja, sube. Sólo la inflación está dándole un respiro; claro, después de tocar las nubes.
Hay que reconocerle, en cualquier caso, que no oculta ninguna noticia ni hace trampas con las estadísticas. Es un mérito sólo porque venimos de años de manipular las cifras cuando no de esconderlas directamente. Desde que el INDEC fue intervenido, en 2007, para convertirlo en pista de maniobras y de hacer con los números lo que se conoce de sobra.
De la última seguidilla son el aumento de la pobreza y del desempleo; la caída del PBI, de la industria, la construcción y el consumo y el empinamiento del déficit fiscal. Parte a la cuenta de la gestión macrista y mucho heredado de descalabros acumulados en la era kirchnerista.
No es que se diga un cuadro propicio a los ruidos. Pero justo ahí se instaló la idea –en realidad la instalaron varios– de que habrá bonos para los empleados privados y los estatales nacionales, provinciales y municipales; más alguna desgravación de Ganancias en el medio aguinaldo, un plus a las jubilaciones y otro para la Asignación Universal por Hijo. Todo difuso.
Se creó, crearon, un mundo de expectativas y un enredo que costará encauzar si no desarmar.
Para arrancar la discusión asoma un par de limitaciones fuertes.
Una es que la mitad o más de la mitad de los presupuestos provinciales se va en salarios contra alrededor del 12% en la Nación. Con una carga proporcional semejante, el grueso de los recursos municipales depende de la coparticipación impositiva que les toca a las provincias.
Otra limitación, que cualquiera fuese el recorte en Ganancias un 48% del costo fiscal caerá sobre las provincias, y por la misma pérdida en la coparticipación seguirá viaje hacia las intendencias. En este espacio saldría unos $ 5.300 millones si se aplica a todos los sueldos; poco más de $ 3.000 millones si se reduce a quienes ganan menos de 50 mil mensuales.
Ese es si se quiere el nudo más grande de la serie, porque encima sacude cuentas muy apretadas. El propio Ministerio de Hacienda lo reconoce, cuando en el Presupuesto de 2017 estima, sin decirlo expresamente, que en 2016 el déficit provincial será el mayor de los últimos doce años.
También el gobierno nacional enfrenta un déficit altísimo, solo que con una ventaja relativa enorme: puede acceder al crédito en cantidad y a tasas cada vez más bajas.
Aún así ha resuelto postergar una nueva rebaja en las retenciones a la soja. ¿Marcha atrás fiscal o política? En medio de un panorama social bien sensible, la medida iba a ser vista como un privilegio.
Ya metiéndose en el otro embrollo, Alfonso Prat-Gay dijo ayer: “Con la CGT no se acordó absolutamente nada. Se tomó nota de los reclamos y ahora los ponemos en una mesa donde estarán los sindicatos, los empresarios y las provincias, porque no podemos dejar afuera a nadie”.
Cae de maduro, a esta altura, que ese debió ser desde un principio el encuadre de los planteos gremiales, en lugar zarandear promesas cuyo cumplimiento no depende sólo de la Casa Rosada. Y que, además, no sirven para sacar de la cancha la amenaza de paro general.
Si a veces hay barullo con la comunicación oficial, esta vez se ha gestado uno que alcanza a muchísima gente.
Está claro que habrá bonos en la parte rigurosamente privada, porque los iba a haber antes de que la mesa fuese convocada. Y también que habrá algo parecido a lo de siempre: adicionales mayores o menores según el poder de fuego de cada gremio y la situación económica de las empresas. Nunca una regla pareja.
El punto es si los arreglos logran frenar los pedidos sindicales de reabrir paritarias, como aspiran el Gobierno y la cámaras empresarias. Sobre todo en aquellos casos donde se pactaron aumentos por un semestre, la mayoría en torno del 20-22%, con la condición de volver a discutir justamente ahora. Son unos cuantos; entre ellos, Smata, la construcción, los mercantiles y la carne.
Queda la posibilidad de que la mesa de negociaciones articule algunos acuerdos básicos, ciertas reglas orientadas hacia el futuro, que desde luego serían de gran utilidad para el Gobierno.
En el horizonte cercano, el bendito segundo semestre de la reactivación fue corrido al tercer trimestre, y ahora varios estudios ubican el rebote hacia el primer trimestre de 2017. La buena noticia para el macrismo sería que el mejor momento de la economía puede ocurrir en las vísperas de las elecciones de octubre.
Algo similar cuentan consultoras que están corrigiendo la baja proyectada para el PBI de este año: a -2% y hasta a -2,2%. Calculan que las tasas de crecimiento anuales negativas –inferiores a las de 2015– van a continuar durante el resto de 2016, pero desacelerándose a partir de ahora.
Hay un dato importante, en esta ensalada de cifras. Que los registros del año próximo serán comparados con las caídas del actual; lo que se dice, una ayudita de la estadística.
Claro que el repunte debiera ser considerable o, más bien, percibido por la gente de modo que le cambie ánimo y expectativas. Concretamente: consumo que, sumado a obras públicas, empujen tanto la actividad productiva como las chances electorales del Gobierno.
Entretanto, el Banco Central sigue apuntándole a la inflación: “La de septiembre vino bien, con la core para abajo”, decían allí días atrás, al borde del cierre del mes. La core es la inflación sin tarifas ni altibajos en precios estacionales, representa el 70% del índice general y guía la definición de las tasas de interés dentro del BCRA.
Y a propósito de las tasas, Prat-Gay ayer: “Están demasiado altas, dada la tendencia declinante de la inflación”. O que el Central no debería “concentrarse únicamente en la inflación”; igual a sostener que también considere el impacto del costo del dinero en la actividad económica.
La conocida interna con Federico Sturzenegger lleva esta vez el sello de la oportunidad. Sturzenegger decidirá hoy si baja las tasas o las mantiene, tal cual hizo el martes pasado pese a Prat-Gay.
Es una controversia de bajo volumen, comparada con el ruido que meten los bonos salariales públicos y privados, el aumento de las jubilaciones y la desgravación del medio aguinaldo. Más precisamente, comparada con la enorme platea pendiente de cómo se resuelva este enredo.
Hay que reconocerle, en cualquier caso, que no oculta ninguna noticia ni hace trampas con las estadísticas. Es un mérito sólo porque venimos de años de manipular las cifras cuando no de esconderlas directamente. Desde que el INDEC fue intervenido, en 2007, para convertirlo en pista de maniobras y de hacer con los números lo que se conoce de sobra.
De la última seguidilla son el aumento de la pobreza y del desempleo; la caída del PBI, de la industria, la construcción y el consumo y el empinamiento del déficit fiscal. Parte a la cuenta de la gestión macrista y mucho heredado de descalabros acumulados en la era kirchnerista.
No es que se diga un cuadro propicio a los ruidos. Pero justo ahí se instaló la idea –en realidad la instalaron varios– de que habrá bonos para los empleados privados y los estatales nacionales, provinciales y municipales; más alguna desgravación de Ganancias en el medio aguinaldo, un plus a las jubilaciones y otro para la Asignación Universal por Hijo. Todo difuso.
Se creó, crearon, un mundo de expectativas y un enredo que costará encauzar si no desarmar.
Para arrancar la discusión asoma un par de limitaciones fuertes.
Una es que la mitad o más de la mitad de los presupuestos provinciales se va en salarios contra alrededor del 12% en la Nación. Con una carga proporcional semejante, el grueso de los recursos municipales depende de la coparticipación impositiva que les toca a las provincias.
Otra limitación, que cualquiera fuese el recorte en Ganancias un 48% del costo fiscal caerá sobre las provincias, y por la misma pérdida en la coparticipación seguirá viaje hacia las intendencias. En este espacio saldría unos $ 5.300 millones si se aplica a todos los sueldos; poco más de $ 3.000 millones si se reduce a quienes ganan menos de 50 mil mensuales.
Ese es si se quiere el nudo más grande de la serie, porque encima sacude cuentas muy apretadas. El propio Ministerio de Hacienda lo reconoce, cuando en el Presupuesto de 2017 estima, sin decirlo expresamente, que en 2016 el déficit provincial será el mayor de los últimos doce años.
También el gobierno nacional enfrenta un déficit altísimo, solo que con una ventaja relativa enorme: puede acceder al crédito en cantidad y a tasas cada vez más bajas.
Aún así ha resuelto postergar una nueva rebaja en las retenciones a la soja. ¿Marcha atrás fiscal o política? En medio de un panorama social bien sensible, la medida iba a ser vista como un privilegio.
Ya metiéndose en el otro embrollo, Alfonso Prat-Gay dijo ayer: “Con la CGT no se acordó absolutamente nada. Se tomó nota de los reclamos y ahora los ponemos en una mesa donde estarán los sindicatos, los empresarios y las provincias, porque no podemos dejar afuera a nadie”.
Cae de maduro, a esta altura, que ese debió ser desde un principio el encuadre de los planteos gremiales, en lugar zarandear promesas cuyo cumplimiento no depende sólo de la Casa Rosada. Y que, además, no sirven para sacar de la cancha la amenaza de paro general.
Si a veces hay barullo con la comunicación oficial, esta vez se ha gestado uno que alcanza a muchísima gente.
Está claro que habrá bonos en la parte rigurosamente privada, porque los iba a haber antes de que la mesa fuese convocada. Y también que habrá algo parecido a lo de siempre: adicionales mayores o menores según el poder de fuego de cada gremio y la situación económica de las empresas. Nunca una regla pareja.
El punto es si los arreglos logran frenar los pedidos sindicales de reabrir paritarias, como aspiran el Gobierno y la cámaras empresarias. Sobre todo en aquellos casos donde se pactaron aumentos por un semestre, la mayoría en torno del 20-22%, con la condición de volver a discutir justamente ahora. Son unos cuantos; entre ellos, Smata, la construcción, los mercantiles y la carne.
Queda la posibilidad de que la mesa de negociaciones articule algunos acuerdos básicos, ciertas reglas orientadas hacia el futuro, que desde luego serían de gran utilidad para el Gobierno.
En el horizonte cercano, el bendito segundo semestre de la reactivación fue corrido al tercer trimestre, y ahora varios estudios ubican el rebote hacia el primer trimestre de 2017. La buena noticia para el macrismo sería que el mejor momento de la economía puede ocurrir en las vísperas de las elecciones de octubre.
Algo similar cuentan consultoras que están corrigiendo la baja proyectada para el PBI de este año: a -2% y hasta a -2,2%. Calculan que las tasas de crecimiento anuales negativas –inferiores a las de 2015– van a continuar durante el resto de 2016, pero desacelerándose a partir de ahora.
Hay un dato importante, en esta ensalada de cifras. Que los registros del año próximo serán comparados con las caídas del actual; lo que se dice, una ayudita de la estadística.
Claro que el repunte debiera ser considerable o, más bien, percibido por la gente de modo que le cambie ánimo y expectativas. Concretamente: consumo que, sumado a obras públicas, empujen tanto la actividad productiva como las chances electorales del Gobierno.
Entretanto, el Banco Central sigue apuntándole a la inflación: “La de septiembre vino bien, con la core para abajo”, decían allí días atrás, al borde del cierre del mes. La core es la inflación sin tarifas ni altibajos en precios estacionales, representa el 70% del índice general y guía la definición de las tasas de interés dentro del BCRA.
Y a propósito de las tasas, Prat-Gay ayer: “Están demasiado altas, dada la tendencia declinante de la inflación”. O que el Central no debería “concentrarse únicamente en la inflación”; igual a sostener que también considere el impacto del costo del dinero en la actividad económica.
La conocida interna con Federico Sturzenegger lleva esta vez el sello de la oportunidad. Sturzenegger decidirá hoy si baja las tasas o las mantiene, tal cual hizo el martes pasado pese a Prat-Gay.
Es una controversia de bajo volumen, comparada con el ruido que meten los bonos salariales públicos y privados, el aumento de las jubilaciones y la desgravación del medio aguinaldo. Más precisamente, comparada con la enorme platea pendiente de cómo se resuelva este enredo.
