El jefe de gabinete del Ministerio de Seguridad, Pablo Noceti, encabezó en forma personal la operación represiva de la Gendarmería Nacional en Esquel contra quienes reclamaban por la detención ilegal del líder mapuche Facundo Jones Huala y que culminó con el primer detenido-desaparecido bajo la presidencia de Maurizio Macrì, Santiago Maldonado, por cuya suerte el Centro de Estudios Legales y Sociales pidió la urgente intervención del Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas. Noceti anticipó en dos entrevistas radiales que todos los integrantes de la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) serían detenidos y se jactó de que lo haría el gobierno nacional sin la intervención de un juez, que consideró innecesaria. Sus palabras autoincriminatorias cobrarían muy pronto una dimensión ominosa. En una ensalada conceptual que arroja dudas sobre su estabilidad psíquica, Noceti implicó en los hechos de violencia que atribuye al RAM mapuche al premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, a “gente vinculada al gobierno anterior” y a “extremistas kurdos”. Cuando Patricia Bullrich colocó a Noceti como jefe de gabinete de su Ministerio, los organismos defensores de los Derechos Humanos señalaron que como abogado defensor de militares procesados por crímenes de lesa humanidad, Noceti había cuestionado los juicios como una venganza política y discutido la imprescriptibilidad de esos delitos. El juez federal Guido Otranto, que intervino en un hábeas corpus a favor del detenido-desaparecido Maldonado, separó de la investigación a la Gendarmería, tal como prescribe el protocolo de actuación del Ministerio Público Fiscal de la Nación y dispuso que la Prefectura Naval realizara un rastrillaje en la zona donde Maldonado fue visto por última vez, que no arrojó resultado. Desde el año pasado, el Ministerio de Seguridad intenta clasificar a la RAM mapuche como una organización terrorista, pese a un fallo en contrario emitido por la Corte Suprema de Justicia. La Corte rechazó la aplicación de la ley antiterrorista al tío de Facundo, Martiniano Jones Huala, y remitió a la justicia de Chubut la causa por abigeato y usurpación.
Facundo Jones Huala fue detenido el martes 27 de junio, tres horas después de concluida en Santiago la reunión entre Macrì y su colega de Chile, Michelle Bachelet, que solicita la extradición de Jones Huala por el incendio de un fundo en aquel país. El 1º de septiembre de 2016 el juez Federal Otranto declaró nulo el juicio de extradición, porque la detención de Jones Huala se logró por información brindada bajo torturas por Gonzalo Cabrera y por los seguimientos previos ilegales realizados por la Policía Federal y por la Agencia Federal de Información. El día anterior, Bullrich dijo que no consideraba los reclamos de los pueblos originarios por sus tierras ancestrales un derecho garantizado por la Constitución sino un delito federal y atribuyó a la Resistencia Ancestral Mapuche “hechos delictivos como usurpaciones de territorios, incendios, daños, amenazas”. El 16 de noviembre de 2016 se publicó en esta página un Power Point del Ministerio de Seguridad fechado el 30 de agosto, en el que afirma que la “problemática mapuche” consiste en que “se arman comunidades” (sic) y “se toman tierras en zonas petroleras o gasíferas impidiendo constantemente la normal explotación de los pozos. Estos delitos de usurpación, turbación en la posesión y extorsión afectan un servicio estratégico de los recursos del estado: han estado detenidos 200 pozos (según informó YPF)”.
El mes pasado Bullrich se dirigió en forma directa a la Corte Suprema, cuestionando la prueba por la que Otranto anuló el primer juicio. Lo hizo con un escrito, en el que afirma que Gonzalo Cabrera no fue torturado y con un video grabado durante su declaración ante la policía. Efectivamente, se lo ve hablando en calma sin que nadie lo presione. Pero esta inaudita acción de lobby del Poder Ejecutivo sobre la Corte Suprema no pudo ocultar las marcas de los golpes con que lo persuadieron de prestar esa declaración ante la cámara. La semana pasada, a pesar de la intervención irregular de Bullrich, que no era parte en el expediente, la Corte Suprema confirmó la nulidad. No obstante, la justicia federal se propone realizar un segundo juicio por la misma causa. La defensa de Jones Huala objeta que se trata del mismo objeto y la misma persona, por lo cual no corresponde repetir el juicio.
Yo, el Supremo
El 31 de julio, miembros de comunidades mapuche reclamaron frente al juzgado federal de Bariloche por la detención arbitraria de Facundo Jones Huala y fueron reprimidos por la Gendarmería Nacional y el Grupo Especial de Asalto Táctico de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, con balas de goma disparadas al cuerpo. Nueve personas fueron detenidas y muchas resultaron heridas. Al día siguiente, Noceti convocó en Esquel a todas las fuerzas federales y provinciales de Río Negro y Chubut para “empezar a tomar intervención y detener a todos y cada uno de los miembros del RAM que produzcan delitos en la vía pública y en flagrancia”, según sus propias palabras. En una entrevista con la radio FM Sol, dijo que la mesa interministerial atendería cualquier petitorio de las comunidades mapuche, que son pacíficas, salvo del RAM, que “no piden absolutamente nada y sólo quieren generar caos y temor en la población”. Eso no es cierto. Los manifestantes reclamaban la libertad de Facundo Jones Huala, detenido en forma arbitraria, por un pedido de extradición que ya había sido declarado nulo. “Con el RAM no tenemos nada que dialogar. Lo único que vamos a hacer es judicializarlos, van a quedar todos presos”, insistió Noceti. Agregó que la detención de Jones Huala fue “una casualidad total, porque no es que fuimos a allanar un lugar y lo detuvimos. Lo detuvimos en la ruta”. No es así:
el martes 27 de junio, Macrì llegó al Palacio de la Moneda a las 12.10. Allí mantuvo una reunión privada con Bachelet y a las 15.10 ambos hablaron con la prensa durante diez minutos.
Según la crónica del matutino argentino Clarín, el Secretario de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural, Claudio Avruj conversó con su par chilena, Lorena Fries “sobre la situación del mapuche argentino Jones Huala”.
a las 19, a menos de cuatro horas del saludo de despedida de ambos presidentes, Facundo fue detenido por la Gendarmería en la ruta 40 y encerrado en la cárcel federal de Bariloche. Es obvio que lo estaban siguiendo, pese a que no había orden de captura en su contra, tal como ocurrió en su detención anterior. El responsable de esa inteligencia ilegal, que alcanza incluso a Pérez Esquivel es Noceti.
“Yo estuve personalmente en el lugar. El problema no lo tenemos con los mapuche, lo tenemos con el RAM. Es un grupo absolutamente radicalizado que no pide nada. Lo único que hacen es quemar, incendiar, dañar, robar ganado. No les conozco trabajo a ninguno de ellos. Ninguno de los jueces o los fiscales conoce el trabajo de la gente que hasta ahora se ha detenido. No sé de qué viven. Evidentemente hay quienes los apoyan, que los financian. Estamos también investigando esas cuestiones, porque están financiando a un grupo radicalizado. Conformar ese grupo constituye el delito del artículo 213 bis del Código Penal”, alardeó Noceti. “Que sepan que los estamos investigando. A algunos componentes del RAM los conocemos, muchos de los que se están manifestando en la puerta de los juzgados son los restos del RAM. Los vamos a ir identificando porque los tenemos filmados. Ya tenemos identificados a nueve, los que estuvieron rompiendo y quemando las puertas del juzgado federal de Bariloche. Lo mismo vamos a hacer cuando rompan la puerta de otro juzgado o de la Unidad Penal 14. Los vamos a terminar de identificar a todos y a medida que los vayamos individualizando los vamos a ir deteniendo”, agregó. También dijo que “se han juntado con extremistas kurdos, con alguna gente vinculada al gobierno anterior, hay gente que ha ido a hablar por ellos, como por ejemplo Pérez Esquivel. Hay una franja de gente que están en contacto con ellos y no sabemos si sólo está en contacto o los apoya. No sabemos tampoco quien paga los abogados”.
Según Noceti, cuando los mapuche fueron perseguidos escaparon por la maleza y no pudieron detenerlos. La presentación del CELS ante las Naciones Unidas narra que alrededor de 100 efectivos de la Gendarmería ingresaron de manera irregular y violenta al territorio de la comunidad mapuche Pu Lof en Resistencia, Departamento de Cushamen, provincia de Chubut. Dispararon balas de plomo y de goma y quemaron objetos pertenecientes a las familias. Santiago Maldonado, de 28 años, que reside en El Bolsón, fue visto la última vez mientras huía de esa persecución. Llevaba consigo una mochila pequeña con sus pertenencias y sus documentos, que no se encontró. Cuando cerca de 30 efectivos uniformados de la Gendarmería comenzaron a disparar, varias de las personas presentes en el lugar corrieron hacia el río, a unos 100 metros al este de la comunidad. Algunas lograron cruzarlo y escapar. Varios testigos vieron correr a Santiago para resguardarse de los disparos. No logró cruzar el río y se refugió bajo un árbol. Desde el otro lado del río, quienes pudieron huir vieron a Santiago quedarse agazapado allí entre 20 y 25 minutos, hasta que lo perdieron de vista y pudieron escuchar la voz de dos de los gendarmes que habrían logrado reducir a alguien, exclamando “acá tenemos a uno” y a otro gendarme decir “estás detenido”. Desde la otra orilla del río, una persona que se encontraba en una lomada, pudo ver a un grupo de gendarmes golpeando a un joven varón maniatado. Aunque no logró identificarlo con precisión debido a la distancia, ninguno de los otros miembros de la comunidad fue detenido dentro del territorio.
Posteriormente, alrededor de las 13.30 horas, otro hombre que se encontraba del otro lado del río también pudo observar que entre seis y ocho efectivos formaban una fila para ocultar algo que intentaban ingresar por la puerta trasera de una camioneta de la Gendarmería. Esta camioneta, de color blanco con guardas verdes, había ingresado al territorio indígena en marcha atrás, retirándose luego por la ruta n° 40 en dirección a la ciudad de Esquel”. El CELS se comunicó con dos secretarios de Estado para plantear la situación de Maldonado. El de Seguridad, Eugenio Burzaco, superior formal de Noceti, respondió que iba a averiguar lo sucedido. El de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural, Claudio Avruj, respondió que se pondría al tanto y contestaría. Luego de un día y medio contestó con un extenso informe que detalla los pasos formales dados a solicitud del Juzgado Federal de Esquel, pero presenta la primera desaparición forzada del gobierno actual como una mera “Búsqueda de Persona Extraviada”. Afirma que ninguna empresa telefónica registra una línea a nombre de Maldonado. Pero hace tres días el CELS aportó al juzgado federal los datos sobre esa línea, obtenidos de un amigo de la víctima, que incluyen el número, que pertenece a una empresa chilena pero que Santiago usaba en la Argentina, y que estuvo activa hasta el día siguiente de su desaparición. Según Avruj la fuerza designada para el Levantamiento de Rastros “fue la Policía Federal Argentina, cuyo equipo se trasladará a la brevedad (sic) a la zona”. También ofreció la colaboración de perros policiales, drones y georadares. La Dirección de Cinotecnia “se encuentra arbitrando los medios necesarios a fin de cumplimentar la medida”. Tal como ocurrió cuando la desaparición forzada de Jorge Julio López, los pasos oficiales ponen en duda en forma tácita el carácter del hecho: ofreció “consultar con la Comisión Nacional de Regulación del Transporte sobre posibles movimientos”, de Maldonado, como si pudiera haberse alejado por propia voluntad sin avisar a nadie. El colmo es la respuesta sobre “una presunta camioneta blanca interviniente en el hecho denunciado a fin de ponerla a disposición de la Justicia Federal”, cuando los testigos dijeron que era un vehículo de la Gendarmería.
Facundo Jones Huala fue detenido el martes 27 de junio, tres horas después de concluida en Santiago la reunión entre Macrì y su colega de Chile, Michelle Bachelet, que solicita la extradición de Jones Huala por el incendio de un fundo en aquel país. El 1º de septiembre de 2016 el juez Federal Otranto declaró nulo el juicio de extradición, porque la detención de Jones Huala se logró por información brindada bajo torturas por Gonzalo Cabrera y por los seguimientos previos ilegales realizados por la Policía Federal y por la Agencia Federal de Información. El día anterior, Bullrich dijo que no consideraba los reclamos de los pueblos originarios por sus tierras ancestrales un derecho garantizado por la Constitución sino un delito federal y atribuyó a la Resistencia Ancestral Mapuche “hechos delictivos como usurpaciones de territorios, incendios, daños, amenazas”. El 16 de noviembre de 2016 se publicó en esta página un Power Point del Ministerio de Seguridad fechado el 30 de agosto, en el que afirma que la “problemática mapuche” consiste en que “se arman comunidades” (sic) y “se toman tierras en zonas petroleras o gasíferas impidiendo constantemente la normal explotación de los pozos. Estos delitos de usurpación, turbación en la posesión y extorsión afectan un servicio estratégico de los recursos del estado: han estado detenidos 200 pozos (según informó YPF)”.
El mes pasado Bullrich se dirigió en forma directa a la Corte Suprema, cuestionando la prueba por la que Otranto anuló el primer juicio. Lo hizo con un escrito, en el que afirma que Gonzalo Cabrera no fue torturado y con un video grabado durante su declaración ante la policía. Efectivamente, se lo ve hablando en calma sin que nadie lo presione. Pero esta inaudita acción de lobby del Poder Ejecutivo sobre la Corte Suprema no pudo ocultar las marcas de los golpes con que lo persuadieron de prestar esa declaración ante la cámara. La semana pasada, a pesar de la intervención irregular de Bullrich, que no era parte en el expediente, la Corte Suprema confirmó la nulidad. No obstante, la justicia federal se propone realizar un segundo juicio por la misma causa. La defensa de Jones Huala objeta que se trata del mismo objeto y la misma persona, por lo cual no corresponde repetir el juicio.
Yo, el Supremo
El 31 de julio, miembros de comunidades mapuche reclamaron frente al juzgado federal de Bariloche por la detención arbitraria de Facundo Jones Huala y fueron reprimidos por la Gendarmería Nacional y el Grupo Especial de Asalto Táctico de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, con balas de goma disparadas al cuerpo. Nueve personas fueron detenidas y muchas resultaron heridas. Al día siguiente, Noceti convocó en Esquel a todas las fuerzas federales y provinciales de Río Negro y Chubut para “empezar a tomar intervención y detener a todos y cada uno de los miembros del RAM que produzcan delitos en la vía pública y en flagrancia”, según sus propias palabras. En una entrevista con la radio FM Sol, dijo que la mesa interministerial atendería cualquier petitorio de las comunidades mapuche, que son pacíficas, salvo del RAM, que “no piden absolutamente nada y sólo quieren generar caos y temor en la población”. Eso no es cierto. Los manifestantes reclamaban la libertad de Facundo Jones Huala, detenido en forma arbitraria, por un pedido de extradición que ya había sido declarado nulo. “Con el RAM no tenemos nada que dialogar. Lo único que vamos a hacer es judicializarlos, van a quedar todos presos”, insistió Noceti. Agregó que la detención de Jones Huala fue “una casualidad total, porque no es que fuimos a allanar un lugar y lo detuvimos. Lo detuvimos en la ruta”. No es así:
el martes 27 de junio, Macrì llegó al Palacio de la Moneda a las 12.10. Allí mantuvo una reunión privada con Bachelet y a las 15.10 ambos hablaron con la prensa durante diez minutos.
Según la crónica del matutino argentino Clarín, el Secretario de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural, Claudio Avruj conversó con su par chilena, Lorena Fries “sobre la situación del mapuche argentino Jones Huala”.
a las 19, a menos de cuatro horas del saludo de despedida de ambos presidentes, Facundo fue detenido por la Gendarmería en la ruta 40 y encerrado en la cárcel federal de Bariloche. Es obvio que lo estaban siguiendo, pese a que no había orden de captura en su contra, tal como ocurrió en su detención anterior. El responsable de esa inteligencia ilegal, que alcanza incluso a Pérez Esquivel es Noceti.
“Yo estuve personalmente en el lugar. El problema no lo tenemos con los mapuche, lo tenemos con el RAM. Es un grupo absolutamente radicalizado que no pide nada. Lo único que hacen es quemar, incendiar, dañar, robar ganado. No les conozco trabajo a ninguno de ellos. Ninguno de los jueces o los fiscales conoce el trabajo de la gente que hasta ahora se ha detenido. No sé de qué viven. Evidentemente hay quienes los apoyan, que los financian. Estamos también investigando esas cuestiones, porque están financiando a un grupo radicalizado. Conformar ese grupo constituye el delito del artículo 213 bis del Código Penal”, alardeó Noceti. “Que sepan que los estamos investigando. A algunos componentes del RAM los conocemos, muchos de los que se están manifestando en la puerta de los juzgados son los restos del RAM. Los vamos a ir identificando porque los tenemos filmados. Ya tenemos identificados a nueve, los que estuvieron rompiendo y quemando las puertas del juzgado federal de Bariloche. Lo mismo vamos a hacer cuando rompan la puerta de otro juzgado o de la Unidad Penal 14. Los vamos a terminar de identificar a todos y a medida que los vayamos individualizando los vamos a ir deteniendo”, agregó. También dijo que “se han juntado con extremistas kurdos, con alguna gente vinculada al gobierno anterior, hay gente que ha ido a hablar por ellos, como por ejemplo Pérez Esquivel. Hay una franja de gente que están en contacto con ellos y no sabemos si sólo está en contacto o los apoya. No sabemos tampoco quien paga los abogados”.
Según Noceti, cuando los mapuche fueron perseguidos escaparon por la maleza y no pudieron detenerlos. La presentación del CELS ante las Naciones Unidas narra que alrededor de 100 efectivos de la Gendarmería ingresaron de manera irregular y violenta al territorio de la comunidad mapuche Pu Lof en Resistencia, Departamento de Cushamen, provincia de Chubut. Dispararon balas de plomo y de goma y quemaron objetos pertenecientes a las familias. Santiago Maldonado, de 28 años, que reside en El Bolsón, fue visto la última vez mientras huía de esa persecución. Llevaba consigo una mochila pequeña con sus pertenencias y sus documentos, que no se encontró. Cuando cerca de 30 efectivos uniformados de la Gendarmería comenzaron a disparar, varias de las personas presentes en el lugar corrieron hacia el río, a unos 100 metros al este de la comunidad. Algunas lograron cruzarlo y escapar. Varios testigos vieron correr a Santiago para resguardarse de los disparos. No logró cruzar el río y se refugió bajo un árbol. Desde el otro lado del río, quienes pudieron huir vieron a Santiago quedarse agazapado allí entre 20 y 25 minutos, hasta que lo perdieron de vista y pudieron escuchar la voz de dos de los gendarmes que habrían logrado reducir a alguien, exclamando “acá tenemos a uno” y a otro gendarme decir “estás detenido”. Desde la otra orilla del río, una persona que se encontraba en una lomada, pudo ver a un grupo de gendarmes golpeando a un joven varón maniatado. Aunque no logró identificarlo con precisión debido a la distancia, ninguno de los otros miembros de la comunidad fue detenido dentro del territorio.
Posteriormente, alrededor de las 13.30 horas, otro hombre que se encontraba del otro lado del río también pudo observar que entre seis y ocho efectivos formaban una fila para ocultar algo que intentaban ingresar por la puerta trasera de una camioneta de la Gendarmería. Esta camioneta, de color blanco con guardas verdes, había ingresado al territorio indígena en marcha atrás, retirándose luego por la ruta n° 40 en dirección a la ciudad de Esquel”. El CELS se comunicó con dos secretarios de Estado para plantear la situación de Maldonado. El de Seguridad, Eugenio Burzaco, superior formal de Noceti, respondió que iba a averiguar lo sucedido. El de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural, Claudio Avruj, respondió que se pondría al tanto y contestaría. Luego de un día y medio contestó con un extenso informe que detalla los pasos formales dados a solicitud del Juzgado Federal de Esquel, pero presenta la primera desaparición forzada del gobierno actual como una mera “Búsqueda de Persona Extraviada”. Afirma que ninguna empresa telefónica registra una línea a nombre de Maldonado. Pero hace tres días el CELS aportó al juzgado federal los datos sobre esa línea, obtenidos de un amigo de la víctima, que incluyen el número, que pertenece a una empresa chilena pero que Santiago usaba en la Argentina, y que estuvo activa hasta el día siguiente de su desaparición. Según Avruj la fuerza designada para el Levantamiento de Rastros “fue la Policía Federal Argentina, cuyo equipo se trasladará a la brevedad (sic) a la zona”. También ofreció la colaboración de perros policiales, drones y georadares. La Dirección de Cinotecnia “se encuentra arbitrando los medios necesarios a fin de cumplimentar la medida”. Tal como ocurrió cuando la desaparición forzada de Jorge Julio López, los pasos oficiales ponen en duda en forma tácita el carácter del hecho: ofreció “consultar con la Comisión Nacional de Regulación del Transporte sobre posibles movimientos”, de Maldonado, como si pudiera haberse alejado por propia voluntad sin avisar a nadie. El colmo es la respuesta sobre “una presunta camioneta blanca interviniente en el hecho denunciado a fin de ponerla a disposición de la Justicia Federal”, cuando los testigos dijeron que era un vehículo de la Gendarmería.
