Triaca y Frigerio recibieron a la conducción de la CGT el 19 de diciembre pasado. Foto: Archivo
En paralelo al plan oficial para reducir los costos laborales y revisar el sistema previsional, el Gobierno avanza en su intención de limitar las negociaciones salariales a la inflación proyectada en el presupuesto, cuyo cálculo se prevé entre el 17 y el 20%.
El Estado, en su rol de empleador, ya dio señales de una parte de su estrategia con el novedoso acuerdo paritario con los gremios bonaerenses. La gobernadora María Eugenia Vidal anticipó un aumento anual de 18%, que incluye claúsulas automáticas para volver a negociar en caso de que la inflación sea mayor. La suba se aplica en cuatro cuotas de 4,25% entre enero, abril, julio y octubre más un 1% adicional.
Entre sus recientes definiciones, el flamante ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, elogió este trato salarial y sugirió replicar su mecanismo. Se descarta que el acuerdo sería idéntico para la administración pública nacional, que negocia sueldos en junio. «Tal vez no nos molesta una paritaria similar. Habría que esperar qué impacto tendrán los aumentos que están en carpeta: combustibles, tarifas y prepagas», dijo a LA NACION el dirigente gremial Andrés Rodríguez, el jefe nacional de los estatales de UPCN e integrante de la cúpula de la CGT.
Pero en la central obrera no todos piensan de la misma manera. Juan Carlos Schmid, uno de los integrantes del triunvirato de mando, rechazó una paritaria entre 17 y 20%. «Nadie aceptaría ahora esa pauta hasta no ver cómo se desarrolla la inflación», planteó el referente de los gremios del transporte. Héctor Daer, otro de los jefes cegetistas, pidió esperar la evolución de los precios en el primer trimestre antes de definir la pauta de las paritarias. Los pocos gremios que negocian antes del primer trimestre recurrirían a la siguiente estrategia: aplazar la paritaria con un pago a cuenta hasta que se defina una referencia.
El Gobierno dio otra señal en su plan de negociar salarios con la inflación futura. Selló un acuerdo preliminar con los trabajadores del transporte público automotor y ferroviario, por el que se les otorgó un bono de fin de año de $ 5000 a cambio de retomar las negociaciones salariales a partir de marzo.
El ministro de Trabajo, Jorge Triaca, apuesta a que las paritarias del sector privado también se negocien para adelante, con la inflación proyectada en el presupuesto. Ampara su deseo en el comportamiento de los precios en el último semestre y en la expectativa de que en 2017 la inflación se mantenga en el 1,5% mensual. Por eso, Triaca objetó el acuerdo de los bancarios y no homologó todos sus puntos por considerar que anualmente contempla una inflación mucho mayor.
La Asociación Bancaria (AB), el gremio mayoritario del sector, cerró en diciembre una compensación de entre $ 8000 y $ 12.000, según las categorías salariales. La paritaria de 2016 había sido de 33%, pero el gremio forzó una reapertura, en la que obtuvo un 4% adicional. Lo más novedoso del trato que selló Sergio Palazzo, sin embargo, fue el pago a cuenta por la paritaria de 2017. Recibirán este mes un pago remunerativo de $7000, mientras que habrá bonificaciones de $ 2000 por mes hasta abril. Es decir que el anticipo alcanzará como mínimo los $ 15.000. Así como está, el trato ya establece como piso un porcentaje de aumento anual de por lo menos un 22%, una cifra superior a las expectativas del Gobierno. Por eso, este último punto del trato todavía no fue avalado por Triaca. La semana próxima el gremio y las cámaras del sector serán citadas a Trabajo para resolver el entuerto salarial.
En el Gobierno sugieren que el endurecimiento de Palazzo responde a cuestiones políticas. El dirigente bancario, que es de origen radical, se acercó al kirchnerismo residual y se paró en la vereda de enfrente de la actual conducción cegetista.
Sector por sector
Triaca avanza en una radiografía sector por sector para identificar las áreas más complicadas y en las que se podría innovar a la hora de negociar salarios a través de recompensas por productividad y en modificaciones de los convenios colectivos de trabajo.
El caso paradigmático será el de los petroleros de Neuquén, que resignarán beneficios salariales en tren de reactivar las inversiones en el yacimiento de Vaca Muerta. Mauricio Macri se referiría el martes a este caso puntual. Aquí se negoció con Guillermo Pereyra, líder del Sindicato de Petróleo y Gas Privado, una reducción en los costos laborales a cambio de dinamizar la llegada de inversiones. El gremio cederá el adicional por las denominadas «horas taxi», entre otros puntos. La prioridad es mantener los puestos de trabajo.
Pero la petrolera no sería la única actividad que podría sufrir cambios profundo en sus convenios. En el Gobierno negocian con empresarios y sindicalistas de diferentes rubros para activar reformas en otras industrias como energía, la construcción, automotrices y metalúrgica.
En el Gobierno se entusiasman también con atar la negociación salarial a la productividad. Este año se aplicaría en la administración pública y en el sector privado ya dejó de ser un tema tabú y amenaza con expandirse. Un dato que así lo demuestra: en un 30% de las casi 700 paritarias que homologó el Ministerio de Trabajo en 2016 hubo claúsulas por productividad. Dominaron dos ítems: el ausentismo y el pago de un adicional de acuerdo con resultados.
En paralelo al plan oficial para reducir los costos laborales y revisar el sistema previsional, el Gobierno avanza en su intención de limitar las negociaciones salariales a la inflación proyectada en el presupuesto, cuyo cálculo se prevé entre el 17 y el 20%.
El Estado, en su rol de empleador, ya dio señales de una parte de su estrategia con el novedoso acuerdo paritario con los gremios bonaerenses. La gobernadora María Eugenia Vidal anticipó un aumento anual de 18%, que incluye claúsulas automáticas para volver a negociar en caso de que la inflación sea mayor. La suba se aplica en cuatro cuotas de 4,25% entre enero, abril, julio y octubre más un 1% adicional.
Entre sus recientes definiciones, el flamante ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, elogió este trato salarial y sugirió replicar su mecanismo. Se descarta que el acuerdo sería idéntico para la administración pública nacional, que negocia sueldos en junio. «Tal vez no nos molesta una paritaria similar. Habría que esperar qué impacto tendrán los aumentos que están en carpeta: combustibles, tarifas y prepagas», dijo a LA NACION el dirigente gremial Andrés Rodríguez, el jefe nacional de los estatales de UPCN e integrante de la cúpula de la CGT.
Pero en la central obrera no todos piensan de la misma manera. Juan Carlos Schmid, uno de los integrantes del triunvirato de mando, rechazó una paritaria entre 17 y 20%. «Nadie aceptaría ahora esa pauta hasta no ver cómo se desarrolla la inflación», planteó el referente de los gremios del transporte. Héctor Daer, otro de los jefes cegetistas, pidió esperar la evolución de los precios en el primer trimestre antes de definir la pauta de las paritarias. Los pocos gremios que negocian antes del primer trimestre recurrirían a la siguiente estrategia: aplazar la paritaria con un pago a cuenta hasta que se defina una referencia.
El Gobierno dio otra señal en su plan de negociar salarios con la inflación futura. Selló un acuerdo preliminar con los trabajadores del transporte público automotor y ferroviario, por el que se les otorgó un bono de fin de año de $ 5000 a cambio de retomar las negociaciones salariales a partir de marzo.
El ministro de Trabajo, Jorge Triaca, apuesta a que las paritarias del sector privado también se negocien para adelante, con la inflación proyectada en el presupuesto. Ampara su deseo en el comportamiento de los precios en el último semestre y en la expectativa de que en 2017 la inflación se mantenga en el 1,5% mensual. Por eso, Triaca objetó el acuerdo de los bancarios y no homologó todos sus puntos por considerar que anualmente contempla una inflación mucho mayor.
La Asociación Bancaria (AB), el gremio mayoritario del sector, cerró en diciembre una compensación de entre $ 8000 y $ 12.000, según las categorías salariales. La paritaria de 2016 había sido de 33%, pero el gremio forzó una reapertura, en la que obtuvo un 4% adicional. Lo más novedoso del trato que selló Sergio Palazzo, sin embargo, fue el pago a cuenta por la paritaria de 2017. Recibirán este mes un pago remunerativo de $7000, mientras que habrá bonificaciones de $ 2000 por mes hasta abril. Es decir que el anticipo alcanzará como mínimo los $ 15.000. Así como está, el trato ya establece como piso un porcentaje de aumento anual de por lo menos un 22%, una cifra superior a las expectativas del Gobierno. Por eso, este último punto del trato todavía no fue avalado por Triaca. La semana próxima el gremio y las cámaras del sector serán citadas a Trabajo para resolver el entuerto salarial.
En el Gobierno sugieren que el endurecimiento de Palazzo responde a cuestiones políticas. El dirigente bancario, que es de origen radical, se acercó al kirchnerismo residual y se paró en la vereda de enfrente de la actual conducción cegetista.
Sector por sector
Triaca avanza en una radiografía sector por sector para identificar las áreas más complicadas y en las que se podría innovar a la hora de negociar salarios a través de recompensas por productividad y en modificaciones de los convenios colectivos de trabajo.
El caso paradigmático será el de los petroleros de Neuquén, que resignarán beneficios salariales en tren de reactivar las inversiones en el yacimiento de Vaca Muerta. Mauricio Macri se referiría el martes a este caso puntual. Aquí se negoció con Guillermo Pereyra, líder del Sindicato de Petróleo y Gas Privado, una reducción en los costos laborales a cambio de dinamizar la llegada de inversiones. El gremio cederá el adicional por las denominadas «horas taxi», entre otros puntos. La prioridad es mantener los puestos de trabajo.
Pero la petrolera no sería la única actividad que podría sufrir cambios profundo en sus convenios. En el Gobierno negocian con empresarios y sindicalistas de diferentes rubros para activar reformas en otras industrias como energía, la construcción, automotrices y metalúrgica.
En el Gobierno se entusiasman también con atar la negociación salarial a la productividad. Este año se aplicaría en la administración pública y en el sector privado ya dejó de ser un tema tabú y amenaza con expandirse. Un dato que así lo demuestra: en un 30% de las casi 700 paritarias que homologó el Ministerio de Trabajo en 2016 hubo claúsulas por productividad. Dominaron dos ítems: el ausentismo y el pago de un adicional de acuerdo con resultados.
