Triaca confirmó que se les devolverá a los gremios parte de los $ 30.000 millones de las obras sociales; la iniciativa contempla un compromiso por Ganancias y asignaciones
Sin acuerdo interno para consensuar un liderazgo común, la CGT se encamina hacia una conducción colegiada. Se conformaría con tres o cuatro referentes en su cúpula, uno por cada sector. Desde el Gobierno siguen con atención las negociaciones y perciben que la atomización sindical se mantendría pese a la escenificación de unidad, que se concretaría el 22 de agosto próximo en un congreso en Obras Sanitarias.
En paralelo al proceso de reunificación, la Casa Rosada avanza en una suerte de pacto de gobernabilidad con los sindicatos. Tres pilares sostienen el acuerdo tácito: el compromiso oficial de distribuir los $ 30.000 millones del Fondo Solidario de Redistribución (FSR) a las obras sociales sindicales; modificar por ley el impuesto a las ganancias y aplicar sus cambios a partir de 2017, y la ampliación de los beneficios de las asignaciones familiares. Cada uno de los puntos forma parte del rosario de reclamos que reivindica la central obrera peronista.
Con respecto a los fondos de la salud, el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, les envió una señal favorable a los gremios. «Hay un sentido de justicia en el reclamo. Tendremos que ser justos y equitativos. Se les pagó muy mal a las obras sociales en los períodos anteriores», dijo el funcionario a LA NACION. Ratificó el compromiso hace dos días delante de un puñado de dirigentes sindicales.
Los sindicatos tomaron el gesto como una inminente apertura del grifo financiero. Pero la devolución del dinero no sería tan sencilla. El primer paso será determinar cuáles son las obras sociales desfinanciadas y a las que se les debe reintegrar dinero por tratamientos o medicamentos costosos. A ellas se les derivará el dinero directamente. Para esta tarea ya se activó una comisión tripartita, con miembros del Ministerio de Trabajo, la Superintendencia de Servicios de la Salud y los gremios. Para destrabar el resto de los fondos todavía resta afinar un plan mucho más amplio, que apunta a reforzar el sistema solidario de salud.
El pago de la deuda a las obras sociales le servirá al Gobierno para calmar el ánimo de los sindicatos más numerosos, cuyas prestadoras médicas absorben a miles de trabajadores monotributistas. Hay dos casos emblemáticos: Comercio y los obreros de la Uocra. Armando Cavalieri y Gerardo Martínez, los respectivos jefes sindicales, ya se despegaron de su pasado kirchnerista y exhiben hoy cierta armonía con la gestión macrista.
En tanto, el proyecto para modificar por ley las escalas de Ganancias ayudaría a distender el vínculo con los camioneros de Hugo Moyano, uno de los sectores más afectados por los alcances del tributo al salario, junto con el de los bancarios. «En la escala de prioridades de los camioneros está primero Ganancias», reconoció un funcionario de trato casi cotidiano con el jefe camionero.
El oficialismo impulsaría este mismo año un proyecto para reformar Ganancias, pero aspira a que los cambios se apliquen recién a partir de 2017. La negociación dependerá de una ingeniería mucho más amplia que la de los bloques legislativos. Hay también charlas con cada uno de los gobernadores por el impacto económico que la iniciativa tendría en las provincias.
El tercer punto del acuerdo subterráneo está relacionado a las asignaciones familiares y a posibles nuevas políticas vinculadas a la reducción del IVA. Con la ampliación de beneficios, el Gobierno apuesta a tener de su lado a los gremios cuyos afiliados no son alcanzados por Ganancias y a quienes este plus les resulta un alivio económico. También se evalúa una ayuda escolar para los hijos de los trabajadores. Forma parte del mismo plan para sellar un virtual tregua.
Hay un cuarto factor, pero que no forma parte del acuerdo: la intervención judicial del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU) y la probable caída en prisión de su líder, Omar «Caballo» Suárez. En la Casa Rosada reconocen que el caso del SOMU servirá como disciplinamiento a los gremios para exigirles mayor transparencia en el manejo de sus organizaciones. «Lo del Caballo es simbólico. Puede ser un mensaje para el dirigente gremial que se corra del eje», asumió un miembro del gabinete macrista.
La intervención divide hoy a los sindicalistas. Hay un sector que criticó al Gobierno por entrometerse en la vida interna de una organización gremial. Pero por el otro, hay dirigentes que, en reserva, confirmaron ante diversos funcionarios las tropelías que a Suárez se le atribuyen. Esta ambivalencia sobre el caso del SOMU genera un interrogante: ¿cómo reaccionará la corporación sindical si «el Caballo» cae preso? «No creo que pueda haber una reacción como la que hubo en 2011 con (Gerónimo) ´el Momo´ Venegas por los medicamentos», especuló un jerárquico de la CGT que también está bajo sospecha en la causa por la presunta adulteración de remedios.
Camino a la unidad
La CGT unificada no estará liderada por Moyano, Antonio Caló ni Luis Barrionuevo. Sin los tres referentes, la baraja de candidatos no está aún del todo configurada. En caso de conformar un triunvirato, con un dirigente por cada bastión en la cima, ya hay nombres anotados: Juan Carlos Schmid, Héctor Daer y Carlos Acuña. Si se le concede una silla al espacio de Omar Viviani, ese lugar sería para Sergio Sassia. A estos candidatos podría sumarse el bancario Sergio Palazzo. En el Gobierno siguen de cerca este ajedrez y temen que Sergio Massa se adueñe de la foto final, ya que dos de los tres miembros del eventual triunvirato son legisladores del Frente Renovador.
Los tres pilares de un pacto a largo plazo
Obras Sociales
Se activó una comisión tripartita para distribuir los $ 30.000 millones del Fondo Solidario de Redistribución. Las obras sociales sindicales que estén económicamente complicadas serían las primeras en recibir el dinero. Y se privilegiará en el reparto a las prestadoras médicas que absorban a más afiliados monotributistas
Impuesto a las ganancias
El Gobierno se comprometió a modificar por ley las escalas del tributo que pesa sobre los salarios. Se aplicarían los cambios en 2017. El oficialismo buscará impulsar un proyecto de ley que deje satisfechos a los gremialistas. Un borrador ya circula por los despachos del Ministerio de Trabajo
Asignaciones familiares
Además de las medidas ya anunciadas por el Presidente, algunos funcionarios macristas y un sector gremial analizan ampliar los beneficios para los asalariados más postergados y para los jubilados. Están en evaluación propuestas vinculadas a la ayuda escolar y un estudio sobre el impacto que tuvo el aumento de las tarifas en los servicios públicos
Sin acuerdo interno para consensuar un liderazgo común, la CGT se encamina hacia una conducción colegiada. Se conformaría con tres o cuatro referentes en su cúpula, uno por cada sector. Desde el Gobierno siguen con atención las negociaciones y perciben que la atomización sindical se mantendría pese a la escenificación de unidad, que se concretaría el 22 de agosto próximo en un congreso en Obras Sanitarias.
En paralelo al proceso de reunificación, la Casa Rosada avanza en una suerte de pacto de gobernabilidad con los sindicatos. Tres pilares sostienen el acuerdo tácito: el compromiso oficial de distribuir los $ 30.000 millones del Fondo Solidario de Redistribución (FSR) a las obras sociales sindicales; modificar por ley el impuesto a las ganancias y aplicar sus cambios a partir de 2017, y la ampliación de los beneficios de las asignaciones familiares. Cada uno de los puntos forma parte del rosario de reclamos que reivindica la central obrera peronista.
Con respecto a los fondos de la salud, el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, les envió una señal favorable a los gremios. «Hay un sentido de justicia en el reclamo. Tendremos que ser justos y equitativos. Se les pagó muy mal a las obras sociales en los períodos anteriores», dijo el funcionario a LA NACION. Ratificó el compromiso hace dos días delante de un puñado de dirigentes sindicales.
Los sindicatos tomaron el gesto como una inminente apertura del grifo financiero. Pero la devolución del dinero no sería tan sencilla. El primer paso será determinar cuáles son las obras sociales desfinanciadas y a las que se les debe reintegrar dinero por tratamientos o medicamentos costosos. A ellas se les derivará el dinero directamente. Para esta tarea ya se activó una comisión tripartita, con miembros del Ministerio de Trabajo, la Superintendencia de Servicios de la Salud y los gremios. Para destrabar el resto de los fondos todavía resta afinar un plan mucho más amplio, que apunta a reforzar el sistema solidario de salud.
El pago de la deuda a las obras sociales le servirá al Gobierno para calmar el ánimo de los sindicatos más numerosos, cuyas prestadoras médicas absorben a miles de trabajadores monotributistas. Hay dos casos emblemáticos: Comercio y los obreros de la Uocra. Armando Cavalieri y Gerardo Martínez, los respectivos jefes sindicales, ya se despegaron de su pasado kirchnerista y exhiben hoy cierta armonía con la gestión macrista.
En tanto, el proyecto para modificar por ley las escalas de Ganancias ayudaría a distender el vínculo con los camioneros de Hugo Moyano, uno de los sectores más afectados por los alcances del tributo al salario, junto con el de los bancarios. «En la escala de prioridades de los camioneros está primero Ganancias», reconoció un funcionario de trato casi cotidiano con el jefe camionero.
El oficialismo impulsaría este mismo año un proyecto para reformar Ganancias, pero aspira a que los cambios se apliquen recién a partir de 2017. La negociación dependerá de una ingeniería mucho más amplia que la de los bloques legislativos. Hay también charlas con cada uno de los gobernadores por el impacto económico que la iniciativa tendría en las provincias.
El tercer punto del acuerdo subterráneo está relacionado a las asignaciones familiares y a posibles nuevas políticas vinculadas a la reducción del IVA. Con la ampliación de beneficios, el Gobierno apuesta a tener de su lado a los gremios cuyos afiliados no son alcanzados por Ganancias y a quienes este plus les resulta un alivio económico. También se evalúa una ayuda escolar para los hijos de los trabajadores. Forma parte del mismo plan para sellar un virtual tregua.
Hay un cuarto factor, pero que no forma parte del acuerdo: la intervención judicial del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU) y la probable caída en prisión de su líder, Omar «Caballo» Suárez. En la Casa Rosada reconocen que el caso del SOMU servirá como disciplinamiento a los gremios para exigirles mayor transparencia en el manejo de sus organizaciones. «Lo del Caballo es simbólico. Puede ser un mensaje para el dirigente gremial que se corra del eje», asumió un miembro del gabinete macrista.
La intervención divide hoy a los sindicalistas. Hay un sector que criticó al Gobierno por entrometerse en la vida interna de una organización gremial. Pero por el otro, hay dirigentes que, en reserva, confirmaron ante diversos funcionarios las tropelías que a Suárez se le atribuyen. Esta ambivalencia sobre el caso del SOMU genera un interrogante: ¿cómo reaccionará la corporación sindical si «el Caballo» cae preso? «No creo que pueda haber una reacción como la que hubo en 2011 con (Gerónimo) ´el Momo´ Venegas por los medicamentos», especuló un jerárquico de la CGT que también está bajo sospecha en la causa por la presunta adulteración de remedios.
Camino a la unidad
La CGT unificada no estará liderada por Moyano, Antonio Caló ni Luis Barrionuevo. Sin los tres referentes, la baraja de candidatos no está aún del todo configurada. En caso de conformar un triunvirato, con un dirigente por cada bastión en la cima, ya hay nombres anotados: Juan Carlos Schmid, Héctor Daer y Carlos Acuña. Si se le concede una silla al espacio de Omar Viviani, ese lugar sería para Sergio Sassia. A estos candidatos podría sumarse el bancario Sergio Palazzo. En el Gobierno siguen de cerca este ajedrez y temen que Sergio Massa se adueñe de la foto final, ya que dos de los tres miembros del eventual triunvirato son legisladores del Frente Renovador.
Los tres pilares de un pacto a largo plazo
Obras Sociales
Se activó una comisión tripartita para distribuir los $ 30.000 millones del Fondo Solidario de Redistribución. Las obras sociales sindicales que estén económicamente complicadas serían las primeras en recibir el dinero. Y se privilegiará en el reparto a las prestadoras médicas que absorban a más afiliados monotributistas
Impuesto a las ganancias
El Gobierno se comprometió a modificar por ley las escalas del tributo que pesa sobre los salarios. Se aplicarían los cambios en 2017. El oficialismo buscará impulsar un proyecto de ley que deje satisfechos a los gremialistas. Un borrador ya circula por los despachos del Ministerio de Trabajo
Asignaciones familiares
Además de las medidas ya anunciadas por el Presidente, algunos funcionarios macristas y un sector gremial analizan ampliar los beneficios para los asalariados más postergados y para los jubilados. Están en evaluación propuestas vinculadas a la ayuda escolar y un estudio sobre el impacto que tuvo el aumento de las tarifas en los servicios públicos
