Convenios. La Jefatura de Gabinete ya avanza con la redacción de nuevos acuerdos con otros organismos públicos en procura de sus bases de datos. | Foto: cedoc
La pelea que la oposición busca dar en la Justicia y las críticas que se desencadenaron esta semana por el uso de la base de datos de la Anses por parte de la Secretaría de comunicación, no detienen al Gobierno de Mauricio Macri, en donde ya se trabaja en la elaboración de otros convenios con distintas dependencias del Estado para que sean usados para su política comunicacional.
La base de datos de la Anses contiene un importante almacenamiento de información de la mayoría de los argentinos. Pero hay otras dos organismos que también llegan a cubrir datos de la casi la totalidad de la población y son el Registro Nacional de las Personas (Renaper), el PAMI y la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). A ellas también busca llegar la Secretaría de Comunicación Pública de la Nación que depende del jefe de Gabinete, Marcos Peña.
Por ello, en medio de la polémica, las distintas áreas legales del Gobierno avanzan en el borrador de convenios con estas dependencias. Con la AFIP, el contrato en el que se trabaja tiene distintos agregados, ya que varios de los datos de la cartera que comanda Alberto Abad, poseen secreto fiscal.
Con la información del Renaper, la Secretaría de Comunicación poseerá los datos filiatorios de los más de 43 millones de argentinos. Según el propio ministerio de Interior, Obras Públicas y Vivienda sólo aproximadamente 600 mil habitantes aún no tienen DNI. Pero además de esta información, con la implementación del nuevo DNI durante la gestión kirchnerista, quienes lo tramitaron podían dejar su número de teléfono y email para ser contactado. Estos datos se sumarán a los millones de emails, telefonos fijos y celulares que se obtienen con la Anses (diez millones de contactos).
La polémica no es nueva. En 2014, el Ministerio del Interior fue cuestionado y debió desistir del anuncio sobre que los argentinos que renovaran su DNI obtendrían un chip con no sólo los datos personales sino también con el historial clínico. Dos años antes, durante la presentación del nuevo DNI en el Congreso, el propio ministro del Interior y Transporte, Florencio Randazzo, recibió críticas de la entonces diputada y ahora titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso por tener los contactos de los ciudadanos y la posible utilización que se le podía dar a ellos. Ahora lo utilizará el Gobierno de Cambiemos.
Big Data. El avance de la tecnología permitió el almacenamiento de “grandes datos” conocido como Big Data, entre los que se pueden incluir las bases de datos de Estado. Se trata de importantes cantidades de información cuyo análisis permite tener un amplio conocimiento de los ciudadanos y su comportamiento. En países como Estados Unidos hay empresas que se especializan en el análisis de datos y en la campaña actual trabajan para el Partido Demócrata en la segmentación y captación de votantes.
Lo que permite Big Data y es en lo que basó su campaña el PRO en la elección presidencial de Mauricio Macri (sin la información del Estado) es la microsegmentación del electorado que permite una comunicación personalizada en detrimento de la publicidad tradicional.
De acuerdo al convenio publicado en el Boletín Oficial esta semana, la secretaría de Comunicación tendrá acceso al nombre y apellido; DNI; Domicilio, Fecha de Nacimiento y Teléfonos. Sin embargo, en su artículo 3 se especifica que el Gobierno podría “ampliar la información sujeta a intercambio”.
El Gobierno aclaró que esta base de datos no será utilizada por el PRO para la campaña, aunque desde la comunicación gubernamental reconocen que los encargados del “análisis y la inteligencia” de esos datos seguramente trabajarán en la próxima campaña electoral, por lo que estos conocimientos serán utilizados. En la campaña de 2015 el macrismo llegó a un millón de voluntarios y veinte millones de usuarios de Facebook. Con esta información, la cifra se duplicaría.
¿Qué es Big Data?
El uso de enormes bases de datos personales se conoce bajo la denominacion en inglés de Big Data.
Las empresas usan Big Data para buscar oportunidades de negocio a nivel individual y enfocar campañas personalizadas. La política también pretende saber gustos, hobbies y costumbres de cada votante para convencerlos con mensajes específicos. En los últimos años, el fenómeno encendió las alarmas de quienes pretenden proteger los datos personales que circulan en internet. Europa debate un nuevo marco regulatorio para fijar límites al uso de grandes bases de datos. Un debate similar se abrió en Estados Unidos.
Quieren frenarlo
Nuevos sectores de la oposición se sumaron a los cuestionamientos por la resolución del oficialismo de acceder a datos personales del Estado, luego de la denuncia penal presentada por los diputados Juan Cabandié y Rodolfo Tailhade contra el jefe de Gabinete, Marcos Peña, por “violación de secretos” e “incumplimiento de deberes de funcionario público”. En diálogo con PERFIL, la diputada por el Frente Renovador, Graciela Camaño, desestimó los argumentos de Cambiemos: “No se sustenta en los hechos que el Gobierno quiera hacerse de esta información. El oficialismo ya posee una estructura de medios en el manejo de redes sociales lo suficientemente grande para comunicar sus acciones”. Camaño aseguró que su bloque va a utilizar “todas las herramientas legislativas” para poder dar marcha atrás con esta resolución. En la causa judicial también fue denunciado el titular de la Anses, Emilio Basavilbaso.
La pelea que la oposición busca dar en la Justicia y las críticas que se desencadenaron esta semana por el uso de la base de datos de la Anses por parte de la Secretaría de comunicación, no detienen al Gobierno de Mauricio Macri, en donde ya se trabaja en la elaboración de otros convenios con distintas dependencias del Estado para que sean usados para su política comunicacional.
La base de datos de la Anses contiene un importante almacenamiento de información de la mayoría de los argentinos. Pero hay otras dos organismos que también llegan a cubrir datos de la casi la totalidad de la población y son el Registro Nacional de las Personas (Renaper), el PAMI y la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). A ellas también busca llegar la Secretaría de Comunicación Pública de la Nación que depende del jefe de Gabinete, Marcos Peña.
Por ello, en medio de la polémica, las distintas áreas legales del Gobierno avanzan en el borrador de convenios con estas dependencias. Con la AFIP, el contrato en el que se trabaja tiene distintos agregados, ya que varios de los datos de la cartera que comanda Alberto Abad, poseen secreto fiscal.
Con la información del Renaper, la Secretaría de Comunicación poseerá los datos filiatorios de los más de 43 millones de argentinos. Según el propio ministerio de Interior, Obras Públicas y Vivienda sólo aproximadamente 600 mil habitantes aún no tienen DNI. Pero además de esta información, con la implementación del nuevo DNI durante la gestión kirchnerista, quienes lo tramitaron podían dejar su número de teléfono y email para ser contactado. Estos datos se sumarán a los millones de emails, telefonos fijos y celulares que se obtienen con la Anses (diez millones de contactos).
La polémica no es nueva. En 2014, el Ministerio del Interior fue cuestionado y debió desistir del anuncio sobre que los argentinos que renovaran su DNI obtendrían un chip con no sólo los datos personales sino también con el historial clínico. Dos años antes, durante la presentación del nuevo DNI en el Congreso, el propio ministro del Interior y Transporte, Florencio Randazzo, recibió críticas de la entonces diputada y ahora titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso por tener los contactos de los ciudadanos y la posible utilización que se le podía dar a ellos. Ahora lo utilizará el Gobierno de Cambiemos.
Big Data. El avance de la tecnología permitió el almacenamiento de “grandes datos” conocido como Big Data, entre los que se pueden incluir las bases de datos de Estado. Se trata de importantes cantidades de información cuyo análisis permite tener un amplio conocimiento de los ciudadanos y su comportamiento. En países como Estados Unidos hay empresas que se especializan en el análisis de datos y en la campaña actual trabajan para el Partido Demócrata en la segmentación y captación de votantes.
Lo que permite Big Data y es en lo que basó su campaña el PRO en la elección presidencial de Mauricio Macri (sin la información del Estado) es la microsegmentación del electorado que permite una comunicación personalizada en detrimento de la publicidad tradicional.
De acuerdo al convenio publicado en el Boletín Oficial esta semana, la secretaría de Comunicación tendrá acceso al nombre y apellido; DNI; Domicilio, Fecha de Nacimiento y Teléfonos. Sin embargo, en su artículo 3 se especifica que el Gobierno podría “ampliar la información sujeta a intercambio”.
El Gobierno aclaró que esta base de datos no será utilizada por el PRO para la campaña, aunque desde la comunicación gubernamental reconocen que los encargados del “análisis y la inteligencia” de esos datos seguramente trabajarán en la próxima campaña electoral, por lo que estos conocimientos serán utilizados. En la campaña de 2015 el macrismo llegó a un millón de voluntarios y veinte millones de usuarios de Facebook. Con esta información, la cifra se duplicaría.
¿Qué es Big Data?
El uso de enormes bases de datos personales se conoce bajo la denominacion en inglés de Big Data.
Las empresas usan Big Data para buscar oportunidades de negocio a nivel individual y enfocar campañas personalizadas. La política también pretende saber gustos, hobbies y costumbres de cada votante para convencerlos con mensajes específicos. En los últimos años, el fenómeno encendió las alarmas de quienes pretenden proteger los datos personales que circulan en internet. Europa debate un nuevo marco regulatorio para fijar límites al uso de grandes bases de datos. Un debate similar se abrió en Estados Unidos.
Quieren frenarlo
Nuevos sectores de la oposición se sumaron a los cuestionamientos por la resolución del oficialismo de acceder a datos personales del Estado, luego de la denuncia penal presentada por los diputados Juan Cabandié y Rodolfo Tailhade contra el jefe de Gabinete, Marcos Peña, por “violación de secretos” e “incumplimiento de deberes de funcionario público”. En diálogo con PERFIL, la diputada por el Frente Renovador, Graciela Camaño, desestimó los argumentos de Cambiemos: “No se sustenta en los hechos que el Gobierno quiera hacerse de esta información. El oficialismo ya posee una estructura de medios en el manejo de redes sociales lo suficientemente grande para comunicar sus acciones”. Camaño aseguró que su bloque va a utilizar “todas las herramientas legislativas” para poder dar marcha atrás con esta resolución. En la causa judicial también fue denunciado el titular de la Anses, Emilio Basavilbaso.
