El intento del gobierno nacional de apropiarse de los fondos judiciales que recibe el Banco Ciudad y embolsarlos a través del Banco Nación forma parte de la más cruda prepotencia kirchnerista. En su afán por perpetuarse en el poder, no vacilan en aspirar para sus arcas cuanta caja tengan a la vista, sin importarles las consecuencias que esto traiga para los ciudadanos.
Amado Boudou acercó la idea de eliminar el sistema de capitalización de aportes jubilatorios para que el Gobierno se hiciera de los fondos de los ahorristas; Mercedes Marcó del Pont, desde la autoridad monetaria, redujo las reservas de divisas y aumentó la emisión monetaria con las consabidas consecuencias inflacionarias; Kicillof diseñó la ocupación de YPF y logró otra caja. Todo eso para contribuir a sostener un modelo económico que se está autodestruyendo por la corrupción. Así no hay cajas que alcancen. Los ejemplos sobran y están dramáticamente a la vista de todo el mundo.
La autora del proyecto, la diputada Diana Conti, va por otra. Abusando de una mayoría circunstancial, propone modificar el destino de los depósitos judiciales que actualmente recibe el Banco Ciudad y trasladarlos al Banco Nación. El argumento es aplicarlos a inexistentes proyectos de orden federal. ¿Cuáles? Serán para el nuevo tren bala o para comprar terrenos fiscales en El Calafate. Aparte de ser otro embate contra la autonomía de la ciudad de Buenos Aires, establecida en la reforma constitucional de 1994, cercenada por la ley Cafiero, y que negó a la jurisdicción seguridad, justicia, puerto, juego, etcétera. El gobierno nacional continúa su obra de destruir lo que no sabe crear: riqueza.
Históricamente, el Banco Ciudad ha utilizado estos recursos para respaldar y ofertar créditos para viviendas y pymes a mediano y largo plazo, estimulando el crecimiento a las tasas más bajas del mercado, y esto molesta al gobierno nacional, que expresa así su particular encono con la ciudad de Buenos Aires y los porteños.
El argumento para fundar la ley es sólo aparente, otro relato más. La supuesta disputa Kirchner vs. Macri tampoco justifica la medida. Los argumentos inmaduros de unos y otros ya cansan. Ni los prepotentes ni sus víctimas manifiestan interés por resolver los problemas concretos de los porteños. Unos, porque no saben y no quieren, y otros, simplemente porque no saben y no pueden.
La Unión Cívica Radical consecuente con su tradición federal y democrática, y ratificando su vocación de defensa de la autonomía porteña, debe expresar en ambas cámaras su categórico rechazo a este proyecto de ley..
Amado Boudou acercó la idea de eliminar el sistema de capitalización de aportes jubilatorios para que el Gobierno se hiciera de los fondos de los ahorristas; Mercedes Marcó del Pont, desde la autoridad monetaria, redujo las reservas de divisas y aumentó la emisión monetaria con las consabidas consecuencias inflacionarias; Kicillof diseñó la ocupación de YPF y logró otra caja. Todo eso para contribuir a sostener un modelo económico que se está autodestruyendo por la corrupción. Así no hay cajas que alcancen. Los ejemplos sobran y están dramáticamente a la vista de todo el mundo.
La autora del proyecto, la diputada Diana Conti, va por otra. Abusando de una mayoría circunstancial, propone modificar el destino de los depósitos judiciales que actualmente recibe el Banco Ciudad y trasladarlos al Banco Nación. El argumento es aplicarlos a inexistentes proyectos de orden federal. ¿Cuáles? Serán para el nuevo tren bala o para comprar terrenos fiscales en El Calafate. Aparte de ser otro embate contra la autonomía de la ciudad de Buenos Aires, establecida en la reforma constitucional de 1994, cercenada por la ley Cafiero, y que negó a la jurisdicción seguridad, justicia, puerto, juego, etcétera. El gobierno nacional continúa su obra de destruir lo que no sabe crear: riqueza.
Históricamente, el Banco Ciudad ha utilizado estos recursos para respaldar y ofertar créditos para viviendas y pymes a mediano y largo plazo, estimulando el crecimiento a las tasas más bajas del mercado, y esto molesta al gobierno nacional, que expresa así su particular encono con la ciudad de Buenos Aires y los porteños.
El argumento para fundar la ley es sólo aparente, otro relato más. La supuesta disputa Kirchner vs. Macri tampoco justifica la medida. Los argumentos inmaduros de unos y otros ya cansan. Ni los prepotentes ni sus víctimas manifiestan interés por resolver los problemas concretos de los porteños. Unos, porque no saben y no quieren, y otros, simplemente porque no saben y no pueden.
La Unión Cívica Radical consecuente con su tradición federal y democrática, y ratificando su vocación de defensa de la autonomía porteña, debe expresar en ambas cámaras su categórico rechazo a este proyecto de ley..
