La paz, esa bajo la que sueñan vivir desde hace más de 50 años generaciones de colombianos, resulta cada vez menos quimérica. El Gobierno y la guerrilla de las FARC dieron este miércoles un paso crucial en la consolidación de las negociaciones que se iniciaron hace casi tres años para poner fin a un conflicto que ha provocado más de 220.000 muertes. El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, y el líder de las FARC, Rodrigo Londoño, alias Timochenko, anunciaron, en presencia del mandatario anfitrión, Raúl Castro, un acuerdo sobre la justicia transicional y se dieron seis meses para firmar el acuerdo de paz definitivo.
Arropados por Castro y ante los equipos negociadores del Gobierno y las FARC, Santos, que acudía por primera vez a La Habana desde el inicio del proceso, y TImochenko, que cambió su uniforme militar por una guayabera blanca, avanzaron hasta donde nadie antes lo había hecho: anunciaron un acuerdo de justicia que garantiza que no habrá impunidad y fijaron un plazo para alcanzar la paz: no más tarde del 23 de marzo de 2016. Una vez firmado, las FARC tendrán 60 días para dejar las armas.
«Quiero valorar el paso que hoy han dado las FARC. Somos adversarios, estamos en dos orillas diferentes, pero hoy avanzamos en una misma dirección, que es la de la paz», aseguró Santos antes de que Timochenko reconociese la «gran satisfacción» por el acuerdo alcanzado. Por su parte, Raúl Castro, celebró lo logrado: «La paz en Colombia no solo es posible, es indispensable. Aún quedan dificultades enormes de superar. Tenemos la certeza de que serán vencidas». Después, animó a Santos y a Timochenko a que se estrecharan la mano.
Los avances en el proceso han sido constantes desde finales del mes de julio, cuando la guerrilla anunció un nuevo cese al fuego unilateral y el Gobierno respondió con la suspensión de bombardeos. Desde entonces, apenas se han registrado ataques entre ambos. La negociación del apartado de justicia ha sido el punto más enrevesado de todos los que se han acordado hasta la fecha con la guerrilla.
El acuerdo del Gobierno y la guerrilla conlleva la creación de un sistema de justicia basado en el ofrecimiento de verdad y reconocimiento de responsabilidad, que juzgará a todos los actores implicados en el conflicto armado de Colombia, combatientes y no combatientes, es decir, guerrilleros, militares, políticos y también financiadores del paramilitarismo. Este nuevo mecanismo no dependerá del poder judicial colombiano y estará formado por jueces colombianos y extranjeros, aún por concretar.
Según el texto, «el Estado colombiano otorgará la amnistía más amplia posible por delitos políticos y conexos», del que se podrán beneficiar, según el fiscal general, Eduardo Montealegre, hasta 15.000 guerrilleros. «En todo caso no serán objeto de amnistía o indulto las conductas tipificadas en la legislación nacional que se correspondan con los delitos de lesa humanidad, el genocidio y los graves crímenes de guerra», precisa el acuerdo firmado en La Habana.
Según lo negociado entre el Gobierno y la guerrilla, cuanta más verdad se ofrezca ante el nuevo mecanismo judicial se aplicarán sanciones más restaurativas, con menos restricción de libertad y derechos. Las sanciones estarían relacionadas con el apartado de reparación de las víctimas, por ejemplo, con la sustitución de cultivos ilícitos, la construcción de infraestructura en zonas afectadas o garantizar el retorno de los desplazados por el conflicto. Quienes reconozcan delitos muy graves «tendrán un mínimo de duración de cumplimiento de 5 años y un máximo de 8 de restricción efectiva de la libertad, en condiciones especiales; quienes reconozcan la responsabilidad de manera tardía serán sancionados con pena de prisión de 5 a 8 años, en condiciones ordinarias»; y las personas «que se nieguen a reconocer su responsabilidad por tales delitos y resulten culpables serán condenadas a pena de prisión hasta de 20 años, en condiciones ordinarias».
Qué penas deberían cumplir los guerrilleros ha sido uno de los aspectos más controvertidos a la hora de negociar el apartado de justicia transicional. Desde un primer momento, se ha dado por descontado que las FARC no aceptarían una condena que implicase cárcel. “Nadie negocia para acabar entre rejas”, ha llegado a decir el presidente Santos. Este, sin embargo, era uno de los reclamos más claros que hacía la oposición, encarnada por Álvaro Uribe. En una entrevista reciente con este periódico el expresidente aseguró que al menos los líderes de la guerrilla deberían ir a prisión. Nada más conocer el texto, algunos senadores uribistas, como Alfredo Rangel, aseguraron: «De manera vergonzante y para confundir a la opinión, el Gobierno no se atrevió a decir que no habrá cárcel para las FARC, como fue acordado».
El apartado de justicia es uno de los tres aspectos que se negociaban en el punto referido a las víctimas. Los otros dos eran el de la verdad, consolidado con la creación de la Comisión de la Verdad el pasado mes de junio, y el de reparación, que será el siguiente en abordarse y que ya estaría acordado casi en un 90%, según fuentes conocedoras del proceso. A partir de ahora, los equipos negociadores tratarán de cerrar el último punto de los seis que forman el acuerdo: el de la implementación, verificación y refrendación, así como garantizar la no repetición del conflicto.
Arropados por Castro y ante los equipos negociadores del Gobierno y las FARC, Santos, que acudía por primera vez a La Habana desde el inicio del proceso, y TImochenko, que cambió su uniforme militar por una guayabera blanca, avanzaron hasta donde nadie antes lo había hecho: anunciaron un acuerdo de justicia que garantiza que no habrá impunidad y fijaron un plazo para alcanzar la paz: no más tarde del 23 de marzo de 2016. Una vez firmado, las FARC tendrán 60 días para dejar las armas.
«Quiero valorar el paso que hoy han dado las FARC. Somos adversarios, estamos en dos orillas diferentes, pero hoy avanzamos en una misma dirección, que es la de la paz», aseguró Santos antes de que Timochenko reconociese la «gran satisfacción» por el acuerdo alcanzado. Por su parte, Raúl Castro, celebró lo logrado: «La paz en Colombia no solo es posible, es indispensable. Aún quedan dificultades enormes de superar. Tenemos la certeza de que serán vencidas». Después, animó a Santos y a Timochenko a que se estrecharan la mano.
Los avances en el proceso han sido constantes desde finales del mes de julio, cuando la guerrilla anunció un nuevo cese al fuego unilateral y el Gobierno respondió con la suspensión de bombardeos. Desde entonces, apenas se han registrado ataques entre ambos. La negociación del apartado de justicia ha sido el punto más enrevesado de todos los que se han acordado hasta la fecha con la guerrilla.
El acuerdo del Gobierno y la guerrilla conlleva la creación de un sistema de justicia basado en el ofrecimiento de verdad y reconocimiento de responsabilidad, que juzgará a todos los actores implicados en el conflicto armado de Colombia, combatientes y no combatientes, es decir, guerrilleros, militares, políticos y también financiadores del paramilitarismo. Este nuevo mecanismo no dependerá del poder judicial colombiano y estará formado por jueces colombianos y extranjeros, aún por concretar.
Según el texto, «el Estado colombiano otorgará la amnistía más amplia posible por delitos políticos y conexos», del que se podrán beneficiar, según el fiscal general, Eduardo Montealegre, hasta 15.000 guerrilleros. «En todo caso no serán objeto de amnistía o indulto las conductas tipificadas en la legislación nacional que se correspondan con los delitos de lesa humanidad, el genocidio y los graves crímenes de guerra», precisa el acuerdo firmado en La Habana.
Según lo negociado entre el Gobierno y la guerrilla, cuanta más verdad se ofrezca ante el nuevo mecanismo judicial se aplicarán sanciones más restaurativas, con menos restricción de libertad y derechos. Las sanciones estarían relacionadas con el apartado de reparación de las víctimas, por ejemplo, con la sustitución de cultivos ilícitos, la construcción de infraestructura en zonas afectadas o garantizar el retorno de los desplazados por el conflicto. Quienes reconozcan delitos muy graves «tendrán un mínimo de duración de cumplimiento de 5 años y un máximo de 8 de restricción efectiva de la libertad, en condiciones especiales; quienes reconozcan la responsabilidad de manera tardía serán sancionados con pena de prisión de 5 a 8 años, en condiciones ordinarias»; y las personas «que se nieguen a reconocer su responsabilidad por tales delitos y resulten culpables serán condenadas a pena de prisión hasta de 20 años, en condiciones ordinarias».
Qué penas deberían cumplir los guerrilleros ha sido uno de los aspectos más controvertidos a la hora de negociar el apartado de justicia transicional. Desde un primer momento, se ha dado por descontado que las FARC no aceptarían una condena que implicase cárcel. “Nadie negocia para acabar entre rejas”, ha llegado a decir el presidente Santos. Este, sin embargo, era uno de los reclamos más claros que hacía la oposición, encarnada por Álvaro Uribe. En una entrevista reciente con este periódico el expresidente aseguró que al menos los líderes de la guerrilla deberían ir a prisión. Nada más conocer el texto, algunos senadores uribistas, como Alfredo Rangel, aseguraron: «De manera vergonzante y para confundir a la opinión, el Gobierno no se atrevió a decir que no habrá cárcel para las FARC, como fue acordado».
El apartado de justicia es uno de los tres aspectos que se negociaban en el punto referido a las víctimas. Los otros dos eran el de la verdad, consolidado con la creación de la Comisión de la Verdad el pasado mes de junio, y el de reparación, que será el siguiente en abordarse y que ya estaría acordado casi en un 90%, según fuentes conocedoras del proceso. A partir de ahora, los equipos negociadores tratarán de cerrar el último punto de los seis que forman el acuerdo: el de la implementación, verificación y refrendación, así como garantizar la no repetición del conflicto.
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