22/11/12
El Grupo Clarín le pidió a la Corte Suprema de Justicia de la Nación que intervenga en la causa por la ley de Medios ante la situación de denegación de justicia por falta de jueces naturales en el fuero Civil y Comercial Federal, producto de las sistemáticas maniobras del Gobierno.
En un extenso escrito presentado en la Corte, el grupo empresario alegó “un ostensible estado de indefensión y privación de justicia” producto de las recusaciones de magistrados, excusaciones y renuncias provocadas por el Gobierno, lo que impide conformar el tribunal que debe resolver el pedido de extensión de la medida cautelar que para el oficialismo vence el 7 de diciembre.
Este tribunal es la Sala I de la Cámara de apelaciones de ese fuero, pero sólo una magistrada en todo el fuero, María Susana Najurieta, quedó en condiciones de intervenir en el caso tras las recusaciones, excusaciones o renuncia de otros ocho magistrados de Cámara.
Este mismo tribunal también debe intervenir en las recusaciones y excusaciones, pero sólo tiene a Najurieta. El Grupo Clarín alegó ante la Corte Suprema no sólo estar ante un caso de “privación de justicia” sino también que la situación constituye una “violación al derecho al debido proceso” y “una violación de la defensa en juicio y de los derechos”.
Paralelamente, el titular de la Autoridad AFSCA, Martín Sabbatella, avanza en una aplicación selectiva de la ley de medios, favoreciendo a grupos de medios oficialistas e incluso negando la propiedad de Telefónica de España sobre Telefé.
“El Estado Nacional está actuando con deliberada mala fe para obstruir el normal funcionamiento del fuero e impedir el acceso a la justicia” del Grupo Clarín , que objetó por inconstitucionales dos artículos de la Ley de Medios en un juicio que estaba listo para pasar a sentencia -sobre el fondo de la cuestión- pero que se paralizó por diversas maniobras del Gobierno.
El Gobierno denunció penalmente a los jueces de este fuero y hasta el ministro de Justicia, Julio Alak, advirtió que todo juez que fallara a favor de Clarín sería denunciado y llevado a juicio político.
Nunca se dio una situación igual en toda la historia del fuero civil y comercial, esto es las maniobras para impedir la actuación de los jueces naturales y permitir que el caso sea asumido por magistrados de otro fuero o conjueces designados irregularmente.
En el escrito se recuerda que el Gobierno intentó en más de una oportunidad pasar el caso al fuero en lo contencioso administrativo federal y que igual cantidad de veces fue rechazado el planteo por los jueces intervinientes de todas las instancias, incluso la propia Corte Suprema . Con lo cual de lograr que dos magistrados de ese fuero intervengan en la causa de la ley de medios, el Gobierno conseguiría su objetivo al margen de los procedimientos naturales de la justicia.
Además de cuestionar la designación de los conjueces -ordenada por ley hace 4 años y recién implementada ahora sólo para este fuero con abogados que fueron funcionarios del Gobierno o son kirchneristas- el escrito también cuestiona la intervención de magistrados del fuero contencioso administrativo federal. En este fuero, tiene influencia el operador judicial K y miembro de la Auditoría General de la Nación, Javier Fernández.
“La situación planteada es manifiestamente excepcional, en la medida que las vacancias que disparan el mecanismo previsto por ley no son fruto de renuncias, licencias o algún obstáculo objetivo o subjetivo insalvable”, expresa el escrito.
Esta acusación es “consecuencia de una conducta deliberada, maliciosa e inadmisible del demandado (el Estado), quien ha objetado mediante argumentos insostenibles la imparcialidad de los jueces del mismo Estado federal que él integra. En tren de hacerlo los ha recusado o los ha presionado con denuncias administrativas o penales, forzando sus excusaciones y su temor”, finalizó.
El Grupo Clarín le pidió a la Corte Suprema de Justicia de la Nación que intervenga en la causa por la ley de Medios ante la situación de denegación de justicia por falta de jueces naturales en el fuero Civil y Comercial Federal, producto de las sistemáticas maniobras del Gobierno.
En un extenso escrito presentado en la Corte, el grupo empresario alegó “un ostensible estado de indefensión y privación de justicia” producto de las recusaciones de magistrados, excusaciones y renuncias provocadas por el Gobierno, lo que impide conformar el tribunal que debe resolver el pedido de extensión de la medida cautelar que para el oficialismo vence el 7 de diciembre.
Este tribunal es la Sala I de la Cámara de apelaciones de ese fuero, pero sólo una magistrada en todo el fuero, María Susana Najurieta, quedó en condiciones de intervenir en el caso tras las recusaciones, excusaciones o renuncia de otros ocho magistrados de Cámara.
Este mismo tribunal también debe intervenir en las recusaciones y excusaciones, pero sólo tiene a Najurieta. El Grupo Clarín alegó ante la Corte Suprema no sólo estar ante un caso de “privación de justicia” sino también que la situación constituye una “violación al derecho al debido proceso” y “una violación de la defensa en juicio y de los derechos”.
Paralelamente, el titular de la Autoridad AFSCA, Martín Sabbatella, avanza en una aplicación selectiva de la ley de medios, favoreciendo a grupos de medios oficialistas e incluso negando la propiedad de Telefónica de España sobre Telefé.
“El Estado Nacional está actuando con deliberada mala fe para obstruir el normal funcionamiento del fuero e impedir el acceso a la justicia” del Grupo Clarín , que objetó por inconstitucionales dos artículos de la Ley de Medios en un juicio que estaba listo para pasar a sentencia -sobre el fondo de la cuestión- pero que se paralizó por diversas maniobras del Gobierno.
El Gobierno denunció penalmente a los jueces de este fuero y hasta el ministro de Justicia, Julio Alak, advirtió que todo juez que fallara a favor de Clarín sería denunciado y llevado a juicio político.
Nunca se dio una situación igual en toda la historia del fuero civil y comercial, esto es las maniobras para impedir la actuación de los jueces naturales y permitir que el caso sea asumido por magistrados de otro fuero o conjueces designados irregularmente.
En el escrito se recuerda que el Gobierno intentó en más de una oportunidad pasar el caso al fuero en lo contencioso administrativo federal y que igual cantidad de veces fue rechazado el planteo por los jueces intervinientes de todas las instancias, incluso la propia Corte Suprema . Con lo cual de lograr que dos magistrados de ese fuero intervengan en la causa de la ley de medios, el Gobierno conseguiría su objetivo al margen de los procedimientos naturales de la justicia.
Además de cuestionar la designación de los conjueces -ordenada por ley hace 4 años y recién implementada ahora sólo para este fuero con abogados que fueron funcionarios del Gobierno o son kirchneristas- el escrito también cuestiona la intervención de magistrados del fuero contencioso administrativo federal. En este fuero, tiene influencia el operador judicial K y miembro de la Auditoría General de la Nación, Javier Fernández.
“La situación planteada es manifiestamente excepcional, en la medida que las vacancias que disparan el mecanismo previsto por ley no son fruto de renuncias, licencias o algún obstáculo objetivo o subjetivo insalvable”, expresa el escrito.
Esta acusación es “consecuencia de una conducta deliberada, maliciosa e inadmisible del demandado (el Estado), quien ha objetado mediante argumentos insostenibles la imparcialidad de los jueces del mismo Estado federal que él integra. En tren de hacerlo los ha recusado o los ha presionado con denuncias administrativas o penales, forzando sus excusaciones y su temor”, finalizó.
