El impacto del triunfo K sobre los jueces

El aplastante triunfo de Cristina Kirchner en los últimos comicios puede generar una grave confusión: creer que el muy amplio respaldo popular que obtuvo la Presidenta en las urnas -que incluye su predominio sobre el Congreso- le otorga derechos absolutos sobre los vencidos. Y la Justicia puede prestarse a ese error.
Por cierto, nada indica que, antes de octubre, la oposición vaya a generar una propuesta unificadora que le permita conquistar un número considerable de escaños en el Congreso. Por eso, es fácil prever que el oficialismo quedará muy cerca de lograr el quórum propio, lo cual le permitirá sancionar cualquier ley e, incluso, aspirar a alcanzar los dos tercios del total de legisladores para habilitar la reforma constitucional.
Se presentará un escenario similar al de 1994, cuando un radicalismo casi desahuciado cedió a la embestida reformista del entonces presidente Carlos Menem. La estrategia de los partidos para sobrevivir y rearmarse, muchas veces, no es buena consejera. Por eso, si bien el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, aseguró que no está en la cabeza de la Presidenta introducir la reelección indefinida, habrá que ver si la vocación del Gobierno por continuar en el poder -bajo el lema de garantizar «el modelo»- no termina prevaleciendo. Por otro lado, el resultado electoral acaba de empujar a Ricardo Alfonsín, Elisa Carrió, Eduardo Duhalde y a los dirigentes más relevantes a una crisis casi terminal de liderazgos. Tendremos una oposición más débil, hasta que se consoliden nuevas figuras emergentes.
Pero el Gobierno tiene en su agenda un objetivo más urgente: si bien Cristina Kirchner pronunció un discurso conciliador, varios funcionarios criticaron a la prensa y el secretario de Medios, Gabriel Mariotto, reclamó al juez Edmundo Carbone que declare la validez de la obligación que estableció el artículo 161 de la ley de medios para que los grupos salgan a vender sus licencias. Mariotto fue elocuente, a tal punto que, ayer, en alguna medida sugirió que no había querido presionar a la Justicia. Pero no fue sincero: su reclamo, en rigor, no apunta al magistrado -que dictó la medida cautelar, confirmada por la Cámara y por la Corte-, sino que está dirigida al alto tribunal, para que acorte la vigencia de esa medida cautelar.
Mariotto debería asumir que el artículo 161 no sólo está suspendido, sino que hay argumentos para sostener que es inconstitucional, porque afecta retroactivamente derechos adquiridos. Difícilmente el Estado podría ganar ese juicio. Y, tal vez por eso, el Estado hizo reiterados planteos dilatorios de incompetencia y para que se levante una cautelar que está confirmada. Hace varios meses, la Cámara Civil y Comercial Federal advirtió que la ley de medios no puede ser una excusa para avasallar derechos (licencias) adquiridos. La pregunta, ahora, es: ¿buscará el Gobierno, con el respaldo de las urnas y con el control del Congreso, asfixiar a la Corte?
En esa misma dirección, los jueces y fiscales más politizados podrían plantearse una reflexión similar: ¿qué incentivo pueden tener ellos en investigar casos de corrupción -como el caso Schoklender, la embajada paralela de Venezuela o el enriquecimiento de Ricardo Jaime-, si la sociedad parece haber premiado al gobierno al que se vinculan esas personas o, por lo menos, emitió su voto tomando en consideración otros factores?
No puede descartarse que el Gobierno busque crear un microclima: la victoria sólo da derechos al vencedor. Tal vez haya jueces dispuestos a asumir esa máxima..