El Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) se encarga de generar y transferir tecnología a las industrias, esto es: control de calidad, asistencia técnica a más de 7.000 Pymes, capacitación y desarrollo tecnológico a pequeñas, medianas y grandes industrias. Sin embargo, por un conflicto salarial, su trabajo está paralizado. Esto significa que muchos de los productos que utilizamos y consumimos a diario –desde la leche hasta los preservativos– no cuentan con las certificaciones de calidad que el instituto garantiza.
El conflicto comenzó en diciembre cuando el Gobierno firmó un decreto de necesidad y urgencia que estableció que “los pagos de bonificaciones, adicionales o plus a los empleados públicos” iban a revisarse “para confirmar su procedencia y limitar su alcance”. Así, el plus de 2.000 pesos anuales que los trabajadores del INTI recibían desde hace más de una década, se esfumó. A eso se sumó la quita de un 6,5% de sus salarios.
Hubo un primer paro y una reunión en el Ministerio de Trabajo, en la que se dictó la conciliación obligatoria y, según los trabajadores, les prometieron devolverles el dinero. Pero la promesa no se cumplió y hace tres meses el paro volvió con fuerza.
Ayer, la asamblea permanente que sostienen en la puerta del Polo Tecnológico de San Martín fue masiva y hasta se acercó el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, que se comprometió a ser “un nexo” con las autoridades. Ya habían obtenido otros apoyos, con presencias de Osvaldo Bayer, Pino Solanas y Norman Briski.
“Pilas y baterías importadas, juguetes, mamaderas, chupetes y preservativos, por ejemplo, no pueden ingresar al país sin que el INTI garantice que no son tóxicos. Por eso no sólo estamos recibiendo presiones del Ministerio sino también de los empresarios”, dijo ayer a Clarín Francisco Dolman, secretario general de la junta interna de ATE del INTI. En estos casos, dijo un directivo del INTI que pidió reserva, “son regulaciones y por lo tanto, obligatorias”.
La medida, a la que se plegaron incluso en las sedes del interior del país, abarca un espectro enorme: “Está paralizado el sector que determina las fechas de vencimiento de los productos, por ejemplo, y quienes certifican la calidad de la leche. El INTI también controla la calidad de los neumáticos, de la nafta y certifica, cada tres meses, que los surtidores de combustible carguen lo que indican. Nada de eso se está haciendo. No están trabajando quienes hacen las pruebas para saber si hay restos de pesticidas en los alimentos, no están trabajando quienes certifican que no haya asbesto (es cancerígeno) en los paneles que exportan las cementeras para la construcción. No estamos controlando las balanzas que pesan los granos que se exportan en el puerto, los termómetros, los taxímetros, los alcoholímetros”, enumera Dolman.
Clarín intentó comunicarse con el Ministerio de Industria –del que depende el INTI– pero se negaron a hacer declaraciones. Tampoco fue posible hablar con las nuevas autoridades del INTI, que asumieron en diciembre. Fuentes de COPAL –la cámara que agrupa a las empresas alimenticias– dijeron anoche que la medida no perjudica al sector porque “el INTI no tiene autoridad de control oficial sino que otorga certificaciones. Nuestras autoridades son el SENASA y el INAL, encargado del sistema de vigilancia alimentaria”.
El lunes, las autoridades del INTI presentaron un amparo para que los trabajadores vuelvan a sus tareas mientras se resuelve la cuestión de fondo. “En lo que va del conflicto, los empleados de las categorías más bajas llevan perdidos unos 4.000 pesos cada uno”, dijo Alejandro Asorey, delegado adjunto. Se trata, según ellos, de 1.742 contratados “muchos con 15 años de antigüedad”, que piden el pase a planta. A estos se suman 500 efectivos. Son, en gran medida, licenciados en Física, Química, ingenieros, técnicos, auxiliares. La jueza Martina Forns los citó a una audiencia para hoy mismo.
Además del planteo salarial, los trabajadores defienden el perfil social que adoptó el INTI tras la crisis de 2001. “El Instituto salió a asistir en forma gratuita a los emergentes de la nueva economía comunitaria”, remarcó Dolman. Citó como ejemplo el trabajo que técnicos realizaron en el El Impenetrable chaqueño para extraer el arsénico del agua que hoy consumen las comunidades. “Ahora se pretende atender sólo a las pymes y las grandes empresas para facturar esos trabajos y que el Estado no tenga que sostener al INTI. La idea no es mala, pero también debería mantenerse la asistencia a sectores de menores recursos”, precisó.
El conflicto comenzó en diciembre cuando el Gobierno firmó un decreto de necesidad y urgencia que estableció que “los pagos de bonificaciones, adicionales o plus a los empleados públicos” iban a revisarse “para confirmar su procedencia y limitar su alcance”. Así, el plus de 2.000 pesos anuales que los trabajadores del INTI recibían desde hace más de una década, se esfumó. A eso se sumó la quita de un 6,5% de sus salarios.
Hubo un primer paro y una reunión en el Ministerio de Trabajo, en la que se dictó la conciliación obligatoria y, según los trabajadores, les prometieron devolverles el dinero. Pero la promesa no se cumplió y hace tres meses el paro volvió con fuerza.
Ayer, la asamblea permanente que sostienen en la puerta del Polo Tecnológico de San Martín fue masiva y hasta se acercó el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, que se comprometió a ser “un nexo” con las autoridades. Ya habían obtenido otros apoyos, con presencias de Osvaldo Bayer, Pino Solanas y Norman Briski.
“Pilas y baterías importadas, juguetes, mamaderas, chupetes y preservativos, por ejemplo, no pueden ingresar al país sin que el INTI garantice que no son tóxicos. Por eso no sólo estamos recibiendo presiones del Ministerio sino también de los empresarios”, dijo ayer a Clarín Francisco Dolman, secretario general de la junta interna de ATE del INTI. En estos casos, dijo un directivo del INTI que pidió reserva, “son regulaciones y por lo tanto, obligatorias”.
La medida, a la que se plegaron incluso en las sedes del interior del país, abarca un espectro enorme: “Está paralizado el sector que determina las fechas de vencimiento de los productos, por ejemplo, y quienes certifican la calidad de la leche. El INTI también controla la calidad de los neumáticos, de la nafta y certifica, cada tres meses, que los surtidores de combustible carguen lo que indican. Nada de eso se está haciendo. No están trabajando quienes hacen las pruebas para saber si hay restos de pesticidas en los alimentos, no están trabajando quienes certifican que no haya asbesto (es cancerígeno) en los paneles que exportan las cementeras para la construcción. No estamos controlando las balanzas que pesan los granos que se exportan en el puerto, los termómetros, los taxímetros, los alcoholímetros”, enumera Dolman.
Clarín intentó comunicarse con el Ministerio de Industria –del que depende el INTI– pero se negaron a hacer declaraciones. Tampoco fue posible hablar con las nuevas autoridades del INTI, que asumieron en diciembre. Fuentes de COPAL –la cámara que agrupa a las empresas alimenticias– dijeron anoche que la medida no perjudica al sector porque “el INTI no tiene autoridad de control oficial sino que otorga certificaciones. Nuestras autoridades son el SENASA y el INAL, encargado del sistema de vigilancia alimentaria”.
El lunes, las autoridades del INTI presentaron un amparo para que los trabajadores vuelvan a sus tareas mientras se resuelve la cuestión de fondo. “En lo que va del conflicto, los empleados de las categorías más bajas llevan perdidos unos 4.000 pesos cada uno”, dijo Alejandro Asorey, delegado adjunto. Se trata, según ellos, de 1.742 contratados “muchos con 15 años de antigüedad”, que piden el pase a planta. A estos se suman 500 efectivos. Son, en gran medida, licenciados en Física, Química, ingenieros, técnicos, auxiliares. La jueza Martina Forns los citó a una audiencia para hoy mismo.
Además del planteo salarial, los trabajadores defienden el perfil social que adoptó el INTI tras la crisis de 2001. “El Instituto salió a asistir en forma gratuita a los emergentes de la nueva economía comunitaria”, remarcó Dolman. Citó como ejemplo el trabajo que técnicos realizaron en el El Impenetrable chaqueño para extraer el arsénico del agua que hoy consumen las comunidades. “Ahora se pretende atender sólo a las pymes y las grandes empresas para facturar esos trabajos y que el Estado no tenga que sostener al INTI. La idea no es mala, pero también debería mantenerse la asistencia a sectores de menores recursos”, precisó.
