Eduardo Ayassa – eayassa@losandes.com.ar
Hace más de 120 días de que el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 1 de Mendoza dejó abierto el cuarto debate, bien llamado “megajuicio”, y que tiene como hecho inédito a cuatro ex magistrados federales como acusados junto a ex militares, policías y agentes. En ese proceso se han escuchado crudos testimonios rescatados de la memoria de quienes sufrieron torturas y vejaciones cometidas a mediados de los años ‘70.
Por ejemplo Fernando Rule anticipó que en el D 2 “las violaciones ocurrían muchas veces, 10, 15 ó 20 por día. Hay compañeras a las que las violaban cada media hora…”. Mientras que Mario Muñoz en su declaración aseguró que “los hombres la pasamos muy mal, pero las compañeras la pasaron peor. Porque no existe ninguna doctrina que diga que las guerras se ganan violando mujeres…”.
Y dentro de estos testimonios se conocieron aquellos que, anticipándose al golpe de marzo del ‘76, le otorgó a Mendoza el tétrico privilegio de que en el D 2 se inaugurara el terrorífico proyecto de robo y apropiación de bebés. Por eso los testimonios de la semana pasada de Ivonne Larrieu, que nunca antes había declarado y Stella Maris Ferrón, que fueron detenidas junto a sus recién nacidas hijas, resultaron los más impactantes hasta ahora. Y a los que se les sumó, en esta nota, la palabra de Silvia Ontiveros.
Sin pañales
Ivonne tenía 18 años, el 9 de febrero de 1976, cuando un grupo de tareas se la llevó de su casa en el barrio Soeva junto con su hija María Antonia, quien había nacido 15 días antes. Ambas terminaron en el D 2 y dejadas en una habitación sin muebles, ni camas ni colchón, es decir, totalmente vacía. Durante los primeros cuatro días a la mujer no le dieron comida ni agua, pese a ello pudo amamantar a su hija Antonia (hoy de 38 años).
“Como tampoco me dieron pañales, para higienizarla cortaba pedacitos de la funda de almohada con la que me habían vendado cuando me detuvieron y así lo hacía”, continúo con su relato con voz firme. Aunque en varias oportunidades, el llanto le ganó a las palabras, aseguró que fueron “17 días de torturas, vejámenes sexuales y todo tipo de padecimiento” hasta que fue llevada ante el juez Evaristo Carrizo (hoy entre los jueces acusados y que sigue el debate por una cuestión de salud desde la Cámara de Apelaciones por video conferencia, aunque durante el debate no lo pudo identificar).
La continuidad de su detención se concretó en el penal mendocino, siempre con su hija. Y ahí la pequeña sufrió una obstrucción intestinal por lo que fue llevada al hospital Militar donde fue intervenida y estuvo con consigna del Servicio Penitenciario, por lo que agregó: “Ella también estaba presa. ¡Tenía sólo meses y era una víctima más!” Previo a su traslado a un penal de Buenos Aires, donde estuvo hasta el año ‘79, la nena fue entregada a sus familiares directos. En manos de un comisario
Por su parte a Stella Maris Ferrón le sacaron, a poco de ser detenida, su hija Yanina (de 10 meses) y cuando se la devolvieron casi un mes después “tenía el enterito del día del secuestro (hacía más de un mes), olor a amoníaco, estrabismo en los ojos e infecciones varias”. Después por una actuación policial se pudo conocer que la niña “ante el peligro moral y material ha quedado en poder del comisario Juan Félix Amaya, de la seccional 25°”.
La continuidad de su relato no fue diferente a otros, pero en este caso tuvo el agravante de que los ataques sexuales que sufrió, sumado a las sesiones de picana, le provocaron a Stella un aborto.
También estuvo frente al juez Carrizo (en el viejo Palacio Policial de Patricias Mendocinas y Montevideo), donde la interrogaron por su esposo: José Antonio Rossi, que después de ser detenido en pleno centro de Mendoza, hasta la fecha figura como desaparecido.
En primera persona
Y también estuvo el testimonio de Silvia Ontiveros y que aquí revive en exclusiva para Los Andes, sobre la aciaga experiencia que le tocó vivir en aquellos años.
“Fui militante de la Juventud Trabajadora Peronista y delegada de la Dirección de Comercio ante ATE y me secuestraron en febrero del ‘76, junto a mi hijo Alejo de 4 años”, marcó al inicio del relato y continúo: “Me llevaron al D 2 para luego sacármelo sin saber cuál iba a ser su destino”.
También, Ontivero señaló que “en las celdas comienzan la tortura y las violaciones. No nos dejaban dormir, era enloquecedor; celdas individuales, pequeñas, asfixiantes, sucias, aterradoras. Sufrí violaciones durante los 18 días que estuve allí…”. Y aquí vale recordar que ese lugar fue reconocido por los testigos en varias inspecciones oculares realizadas en el entrepiso del Palacio Policial.
Más adelante recordó que “los detenidos eran, o bien secuestrados, torturados y desaparecidos; o bien secuestrados, torturados, por último ‘blanqueados’ y pasados a la Justicia” bajo la prohibición de actividades políticas (ley 20.840).
Finalmente, señaló a funcionarios judiciales como Otilio Romano, Luis Miret, Evaristo Carrizo, “un tal Petra” como defensor y Jorge Garguir “que nunca investigaron nuestras denuncias”.
Como resultado de estas denuncias la Cámara de Apelaciones de Mendoza, sala presidida por Roberto Naciff, señala que “no solo se consideró crimen de lesa humanidad a los ataques sexuales sino que se responsabilizó a la cadena de mandos conforme la teoría de aparatos organizados de poder, teniendo en consideración la sistematicidad con que se cometieron estos ataques”.
Hace más de 120 días de que el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 1 de Mendoza dejó abierto el cuarto debate, bien llamado “megajuicio”, y que tiene como hecho inédito a cuatro ex magistrados federales como acusados junto a ex militares, policías y agentes. En ese proceso se han escuchado crudos testimonios rescatados de la memoria de quienes sufrieron torturas y vejaciones cometidas a mediados de los años ‘70.
Por ejemplo Fernando Rule anticipó que en el D 2 “las violaciones ocurrían muchas veces, 10, 15 ó 20 por día. Hay compañeras a las que las violaban cada media hora…”. Mientras que Mario Muñoz en su declaración aseguró que “los hombres la pasamos muy mal, pero las compañeras la pasaron peor. Porque no existe ninguna doctrina que diga que las guerras se ganan violando mujeres…”.
Y dentro de estos testimonios se conocieron aquellos que, anticipándose al golpe de marzo del ‘76, le otorgó a Mendoza el tétrico privilegio de que en el D 2 se inaugurara el terrorífico proyecto de robo y apropiación de bebés. Por eso los testimonios de la semana pasada de Ivonne Larrieu, que nunca antes había declarado y Stella Maris Ferrón, que fueron detenidas junto a sus recién nacidas hijas, resultaron los más impactantes hasta ahora. Y a los que se les sumó, en esta nota, la palabra de Silvia Ontiveros.
Sin pañales
Ivonne tenía 18 años, el 9 de febrero de 1976, cuando un grupo de tareas se la llevó de su casa en el barrio Soeva junto con su hija María Antonia, quien había nacido 15 días antes. Ambas terminaron en el D 2 y dejadas en una habitación sin muebles, ni camas ni colchón, es decir, totalmente vacía. Durante los primeros cuatro días a la mujer no le dieron comida ni agua, pese a ello pudo amamantar a su hija Antonia (hoy de 38 años).
“Como tampoco me dieron pañales, para higienizarla cortaba pedacitos de la funda de almohada con la que me habían vendado cuando me detuvieron y así lo hacía”, continúo con su relato con voz firme. Aunque en varias oportunidades, el llanto le ganó a las palabras, aseguró que fueron “17 días de torturas, vejámenes sexuales y todo tipo de padecimiento” hasta que fue llevada ante el juez Evaristo Carrizo (hoy entre los jueces acusados y que sigue el debate por una cuestión de salud desde la Cámara de Apelaciones por video conferencia, aunque durante el debate no lo pudo identificar).
La continuidad de su detención se concretó en el penal mendocino, siempre con su hija. Y ahí la pequeña sufrió una obstrucción intestinal por lo que fue llevada al hospital Militar donde fue intervenida y estuvo con consigna del Servicio Penitenciario, por lo que agregó: “Ella también estaba presa. ¡Tenía sólo meses y era una víctima más!” Previo a su traslado a un penal de Buenos Aires, donde estuvo hasta el año ‘79, la nena fue entregada a sus familiares directos. En manos de un comisario
Por su parte a Stella Maris Ferrón le sacaron, a poco de ser detenida, su hija Yanina (de 10 meses) y cuando se la devolvieron casi un mes después “tenía el enterito del día del secuestro (hacía más de un mes), olor a amoníaco, estrabismo en los ojos e infecciones varias”. Después por una actuación policial se pudo conocer que la niña “ante el peligro moral y material ha quedado en poder del comisario Juan Félix Amaya, de la seccional 25°”.
La continuidad de su relato no fue diferente a otros, pero en este caso tuvo el agravante de que los ataques sexuales que sufrió, sumado a las sesiones de picana, le provocaron a Stella un aborto.
También estuvo frente al juez Carrizo (en el viejo Palacio Policial de Patricias Mendocinas y Montevideo), donde la interrogaron por su esposo: José Antonio Rossi, que después de ser detenido en pleno centro de Mendoza, hasta la fecha figura como desaparecido.
En primera persona
Y también estuvo el testimonio de Silvia Ontiveros y que aquí revive en exclusiva para Los Andes, sobre la aciaga experiencia que le tocó vivir en aquellos años.
“Fui militante de la Juventud Trabajadora Peronista y delegada de la Dirección de Comercio ante ATE y me secuestraron en febrero del ‘76, junto a mi hijo Alejo de 4 años”, marcó al inicio del relato y continúo: “Me llevaron al D 2 para luego sacármelo sin saber cuál iba a ser su destino”.
También, Ontivero señaló que “en las celdas comienzan la tortura y las violaciones. No nos dejaban dormir, era enloquecedor; celdas individuales, pequeñas, asfixiantes, sucias, aterradoras. Sufrí violaciones durante los 18 días que estuve allí…”. Y aquí vale recordar que ese lugar fue reconocido por los testigos en varias inspecciones oculares realizadas en el entrepiso del Palacio Policial.
Más adelante recordó que “los detenidos eran, o bien secuestrados, torturados y desaparecidos; o bien secuestrados, torturados, por último ‘blanqueados’ y pasados a la Justicia” bajo la prohibición de actividades políticas (ley 20.840).
Finalmente, señaló a funcionarios judiciales como Otilio Romano, Luis Miret, Evaristo Carrizo, “un tal Petra” como defensor y Jorge Garguir “que nunca investigaron nuestras denuncias”.
Como resultado de estas denuncias la Cámara de Apelaciones de Mendoza, sala presidida por Roberto Naciff, señala que “no solo se consideró crimen de lesa humanidad a los ataques sexuales sino que se responsabilizó a la cadena de mandos conforme la teoría de aparatos organizados de poder, teniendo en consideración la sistematicidad con que se cometieron estos ataques”.
