El oscuro prontuario de los especialistas convocados por Massa para el Código Penal

Después de dos semanas de oposición cerrada al anteproyecto de reforma del Código Penal que está bajo estudio del Poder Ejecutivo, el Frente Renovador de Sergio Massa decidió consultar a una serie de abogados para recoger opiniones técnicas sobre el texto elaborado por una comisión plural presidida por el juez Raúl Zaffaroni y conformada por juristas del PRO, la UCR y el Frente Amplio Progresista.
En un comunicado de prensa difundido el lunes por la noche, el massismo anunció que “el bloque de diputados del Frente Renovador convocó a una ronda de consultas donde participaron prestigiosos juristas y especialistas en el Derecho”. Sin embargo, un repaso por la lista de “prestigiosos juristas” convocados por Massa permite ver que muchos de ellos están vinculados a la defensa de represores de la última dictadura cívico-militar, opositores a los derechos de las minorías sexuales, ex militantes de Domingo Cavallo y lobbistas de empresas como Repsol. Cuando la propuesta de reforma incorpora los delitos de genocidio y de tipo económico al sistema penal argentino, Massa se reunió con los representantes legales de los represores y de las empresas más concentradas del país.
En el medio de una lista encabezada por el reconocido constitucionalista Daniel Sabsay y el presidente del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, Jorge Rizzo, el Frente Renovador escondió a algunas personas que no pueden dar fe de sus credenciales democráticas.
Enrique Ramos Mejía asistió en carácter de la Corporación de Abogados Católicos, una organización fundada en 1934 con el propósito de “propalar los valores cristianos” sobre la legislación nacional. Su primer presidente fue Santiago De Estrada, subsecretario de Seguridad Social durante la dictadura de Onganía (1967-70) y la dictadura de Jorge Rafael Videla (1976-83). Apodado “El Obispo” por sus fuertes vínculos con la cúpula eclesiástica, De Estrada fue asesor personal de Sergio Massa en su paso por la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses). Además de brindarle consejos políticos a Massa entre 2001 y 2007, le presentó a quien hoy es diputada nacional por el Frente Renovador: Mirta Tundis.
La Corporación de Abogados Católicos se opone de manera institucional a la reapertura de los juicios por los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar, a la ley de matrimonio igualitario, a la ley de identidad de género, a la ley de fertilización asistida y hasta a la regulación del aborto no punible realizado por la Corte Suprema en mayo de 2013. “Señores Jueces de la Corte: después de leer esto ustedes deberían renunciar a sus cargos y dejar de hacer tanto daño irreparable”, escribieron cuando se conoció el fallo que regulaba el aborto no punible de acuerdo a lo establecido por el artículo 86 del Código Penal vigente, que estipula que una mujer puede interrumpir voluntariamente un embarazo cuando hubiera sido producto de una violación, e instaba a las provincias a realizar protocolos de intervención para cumplir con ese derecho.
Desde la Corporación, marginales en el sistema político argentino por sus posiciones extremistas, mantuvieron una disputa con el PRO de Mauricio Macri por el sitio Chau Tabú sobre educación sexual. En un comunicado difundido el 10 de diciembre de 2013, criticaron al gobierno porteño por promover “conductas contrarias a la moral”, y aconsejar “el sexo contra natura, el sexo oral de varias formas y con personas de distinto sexo o del mismo, la masturbación, las películas pornográficas”.
Para profundizar su oposición a la reforma del Código, Massa se reunió con abogados ligados al establishment financiero y la defensa de los genocidas
Además, varios integrantes del consejo directivo de la Corporación y ex presidentes del organismo confluyeron en 2009 con ex funcionarios de la última dictadura en una nueva organización titulada Abogados por la Concordia y la Justicia. El lanzamiento de la agrupación pro-represores buscó extender su influencia más allá de los confines de los abogados católicos y tuvo lugar en el mismo momento en que avanzaron las primeras causas contra los funcionarios civiles del régimen de facto instaurado en 1976.
Lucas J. Lennon, interventor de facto en la Universidad Nacional de Buenos Aires, ministro de Justicia y luego defensor del último dictador en el poder, Benito Bignone y el ex presidente de la institución Edgardo Bieule integran el Tribunal de Ética de la Corporación y en 2010 firmaron una carta pública a la Corte en la que afirman que desde 2003 se juzga “a los militares y fuerzas de seguridad empleados para combatir el terrorismo”, por delitos de lesa humanidad “que no existían como tales al momento de los hechos”. En 2011, manifestaron con preocupación que ningún candidato presidencial pensaba terminar con los juicios por crímenes de lesa humanidad.
Otro firmante de ese pedido de amnistía a los genocidas fue Edgardo Frola, subsecretario de Asuntos Institucionales de la provincia de Buenos Aires durante la dictadura y abogado defensor del ex general Roberto Viola, el carapintada Aldo Rico y los comisarios condenados por tortura Samuel Miara y Luis Abelardo Patti. Frola compartió el año pasado un acto público con otro de los “prestigiosos especialistas” convocados por Massa: el presidente del Colegio de Abogados de Buenos Aires, Máximo Fonrouge. El 30 de mayo de 2013, Fonrouge prestó la sede del Colegio para un un homenaje al cuestionado juez Jorge Vicente Quiroga.
El juez Quiroga integró la Cámara Federal en lo Penal, conocida como “Camarón” o “cámara del terror”. Lo hizo desde 1971 y hasta que fue disuelta el 26 de mayo 1973, un día después de la asunción de Héctor Cámpora. Un año después, fue asesinado por militantes del Ejército Revolucionario del Pueblo. “Esa cámara había sido creada por la dictadura de Alejandro Lanusse con el objetivo de juzgar especialmente actividades consideradas `subversivas`. Tenía competencia en todo el país y tuvo denuncias de torturas. Persiguió así a organizaciones guerrilleras, pero también a militantes políticos, sindicales y estudiantiles”, reseñó el sitio especializado Infojus. Por ese motivo, en 2012 el camarista Gustavo Bruzzone ordenó la remoción de una placa en homenaje a su trabajo que había mandado a realizar el dictador Videla en 1979 en la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional porteña. Diez meses después de ese hecho, la institución presidida por Fonrouge decidió colocar una réplica de aquel homenaje en la sede de su edificio. Frola, como orador del acto, dijo: “Los militares, presos políticos, deberían estar en su casas. Estela de Carlotto y sus seguidores están sintiendo miedo y eso es un hecho de optimismo”. Su anfitrión Fonrouge no se quedó atrás. “Esto es un acto reparatorio, de una placa injustamente retirada. Nuestro acto no deber ser con motivo de revancha sino de justicia”, lanzó.
Otro de los asistentes a la reunión de Massa, Darío Giustozzi, Adrián Pérez y Graciela Camaño fue Hernán Munilla Lacasa. El abogado de 51 años es socio principal del estudio de abogados de Roberto Durrieu, subsecretario de Justicia del gobierno dictatorial de Videla desde el 7 de noviembre de 1978 hasta el 31 de marzo de 1981 y fiscal de Estado bonaerense durante la intervención de Ibérico Saint Jean y de Ramón Camps en la policía. Munilla Lacasa saltó a la fama en 2006, cuando participó de un acto público en respaldo a Héctor Schwab, el ideólogo de Cecilia Pando que era investigado por amenazas y extorsión.
Héctor Schwab es un teniente coronel retirado sobre el que pesa un pedido de captura internacional y se encuentra prófugo de la justicia. Funcionario del dictador Antonio Domingo Bussi en Tucumán, nunca se presentó a declarar cuando fue convocado en 2008 por la desaparición forzada de una persona. Tras la restauración democrática, se recicló como empresario del rubro de seguridad y se convirtió en el financista y padrino político de la agrupación de Cecilia Pando que pide terminar con los juicios a los genocidas.
En 2006, Schwab enfrentó otros cargos en la Justicia: fue denunciado por un grupo de ex empleados de Movicom, que señalaban que los había amenazado y hostigado a raíz de una demanda laboral que habían presentado contra la empresa. Un detalle llamó la atención: al tiempo que Hernán Munilla Lacasa tomaba el caso como abogado del estudio de Durrieu y se manifestaba públicamente por la inocencia del ex militar, su hermano Marcelo Munilla Lacasa era el fiscal que investigaba al acusado. “No menor es el papel que juegan algunos estudios jurídicos”, escribió Ricardo Ragendorfer en Miradas al Sur al investigar las redes de complicidad que buscan parar los juicios a los genocidas. “Sus cabezas visibles, además de proveer asesoramiento legal a militares y civiles acusados por haber ejercido la represión ilegal, también se encargan de gestionar todo tipo de beneficios para ellos en los escarpados pasillos del Poder Judicial. Por caso, entre los abogados del estudio de Roberto Durrieu, quien fue nada menos que ministro de Justicia de Videla, figura el doctor Hernán Munilla Lacasa, que a la sazón es el hermano de Marcelo Munilla Lacasa, un fiscal que, casualmente, tramitó con tolerancia extrema y guantes de seda una causa por extorsión que tuvo como principal acusado nada menos que al ya mencionado Schwab”, indicó.
Otra persona que participó de la reunión celebrada el lunes es Teodoro Kreckler. Presentado por el massismo como “abogado especialista en Corporaciones”, lo cierto es que dirigió la fundación Novum Millenium, creada liderada por el ex ministro de Economía de Carlos Menem y Fernando de la Rúa Domingo Cavallo. «Novum Millenium es una fundacion concebida en 1998 por el doctor Domingo Felipe Cavallo con el fin de apuntalar en nuestro pais las reformas logradas y promover las pendientes», se puede leer en la contratapa del libro que publicó Kreckler con la fundación en 2000 bajo el título “Justicia para todos. Políticas de consenso para la recuperación de la Justicia argentina”. En 2009, el “especialista en corporaciones” logró reubicarse como director de Representación Institucional de YPF bajo la administración de Repsol.
El Código Penal al que se opone a Massa incorpora las figuras de genocidio y los delitos financieros
Es llamativo que los especialistas convocados por Sergio Massa para analizar la reforma del Código Penal sean personas tan vinculadas a la defensa de los represores civiles y militares de la última dictadura. Sobre todo, si se tiene en cuenta que el anteproyecto incorpora los delitos de genocidio de una manera novedosa. “En la legislación actual no figuraban expresamente. El tratamiento que recibieron en los juicios por violaciones a los derechos humanos ha ido cambiando con el tiempo; se han sancionado como delitos de homicidio o privaciones ilegítimas de la libertad, en el marco de un contexto de genocidio o de un plan sistemático y organizado de exterminio. El Estado argentino los había incorporado a través del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional; ahora su inclusión en el Código completaría la unidad de la legislación penal, poniendo en primer lugar los delitos más aberrantes”, explicó el coordinador de la comisión de reforma Roberto Carlés a INFOnews. En el nuevo texto, el delito de genocidio queda tipificado como el más grave posible, con una pena máxima de 30 años.
También llama la atención que Massa haya convocado a abogados “especialistas en corporaciones”, como el cavallista Kreckler, cuando la propuesta de reforma incorpora los delitos financieros, económicos, tributarios y aduaneros.